Exceptio Veritatis

(Siempre fue Verdad)

por Carlos Sosa

Poco a poco lo voy entendiendo. Los continuos ataques a la Policía por parte del Partido Popular acaban de tener una muy elocuente traslación a la política, y más concretamente, al Poder Legislativo. El Grupo Parlamentario Popular defendió este martes con mucha pasión en el Congreso de los Diputados una moción para que se empiece a estudiar el desmantelamiento de la Policía Judicial, de la que orgánicamente dependen las unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y los delitos económicos.

El enunciado de la moción, presentada por el diputado Arturo García-Tizón López pero finalmente defendida por su compañero Ignacio Cosidó, jefe del Gabinete Técnico de la Guardia Civil en los gobiernos de Aznar, no parecía a priori muy sospechoso. En el orden del día del pleno sólo se podía leer lo siguiente: “moción del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas a adoptar ante la alarma social creada a raíz de los fallos de coordinación del Ministerio del Interior en relación con la lucha contra el crimen y la delincuencia”.

Un eufemismo hipócrita cuando lo que realmente pretende el PP es desmantelar la Brigada Central de la Policía Judicial, y con ella todas las brigadas provinciales de igual nombre, para que dejen de depender orgánicamente del Ministerio del Interior y pasar a manos del Consejo General del Poder Judicial.

El diputado proponente ya ha reconocido que la motivación que ha llevado el PP a tomar esta iniciativa es el famoso caso Gürtel, en el que aparecen implicados varios altos cargos de ese partido, “para que no se repitan situaciones similares”. Y las “situaciones similares” se le escaparon este martes en el pleno del Congreso al diputado Cosidó: las filtraciones de las investigaciones de Gürtel.

La propuesta tiene un calado enorme porque, de prosperar los deseos populares, supondría de facto colocar en manos del Poder Judicial una brigada policial que investiga los casos de corrupción, la inmensa mayoría de ellos protagonizados por el PP. La Policía ya actúa bajo las órdenes de los jueces, que son los que tienen que autorizar medidas de limitación de las libertades individuales como las intervenciones telefónicas, los seguimientos, las investigaciones patrimoniales de los imputados o la prisión provisional de un sospechoso.

Así las cosas, ¿por qué quiere el PP resituar a la Policía Judicial en el exclusivo ámbito del Poder Judicial? Muy sencillo, convertiría a los policías en agentes bajo el mando exclusivo de los jueces, cuya extracción sociopolítica es mayoritariamente conservadora. Nunca ha sido una prioridad para la Judicatura española investigar de oficio los casos de corrupción de los poderes tradicionales.

La moción del PP resultó aprobada después de que se admitiera una enmienda de Convergencia i Unio, en la que en realidad se hablaba de los problemas de descoordinación detectados últimamente entre la Policía y el Poder Judicial. Veremos cómo evoluciona esta cuestión en la comisión parlamentaria correspondiente, que debe ahora valorar ese desmantelamiento que pretende el PP, que chocaría con el diseño de las Policías de toda Europa y nos sacaría incluso de la Interpol.

Pero el PP ya ha dado un nuevo paso en su frenética campaña de desprestigio e intimidación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: si me investigas a mí, mira lo que te hago.

Lo siguiente será reformar el Código Penal para excluir los delitos de tráfico de influencias y cohecho siempre que se pretendan atribuir a personas de bien.

Jerónimo Saavedra ha remodelado su equipo de gobierno, y ha confesado que lo ha hecho principalmente por la presión mediática. Es cierto que a los gobiernos de izquierdas se les exige más porque seguramente se espera mucho más de ellos. Pero también es cierto que el cambio que reclamaron los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria cuando dieron un revolcón a una mayoría absoluta para sustituirla por otra no se estaba manifestando de manera clara.

Pero la remodelación que ha anunciado este sábado Saavedra, que se completará los próximos días con cambios en los segundos niveles del gobierno municipal (directores generales y asesores varios) no parece que pueda significar un revulsivo que termine por entusiasmar a la ciudadanía. Y a los medios de comunicación de los que tanto se ha fiado el alcalde.

El déficit es de partida. Saavedra concurrió a las elecciones de 2007 con un equipo cargado de ilusión pero también de bastante inexperiencia y de alguna que otra ineptitud. Su confianza en que Blas Trujillo aceptara esta vez ser su mano derecha se ha vuelto a ver frustrada, y ha tirado de un hombre sin duda trabajador y honrado, Chano Franquis, pero a su vez lastrado por una trayectoria política en el PSOE plagada de intrigas y ajustes entre familias que lo van a convertir muy pronto en el más asaeteado blanco de dentro y fuera de la Corporación.

El alcalde ha sustituido a un peso pesado del socialismo canario por otro, a Teresita Morales por Chano Franquis, con lo que teóricamente han de acabar las rencillas del grupo de gobierno. Pero si el nuevo hombre fuerte municipal no impone autoridad y eficacia a ese equipo desnortado, los problemas se acrecentarán en semanas.

En una jugada de pizarra orgánica, Teresita Morales ha pactado con el alcalde quedarse dentro de la Corporación como concejal de a pie. No piensa siquiera participar en las comisiones informativas ni cobrar dietas. Regresa a su empleo de trabajadora social en la prisión provincial de El Salto del Negro. Pero deja cerrado el paso a que Néstor Hernández pueda ser en este mandato sustituto de Saavedra en un hipotético relevo. Ella es la segunda en la lista y, de modo natural, la que habría de someterse a votación llegada esa contingencia.

Con esos mimbres y las sorpresas propias de una urbe convulsa ha de gobernar Saavedra una ciudad que se despertó tras doce años de PP con una herencia terrorífica a la que se ha sumado la peor crisis económica global que se recuerda.

Pero ha de gobernarla él con los suyos, sin más influencia de los medios de comunicación que la aceptada y aceptable crítica. Sin imposiciones indecentes ni chantajes inconfesables que seremos los primeros en publicar en cuanto se produzcan y se confirmen.

Isolux ha vuelto a ser noticia en Las Palmas de Gran Canaria, y nuevamente por defectos en los módulos de desalación instalados en el complejo de las potabilizadoras de Piedra Santa, que producen el agua de abasto de la ciudad. El Ayuntamiento ha informado de que se han detectado concentraciones de boro por encima de los niveles permitidos y Emalsa ha atribuido parte de esas concentraciones a las membranas de ósmosis inversa de las plantas desaladoras, particularmente las instaladas por Isolux.

La adjudicación, construcción y puesta en funcionamiento de estos dos módulos de desalación de agua de mar que instaló Isolux en 2005 han estado siempre rodeadas del escándalo y de la sospecha. Fue en agosto de 2003 cuando la entonces alcaldesa, Pepa Luzardo, adjudicó ese contrato a Isolux a pesar de que un informe del servicio del Ciclo Integral del Agua colocaba a esa empresa entre las peores de cuantas concursaron. Luzardo no quería dar el contrato a Idagua, la empresa que había quedado mejor colocada, así que encargó un segundo informe a un técnico ajeno al servicio que, en un tiempo récord de ocho días, consiguió colocar a Isolux en el primer lugar.

Hasta ahora sólo una persona se ha sentado en el banquillo para responder por el caso Isolux. Y ese fui yo. José Manuel Soria me interpuso una querella por injurias y calumnias por haber publicado que tras esa adjudicación de Pepa estaban sus instrucciones. Resulté absuelto en ese juicio, celebrado en junio de 2008, después de que la juez escuchara al representante de Idagua, que a su vez lo es del grupo francés Bouygues, declarar que Soria le había amenazado con no obtener un sólo contrato en Canarias si recurría la adjudicación en favor de Isolux.

Aquel juicio arrojó mucha luz sobre el escándalo del caso Isolux. Además de la constatación de que Soria miente siempre (ante la juez llegó a decir que jamás se interesó por ningún aspecto de este concurso), sirvió para conocer de boca de Pepa Luzardo que no le había gustado el primer informe, que encargó el segundo pero que no lo llegó a leer porque se fue al sur de vacaciones. Pero aquel segundo informe valió para una de las alcaldadas más onerosas que ha sufrido la ciudad en la etapa reciente.

Pero, al igual que otras muchas trapisondas de los mandatos del PP en la capital grancanaria, nunca se investigó por qué Luzardo tenía tanto empeño en adjudicar los dos módulos a una empresa que carecía de experiencia en la materia, hasta el punto de que los módulos de desalación no solamente se pusieron en marcha con un notable retraso, sino que no han parado de generar problemas, con continuas paradas que obligan a Emalsa a recurrir al mercado de los pozos de la isla, con el consiguiente encarecimiento y el detraimiento de agua a los acuíferos y a la agricultura.

Ahora sabemos que, encima, los módulos de Isolux son en gran medida los culpables de la aparición de boro en el agua de abasto de Las Palmas de Gran Canaria, lo que motivará tener que comprar en los pozos 17.000 metros cúbicos diarios hasta finales de junio.

En aplicación de la doctrina del PP, cuando se empeñó en ver en el ácido bórico el eslabón que enlazaba el 11-M con ETA, el boro encontrado en el agua de abasto habría de llevarnos al resto del mundo a buscar en no muy lejanas montañas ni en ignotos barrios residenciales al autor intelectual de esta adjudicación en favor de Isolux para preguntarle muy seriamente si hubo relación entre esa operación y la financiación de la campaña electoral de 2003.

En un gesto sin precedentes, el presidente de Estados Unidos, Barak Obama, ha dado a conocer su declaración de la renta y la de su esposa. Con bastante nivel de detalle, todo el mundo con conexión a Internet sabe desde este jueves cuánto ganaron los nuevos inquilinos de la Casa Blanca durante 2008, cuánto pagaron en impuestos, cuánto donaron… Un gesto con gran simbolismo y con gran carga publicitaria, no sólo por lo que supone de fortalecimiento ante la sociedad norteamericana de la imagen de nuevos tiempos que quiere transmitir la Administración Obama, sino también de llamamiento a los contribuyentes a cumplir con todas sus obligaciones con el fisco.

En España, mientras tanto, permanecen ocultas bajo un incomprensible manto de secreto las declaraciones de bienes e intereses de nuestros representantes públicos. Constituyen, junto a los asuntos de defensa, el secreto mejor guardado de las Cortes Generales.

Más en lo doméstico, esas exigencias de transparencia de los servidores públicos se convierten en Canarias en auténticas tomaduras de pelo. La Comisión del Estatuto del Diputado y la Mesa del Parlamento de Canarias guardan celosamente las declaraciones de nuestros diputados, y conceden de modo muy laxo la compatibilidad para actividades particulares que terminan cruzándose con el interés general con demasiada frecuencia.

El caso de Manuel Fernández, lejos de ser el único, es en estos momentos el más paradigmático, por confluir en él todos los elementos perniciosos que empañan la transparencia, la rectitud y la obligada defensa de lo público que ha de presidir todos los actos de un representante popular.

Su jefe de filas, José Manuel Soria, se debate en los tribunales entre confesar que también está contaminado por los negocios y volver a inventarse una estratagema de defensa que le lleve a la enésima mentira ante una juez y ante la opinión pública. La revelación de que la investigación efectuada por orden judicial a sus cuentas corrientes arroja la sospechosa evidencia de que o no paga sus vacaciones o lo hace con dinero de ignorada procedencia no hace otra cosa que contribuir a la sospecha ciudadana de que los políticos canarios entran en lo público con intención de lucrarse.

Soria pidió a la juez que impidiera a la Policía investigar sus cuentas bancarias más de cuarenta días antes y diez después de los pagos sospechosos. Esperamos que algún día, en un ataque de transparencia y de honradez ante sus electores, explique por qué exactamente esos plazos y por qué esas limitaciones en un cargo público que teóricamente lleva casi quince años viviendo de la política.

La sentencia conocida este miércoles por la que se condena al magistrado José Antonio Martín por haber asesorado a un narcotraficante contiene un elemento muy interesante respecto a las investigaciones de las cuentas y el patrimonio de los cargos públicos imputados por cohecho y sus familiares: echa por tierra las quejas de la defensa, dirigida por el mismo abogado que José Manuel Soria, Nicolás González-Cuéllar, por lo que consideraba una causa general contra el magistrado.  Delitos como el cohecho, por el que se investiga a Soria, son de carácter económico, y por eso es preciso investigarlo todo.

Salvo que el investigado ponga a disposición de la Justicia todas sus cuentas y su patrimonio y aporte las pruebas precisas para demostrar su inocencia. De momento, el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda ha hecho exactamente lo contrario.

La viceconsejera de Justicia, la juez en excedencia Carolina Déniz, acaba de decir que el Gobierno de Canarias va a apostar por la policía autonómica para ”reducir los índices de delincuencia”. Independientemente de la irresponsabilidad que supone que desde las más altas instancias políticas de una comunidad autónoma que vive del turismo se propague un dato tan alarmante, suena a tomadura de pelo que eso se diga desde la misma consejería que acaba de decirle al Ministerio de Justicia que reduzca a la mitad los juzgados que tenía previsto crear en 2009 en las Islas. Porque la juez Déniz sabe que la delincuencia se combate con buenos medios policiales y eficacia en la Administración de Justicia.

La Policía Canaria va a ser creada con el objetivo inicial de custodiar edificios públicos, una labor desde la que contribuirá enormemente a rebajar los índices de delincuencia en el Archipiélago. Su despliegue, que se iniciará con un centenar de agentes, conducirá seguramente a la sustitución en esas funciones a las empresas de seguridad que tiene contratadas este Gobierno. Luego, no servirá para destinar a la lucha contra la delincuencia a agentes que estén ahora mismo ociosos en garitas y puestos de vigilancia oficiales.

Paradójicamente, los anuncios de lucha feroz contra la delincuencia que emite el Gobierno autónomo coinciden con datos que reflejan un paulatino descenso en la tasa de criminalidad en las Islas: de 53,5 delitos y faltas por 1.000 habitantes cometidos durante 2004, hemos pasado a 47,4 en 2008, incluyendo en esta última cifra los delitos relacionados con la seguridad vial, incorporados recientemente. La media española está en 47,6, y la europea, en más de 70.

Además, las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional se han incrementado en Canarias en más del 29% desde 2003, y están formadas ahora por 6.656 agentes, según datos oficiales del Ministerio del Interior.

Entonces, ¿qué mueve en realidad al Gobierno nacionalista a ansiar del modo que lo hace una policía propia?

A menudo hemos escuchado al consejero José Miguel Ruano y a otros miembros del Gobierno quejarse amargamente por la falta de flujos de comunicación entre la Delegación del Gobierno de España y el Ejecutivo autonómico. Se refieren, naturalmente, a informaciones relativas a operaciones policiales.

Esas quejas han quedado eclipsadas por la campaña de descrédito que ha emprendido el PP contra los mandos del Cuerpo Nacional de Policía, campaña que ha contado con el silencio cómplice, cuando no el apoyo entusiasta, de dirigentes de Coalición Canaria. Hasta Paulino Rivero ha vertido insinuaciones sobre el comportamiento de la jefa superior de Policía. Ni unos ni otros, por supuesto, han aportado una sola prueba de sus sospechas.

Sumen a esa cadena de disparates la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la desaparición de los menores Yeremi Vargas y Sara Morales, una iniciativa con la que sólo se pretende acrecentar la alarma y la sensación de inseguridad para justificar la creación de ese cuerpo policial autonómico.

Una policía propia permitiría al Gobierno nacionalista y popular de Canarias meter las narices en los asuntos que pudieran ser sensibles para la integridad penal de los dirigentes políticos del Archipiélago, acceder a informaciones sobre investigaciones concretas, y, sobre todo, tener autoridad y capacidad humana y técnica para investigar a quien se desee.

Si ya es peligrosa y nociva la intervención que la consejería de Ruano tiene en la Administración de Justicia, renunciando a juzgados, promoviendo otros, concediendo o quitando medios a los que conviene en cada momento, es fácil imaginar cómo administrarían a su antojo un cuerpo policial propio.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al igual que ocurre con sus homólogas en los tribunales autonómicos de toda España, está destinada a investigar causas que tengan que ver con aforados. Y aforados en Canarias, además de los jueces, son los diputados regionales y los consejeros del Gobierno, incluido su presidente.

Así, hemos visto cómo es en esa Sala donde se ha investigado al magistrado José Antonio Martín, ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, cuya sentencia debe estar a punto de hacerse pública, o es en ella donde se tramitan causas como Las Teresitas o el caso salmón, con el diputado Miguel Zerolo en la primera y el diputado y vicepresidente José Manuel Soria, en la segunda.

Fue en esa misma jurisdicción donde se trataron recientemente otras dos causas relacionadas con altos cargos del Gobierno de Canarias, las famosas conversaciones grabadas en el marco de la operación Góndola al empresario Santana Cazorla y las mentiras pronunciadas por José Manuel Soria en una comisión de investigación parlamentaria.

El primero de estos casos se saldó con un archivo exprés promovido por el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, que no apreció indicios de criminalidad en aquellos intercambios de pareceres que tuvieron el empresario, el presidente del Gobierno, a la sazón Adán Martín, y el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, todavía Domingo Berriel.

Casualmente, esos intercambios de pareceres, que inicialmente tuvieron apariencia de tráfico de influencias, iban referidos a la concesión extraordinaria de camas turísticas en favor de la urbanización Anfi Tauro, asunto por el que en estos momentos se encuentra imputado el vicepresidente del Gobierno, José Manuel Soria, pero por la vía del caso salmón, aquel viaje de placer que realizó en agosto de 2005 en compañía del presidente de Anfi, el empresario noruego ya fallecido Björn Lyng.

El otro llamativo archivo producido por el TSJC a propuesta del Ministerio Fiscal fue el de las mentiras de Soria en la comisión parlamentaria que estaba llamada a investigar lo ocurrido en la Consejería de Industria en 2004 y 2005 durante la tramitación del frustrado concurso de asignación de potencia eólica.

Soria mintió a los diputados a pesar de estar penalmente castigado ese comportamiento al afirmar que no estuvo presente en un consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el que se facultó a su presidente, José Manuel Arnáiz, a celebrar con los hermanos Esquivel un contrato de explotación del campo de vientos del muelle de Arinaga que más tarde fue declarado lesivo para el interés general por el Ministerio de Fomento. José Manuel y Luis Soria estuvieron presentes, y lo acreditan los testigos y las actas.

El auto de archivo de las mentiras de Soria fue firmado por la Sala de lo Civil y Penal en su conjunto, esto es, los magistrados Carla Bellini, Margarita Varona y el presidente del TSJC, Antonio Castro Feliciano, aunque actuó de instructora la magistrada que instruye la causa del salmón, Margarita Varona.

Ahora, dos años después, la magistrada Carla Bellini asegura que su amistad con María del Carmen Benítez, esposa de Soria, le impide instruir la denuncia que interpuse contra ésta, los hermanos Soria y el mencionado Arnáiz por varios presuntos delitos relacionados con la corrupción, precisamente en el marco del pelotazo eólico.

Bellini fue elegida por el Parlamento para ocupar plaza de magistrada del TSJC a propuesta del PP, y su amistad con María del Carmen Benítez es conocida desde hace muchos años. Pero sólo ella conoce el grado de influencia y de contaminación que puede generarle esa amistad. Ahora y hace dos años.

Importa la filtración, no lo que dice la noticia. José Manuel Soria se está revelando como un auténtico desastre en la gestión de sus propias causas penales. Ante la aparición en La Provincia de una noticia en la que se relatan las dificultades de la Policía por casar sus cuentas corrientes con los gastos que declaró ante la magistrada que lo investiga por el caso del salmón, el vicepresidente del Gobierno ha optado por disparar al pianista.

No comenta el fondo de la cuestión; no se defiende ante el más que probable descubrimiento de que también fue falsa la versión que ofreció a la juez sobre sus gastos vacacionales; no niega la mayor, ni se enroca en las posibles interpretaciones que pueda tener (si las tiene) un extracto bancario.

Ha preferido quejarse nuevamente de una fantasmagórica conspiración y reclamar de las autoridades policiales que le expliquen por qué la prensa conoce una parte de lo que dicen los informes policiales sobre sus movimientos bancarios antes de que tengan entrada en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC.

Los cargos públicos tienen bastante disminuidos algunos derechos sagrados para el común de los ciudadanos. Uno de ellos es el derecho al honor, y en cierta medida incluso el de la intimidad, sencillamente porque están expuestos al escrutinio de la ciudadanía y a la superior exigencia de la transparencia, el comportamiento ético y la buena administración de los recursos públicos.

Por eso, la queja de Soria es vacua, inútil y estúpida. Cualquier movimiento suyo que tenga que ver con su comportamiento en una investigación por corrupción es noticia relevante, se ponga como se ponga y reclame explicaciones a quien desee. Nadie tiene que justificar que un periodista (o dos) consigan informaciones veraces sobre estos asuntos y que las publiquen con las debidas prevenciones.

A Soria le asisten otros derechos, como defenderse en una causa con plenas garantías jurídicas, como la que está teniendo en el TSJC, aunque realmente lo que le pide el cuerpo es reclamar un cambio legislativo modelo Berlusconi que impida que un personaje tan relevante como él tenga que ser sometido a la afrenta pública de que se conozcan todas sus trapisondas.

Sería terrible para su defensa, pero sobre todo para su credibilidad como político, que se confirmara que ha mentido a la juez en todas las cuestiones centrales que se le preguntaron en su comparecencia, particularmente su participación en la aprobación de las camas de Anfi Tauro, el tamaño de la dádiva obtenida del empresario beneficiado, la intervención en la organización del viaje del salmón del diputado Manuel Fernández, y la autenticidad de la relación de gastos que aportó.

Puede intentar matar a todos los mensajeros que se le pongan por el camino. Pero no logrará acabar con la verdad.

Los incesantes esfuerzos de los Gobiernos occidentales por reconducir la crisis no parecen obtener los resultados esperados. Se inyectan ingentes cantidades de dinero en los sistemas financieros, se avalan grandes operaciones destinadas a que la banca pierda el miedo y se adquieren activos para que regrese la confianza, y nada.

Todos los analistas coinciden en que es la banca la responsable de esta crisis, pero nadie obliga a la banca a sacarnos de ella. Sus beneficios no se reducen, y si se acerca esa amenaza, las entidades financieras reaccionan del modo que mejor saben hacer, aplicando la codicia y la usura.

Dos noticias en tan sólo 24 horas muestran muy a las claras el desprecio de la banca a los Gobiernos y a los ciudadanos. De un lado, suben hasta un 17% las comisiones por descubierto, un 7% los gastos bancarios generales, desde cobrar un talón hasta solicitar un extracto, pasando por el uso de los cajeros automáticos o cualquier transacción.

De otro, los préstamos al consumo suben su precio cuatro décimas en marzo con respecto al mismo mes del año anterior, aún cuando el precio del dinero se encuentra en estos momentos en los valores más bajos desde que se creara la eurozona. Las autoridades monetarias bajan los tipos y los bancos españoles los suben.

Pese a apenas estar concediendo préstamos, tanto al consumo como hipotecarios, con un feroz endurecimiento en las condiciones a sus clientes, los bancos también han encarecido los tipos aplicados a las hipotecas en más del 10%, lejos de la acentuada tendencia de rebaja marcada por el Banco Central Europeo.

Para rematar el dislate, la banca española ha rebajado a su vez el interés que paga a los que todavía siguen confiando en el sistema financiero. Con respecto al año pasado, los depósitos de los ahorradores españoles se pagan un 1,4% menos, hasta situarse en una media del 3,12%.

La banca no está contribuyendo lo más mínimo a sacar a la economía española del agujero donde la metió gracias a su innegable aportación a la burbuja inmobiliaria. No presta dinero, y si lo presta, cobra carísimo por él. Y no paga a los ahorradores que con sus esfuerzos mantienen firme el sistema. Ni consumir ni ahorrar. Habrá que nacionalizar o intervenir más férreamente.

No tenía intención de comentar nada acerca de la segunda denuncia que he interpuesto contra José Manuel Soria, al menos hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Fiscalía Anticorrupción tomaran una decisión sobre ella. Pero la publicación de la noticia en Canarias7 el pasado viernes ha precipitado los acontecimientos. Alguien entregó mi denuncia a ese periódico, y desde luego no fui yo.

La denuncia no se está tramitando todavía, y es una máxima generalizada en el periodismo que sólo deben difundirse aquellas que sean diligenciadas por el órgano correspondiente porque ese sería un síntoma de que pueden existir indicios racionales de criminalidad. Desde luego yo opino que los hechos que denuncio revisten esa condición porque, de no ser así, no me habría tomado la molestia de redactar tantos folios sobre los hechos ni habría obligado a mis abogados a trabajar muchas horas para dar calificación jurídica al relato fáctico.

La denuncia está relacionada con la trama eólica, pero con el núcleo de lo que siempre he llamado el estanque de los tiburones, en feliz aportación de Lorenzo Olarte. Creo que lo investigado en la operación Eolo, por la que se van a sentar en el banquillo siete acusados, es una mínima parte de lo que verdaderamente ocurrió con aquel concurso de energía eólica convocado en 2004 en tiempos en que el consejero de Industria era Luis Soria, hermano de José Manuel Soria.

Soy consciente de que seré objeto de todo tipo de crítica y que por esta nueva iniciativa judicial arreciarán los ataques contra mí y contra el periódico que dirijo. Soy de los que opinan que no es tarea de un periodista acudir a los tribunales de justicia a denunciar hechos presuntamente delictivos, pero hay que tener en cuenta que por esos hechos que relato en mi denuncia, que avalo con todo tipo de pruebas documentales, estoy imputado por injurias y calumnias por denuncia del señor Soria. El próximo día 15, si no hay un nuevo aplazamiento, se celebrará un juicio en el que el vicepresidente del Gobierno solicita para mí la pena de dos años de prisión.

Siempre hemos sostenido en CANARIAS AHORA lo que sostengo en esa denuncia que interpuse el pasado 30 de marzo. Lo argumentamos con pruebas cuando lo publicamos en el periódico y lo avalamos con pruebas ante la Justicia. No puedo admitir que un periodista tenga que ser obligado a demostrar ante un juez que lo que ha publicado es verdad y que nadie reclame al político responsabilidades por esos hechos, que a mi juicio son presuntamente delictivos.

Han pasado tres años exactos desde que el señor Soria abandonó la vivienda propiedad del empresario Javier Esquivel, que habitó sin pagar ni un euro de alquiler. Y durante ese tiempo transcurrido nadie actuó de oficio, nadie extendió las investigaciones de Eolo a aquellos comportamientos, nadie denunció unos hechos que incluso fueron objeto de un contundente voto particular parlamentario en aquella vergonzosa comisión de investigación de la trama eólica.

Me ha tocado de nuevo hacerlo a mí. Espero que sea la última.

Se le acaban los argumentos al PP, o mejor dicho, se le vuelven en contra los argumentos al PP. La comida celebrada este lunes en el restaurante  Solchaga de Madrid entre el número tres de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, jefe de los servicios de espionaje de la lideresa, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Javier Vieira, es lo que le faltaba a los del partido de Rajoy para quedar con las vergüenzas al aire por completo.

Una cacería en la que coincidieron el juez Garzón y el ministro de Justicia costó la dimisión a Mariano Fernández Bermejo, a pesar de que ambos ni siquiera intercambiaron palabra en un encuentro casual de carácter social,  no una cita concertada entre las dos personalidades, como ha sido la de los señores Granados y Vieira.

El magistrado y el político que almorzaron en el Solchaga este lunes sí hablaron del caso Gürtel, según ha reconocido públicamente Vieira, que será el que investigue a los tres aforados del PP cuyas imputaciones ha enviado Garzón al TSJM.

Se trata de un ramillete de pruebas contundentes que han conducido a que se abran las correspondientes diligencias de investigación coincidiendo precisamente con el archivo de todas las peregrinas denuncias que el PP ha presentado contra el magistrado Garzón, al que directamente acusan de prevaricador.

Frente a acusaciones y recusaciones archivadas, Garzón ha logrado acumular un amplio ramillete de pruebas que incriminan en una red corrupta nada menos que al tesorero nacional, al presidente de la Comunidad de Valencia, a diputados, senadores, concejales, alcaldes y ex alcaldes. Todos ellos del PP y por una denuncia que partió de dirigentes del PP.

Pruebas frente a acusaciones sin fundamento, como lo que ocurre en Canarias con unos dirigentes del PP atribuyendo delitos a jueces, fiscales y policías sin aportar otra cosa que no sean sus apreciaciones personales y su indisimulado deseo de que todos los casos de corrupción documentados sean sólo un mal sueño. Es una estrategia política que, pese a las apariencias, tiene muy corto recorrido.