Exceptio Veritatis

(Siempre fue Verdad)

por Carlos Sosa

No tenía intención de comentar nada acerca de la segunda denuncia que he interpuesto contra José Manuel Soria, al menos hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Fiscalía Anticorrupción tomaran una decisión sobre ella. Pero la publicación de la noticia en Canarias7 el pasado viernes ha precipitado los acontecimientos. Alguien entregó mi denuncia a ese periódico, y desde luego no fui yo.

La denuncia no se está tramitando todavía, y es una máxima generalizada en el periodismo que sólo deben difundirse aquellas que sean diligenciadas por el órgano correspondiente porque ese sería un síntoma de que pueden existir indicios racionales de criminalidad. Desde luego yo opino que los hechos que denuncio revisten esa condición porque, de no ser así, no me habría tomado la molestia de redactar tantos folios sobre los hechos ni habría obligado a mis abogados a trabajar muchas horas para dar calificación jurídica al relato fáctico.

La denuncia está relacionada con la trama eólica, pero con el núcleo de lo que siempre he llamado el estanque de los tiburones, en feliz aportación de Lorenzo Olarte. Creo que lo investigado en la operación Eolo, por la que se van a sentar en el banquillo siete acusados, es una mínima parte de lo que verdaderamente ocurrió con aquel concurso de energía eólica convocado en 2004 en tiempos en que el consejero de Industria era Luis Soria, hermano de José Manuel Soria.

Soy consciente de que seré objeto de todo tipo de crítica y que por esta nueva iniciativa judicial arreciarán los ataques contra mí y contra el periódico que dirijo. Soy de los que opinan que no es tarea de un periodista acudir a los tribunales de justicia a denunciar hechos presuntamente delictivos, pero hay que tener en cuenta que por esos hechos que relato en mi denuncia, que avalo con todo tipo de pruebas documentales, estoy imputado por injurias y calumnias por denuncia del señor Soria. El próximo día 15, si no hay un nuevo aplazamiento, se celebrará un juicio en el que el vicepresidente del Gobierno solicita para mí la pena de dos años de prisión.

Siempre hemos sostenido en CANARIAS AHORA lo que sostengo en esa denuncia que interpuse el pasado 30 de marzo. Lo argumentamos con pruebas cuando lo publicamos en el periódico y lo avalamos con pruebas ante la Justicia. No puedo admitir que un periodista tenga que ser obligado a demostrar ante un juez que lo que ha publicado es verdad y que nadie reclame al político responsabilidades por esos hechos, que a mi juicio son presuntamente delictivos.

Han pasado tres años exactos desde que el señor Soria abandonó la vivienda propiedad del empresario Javier Esquivel, que habitó sin pagar ni un euro de alquiler. Y durante ese tiempo transcurrido nadie actuó de oficio, nadie extendió las investigaciones de Eolo a aquellos comportamientos, nadie denunció unos hechos que incluso fueron objeto de un contundente voto particular parlamentario en aquella vergonzosa comisión de investigación de la trama eólica.

Me ha tocado de nuevo hacerlo a mí. Espero que sea la última.

Hubo sorpresa de última hora en el juicio contra el ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín, acusado de haber cometido un delito de negociación prohibida a funcionario público. Ya saben, fue descubierto en medio de las investigaciones de Eolo supuestamente asesorando a un narcotraficante para aliviarle su situación personal y conseguirle una libertad bajo fianza.

La sorpresa la provocó el fiscal antidrogas, Javier García Cabañas, que contó al tribunal que el magistrado instructor de Eolo, Miguel Ángel Parramón, le había contado que en medio de aquellas investigaciones se había tropezado con José Antonio Martín. Cabañas, que conocía la causa de aquel narcotraficante y la cercanía de una vista en la que habría de abordarse su situación personal, dijo que lo puso en conocimiento de sus superiores (el fiscal general de Canarias y el fiscal antidrogas del Estado) que a su vez le dijeron que actuara en consecuencia.

No hay constancia de que el señor García Cabañas actuara en consecuencia más allá de su deposición ante la Sala de lo Penal del TSJC este pasado miércoles, lo que probablemente haya de significar que este fiscal no consideró trascendental para la causa tomar algún tipo de iniciativa en su momento.

Pero a la sorpresa de Cabañas hay que casarla con todo lo ocurrido desde los comienzos de las investigaciones para, así, poder llegar a conclusiones muy objetivas y reveladoras.

Las investigaciones a José Antonio Martín se iniciaron en mayo-junio de 2005 gracias a los pinchazos telefónicos efectuados por orden de Parramón al empresario Wilebaldo Luis Yánez, al que su propio abogado defensor acaba de definir de manera elocuente, “un correveidile” dedicado a pedir favores, casi siempre con catastrófica efectividad, como se puede apreciar en el presente caso.

Por lo tanto, fue absolutamente casual que apareciera un magistrado en una investigación penal, por mucho que algunos periodistas amigos del acusado hayan querido echarle una mano en su particular teoría de la conspiración, según la cual lo implicaron en esta causa por ser uno de los tres jueces que en aquellos momentos aspiraban a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Es verdad que circulaban entonces muchos rumores acerca de la existencia de un alto magistrado investigado, pero pocos tenían la certeza de que se trataba de Martín hasta que, en agosto, el periódico La Provincia adelantó las primeras informaciones. La rumorología se convirtió en escándalo y el foro jurídico se dividió entre los que apostaron por llegar hasta el final y depurar responsabilidades independientemente del escalafón, la mayoría, y los que hicieron el vacío a Parramón por haberse atrevido si quiera a escuchar las conversaciones de Martín y sus amigos.

A José Antonio Martín no sólo se le abrió una causa penal, sino también un expediente disciplinario del Poder Judicial por cuatro supuestas faltas graves. Instruido por el presidente del TSJ de Cantabria, ese expediente se reactivará cuando haya sentencia. Puede costarle su separación de la carrera judicial.

Más de una docena de conversaciones telefónicas avalan las sospechas de que el magistrado intercedió para favorecer a un narcotraficante en prisión preventiva, aunque no se haya podido comprobar que pudiera haber recibido algún tipo de dádiva o prebenda a cambio. Sí consta en las investigaciones cómo su amigo Wilebaldo Luis Yánez tiene como secretario de varios consejos de administración y asesor jurídico al hijo del juez, el abogado Nereo Martín Fuentes, y cómo se producen en algunos momentos duplicidad de asesoramientos y, por tanto de facturas.

Alrededor del frustrado pelotazo del concurso eólico de 2004 (el de 2008 también va camino de la perdición) revolotearon muchos más personajes de los que finalmente resultaron imputados, y algunos de muy alto copete. Uno de ellos, que ni siquiera fue llamado a declarar como testigo, turista o transeúnte, fue el vocal conservador del Poder Judicial José Merino, que intercedió ante Luis Soria para que el consejero de Industria recibiera a un cuñado que estaba interesado en el fallido concurso eólico promovido por el Gobierno de Canarias.

Las pesquisas de CANARIAS AHORA, recogidas meses después por La Provincia, dieron como resultado la confirmación de que José Merino se reunió con Luis Soria al menos en tres ocasiones, la primera a petición de José Manuel Soria, el 10 de febrero de 2004, ocho meses antes de que se publicaran las bases del concurso. Fue en el restaurante del hotel Wellington, de Madrid, en lo que constituyó el principio de una gran amistad o, como dijo Merino, “una relación normal”.

Por supuesto es normal que un vocal del Poder Judicial, juez por más señas, tenga trato fluido con el consejero de Industria de una autonomía, seguramente para que éste le provea de funcionarios judiciales, de ordenadores o de un eficiente instituto de medicina legal, competencias que en el caso de Canarias están residenciadas en la Consejería de Presidencia  y Justicia. 

Lo que en realidad hizo José Merino ante Luis Soria, con la intermediación del presidente del PP canario, fue mediar para que el consejero recibiera al madrileño Juan Lozano, cuñado del vocal del Poder Judicial y empresario dedicado al negocio eólico. Tras el encuentro en el Wellington de Madrid, nuestro periódico confirmó que Luis Soria accedió a recibir al cuñado de Merino el 18 de marzo de 2004 en su despacho oficial de Las Palmas de Gran Canaria, probablemente para hablar de palomas mensajeras.

La relación entre Merino y Luis Soria se convirtió a partir de estos primeros encuentros en frecuente y era normal verles almorzando en buenos restaurantes de Madrid.

El magistrado y ex vocal del Poder Judicial aprovechó muy bien su condición de vocal para las Islas Canarias, a donde acudía para cumplimentar sus nutridas relaciones locales con políticos y con empresarios. Cierto es que de vez en cuando se reunía con el presidente del TSJC, pero no era ésa la tónica habitual.

Merino presumía siempre de ser muy buen amigo de políticos como José Manuel Soria o Julio Bonis, y de empresarios como Santiago Santana Cazorla, con quien multiplicó sus encuentros a raíz de que estallara la operación Góndola.

Pero su relación con las Islas fue muy anterior, cuando cumplió en El Hierro su primer destino como juez y donde tuvo un problema cinegético similar al del ex ministro Bermejo. Pero ésa es otra historia de cazadores cazados.

Pese a haberse quedado en el estanque de los lebranchos, hay que reconocer al caso Eolo haber alcanzado una rentabilidad judicial totalmente imprevisible cuando saltó la denuncia de Alberto Santana, en el verano de 2005.

Santana denunció a su jefe, el empresario Wilebaldo Luis Yánez, tras detectar correos electrónicos de Celso Perdomo, a la sazón director general de Industria con el PP, con información sensible del concurso eólico medio año antes de que se publicaran las bases en el BOC.

El juez Parramón ordenó la intervención de varios teléfonos, entre otros los de Perdomo y Luis Yánez, y a partir de ahí aparecieron muchas derivaciones, como la del caso José Antonio Martín, el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, acusado de interceder en favor de un narcotraficante, cuyo juicio se celebra estos días.

En la causa propiamente dicha, se alcanzaba por primera vez al Gobierno mismo con un caso de presunta corrupción en el que aparecía un director general por el que su jefe directo había puesto las manos en el fuego en un pleno del Parlamento poco antes de que el escándalo fuera mayúsculo.

El alcance de lo que se investigaba y la espectacularidad de las detenciones de febrero de 2006 produjeron una profunda conmoción en el PP ante el peligro de que las indagaciones llegaran al despacho de Luis Soria, consejero de Industria, y a continuación, al de José Manuel Soria, presidente del Cabildo y del PP.

Esa conmoción produjo dos iniciativas muy concretas del PP canario encaminadas, de un lado, a neutralizar las investigaciones para que no se extendieran peligrosamente, y de otro, a buscar a un socialista al que endilgarle la responsabilidad de una trama que fue exclusivamente del PP.

Soria contaba todavía con un confiable Larry Álvarez, con muy buenos contactos en la Brigada de la Policía Judicial de Las Palmas, de la que había conseguido incluso la detención de un periodista que había mandado mensajes amenazantes a su esposa, la también periodista Teresa Cruz.

Alguien se ocupó de buscar en las conversaciones de Celso Perdomo hasta encontrar dos con el que entonces era presidente de CANARIAS AHORA, José Francisco Henríquez, ingeniero y militante socialista de base. Pese a que esas conversaciones fueron posteriores a la publicación de las bases y pese a que en ellas no se apreciaba tráfico de influencias ni mucho menos cohecho, la Policía pidió al juez la “imputación y/o detención” de Henríquez por considerar, atención, que era la persona que, tras la salida del PP del Gobierno, se había “quedado dentro de la Consejería de Industria” para rematar la operación del pelotazo eólico.

Dos por el precio de uno: se distraía la atención sobre los que pudieran ser los verdaderos autores intelectuales del pelotazo y se neutralizaba a un periódico que se empeñaba en buscar a esos responsables, los tiburones.

Tras nueve meses imputado, Henríquez quedó exento de toda responsabilidad, pero durante ese tiempo Soria y el PP, con al apoyo de los medios de comunicación que le bailaban el agua, metieron a este ingeniero de Caminos en un atolladero terrible que terminó con aquellas infames conclusiones de la comisión eólica del Parlamento en la que le responsabilizaban de ser el cerebro de una trama que se había fraguado ¡en una consejería del PP!

Las siguientes investigaciones por corrupción relacionadas con el PP no las volvió a llevar la Brigada de la Policía Judicial de Las Palmas.

Hay que felicitarse por que, de un tiempo a esta parte, los sumarios que se abren por corrupción se investiguen y terminen en el correspondiente auto de apertura de juicio oral. Ya ha pasado en algunos casos, pero han adquirido especial relevancia dos que han afectado directamente al Partido Popular: Faycán y el caso Eolo.

La creación en Canarias de fiscalías para la “Represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción” ha sido determinante, como ha sido determinante también el papel desempeñado por los medios de comunicación, que en ocasiones han llegado a investigar más allá de lo que esa fiscalía y los jueces han podido hacer.

Vaya por delante que una investigación periodística es exactamente eso, una investigación periodística en la que se hace acopio de pruebas destinadas a confirmar un determinado comportamiento, que en el caso de los cargos públicos, tiene en la responsabilidad política su máxima exigencia.

Desde esa óptica, en nuestro periódico adoptamos como nuestra desde el principio una frase genial de Lorenzo Olarte, que se refirió al sumario judicial conocido como caso Eolo como el estanque de los lebranchos, reservando para la parte no investigada, la que afectaría a los máximos responsables del pufo, el calificativo de “estanque de los tiburones”.

Pues bien, la causa penal para la que ya se ha dictado auto de apertura de juicio oral se corresponde exclusivamente con el estanque de los lebranchos, en el que hay un ex director general del Gobierno de Canarias, del PP por más señas, nombrado por Luis Soria, a quien puso en el cargo de consejero de Industria nada menos que su hermano, José Manuel Soria.

El magistrado Miguel Ángel Parramón y el fiscal Luis del Río están convencidos de que Celso Perdomo, ese ex director general del Gobierno, junto a otros cinco imputados (los empresarios José Ignacio Esquivel, Enrique Guzmán y Alfredo Briganty, y los funcionarios Honorato López y Mónica Quintana, novia del ex director general) cometieron diversos delitos relacionados con la corrupción, entre otros el cohecho, es decir, el soborno.

Fuera de la causa penal han quedado otros personajes que estoy seguro que debieron haber sido investigados, como Javier Esquivel, José Manuel Arnáiz, Luis Soria y José Manuel Soria porque, a mi juicio, se confabularon para montar una gran operación en la que la empresa de Esquivel, Promotora de Recursos Eólicos, obtuviera un gran negocio a costa del interés general: facilitándole sin concurso un suelo portuario en Arinaga; apartando de la competencia por ese espacio a una empresa pública, Magaturninas de Arinaga; facilitando las bases del concurso con anterioridad a su publicación y, al ser descubiertos, formulando un acuerdo desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas con el que la empresa beneficiada obtuviera beneficios tanto si se convertía en titular del campo de vientos como si era desplazada por el organismo portuario.

Mientras se montaba esta operación, entre junio de 2004 y marzo de 2006, José Manuel Soria habitó gratuitamente en un chalet propiedad del empresario Javier Esquivel.

Eso es lo que hemos podido probar a lo largo de nuestra investigación periodística. Así lo publicamos y así lo sostenemos en el momento en que se cierra el estanque de los lebranchos. Faltan los tiburones.