Exceptio Veritatis

(Siempre fue Verdad)

por Carlos Sosa

He esperado pacientemente a que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acabara con su trabajosa tarea de archivar el caso salmón, el que denuncié en agosto de 2008 con mucha fe en la Justicia, para hacer mi particular balance. Lo expreso ahora con serenidad, no exenta de decepción, para renovar mi deseo y el de mucha gente en Canarias de que acabe de una vez el estado de impunidad con que se mueve aquí la corrupción. Y pese al desenlace, en apariencia frustrante, estoy convencido de que entre todos hemos dado un paso de gigante en esa dirección.

Es cierto que denuncié contraviniendo la opinión de muchos amigos, algunos indiscutibles expertos juristas, que auguraban una muy corta vida a una denuncia contra José Manuel Soria en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC. Sostenían esos amigos –y sostienen- que esa Sala y una buena parte del TSJC están contaminados, que precisamente la labor de investigar y enjuiciar aforados está inventada para investigarlos poco y enjuiciarlos casi nada.

Pero insistí y presente mi denuncia (meses después presenté otra, la del caso chalet, pero de ella les hablaré en otro momento) instalado como estoy aún en la firme convicción de que las cosas pueden cambiar algún día, en cuanto algún juez valiente y ajeno al compadreo decida dar un paso adelante y acabar con una situación que incluso para la Judicatura debe estar siendo asfixiante.

Ahora que todo ha acabado, al menos en el TSJC, hago recuento personal y profesional y creo que todo el desgaste sufrido ha valido la pena. Cada uno de los agentes que ha intervenido en este proceso ha quedado debidamente retratado. Soria, por supuesto y en primer lugar, como un político acabado, preso de sus propias mentiras y componendas, de sus necedades, de actitudes que yo sigo considerando corruptas e inasumibles políticamente. Cargará toda su vida política con una actuación reprobable y, de haberse producido en otro sitio, seguramente delictiva.

La Justicia canaria, al menos la que se practica en las paredes de la jurisdicción donde se entienden los asuntos de los aforados, también ha dibujado su propio retrato. Ha actuado con miedo, contaminada, conservadora en el más amplio sentido del término, manejada –no necesariamente a su pesar- por manos interesadas, desviada del fin que inspiró un día al legislador que creó los  órganos judiciales especiales para aforados. Basta con leer y escuchar lo que dicen los ciudadanos a través de los canales que algunos medios de comunicación ponemos a su disposición para hacerse una idea del papelón que han hecho algunas de sus señorías.

Expertos juristas opinan lo mismo que el vulgo, aunque lo expresen en términos más ajustados a Derecho. El TSJC se ha retratado y le va a costar mucho esfuerzo sacudirse su propio autorretrato.

La Fiscalía Anticorrupción tampoco sale igual del caso salmón respecto al modo en que entró. Luis del Río, su titular para Las Palmas, está desbordado aunque cargado de buenas intenciones. No parece contar con el necesario respaldo del Fiscal General del Canarias y sufre en sus propias carnes la tan manida lejanía isleña de los centros de decisión de Madrid. Sus jefes de la Fiscalía Anticorrupción no le están prestando el apoyo preciso para hacer frente a las cosas que pasan en la región más corrupta de España. Y que me perdonen Valencia, Madrid y Marbella, no sé si por ese orden.

¿Qué decir de mis colegas de profesión? Los medios de comunicación descubrieron un poco tarde el caso salmón, pero se sumaron a él con unánime entusiasmo. Unos para proteger al principal encartado, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, y otros para contribuir cada cual a su manera a una causa que, al igual que a nosotros desde 2005, les resultaba justa y ejemplarizante. Ha habido oportunismo, claro que sí, pero probablemente no habría habido caso salmón si sólo hubiera estado empeñado en él el periódico que dirijo, CANARIAS AHORA.

Quedan abiertos muchos interrogantes. Desde luego el principal es la independencia y profesionalidad de la Justicia en Canarias, un problema añadido a ese Poder del Estado que sólo está en sus manos resolver a través de los órganos correspondientes. Pero aunque pueda parecer rebuscado, me preocupa mucho más que sólo aquí, en esta tierra tan esclava del caudillismo, del caciquismo y de la más rampante corrupción deje de ser delito que un político reciba dádivas en atención a su cargo o que un servidor público pueda servir con igual pasión a una empresa privada, cobrar de ella, como hizo Manuel Fernández, y que la Justicia diga que eso es normal y hasta decente.

No todo vale. Y hay que seguir demostrando que los decentes son más que los corruptos.

Hace alrededor de un año adelantamos en CANARIAS AHORA que una de las derivas por las que iba a conducirse la defensa de los presuntos corruptos del PP iba a consistir en desacreditar a los investigadores, particularmente a la Policía. Y no nos equivocamos en absoluto. Ya desde que estallara la operación Góndola, de presunta corrupción en Mogán, la por entonces concejal Onalia Bueno puso en marcha una grotesca investigación sobre el patrimonio personal de la comisaria que dirigía aquellas investigaciones, Concepción de Vega, lo que le supuso que se le añadiera a tan portentosa dirigente del PP un delito que complementara el amplio ramillete que colecciona en Góndola.

Pero al sumarse José Manuel Soria a la lista de imputados por corrupción en el PP canario, arreciaron de manera colosal los ataques contra esa misma comisaria, actualmente jefa superior de Policía en Canarias, a la que han llegado a acusar de actuar en connivencia con el Partido Socialista y con este periódico.

No es en absoluto reprochable que un juez llame a declarar a quien desee para aclarar unas diligencias como las abiertas a raíz de que José Manuel Soria se quejara amargamente de que, al levantarle las enaguas, aparecieran cosas feas relacionadas con el muy churrigueresco modo que tiene todo un consejero de Economía y Hacienda de Canarias de administrar los dineros (blancos, tintos y decolorados) de la familia. La suya de él.

Lo que es más preocupante es que con este tipo de acciones se pretenda algo muy distinto a la preservación de la intimidad, el honor y la buena imagen de un cargo público como el señor Soria.  O la garantía de confidencialidad de los sumarios judiciales, incluidos los que no están declarados secretos, como es el caso.

Porque lo que realmente se pretende, lo que siempre busca este político excesivo y chulapo, no es otra cosa que instaurar una sensación generalizada de pánico total entre el gremio periodístico ante la mera tentación de publicar algo del vicepresidente del Gobierno que se aleje de las notas oficiales que manda su consejería a los medios de comunicación. Que para periodismo de investigación ya están sus jefes de prensa.

Lo que nos falta por ver en el amplio historial de ataques que viene sufriendo la libertad de expresión y de información en Canarias es que un juez prohiba a los periodistas hablar con las fuentes oficiales, oficiosas o fijas discontinuas que les de la gana, y a éstas a confirmar, desmentir, matizar o no comentar lo que se les pregunte. Estaba inventado antes de que a Soria se le ocurriera meterse en política en 1995.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al igual que ocurre con sus homólogas en los tribunales autonómicos de toda España, está destinada a investigar causas que tengan que ver con aforados. Y aforados en Canarias, además de los jueces, son los diputados regionales y los consejeros del Gobierno, incluido su presidente.

Así, hemos visto cómo es en esa Sala donde se ha investigado al magistrado José Antonio Martín, ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, cuya sentencia debe estar a punto de hacerse pública, o es en ella donde se tramitan causas como Las Teresitas o el caso salmón, con el diputado Miguel Zerolo en la primera y el diputado y vicepresidente José Manuel Soria, en la segunda.

Fue en esa misma jurisdicción donde se trataron recientemente otras dos causas relacionadas con altos cargos del Gobierno de Canarias, las famosas conversaciones grabadas en el marco de la operación Góndola al empresario Santana Cazorla y las mentiras pronunciadas por José Manuel Soria en una comisión de investigación parlamentaria.

El primero de estos casos se saldó con un archivo exprés promovido por el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, que no apreció indicios de criminalidad en aquellos intercambios de pareceres que tuvieron el empresario, el presidente del Gobierno, a la sazón Adán Martín, y el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, todavía Domingo Berriel.

Casualmente, esos intercambios de pareceres, que inicialmente tuvieron apariencia de tráfico de influencias, iban referidos a la concesión extraordinaria de camas turísticas en favor de la urbanización Anfi Tauro, asunto por el que en estos momentos se encuentra imputado el vicepresidente del Gobierno, José Manuel Soria, pero por la vía del caso salmón, aquel viaje de placer que realizó en agosto de 2005 en compañía del presidente de Anfi, el empresario noruego ya fallecido Björn Lyng.

El otro llamativo archivo producido por el TSJC a propuesta del Ministerio Fiscal fue el de las mentiras de Soria en la comisión parlamentaria que estaba llamada a investigar lo ocurrido en la Consejería de Industria en 2004 y 2005 durante la tramitación del frustrado concurso de asignación de potencia eólica.

Soria mintió a los diputados a pesar de estar penalmente castigado ese comportamiento al afirmar que no estuvo presente en un consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el que se facultó a su presidente, José Manuel Arnáiz, a celebrar con los hermanos Esquivel un contrato de explotación del campo de vientos del muelle de Arinaga que más tarde fue declarado lesivo para el interés general por el Ministerio de Fomento. José Manuel y Luis Soria estuvieron presentes, y lo acreditan los testigos y las actas.

El auto de archivo de las mentiras de Soria fue firmado por la Sala de lo Civil y Penal en su conjunto, esto es, los magistrados Carla Bellini, Margarita Varona y el presidente del TSJC, Antonio Castro Feliciano, aunque actuó de instructora la magistrada que instruye la causa del salmón, Margarita Varona.

Ahora, dos años después, la magistrada Carla Bellini asegura que su amistad con María del Carmen Benítez, esposa de Soria, le impide instruir la denuncia que interpuse contra ésta, los hermanos Soria y el mencionado Arnáiz por varios presuntos delitos relacionados con la corrupción, precisamente en el marco del pelotazo eólico.

Bellini fue elegida por el Parlamento para ocupar plaza de magistrada del TSJC a propuesta del PP, y su amistad con María del Carmen Benítez es conocida desde hace muchos años. Pero sólo ella conoce el grado de influencia y de contaminación que puede generarle esa amistad. Ahora y hace dos años.

Importa la filtración, no lo que dice la noticia. José Manuel Soria se está revelando como un auténtico desastre en la gestión de sus propias causas penales. Ante la aparición en La Provincia de una noticia en la que se relatan las dificultades de la Policía por casar sus cuentas corrientes con los gastos que declaró ante la magistrada que lo investiga por el caso del salmón, el vicepresidente del Gobierno ha optado por disparar al pianista.

No comenta el fondo de la cuestión; no se defiende ante el más que probable descubrimiento de que también fue falsa la versión que ofreció a la juez sobre sus gastos vacacionales; no niega la mayor, ni se enroca en las posibles interpretaciones que pueda tener (si las tiene) un extracto bancario.

Ha preferido quejarse nuevamente de una fantasmagórica conspiración y reclamar de las autoridades policiales que le expliquen por qué la prensa conoce una parte de lo que dicen los informes policiales sobre sus movimientos bancarios antes de que tengan entrada en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC.

Los cargos públicos tienen bastante disminuidos algunos derechos sagrados para el común de los ciudadanos. Uno de ellos es el derecho al honor, y en cierta medida incluso el de la intimidad, sencillamente porque están expuestos al escrutinio de la ciudadanía y a la superior exigencia de la transparencia, el comportamiento ético y la buena administración de los recursos públicos.

Por eso, la queja de Soria es vacua, inútil y estúpida. Cualquier movimiento suyo que tenga que ver con su comportamiento en una investigación por corrupción es noticia relevante, se ponga como se ponga y reclame explicaciones a quien desee. Nadie tiene que justificar que un periodista (o dos) consigan informaciones veraces sobre estos asuntos y que las publiquen con las debidas prevenciones.

A Soria le asisten otros derechos, como defenderse en una causa con plenas garantías jurídicas, como la que está teniendo en el TSJC, aunque realmente lo que le pide el cuerpo es reclamar un cambio legislativo modelo Berlusconi que impida que un personaje tan relevante como él tenga que ser sometido a la afrenta pública de que se conozcan todas sus trapisondas.

Sería terrible para su defensa, pero sobre todo para su credibilidad como político, que se confirmara que ha mentido a la juez en todas las cuestiones centrales que se le preguntaron en su comparecencia, particularmente su participación en la aprobación de las camas de Anfi Tauro, el tamaño de la dádiva obtenida del empresario beneficiado, la intervención en la organización del viaje del salmón del diputado Manuel Fernández, y la autenticidad de la relación de gastos que aportó.

Puede intentar matar a todos los mensajeros que se le pongan por el camino. Pero no logrará acabar con la verdad.