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04 junio, 2012

Euforia en Las Teresitas

Están que no caben en sí de gozo los principales encartados en el escándalo de corrupción de Las Teresitas ante las noticias que les llegan de los alrededores del proceso judicial. Prepararon con mucho esmero y una discreción que se desbordaba por momentos la querella contra la magistrada instructora de la causa, Carla Bellini, por haber ordenado grabar un encuentro vis a vis del testaferro del empresario Ignacio González cuando visitaba a su pareja, de aquel, del testaferro, que no del presidente de la Cámara de Comercio de Tenerife, en la prisión Tenerife II, donde estaba la novia del testaferro, no el benefactor del testaferro, que con tanto dale p’alante y dale p’atrás, ponte tú, quítate tú, firma aquí que yo la presento… es que nos liamos todos que es una barbaridad.

Pero cuando todavía se apagaban los ecos de la euforia teresiana por la admisión a trámite de tal querella, va el Tribunal Supremo y propina otra tremenda alegría al grueso de los imputados al decidir separar la causa para quedarse solo con lo referido al hoy senador del Reino, hasta el otro día alcalde de Santa Cruz de Tenerife. El Supremo, en un auto conocido este lunes, dice que ya tiene bastante con repasarse los hechos que afectan a Miguel Zerolo y que, por lo tanto, sea el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el que dilucide qué hacer con el resto de los imputados.

Como ninguno de ellos tiene que sepamos la condición de aforado, mucho nos tememos que Carla Bellini mandará ese pedazo de sumario al Decanato de los juzgados de Santa Cruz de Tenerife para que lo reparta y que Dios coja confesado al juez o jueza al que le caiga tremendo tenique entre pecho y espalda.

Antes, se supone, será el TSJC, constituido en Sala de la que no habría de formar parte la magistrada Carla Bellini, el que resuelva los recursos contra el auto con el que se dio por finalizada la ardua y prolongada instrucción, un final que solo satisfizo a los imputados al ver que se les quitaba de encima el delito de cohecho. Ese archivo parcial ha sido recurrido por algunas de las partes personadas, que ahora se quedarán aguardando a ver si resuelve el Supremo, si el TSJC o ambos altos tribunales en plan desafinado dueto.

El envío del sumario de Las Teresitas a un juzgado de instrucción de a pie va a significar, dicho sea en lenguaje coloquial alejado del acartonamiento del foro, que un señor o una señora se va a tener que empapar los tropecientos miles de folios para decidir si la causa está bien cerrada así, si es precisa la práctica de alguna otra prueba, si conviene llamar a algún testigo o imputado a aclararse, o si ya procede dictar auto de apertura de juicio oral, recibir con paciencia y resignación cristianas la ensalada de recursos y más recursos, conclusiones provisionales, y luego, en su caso, apertura de juicio oral.

La dilación beneficia a los culpables

En total, ya pueden ustedes irle echando hilo a la cometa porque antes de un par de años no va a ver fumata blanca en el caso de corrupción más sonado de la historia de Canarias, en clara competencia con la Operación Unión, que también arrojó una novedad este lunes: la segunda juez que instruye ese asunto de corrupción conejera se nos marcha para Euskadi.

La dilación de los procesos judiciales perjudica sobre todo a la justicia porque afecta a su proverbial imagen de lentitud y porque pospone en el tiempo la resolución de todas las dudas sobre la actuación de personajes que tenían sobre sus espaldas las responsabilidades de la gestión de lo público. Perjudica, igualmente, a las personas inocentes que puedan haberse vistas, por cualquier circunstancia, envueltas en las investigaciones, y que solo se verán liberadas de esa condición ante una sentencia absolutoria si antes un juez no produce el archivo respecto a ellos.

Un retraso como el que va a sufrir el sumario de Las Teresitas beneficia notablemente a los verdaderos culpables de eso que la fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, calificó desde el principio como “pelotazo de libro”. Y los beneficia notablemente porque la alarma social se desinfla por momentos al tiempo que otros asuntos de igual o aparente mayor enjundia, como la irrupción de otros casos de corrupción o la misma crisis económica, provocan un efecto eclipse que los va diluyendo ante la opinión pública.

El Niño Bravo, con el rabo entre las patas

Otra noticia judicial con consecuencias políticas también llegó este lunes a las redacciones de los periódicos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias daba al traste con la última posibilidad del alcalde de Santa Brígida y consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, de salirse con la suya en un pleito que fue estúpido desde el principio.

La Justicia, para contarlo resumido, le ha dicho al Niño Bravo que sus pleitos personales se los pague de su bolsillo, que ya está bien de exprimir la teta para todo. En rigor, el mensaje es para él y para otros tres concejales más que en el anterior mandato le acompañaban en el grupo de gobierno satauteño y que propiciaron que el Ayuntamiento les pagara abogado y procurador para demandar a la concejala de Coalición Canaria Victoria Casas por una intromisión ilegítima en el derecho al honor. Pero solo Bravo sigue en el machito sin que en apariencia haya cambiado su actitud de yo me pongo las instituciones públicas por montera.
El pleito que ha dejado en ridículo al Niño Bravo comenzó cuando unos ciudadanos anónimos publicaron en el blog de Victoria Casas unos comentarios y epítetos bastante subiditos de tono contra el alcalde y los demás concejales que, ofendidos en grado máximo, interpusieron una demanda haciendo que el Ayuntamiento corriera con los gastos de abogado y procurador. La demanda fue ganada en primera instancia por los demandantes y supuso una condena de 9.000 euros a Victoria Casas por intromisión en el honor, pero en segunda instancia la justicia dijo que nones, que prevalecía la libertad de expresión y que cada palo aguante su vela.

Fue a partir de esa última resolución cuando la ex concejala de CC inició acciones contencioso-administrativas para que el alcalde y sus mariachis devolvieran al Ayuntamiento el dinero que éste pagó en concepto de defensa y representación jurídicas. Unas cantidades que muy probablemente hayan podido sobrepasar con creces los 3.000 euros contando las dos instancias a las que tuvieron que acudir. Y la justicia dio la razón a la concejala, convirtiendo al cazador en cazado, al explorador australiano en oveja trasquilada.

La duda que nos asalta de modo inquietante es si se le puede exigir ahora al Niño Bravo que pague también de su bolsillo los gastos ocasionados por la defensa que el Ayuntamiento ha tenido que hacer de este recurso contencioso-administrativo, cuyo último recurso ante la Sala ni siquiera se analizó en su fondo porque por las cantidades exigidas ni siquiera tenía consideración de admisible. Así se va escribiendo la trayectoria política de esta alma de cántaro que sigue creyendo a día de hoy que todo lo puede pagar el sufrido contribuyente, incluyendo sus caprichos baloncestísticos de los que hablaremos en otra entrega.

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