El legislador fue muy previsor cuando alejó del ámbito de las Comunidades Autónomas las competencias en las costas, esa gran tentación para los especuladores y para los políticos amigos de los especuladores y de la corrupción. Porque sólo con las atribuciones municipales ya estamos todos viendo lo que ocurre en el litoral español, incluido el canario.

Este lunes, en el Parlamento isleño, una destacada política del PP canario, Águeda Montelongo, ha dicho que las competencias del litoral deberían ser gestionadas por el Gobierno de Canarias. Y lo ha justificado en base al valor etnográfico que tienen algunas construcciones que la Dirección General de Costas (Madrid) se quiere llevar por delante.

Una enternecedora preocupación que, viniendo de quien viene y del partido al que pertenece, es perfectamente creíble.

La estatua, a instalar en alguna calle heroica del reino, está más que justificada. Ha librado dos durísimas batallas contra pérfidos enemigos bárbaros en tan solo una semana, y en los dos casos ha salido victorioso. Primero sometió hasta la máxima humillación al jinete eléctrico, el que lucha con destreza contra rayos y centellas hasta dejarlos sin energía. Y luego, este mismo viernes, estrujó el cuello al jinete volador, el que arroja pesados bultos de 23 kilos sobre las cabezas de los súbditos del heroico Paulino.

A los dos enemigos les hizo firmar la rendición y la entrega de todos sus reinos y prerrogativas, tras amenazarlos con terribles castigos y plagas divinas. El jinete eléctrico sucumbió aterrorizado con la idea de tener que abandonar para siempre el paraíso. Arrodillado y sollozante ante el héroe juró por San Voltio no atacar nunca jamás con sus temibles ceros al inocente pueblo del Paulinato.

El jinete volador rindió pleitesía al ganador tras cruenta batalla en la que llegó a perder nueve kilos de peso. Nada menos.

Con su ya proverbial generosidad, conocida en todos los rincones del orbe, Paulino I El Grande decidió en el último minuto perdonarles la vida y firmar su indulto tras ofrecerse ambos bárbaros a financiar la erección.

En pleno desgaste y fracaso generalizado del Gobierno, se abalanza sobre nosotros una prematura campaña electoral, y nuestro querido presidente quiere que pensemos solamente en eso, en la segunda maleta, y si pasamos de ese debate, ya nos ha preparado otro muy recurrente: el control de la población, la demonización del inmigrante como responsable de no se sabe muy bien qué suerte de deterioro de los servicios públicos.

Alerta roja, que diría Ruano. Siempre que las cosas van mal, el enemigo exterior: Iberia y el inmigrante. O Zapatero y la reforma laboral. Que ésa es otra.

Soria lo puso en la primera línea de fuego para que, precisamente, repartiera estopa. Debía hacer frente a una corriente de pensamiento socialista encabezada por López Aguilar y Santiago Pérez consistente en afear con dureza las indecencias del Gobierno de Canarias. Y Pérez-Camacho se puso manos a la obra desde el primer día, cuando tuvo la desafortunada iniciativa de salir en defensa de su jefe con aquellos impresentables versos contra la socialista Paquita Luengo.

Tiene razón Fernando Fernández cuando asegura que el ex portavoz parlamentario ha sido uno de los mejores abogados defensores del presidente del PP canario. Y aquellos ripios ordinarios contra Paquita Luengo fueron el primer ejemplo de lo que se le venía encima al PSOE. Eran una aviso luego repetido infinidad de veces: todo lo que quieran menos incordiar a Manolo Soria. Y menos con el feo asunto de Tebeto, en el que aparece involucrado hasta sus pobladas cejas su hermano Luis.

La caída de Pérez-Camacho no debe interpretarse sólo en clave interna del PP, aún siendo relevante la forzada dimisión de su portavoz. También es la defenestración de uno de los apoyos más relevantes (si bien forzado) del actual pacto de Gobierno en Canarias.

Pero para los medios de comunicación de las Islas es una noticia de escaso calado político. Nada de estridencias, mínima repercusión. Lo hacen dimitir un sábado y las ediciones dominicales reaccionan con recato.

Hacen falta los dineros del Gobierno para paliar los efectos de la crisis económica y el brusco descenso de la publicidad. No es el mejor momento para incordiar a Soria y a Paulino.

Las crisis sólo existen si son socialistas, aunque no gobiernen en Canarias. No tienen la llave de los presupuestos de la comunidad y son inofensivos.

Este señor, Fernández, es diputado regional. Para el que no lo conozca, les diré que es herreño, de El Pinar, la misma patria de Eligio Hernández. Lleva en la política canaria prácticamente desde que regresó de Noruega, donde hizo fortuna de la mano del empresario Björn Lyng, del que fue mano derecha hasta su fallecimiento.

Nunca le asaltó el menor dilema moral para compatibilizar su trabajo como consejero de Anfi del Mar con las tareas de consejero de Industria o diputado regional del PP, lo que actualmente debería causarle ciertos contratiempos si se aplicara en sus carnes el código ético de su partido, el que puso sobre la mesa este sábado para advertir a los desalmados que pretenda forrarse a su costa que busquen otro echadero, que allí no va a poder ser.

Pero además de las contradicciones peperas de cada día (cuando no es la corrupción son los trasvases de agua, los inmigrantes o la seguridad nacional) lo más inconcebible que dijo este sábado pasado Manolo Fernández fue que no había derecho a que a su Manolo Soria lo anden condenando con tanta asiduidad a pagar las costas judiciales de los pleitos que él plantea por injurias y calumnias.

Se quejó el herreño de que, en esas sentencias contra su presidente regional se anteponga la libertad de expresión al derecho al honor y a la propia imagen del querellante, quien, por cierto, en todos los casos pide cuantiosas multas y penas de cárcel. Y dijo algo más preocupante: Que “desafortunadamente” se están invirtiendo los términos y se condena a pagar las costas judiciales “a los que no ofenden, los que no desprestigian a las personas y tratan de defenderse de que cualquiera pueda insultar y faltar el respeto”.

Y es ahí cuando cabe rebelarse contra don Manuel y su versión de los hechos. Porque los términos se invierten cuando el vicepresidente del Gobierno lleva a un ciudadano ante los tribunales por exponer libremente ante el Parlamento cómo fue la trama eólica en un relato que a los jueces de la Justicia real ha parecido absolutamente creíble.

Se invierten los términos cuando, en lugar de sentarse en el banquillo el señor Soria para responder por este asunto eólico y otros de igual o mayor calado, son acusados los que denuncian sus trapisondas.

Se invierten los términos cuando un partido serio como el PP mantiene a persona tan indecente a su frente, le ríe la gracia y hasta lo defiende en acciones tan penosas como ésta.

Porque el que ofende cada día a los ciudadanos de esta tierra y a su inteligencia es precisamente el personaje en cuestión por una larga serie de actuaciones, comportamientos, trapisondas y tropelías que se haría demasiado prolijo enumerar aquí y ahora.

Qué difícil es creer en estos políticos que creen que nos representan.

Fue de tal el caudal de engaños que soltó Soria de manera tan vertiginosa que hizo complicadísimo seguirle y tomar notas simultáneamente. Midió adecuadamente sus tiempos, torció las preguntas y las respuestas para llevarlas permamentemente a sus ascuas y pontificó como sólo este político es capaz de hacer sobre las corruptelas de las demás, que son comportamientos naturales y admisibles para él mismo.

Decir que el código ético de su partido admitiría a día de hoy una trapisonda como el viaje del salmón equivale a confirmar que esa iniciativa del PP es un nuevo engaño y que sus dirigentes lo reconocen abiertamente.

Decir que el Gobierno del que es vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda ha adoptado medidas para amortiguar los efectos de la crisis, es reconocer que no ha acertado ni una, como atestiguan las cifras. Miente Soria cuando dice que los presupuestos han activado medidas financieras para ayudar a las pymes, porque esas medidas, incluidas en 2009, no se pudieron aplicar por irregulares y han sido aplazadas a 2010, quizás con igual éxito.

Decir que se han reducido las listas de espera sanitarias y que han mejorado los servicios en la sanidad pública es insultar a los miles de canarios que sufren el deterioro y a los familiares que entierran a los suyos y aún hoy siguen esperando que les llamen para una intervención quirúrgica o una prueba diagnóstica. Por no contar a los que se dejan la vida a las puertas de un centro de salud cerrado a cal y canto tras el recorte de servicios.

Decir que se puede pactar con corruputos confesos en Arrecife porque el PSOE estuvo gobernando con el PIL quince años es una doble mentira. Porque ni hubo jamás pacto así ni nadie hasta ahora se había atrevido en Canarias (ni probablemente en toda España) a recibir el voto de dos concejales en esas condiciones tan pordioseras.

Esos nuevos 75 millones de euros se corresponden con el coste de la potabilizadora Las Palmas-Telde, que se encargó durante su mandato como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y que aún hoy sigue sin arrancarse porque es una planta absolutamente inviable e inasumible económicamente por la ciudad.

En el Ayuntamiento aseguran que fue un empeño personal de Soria que esa potabilizadora se fabricara para producir agua por compresión de vapor y no por ósmosis inversa, lo que significa que el agua que produzca, aún siendo de mejor calidad, costaría entre cuatro y seis veces más producirla. Y ello por el altísimo consumo de fuel que requiere, por lo que a la ineficiencia económica hay que sumar la siempre olvidada variable ambiental.

Pero, ¿por qué se empeñó Soria en que su correligionario Álvarez Cascos pagara desde el Ministerio de Fomento una planta potabilizadora que nadie recomendaba? La respuesta pasará a formar parte del arcano en que se terminan empotrando tantas y tantas decisiones del vicepresidente del Gobierno que generalmente acaban por costarnos un dineral a los contribuyentes.

Hagamos un poco de memoria: La Favorita, 12 millones de euros para un edificio con graves deficiencias que se compró mediante un pase con el empresario Santana Cazorla: Isolux: 8 millones de euros para unos módulos de desalación que ahora han empezado a funcionar parcialmente tras una nueva inversión en membranas y en bastidores; Canódromo: un pelotazo para una empresa inmobiliaria que hizo un vertiginoso pase para que una constructora adquiriera unos derechos sobre una licencia ilegal. Se estima un coste de 30 millones de euros en indemnizaciones. La bandera: 360.000 euros para un tributo megalómano de Soria mientras fue presidente del Cabildo. Sentencias por doquier: se estima en alrededor de 90 millones de euros el coste de las sentencias condenatorias que ya ha recibido el Ayuntamiento por recursos contra decisiones adoptadas sobre todo durante la etapa de Soria. Las expropiaciones incorrectas se llevan la palma.

Por no contar los escándalos en los que directamente se ha visto envuelto este magnífico gestor: el caso salmón, el caso chalet, siempre recibiendo dádivas a cambio de favores políticos. En el primer caso, la gestión prosperó, y el empresario dadivoso se llevó las camas turísticas que pretendía. En el segundo, de haber prosperado, el empresario amigo de Soria se habría quedado con un negocio eólico impresionante en el muelle de Arinaga.

Ahora, 75 millones más de los sufridos contribuyentes que se tiran por el sumidero gracias a las magníficas ideas de este inigualable gestor. Alguien, a ser posible el señor Soria, debería dar una explicación urgente, en lo que los funcionarios municipales pierden el miedo y cuentan qué fue lo que realmente pasó en aquellos años para que se hiciera todo esto que hizo Soria instalado en la más insultante impunidad.

A mi lado, alguien me relataba con todo lujo de detalles la fortaleza moral y la capacidad de lucha de esta activista, que ha sufrido por la defensa de los derechos de su pueblo hasta límites que a cualquier ser humano hubieran conducido a la rendición.

Cuando la detuvieron en el aeropuerto de El Aaiún en compañía de dos periodistas españoles me sorprendió que los demás periódicos resaltaran más la presencia en el incidente de estos profesionales que la verdadera noticia, la que luego ha dado la vuelta al mundo: Marruecos capturaba, por las bravas, a una mujer que representaba la oposición a un régimen feudal que se niega a aplicar las resoluciones internacionales sobre un territorio en conflicto.

Todo estalló de verdad cuando regresó a Lanzarote y puso en marcha su protesta en forma de huelga de hambre, una medida drástica ante una situación compleja que, desde el primer momento, salpicó a España de forma irremediable.

Ante una persona así, que encarna los ideales de libertad de un pueblo, parece tarea imposible discrepar lo más mínimo. No me refiero ni a su respetable postura ni a todo lo que ella simboliza. Discrepo de algunos excesos que, a mi juicio, se vienen produciendo alrededor de esta situación tan penosa y delicada.

Responsabilizar a España, culparla de retenerla en Lanzarote contra su voluntad y señalarla como verdugo si se produce un fatal desenlace simplemente por haber permitido su entrada sin pasaporte, me sigue pareciendo, veintiséis días después del inicio su protesta, un exceso de difícil comprensión. Los juristas debaten sobre la legalidad de esa entrada en el país, obviando algo que parece de Perogrullo: impedirle su entrada en España equivaldría a devolverla a Marruecos, y a continuación, a su expulsión. Y vuelta a empezar.

El único responsable directo de la situación de Aminatou es el Reino de Marruecos, y la única solución factible es convencer a su Gobierno de que reconsidere su actitud. Porque ni Haidar ha permitido otro pasaporte que no fuera el que le retuvieron en El Aaiún ni España ha sido capaz de enviarla a su tierra por otro método que no fuera el expeditivo, frustrado el pasado día 4 cuando, tras despedirse de los suyos y agradecer a Exteriores las gestiones realizadas, Aminatou embarcó en un avión en el aeropuerto de Guacimeta.

Marruecos juega con las cartas marcadas y cualquier país democrático ha de negarse a sentarse alrededor del mismo tapete. Pero, lamentablemente, ganarle a un tahúr así sin jugar al mismo juego y sin hacerle trampas, parece imposible. Usa más de dos comodines y si se ve perdido, rompe la baraja o manda asesinar al rival.

Escribo sobre Aminatou a sabiendas de que en los colectivos de apoyo a la activista y al pueblo saharaui estoy siendo considerado un periodista pro-marroquí. Me preocupa un poco que los defensores de tantos derechos no respeten el que tenemos todos a discrepar, aunque sólo sea de una parte de las lecturas que se están haciendo de este conflicto.

Porque hasta los héroes más admirados (y yo admiro a Aminatou Haidar) pueden llegar a equivocarse en algo, bien por acción propia o por acciones inducidas.

El secuestro, insisto, de 47 días, ha dado para muchos ríos de tinta y muchas tertulias. Las de los medios de comunicación desafectos con el Gobierno socialista han cargado las tintas por lo que han llamado “descoordinación” de las autoridades españolas, todo ello en base a la detención de dos de los piratas y su traslado a la Audiencia Nacional, en Madrid.

Es verdad que el Gobierno español ha transmitido en algunos momentos cierta sensación de impotencia y hasta de descoordinación, quizás por la falta de costumbre a la hora de gestionar un secuestro de estas características tan especiales.

Pero la situación se ha saldado, de momento, con la liberación sanos y salvos de los rehenes, la detención y puesta a disposición judicial  -en cumplimiento de la legalidad vigente- de dos de los secuestrados, y la apertura de una investigación judicial para determinar cómo se realizó el pago del rescate, si lo hubo.

Pero ese saldo tiene, en el aspecto político, una nueva confirmación de la errática política de oposición del Partido Popular, que exige ahora la comparecencia de Zapatero en el Congreso y la reprobación de la vicepresidenta y de dos ministros de su Gabinete. Dicen, los peticionarios, que el motivo es “lo mal que se gestionó esta crisis antes, durante y después”.

Les animo a que lean los dos enlaces que les adjunto con otras tantas noticias del periódico El Mundo publicadas en los tiempos en que Rajoy era vicepresidente y ministro del Interior. Observen cómo gestionó entonces el secuestro de dos empresarios españoles en Georgia, que no duró 47 días, sino 373, y cómo es un año después de producirse la retención cuando Supermariano interviene en el asunto anunciando mucha contundencia, la que parece que no tuvo su compañero de Gabinete, el ministro de Exteriores de entonces, el actual presidente de Vueling, Josep Piqué.

Supongo que cuando le saquen a Rajoy estos recortes, de 2001, dirá que aquello no fue un secuestro en toda regla, que a lo que más se parecía era a los hilillos de plastilina que soltaba por aquella época el petrolero Prestige.

Cada cual según su dimensión y su ámbito geográfico, y con las debidas excepciones latentes en cada regla, los medios de comunicación tradicionales han venido ejerciendo lo que Burke denominó cuarto poder, encantados de influir, presionar, cambiar gobiernos y ganar dinero a base de crear opinión a partir de la que es propia de la empresa editora o de los grupos empresariales que la sustentan en cada caso.

Los negocios editoriales casi siempre han venido acompañados de otros absolutamente alejados del de la comunicación, lo que inevitablemente se ha traducido en la intervención del medio en cuestión en operaciones para cuyo éxito no ha importado manipular la realidad, remover a un gobernante incómodo, torcer la opinión de un fiscal, amenazar a un juez o sacar de circulación a un periodista demasiado atrevido.

Algo de esto acaba de ocurrir en Lanzarote, donde todas las fuerzas políticas se han unido para quitar al PSOE del Cabildo de la isla, institución desde la que los socialistas denunciaron toneladas de casos de corrupción, fundamentalmente urbanística, que se han visto ratificadas por contundentes sentencias judiciales.

Como autor intelectual y económico de esa operación todo el mundo señala a un empresario, Juan Francisco Rosa, propietario, entre otras muchas cosas, de Lancelot TV, que ha utilizado a ese medio y la imponente influencia que él mismo tiene sobre los políticos del PIL, el PNL, CC y el PP, para colocar en el poder a quienes han de mirar para otro lado en asuntos tan delicados como la demolición/legalización de una veintena de hoteles y complejos turísticos ilegales.

Muy lejos de Lanzarote, y con otros tamaños,  el presidente Obama se enfrenta abiertamente a la todopoderosa cadena Fox, propiedad del magnate Rupert Murdoch, que desde que el primero entró en la Casa Blanca se empeña en que decaigan sus índices de popularidad ridiculizando sus políticas sociales y defendiendo el mismo ultraliberalismo de Bush que ha conducido, entre otras causas, a esta profunda crisis económica global.

Obama le ha plantado cara a la Fox, seguramente por primera vez en la historia de la cadena y de los Estados Unidos, quizás porque el presidente norteamericano sabe que las cosas están cambiando o que, en su defecto, hay que hacer todo lo posible por cambiarlas. Es el primer presidente negro de la primera potencia del mundo y es el primer presidente que ha conseguido ganar unas elecciones valiéndose de una poderosa herramienta que se llama Internet y que, por mucho que lo anden intentando, no puede ser controlada por los grandes manipuladores de la información.

Juan Fernando López Aguilar -y volvemos a redimensionar las tesis- ha roto también esquemas enfrentándose abiertamente al poder tradicional de los medios de comunicación canarios, generalmente entregados al régimen político de turno. Es el primer político que ha dicho que los grandes periódicos están entregados al Gobierno, unos a través de la subvención pura y dura, y los otros por promesas cumplidas o futuras de prebendas de cualquier tipo.

El líder de los socialistas canarios ha señalado a un medio de comunicación concreto, Canarias7, cuya línea informativa y editorial ha ido destinada desde hace meses a generar un estado de opinión según el cuál a López Aguilar le quedan tres afeitadas al frente del PSC. Ha dado lo mismo que todos los datos sean contrarios a esa ocurrencia, que no haya indicio alguno que avale lo que sostiene. Se ha puesto a generar una opinión en ese sentido conducente exclusivamente a sacar a López Aguilar de la política canaria.

Los motivos son exactamente los mismos que han movido al otro Juan Francisco, el de Lanzarote, a desalojar al PSOE del poder insular: López Aguilar molesta al régimen clientelar, pesebrista, subsidiado y casi siempre corrupto que opera en Canarias. Frente a él, los socialistas de toda la vida, los que parecen abogar por una alternancia de la teta, alternancia que el mismo régimen les niega sistemáticamente, reciben todo tipo de loas y parabienes, y hasta son puestos como paradigmas de la buena política por editores y líderes de los partidos adversarios.

Obama no va a aflojar un punto ante la Fox. Sabe que tiene razón y que sufrirá un penoso desgaste, pero está obligado a ponerse en su sitio en nombre del pueblo americano. López Aguilar está obligado a plantar cara a tantas décadas de podredumbre en Canarias, aunque sea lo último que haga en la política local, aunque su partido tarde otros veinte años en gobernar. Porque hacerlo rendido a estos mismos poderes sólo conducirá a más podedumbre y corrupción.