Exceptio Veritatis

(Siempre fue Verdad)

por Carlos Sosa

Que Mariano Rajoy haya calificado a Felipe González de “buen presidente”, a pesar de no saber inglés, es un gesto elocuente del cambio de registro que ha empezado a aplicar el presidente del PP para retomar su inacabable odisea hacia el centro. En el programa de TVE Tengo una pregunta para usted de este lunes, Rajoy presentó su cara más amable, la de la máxima colaboración con el Gobierno en asuntos como la crisis económica o la lucha antiterrorista o la de la tolerancia, dentro de un orden, hacia el inmigrante.

Embutido en un traje que desde luego no le cortó el mismo sastre de Francisco Camps, Rajoy tuvo momentos de mucha seguridad y otros en los que hubiera pagado por un minuto de respiro. Fue sólido al hablar de que el desempleo es su prioridad, de que los autónomos también son su prioridad, de que el agua de los ríos es un bien de todos los españoles, incluidos -ya metidos en trasvases- los canarios. Y fue esquivo e inseguro en asuntos como la investigación con células madre o la solución para los menores inmigrantes que se encuentran acogidos en Canarias.

Fue edificante escuchar de boca del líder del PP su respaldo a la sentencia sobre los atentados del 11-M, aunque se atreviera a afirmar que sólo durante día y medio respaldó las tesis de que habían sido obra de ETA. En realidad estuvo cuatro años animando esa teoría, pero ahora le viene bien decir lo contrario.

Resbaló estrepitosamente en la defensa de su partido y sus dirigentes, a los que parece dispuesto a perdonarles todo, desde el espionaje de la Comunidad de Madrid, hasta la cada vez más deplorable gestión del accidente del Yak 42, pasando, claro, por los asuntos de corrupción, incluyendo la penosa táctica de taparla con alambicadas acusaciones a los que descubren a los chorizos con las manos en la masa.

La pregunta más votada por los telespectadores fue precisamente la referida a la necesidad de que el PP abra sus ventanas y ventile la corrupción. Rajoy prefirió volver a hablar del honor de los que sufren investigaciones y luego no resultan condenados antes que explicar qué pasa con tantos casos de corrupción en el seno de su partido. Pronunció una frase que suena a hueca a la vista de su traslación a casos prácticos: deben abandonar la política los que protagonizan “comportamientos inaceptables”, pero mantiene en plenitud de militancia y de representatividad institucional a decenas de altos cargos que desde luego no pueden presumir de intachables.

El líder de la oposición no causó mala imagen, salvó el trance con buena nota, pero sigue sin transmitir seguridad y confianza, además de evidenciar una clamorosa falta de soluciones ante la supuesta inoperancia del Gobierno Zapatero. Un candidato a presidir España no sólo debe quedar bien en un programa de televisión, pero si a pecho descubierto es incapaz de entusiasmar, el resto se torna tarea titánica.

¿Presunción de inocencia? Pues claro, pero para todos. El Partido Popular y Coalición Canaria de desgañitan desde hace una larga temporada reclamando ese derecho constitucional para los suyos y a la vez negándoselo al resto de la humanidad. Lo reclaman para Zerolo, lo reclaman para Soria y lo reclaman incluso para Francisco González, Paquirrín, alcalde de Mogán.

Pero se lo niegan a la jefa superior de Policía, al secretario general del PSC, a la delegada del Gobierno y a cualquier militante o simpatizante socialista que pase por los alrededores y cuya presencia pueda ser convertida en oportuna coartada, justificación o gran conspiración con la que tapar la verdad y los propios escándalos.

No ha bastado que un juez haya archivado de modo tajante y hasta lapidario un extravagante ramillete de denuncias contra la jefa superior de Policía, ni ha bastado que haya restregado por las narices a los aguerridos denunciantes que no hayan presentado ni una mísera prueba con las que respaldar sus acusaciones, graves acusaciones contra el Estado de Derecho destinadas a defenderse de los delitos que a ellos sí se les imputaron con pruebas o indicios racionales.

Al PP sólo le importa que se hable de cualquier cosa, excepto de sus propios problemas con la Justicia. Y sin presentar ni una simple prueba, sin más indicios que lo que exponen unos denunciantes resentidos que buscan estrategias para defenderse de graves imputaciones, se lanzan a acusar a todo el mundo de delitos improbables.

Resoluciones judiciales al margen, que tardarán en llegar, recordemos los hechos probados:

1.- El presidente del PP canario, su esposa y uno de sus hijos viajaron gratuitamente con un empresario noruego a pescar salmón y a escuchar música culta pocos meses antes de que el político tramitara en favor del empresario unas camas en Anfi Tauro. Lo ha reconocido el propio José Manuel Soria ante la magistrada Margarita Varona, a la que también ha quedado probado que le ha mentido en varias ocasiones.

2.- El secretario general del PP canario, Manuel Fernández, ha reconocido como suyo ante la misma juez  un contrato de prestación de servicios para ejercer de intermediario entre la referida empresa turística y las Administraciones públicas. El Parlamento ha certificado que no consta que el también diputado regional haya declarado esa incompatibilidad.

3.- El ex director general de Industria, Celso Perdomo, del PP, en compañía de otras personas, se sentará en breve ante un jurado para responder por varios delitos relacionados con la corrupción que supuestamente se cometieron en los tiempos en que la Consejería de Industria la dirigía Luis Soria, también del PP, hermano de José Manuel Soria. El fiscal pide siete años de prisión para el alto cargo del PP.

4.- El ex alcalde de Telde, Francisco Valido; el ex presidente del PP de Telde, Francisco Sánchez; la dirigente de ese partido Toñi Torres y varias personas más, hasta un total de 37, están a punto de sentarse en el banquillo de un juicio en la Audiencia Provincial de Las Palmas para responder de sus actuaciones alrededor del Ayuntamiento de Telde en el mandato 2003-2007, gobernado por este partido y la agrupación músico-vocal AFV-Ciuca. Tras instruir la causa durante tres años, el juez instructor les atribuye varios delitos cometidos con el fin de financiar al PP.

5.- El ex portavoz parlamentario y actual miembro de la ejecutiva del PP canario Jorge Rodríguez está incluido en esa lista de personas que irán a juicio para responder por delitos relacionados con la corrupción. Rodríguez actuó supuestamente como introductor de la empresa Grupo Europa en los ayuntamientos gobernados por el PP, concretamente el de Telde (falta por concretar su grado de implicación en el de Mogán), servicios por los que cobró distintas cantidades de dinero al tiempo que ejercía como portavoz, cobrando su correspondiente dedicación exclusiva, en el Parlamento.

6.- Tres ex concejales del PP, hartos de los atropellos y arbitrariedades del alcalde de Mogán, Francisco González, le denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción dando lugar a la Operación Góndola. Sólo González, del PP, tiene imputados seis delitos relacionados con la corrupción. Las conversaciones que obran en el sumario prueban muy a las claras la cantidad colosal de gestiones para enriquecerse que protagoniza continuamente este supuesto servidor público.

Son estos hechos, expuestos aquí solamente a modo de somero ejemplo, asuntos contrastados, todos ellos con pruebas, confesiones o testimonios suficientes como para que la ciudadanía ya se haya hecho una idea clara del alcance de cada uno de esos casos. Por contra, el PP acusa sin pruebas y consigue que sus medios afines hablen de escándalos que nunca existieron.

Hubo sorpresa de última hora en el juicio contra el ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín, acusado de haber cometido un delito de negociación prohibida a funcionario público. Ya saben, fue descubierto en medio de las investigaciones de Eolo supuestamente asesorando a un narcotraficante para aliviarle su situación personal y conseguirle una libertad bajo fianza.

La sorpresa la provocó el fiscal antidrogas, Javier García Cabañas, que contó al tribunal que el magistrado instructor de Eolo, Miguel Ángel Parramón, le había contado que en medio de aquellas investigaciones se había tropezado con José Antonio Martín. Cabañas, que conocía la causa de aquel narcotraficante y la cercanía de una vista en la que habría de abordarse su situación personal, dijo que lo puso en conocimiento de sus superiores (el fiscal general de Canarias y el fiscal antidrogas del Estado) que a su vez le dijeron que actuara en consecuencia.

No hay constancia de que el señor García Cabañas actuara en consecuencia más allá de su deposición ante la Sala de lo Penal del TSJC este pasado miércoles, lo que probablemente haya de significar que este fiscal no consideró trascendental para la causa tomar algún tipo de iniciativa en su momento.

Pero a la sorpresa de Cabañas hay que casarla con todo lo ocurrido desde los comienzos de las investigaciones para, así, poder llegar a conclusiones muy objetivas y reveladoras.

Las investigaciones a José Antonio Martín se iniciaron en mayo-junio de 2005 gracias a los pinchazos telefónicos efectuados por orden de Parramón al empresario Wilebaldo Luis Yánez, al que su propio abogado defensor acaba de definir de manera elocuente, “un correveidile” dedicado a pedir favores, casi siempre con catastrófica efectividad, como se puede apreciar en el presente caso.

Por lo tanto, fue absolutamente casual que apareciera un magistrado en una investigación penal, por mucho que algunos periodistas amigos del acusado hayan querido echarle una mano en su particular teoría de la conspiración, según la cual lo implicaron en esta causa por ser uno de los tres jueces que en aquellos momentos aspiraban a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Es verdad que circulaban entonces muchos rumores acerca de la existencia de un alto magistrado investigado, pero pocos tenían la certeza de que se trataba de Martín hasta que, en agosto, el periódico La Provincia adelantó las primeras informaciones. La rumorología se convirtió en escándalo y el foro jurídico se dividió entre los que apostaron por llegar hasta el final y depurar responsabilidades independientemente del escalafón, la mayoría, y los que hicieron el vacío a Parramón por haberse atrevido si quiera a escuchar las conversaciones de Martín y sus amigos.

A José Antonio Martín no sólo se le abrió una causa penal, sino también un expediente disciplinario del Poder Judicial por cuatro supuestas faltas graves. Instruido por el presidente del TSJ de Cantabria, ese expediente se reactivará cuando haya sentencia. Puede costarle su separación de la carrera judicial.

Más de una docena de conversaciones telefónicas avalan las sospechas de que el magistrado intercedió para favorecer a un narcotraficante en prisión preventiva, aunque no se haya podido comprobar que pudiera haber recibido algún tipo de dádiva o prebenda a cambio. Sí consta en las investigaciones cómo su amigo Wilebaldo Luis Yánez tiene como secretario de varios consejos de administración y asesor jurídico al hijo del juez, el abogado Nereo Martín Fuentes, y cómo se producen en algunos momentos duplicidad de asesoramientos y, por tanto de facturas.

Alrededor del frustrado pelotazo del concurso eólico de 2004 (el de 2008 también va camino de la perdición) revolotearon muchos más personajes de los que finalmente resultaron imputados, y algunos de muy alto copete. Uno de ellos, que ni siquiera fue llamado a declarar como testigo, turista o transeúnte, fue el vocal conservador del Poder Judicial José Merino, que intercedió ante Luis Soria para que el consejero de Industria recibiera a un cuñado que estaba interesado en el fallido concurso eólico promovido por el Gobierno de Canarias.

Las pesquisas de CANARIAS AHORA, recogidas meses después por La Provincia, dieron como resultado la confirmación de que José Merino se reunió con Luis Soria al menos en tres ocasiones, la primera a petición de José Manuel Soria, el 10 de febrero de 2004, ocho meses antes de que se publicaran las bases del concurso. Fue en el restaurante del hotel Wellington, de Madrid, en lo que constituyó el principio de una gran amistad o, como dijo Merino, “una relación normal”.

Por supuesto es normal que un vocal del Poder Judicial, juez por más señas, tenga trato fluido con el consejero de Industria de una autonomía, seguramente para que éste le provea de funcionarios judiciales, de ordenadores o de un eficiente instituto de medicina legal, competencias que en el caso de Canarias están residenciadas en la Consejería de Presidencia  y Justicia. 

Lo que en realidad hizo José Merino ante Luis Soria, con la intermediación del presidente del PP canario, fue mediar para que el consejero recibiera al madrileño Juan Lozano, cuñado del vocal del Poder Judicial y empresario dedicado al negocio eólico. Tras el encuentro en el Wellington de Madrid, nuestro periódico confirmó que Luis Soria accedió a recibir al cuñado de Merino el 18 de marzo de 2004 en su despacho oficial de Las Palmas de Gran Canaria, probablemente para hablar de palomas mensajeras.

La relación entre Merino y Luis Soria se convirtió a partir de estos primeros encuentros en frecuente y era normal verles almorzando en buenos restaurantes de Madrid.

El magistrado y ex vocal del Poder Judicial aprovechó muy bien su condición de vocal para las Islas Canarias, a donde acudía para cumplimentar sus nutridas relaciones locales con políticos y con empresarios. Cierto es que de vez en cuando se reunía con el presidente del TSJC, pero no era ésa la tónica habitual.

Merino presumía siempre de ser muy buen amigo de políticos como José Manuel Soria o Julio Bonis, y de empresarios como Santiago Santana Cazorla, con quien multiplicó sus encuentros a raíz de que estallara la operación Góndola.

Pero su relación con las Islas fue muy anterior, cuando cumplió en El Hierro su primer destino como juez y donde tuvo un problema cinegético similar al del ex ministro Bermejo. Pero ésa es otra historia de cazadores cazados.

Pese a haberse quedado en el estanque de los lebranchos, hay que reconocer al caso Eolo haber alcanzado una rentabilidad judicial totalmente imprevisible cuando saltó la denuncia de Alberto Santana, en el verano de 2005.

Santana denunció a su jefe, el empresario Wilebaldo Luis Yánez, tras detectar correos electrónicos de Celso Perdomo, a la sazón director general de Industria con el PP, con información sensible del concurso eólico medio año antes de que se publicaran las bases en el BOC.

El juez Parramón ordenó la intervención de varios teléfonos, entre otros los de Perdomo y Luis Yánez, y a partir de ahí aparecieron muchas derivaciones, como la del caso José Antonio Martín, el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, acusado de interceder en favor de un narcotraficante, cuyo juicio se celebra estos días.

En la causa propiamente dicha, se alcanzaba por primera vez al Gobierno mismo con un caso de presunta corrupción en el que aparecía un director general por el que su jefe directo había puesto las manos en el fuego en un pleno del Parlamento poco antes de que el escándalo fuera mayúsculo.

El alcance de lo que se investigaba y la espectacularidad de las detenciones de febrero de 2006 produjeron una profunda conmoción en el PP ante el peligro de que las indagaciones llegaran al despacho de Luis Soria, consejero de Industria, y a continuación, al de José Manuel Soria, presidente del Cabildo y del PP.

Esa conmoción produjo dos iniciativas muy concretas del PP canario encaminadas, de un lado, a neutralizar las investigaciones para que no se extendieran peligrosamente, y de otro, a buscar a un socialista al que endilgarle la responsabilidad de una trama que fue exclusivamente del PP.

Soria contaba todavía con un confiable Larry Álvarez, con muy buenos contactos en la Brigada de la Policía Judicial de Las Palmas, de la que había conseguido incluso la detención de un periodista que había mandado mensajes amenazantes a su esposa, la también periodista Teresa Cruz.

Alguien se ocupó de buscar en las conversaciones de Celso Perdomo hasta encontrar dos con el que entonces era presidente de CANARIAS AHORA, José Francisco Henríquez, ingeniero y militante socialista de base. Pese a que esas conversaciones fueron posteriores a la publicación de las bases y pese a que en ellas no se apreciaba tráfico de influencias ni mucho menos cohecho, la Policía pidió al juez la “imputación y/o detención” de Henríquez por considerar, atención, que era la persona que, tras la salida del PP del Gobierno, se había “quedado dentro de la Consejería de Industria” para rematar la operación del pelotazo eólico.

Dos por el precio de uno: se distraía la atención sobre los que pudieran ser los verdaderos autores intelectuales del pelotazo y se neutralizaba a un periódico que se empeñaba en buscar a esos responsables, los tiburones.

Tras nueve meses imputado, Henríquez quedó exento de toda responsabilidad, pero durante ese tiempo Soria y el PP, con al apoyo de los medios de comunicación que le bailaban el agua, metieron a este ingeniero de Caminos en un atolladero terrible que terminó con aquellas infames conclusiones de la comisión eólica del Parlamento en la que le responsabilizaban de ser el cerebro de una trama que se había fraguado ¡en una consejería del PP!

Las siguientes investigaciones por corrupción relacionadas con el PP no las volvió a llevar la Brigada de la Policía Judicial de Las Palmas.

Hay que felicitarse por que, de un tiempo a esta parte, los sumarios que se abren por corrupción se investiguen y terminen en el correspondiente auto de apertura de juicio oral. Ya ha pasado en algunos casos, pero han adquirido especial relevancia dos que han afectado directamente al Partido Popular: Faycán y el caso Eolo.

La creación en Canarias de fiscalías para la “Represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción” ha sido determinante, como ha sido determinante también el papel desempeñado por los medios de comunicación, que en ocasiones han llegado a investigar más allá de lo que esa fiscalía y los jueces han podido hacer.

Vaya por delante que una investigación periodística es exactamente eso, una investigación periodística en la que se hace acopio de pruebas destinadas a confirmar un determinado comportamiento, que en el caso de los cargos públicos, tiene en la responsabilidad política su máxima exigencia.

Desde esa óptica, en nuestro periódico adoptamos como nuestra desde el principio una frase genial de Lorenzo Olarte, que se refirió al sumario judicial conocido como caso Eolo como el estanque de los lebranchos, reservando para la parte no investigada, la que afectaría a los máximos responsables del pufo, el calificativo de “estanque de los tiburones”.

Pues bien, la causa penal para la que ya se ha dictado auto de apertura de juicio oral se corresponde exclusivamente con el estanque de los lebranchos, en el que hay un ex director general del Gobierno de Canarias, del PP por más señas, nombrado por Luis Soria, a quien puso en el cargo de consejero de Industria nada menos que su hermano, José Manuel Soria.

El magistrado Miguel Ángel Parramón y el fiscal Luis del Río están convencidos de que Celso Perdomo, ese ex director general del Gobierno, junto a otros cinco imputados (los empresarios José Ignacio Esquivel, Enrique Guzmán y Alfredo Briganty, y los funcionarios Honorato López y Mónica Quintana, novia del ex director general) cometieron diversos delitos relacionados con la corrupción, entre otros el cohecho, es decir, el soborno.

Fuera de la causa penal han quedado otros personajes que estoy seguro que debieron haber sido investigados, como Javier Esquivel, José Manuel Arnáiz, Luis Soria y José Manuel Soria porque, a mi juicio, se confabularon para montar una gran operación en la que la empresa de Esquivel, Promotora de Recursos Eólicos, obtuviera un gran negocio a costa del interés general: facilitándole sin concurso un suelo portuario en Arinaga; apartando de la competencia por ese espacio a una empresa pública, Magaturninas de Arinaga; facilitando las bases del concurso con anterioridad a su publicación y, al ser descubiertos, formulando un acuerdo desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas con el que la empresa beneficiada obtuviera beneficios tanto si se convertía en titular del campo de vientos como si era desplazada por el organismo portuario.

Mientras se montaba esta operación, entre junio de 2004 y marzo de 2006, José Manuel Soria habitó gratuitamente en un chalet propiedad del empresario Javier Esquivel.

Eso es lo que hemos podido probar a lo largo de nuestra investigación periodística. Así lo publicamos y así lo sostenemos en el momento en que se cierra el estanque de los lebranchos. Faltan los tiburones.

Conocí a Chavanel, si la memoria no me falla, cuando hice mis primeras prácticas de periodista el verano de 1980 en El Eco de Canarias. Él era colaborador de balomnano, pero apenas tuvimos contacto.

Me lo encontré de nuevo en Canarias7, a mitad de los ochenta, cuando entre Cristóbal Peñate y yo hicimos que lo contrataran en la única plaza vacante que tenía la redacción, como redactor de sucesos en sustitución de Pepe Bernal, que regresaba a Tenerife. Chavanel tenía graves problemas para encontrar trabajo después de haber salido despedido (la expresión puede utilizarse en sus acepciones laboral y expansiva) de la Cope (Radio Popular de Las Palmas) y de Radio Canarias (Editorial Prensa Canaria), después de graves desencuentros con sus respectivas direcciones.

En Canarias7 pronto destacó por convertir las escuetas notas de prensa de la Policía y de la Guardia Civil en truculentas novelas de página entera que, a medida que fueron cayendo querellas, fuimos descubriendo que tenían más de inventado que de real. Fue Chavanel quien, sin lugar a dudas, inauguró una práctica que luego se generalizó bastante en ese periódico, sobre todo cuando pasó a dirigirlo: el periodismo creativo.

Daba lo mismo que lo que se contara fuera cierto o no, tenía que ser llamativo y vender periódicos. Y, en cualquier caso, marcar el territorio ante los discrepantes. En eso es un fuera de serie.

Poco a poco se fue haciendo con la confianza del director de entonces, José Luis Torró, y con la del dueño de la empresa, Juan Francisco García. Para ello empleó un arma que nunca falla: traicionar a los demás compañeros para ganar puntos ante los jefes. Lo hizo, entre otras muchas cosas, delatando y relatando los nombres y las conversaciones que manteníamos los periodistas al salir del trabajo con la intención de formar un comité de empresa serio, algo que aún hoy sigue siendo una quimera en esa empresa periodística.

Luego perdí el contacto con él, aunque también fui víctima, junto a mi familia y algunos amigos, del modo de ejercer el periodismo que siempre han tenido él y el periódico para con los que no le bailan el agua. Fue en la época en que se convirtió en la mano derecha de Juan Francisco García y, por ende, en el periodista más temido por empresarios, políticos y compañeros de profesión.

Pasó el tiempo y, como es norma de la casa, Juan Francisco García lo tiró a la calle como agua sucia cuando le dejó de ser útil o, como ocurrió también en este caso, cuando empezó a serle incluso molesto. Antes, Chavanel había sido el encargado de los trabajos más complejos, pero también los más sucios. Fue el hombre que estuvo junto a García en los momentos más terribles, el que colaboró con él para ir desmontando la famosa querella de La Caja con las artes más sicilianas del manual, el que preparaba endemoniados dossieres con los que someter a quienes pudieran poner en peligro la figura de su dueño y sus operaciones empresariales.

Pero lo echó de manera cruel y fui yo quien lo sacó de la cuneta.

Lo hice contra todos los consejos y las opiniones de muchísimas personas que lo conocen bien, incluso contra el criterio de los que entonces eran mis socios. Me había encargado la empresa que montara una emisora de radio que complementara al periódico digital, y pensé de inmediato que Chavanel era el periodista idóneo para conducir el programa estrella de nuestra cadena.

Creí que trabajando con absoluta libertad, sin recibir el encargo de asesinar civilmente a nadie, sin dosieres ni extorsiones, sin más objetivo que hacer buen periodismo, Chavanel iba a cubrir la última etapa profesional de su vida ejerciendo esta profesión en plenitud. Pero acertaron quienes me advirtieron desde el primer momento que tarde o temprano me traicionaría.

Un día de 2007, tras las elecciones autonómicas, se sentó ante mí y ante el que entonces presidía la empresa, José Francisco Henríquez, para renegociar su situación en la radio. Nos dijo que quería ser el director y tener libertad absoluta para la línea editorial. Se le dijo que el director era yo, que no se había producido ningún acontecimiento que aconsejera relevarme, y se le dijo que no podía tener más libertad quien la tenía toda.

Entonces nos dijo que le vendiéramos la radio, y días después, acompañado por el empresario Jaime Cortezo, nos llegó a ofrecer un millón de euros, lo que aún nos sorprendió más: la radio no estaba en venta, y aquella propuesta sonaba a farol. Poco después supimos que, con anterioridad a esa conversación, tenían cerrado un trato con Manuel Artiles, de Mírame TV, en Tenerife, y que habían establecido contactos con otras emisoras alegales para comprar frecuencias y poner en marcha un proyecto de vocación regional que compitiera con el nuestro. Ésa es la única traición de la que soy consciente. Porque lo demás, insultarnos, calumniarnos, inventar tramas en torno a mí, los accionistas, los amigos y la familia forma parte de su modo de actuar natural cuando se refocila y se revuelca, como lo hace en estos momentos, en el pozo negro del que nunca debieron sacarlo.

Una vez tuve que despedirme en directo en un programa de televisión que presentaba. Fue a principios de esta década, cuando los propietarios de Canal 9 (Las Arenas), los Hermanos Domínguez, se rindieron a las presiones que recibían permanentemente, ora de José CarlosMauricio, ora de José Manuel Soria.

José Abraham Domínguez me convocó un día a su despacho y me dijo que yo era el mejor periodista que había pasado por la casa, que el programa que conducía, El Debate, le había dado mucho prestigio a la cadena, pero que lamentablemente tenía que prescindir de mis servicios porque el poder político le presionaba de manera insoportable.

Y me dijo también que la última llamada había sido de Juan Francisco García, el dueño de Canarias7, que le había propuesto sustituirme por Francisco Javier Chavanel, a lo que los Domínguez se opusieron. O al menos eso me indicaron en aquel momento.

Por entonces ya dirigía CANARIAS AHORA y aquella participación televisiva era un complemento a mi actividad que me permitía relacionarme con muchas personas que aún no se atrevían a acercarse al periódico.

En el último programa que presenté me despedí en directo ante la perplejidad de los invitados, que me confesaron posteriormente que no habían notado en mí el menor atisbo de cabreo durante el debate. Esperé al minuto final y, mirando a cámara, expliqué a la audiencia (un dos y pico por ciento de entonces, según Sofres) que los propietarios de la cadena no habían podido soportar más las presiones y que mi doble condición de presentador del programa y de director de CANARIAS AHORA era la causa por la que acababan en aquel momento mis colaboraciones con Canal 9.

Han pasado unos cuantos años y CANARIAS AHORA ha ido labrándose poco a poco un hueco en la prensa regional a base de mucho esfuerzo, de mucho tesón y unos cuantos disgustos. Los compañeros que al principio no daban un duro por nosotros o directamente nos despreciaban ya nos tienen como página de inicio y muchos no empiezan su jornada laboral sin consultar nuestro periódico.

Desde aquellos comienzos de 2000 hemos conservado una seña de identidad: no tener miedo a la verdad y contarla como tributo a tantos años de oscurantismo y de poco respeto por los lectores. En ese esfuerzo nos hemos visto recompensados por miles de personas que nos siguen con atención y, sobre todo, por el reconocimiento que han terminado por dispensarnos las demás empresas periodísticas.

Sólo vuelve a haber una excepción, la de Canarias7, ahora con su destino indeleblemente unido al de Francisco Javier Chavanel. Creen que debemos ser aniquilados social, política y económicamente, y no dudan un sólo instante en emplear los métodos más marrulleros que tienen a su alcance.

La última escaramuza ha sido ordenar al director del periódico, el impagable Francisco Suárez Álamo, que declinara las invitaciones de Televisión Española en Canarias para participar en 59 Segundos si yo asisto como periodista invitado. “Es que insulta”, ha dicho nada menos que Chavanel en su programa de radio para justificar tamaña desfachatez.

La verdadera razón hay que buscarla en dos vertientes: la primera, intentar de nuevo convertirme en un marginado social, de modo que sufra la gente de mi entorno y aquellas personas que me inviten a cualquier tipo de acontecimiento. Se trata de restar credibilidad al periódico que dirijo, de modo que las verdades del barquero que tanto les irritan se sometan a la duda del público. Y de los anunciantes, que también han atacado por ese flanco.

De paso intentan debilitar a Televisión Española en Canarias, y más concretamente a programas que crean opinión, como 59 Segundos, de modo que ganen adeptos los espacios de la vergonzosa televisión pública canaria que ahora controlan gracias a la generosidad y el clientelismo que propicia este Gobierno que sufrimos en las Islas.

La verdad terminará por abrirse camino más pronto que tarde y la falta de credibilidad que les aqueja y que tratan de endilgar a los demás les pasará una costosísima factura.

Por si había sido poco descarado el pelotazo dado en la compra-venta de La Favorita, la misma operación se repitió años después en Telde con la adquisición por parte del Ayuntamiento de la finca de San Rafael, en el pago de La Higuera Canaria. Gobernaba la ciudad el funesto pacto entre el PP y AFV-Ciuca, que condujo al Ayuntamiento a la ruina y a la vergüenza nacional por los escándalos relacionados con las operaciones Faycán y Doramas, por las que han sido detenidas casi medio centenar de personas, entre cargos públicos, funcionarios y empresarios.

El empresario autor del pase fue el mismo que en La Favorita, Santiago Santana Cazorla, que vuelve a actuar de intermediario entre los propietarios que vendían la finca y el Ayuntamiento, al que de buenas a primeras sobrevino la necesidad de tener un inmueble así para destinarlo a personas discapacitadas y ancianas.

Al igual que ha ocurrido con La Favorita, que presenta severas carencias y problemas graves de salubridad para los funcionarios, la finca de San Rafael es imposible de adaptar a los fines para los que oficialmente fue adquirida.

Santana Cazorla compró a la familia Benjumea esta finca el 28 de julio de 2004 por 2.524.250,84 euros y permutó esa propiedad al Ayuntamiento por ocho parcelas urbanizables en Marpequeña que sumaban casi 30.000 metros cuadrados y que el consistorio valoraba en 6.399.527,95 euros. Entre la compra y la permuta, que se celebra llamativamente en pleno mes de agosto, el día 18 concretamente, dista menos de un mes, y entre un precio y el otro, casi cuatro millones de euros.

A diferencia del caso de La Favorita, en el de la finca de San Rafael sí hubo recurso contencioso-administrativo, que terminó con una demoledora sentencia en la que se anulaba la operación por no haberla sometido a los mínimos legales de publicidad y concurrencia y a la necesaria votación en la junta municipal de gobierno.

Pero nadie, que yo sepa, ha interpuesto la correspondiente denuncia ante cualquier órgano jurisdiccional competente para que se investiguen aquellos hechos por si hubiera algún ilícito penal.

Y hay material de sobra para sospechar lo peor:

- La concejal de Bienestar Social evacúa un informe el 4 de marzo de 2004 reclamando un inmueble para discapacitados y ancianos.

- Cuatro días después, un técnico municipal cifra aquella necesidad en 80.000 metros cuadrados, de los que sobradamente disponía el Ayuntamiento en muchos lugares del municipio.

- Un topógrafo municipal firmó el 5 de abril un informe sobre la finca de San Rafael sin que conste quién le ordenó ese levantamiento y con qué objeto.

- La arquitecta municipal valoró San Rafael en 6.399.527 euros el 23 de julio de 2004, cinco días antes de que Santana Cazorla cerrara la operación con los Bemjumea por 2.5.

- En el acta notarial de esa compra-venta, Santana Cazorla incorpora un anexo con los bienes y obras de arte incluidos en la finca mediante una fotocopia del inventario que habían realizado dos funcionarios municipales el 13 de abril de 2004.

- La permuta de la finca por las ocho parcelas de Marpequeña en favor de Santana Cazorla se funda en un informe de 12 de agosto firmado por el jefe de los Servicios de Ordenación del Territorio, José Luis Mena, imputado en Faycán y Góndola.

- La permuta se autoriza en una junta de gobierno en agosto, con Guillermo Reyes en funciones de alcalde en sustitución de Francisco Valido, que se encontraba de vacaciones.

- Reyes está siendo investigado en el marco de la operación Doramas por diversas actuaciones urbanísticas en Telde en las que también aparece implicado José Luis Mena.

La única ventaja de haber estado imputado en el asunto de La Favorita fue que pude acceder al expediente administrativo que se tramitó en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la adquisición de ese inmueble. No es un secreto que los expedientes no estaban al alcance de la prensa, como no lo estaban siquiera para lo concejales de la oposición, como ha quedado acreditado en varias sentencias judiciales.

Pero la juez que me condenó accedió previamente a nuestra petición y reclamó el expediente foliado. De su análisis se deduce que, efectivamente, una vez se hace el retrato robot de La Favorita, los técnicos municipales se dedican a la noble tarea de vestir el machango, es decir, dar cobertura legal a la decisión política de adquirir aquel inmueble.

Hay algunos aspectos llamativos, como las contínuas prevenciones de la oposición en los órganos correspondientes, los diferentes informes de valoración hasta alcanzar el deseado o la disolución de Calle Cervantes, S.A., que finalmente es absorbida por Iniscan, ambas del Grupo Santana Cazorla, empresa esta última a favor de la cual se extienden los dos cheques municipales, uno de La Caja, por 10.020.242  euros, y otro del Santander, por dos millones.

La única empresa que se presentó fue Calle Cervantes, S.A., una vez el retrato robot diseñado por el concejal Fernández Roca dejó fuera otro inmueble ubicado en Las Torres para cabreo de su propietario.

La Favorita era la favorita, de eso no había duda, porque sus características coincidían hilo por pabilo con lo que decía el pliego del concurso. Hasta que, una vez adjudicado a Santana Cazorla, éste presenta al Ayuntamiento un escrito aclarando que lo que le habían comprado no era toda la propiedad, sino una parte de la misma.

“Se ha podido incurrir en un error de interpretación al considerar  como objeto de la oferta la totalidad de la finca registral de referencia y no sólo el de terrenos, solares e instalaciones del reconocido como complejo industrial de La Favorita, contenidos, eso sí, en la misma finca”, se puede leer en el folio 369 del expediente en ese escrito firmado por el empresario el 12 de diciembre de 2002.

Efectivamente, una vez adjudicado el concurso en noviembre, Santiago Santana Cazorla se va a un notario el 4 de diciembre de 2002 y depura la propiedad que había adquirido por poco más de cinco millones de euros a la multinacional BAT. Mediante un instrumento llamado determinación de resto, segrega la parte que había vendido al Ayuntamiento e inscribe a su nombre el resto de la propiedad, que queda fuera de la operación.

Y ese resto es nada más y nada menos que 22.165 metros cuadrados, lo que viene a significar que el Ayuntamiento de la ciudad renunció a comprar la totalidad de la propiedad, 47.735 metros cuadrados, con sus naves y edificios, por 5 millones de euros, para pagar 12 millones por una parte. En esa misma escritura notarial, suscrita casi un mes después de la compra-venta, se indica que el valor de la finca es de 5.409.108,94 euros.

Quizá la palabra sablazo no sea la que mejor defina esta operación tan ventajosa para el interés general.