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06 mayo, 2012

Vergüenza debía darles (a propósito de José Antonio Martín)

José Antonio Martín, ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
José Antonio Martín, ex presidente de la
Audiencia Provincial de Las Palmas.
  Debieron dejarlo pasar discretamente, como pasan algunos indultos. Celebrarlo en la intimidad, quizás en algún recoleto restaurante de Tafira (del Monte Lentiscal, por ser más precisos) y esquivar con prudencia la euforia, los brindis de exaltación de la amistad y las increíbles exigencias de reposición del honor. Al ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín, lo quieren rehabilitar, devolverle los galones, la reparación personal y profesional “a bombo y platillo”, en desafortunada expresión del portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Canarias, Salvador Alba.

Una sentencia de la Sección Séptima del Tribunal Supremo acaba de anular su expulsión de la carrera judicial, acordada por el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, tras dar por probado que José Antonio Martín y Martín asesoró indebidamente a uno de los más notables narcotraficantes de la historia judicial española que reclamaba ante la Sala que presidía su libertad bajo fianza. Un narcotraficante, Rafael Bornia, vamos a empezar a ofrecer todos los datos, que este mismo 2012 ha sido condenado a siete años de prisión por los delitos por los que Martín intentaba ponerlo en libertad a cambio de un millón de euros de fianza, verdadera calderilla para el volumen de riqueza que se le ha descubierto a tan peligroso delincuente.

Es cierto, una increíble y bochornosa sentencia suscrita por cinco de los nueve magistrados de la Sección Séptima del Supremo ha concluido que José Antonio Martín no debió ser expulsado de la carrera judicial por dos aspectos puramente formales: porque el expediente sancionador había prescrito durante su tramitación y porque las escuchas telefónicas en las que se detectó que asesoraba al entorno del narcotraficante no iban dirigidas a investigarlo a él sino a varios empresarios y políticos canarios que chanchulleaban en torno al concurso eólico.

A tan pintorescas excusas tomadas por cinco jueces para exonerar de responsabilidades a otro agarrándose a meros formalismos contestaron con un rotundo voto particular otros cuatro magistrados de la misma sala, que han recordado a sus colegas la jurisprudencia y la doctrina del mismo Supremo, no solo sobre la prescripción de expedientes administrativos vinculados a investigaciones judiciales declaradas secretas, sino también acerca de lo que se llama “hallazgo casual”, es decir, la aparición de un delito flagrante cuando se está investigando otro delito.

Los hechos, inalterables
Ninguna de las resoluciones favorables de cuantas ha cosechado hasta ahora José Antonio Martín desde el Supremo ha concluido que los hechos que se le imputaban fueran falsos. Muy al contrario, siempre se han dado por probados, solo que con las piruetas propias de los expertos en encontrar los vericuetos precisos para aplicar la muy superior doctrina de la intocabilidad de los protegidos, los hechos han quedado eclipsados por los formalismos.

La primera sentencia del Supremo que resolvió que no había cometido el delito de “negociación prohibida a funcionario público” llevaba incluido un tirón de orejas al fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, y a la juez instructora del caso, Carla Bellini, a los que reprochaba que se equivocaran de tipo penal cuando lo que, en todo caso, lo que había podido cometer el ex presidente de la Audiencia era un vulgar tráfico de influencias. Muy discutible el matiz, pero el fondo de la cuestión aparecía inalterable: los hechos se daban por ciertos.

Esta segunda sentencia, conocida la semana pasada, habla de que el expediente de expulsión de la carrera estaba prescrito por el tiempo que tardó en tramitarlo el instructor, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que se tropezó con el ineludible obstáculo del secreto que pesaba sobre la investigación sobre Martín. El ponente de la sentencia y los cuatro magistrados que le han respaldado en este inconcebible fallo desprecian los esfuerzos del instructor por mantener vivo el expediente reclamando (y consiguiendo del Poder Judicial) ampliaciones extraordinarias del plazo, dado lo extraordinario que resultaban las circunstancias: un presidente de la Audiencia procesado por un delito cometido en el ejercicio de su cargo que era investigado en una causa secreta.

Es muy serio que el Supremo sea capaz de encontrar una escapatoria para este tipo de comportamientos y es grotesco que enseguida le salgan al afectado los defensores de turno capaces de ridiculizarlo, aun pretendiendo de facto su rehabilitación social y profesional. Porque resultan ridículas las defensas que se hacen de José Antonio Martín.

Eligio pide la dimisión de casi todos

Nadie a estas alturas cree lo que dice Eligio Hernández, ex magistrado, ex fiscal general del Estado, abogado en ejercicio, que en defensa de Martín es capaz de pedir la dimisión, sí la dimisión, de todos los jueces, fiscales, letrados y vocales del Poder Judicial que han tenido que ver con lo ocurrido al magistrado perdonado.

Dos jueces instructores, varios fiscales, un tribunal constituido al efecto en el TSJC, la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, y el pleno del Poder Judicial que avaló la expulsión de tan insigne jurista de la carrera judicial es demasiada tropa para estar toda completa equivocada.

Pero don Eligio, cuestión de castas, se detiene a las puertas del Supremo porque no reclama la dimisión de los cuatro magistrados que han emitido un voto particular en el que se rechaza la decisión de anular la expulsión del ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas. En su deriva habitual, es bastante posible que Eligio Hernández acuse a todos los demás de “jueces justicieros”, como hace con aquellos que toman decisiones que le turban.

Porque puestos a analizar a quienes defiende con sus sofocos habituales Eligio Hernández casi es preferible pedirle que se abstenga: que tengamos computado, además de a José Antonio Martín, Hernández es de los que se partió la cara por Manuel Fernández y José Manuel Soria en el caso salmón; por Alejandro Mazzoti en el caso Faycan o por la decana de los jueces de Telde, Ángeles Zabala, cuando la denunció el Ayuntamiento por entrar al asalto de tres emisoras de radio por una denuncia formulada desde el entorno de otro famoso ex magistrado, José Mateo, al que seguramente también le deberá mucho desde la semana pasada el exonerado José Antonio Martín.

A José Mateo y a algún otro magistrado canario en activo, de esos que creen firmemente que hay principios esenciales del buen nombre y de la buena imagen del gremio que no se pueden poner en peligro por una debilidad de uno de los suyos.

Siendo como ha sido artificialmente perdonado José Antonio Martín, resulta patético que haya quienes reclamen su rehabilitación social y profesional a bombo y platillo. Habrá quienes se presten a esa estulticia. Otros seguiremos manteniendo que un juez así no merece ningún reconocimiento.

5 comentarios:

  1. Nunca hemos podido entender eso de que la Justicia es igual para todos.Las lagunas,el asombro de los comunes mortales ante casos esperpenticos y la sensación de cierto arropo de corporativismo,nos dan que pensar:El que cuatro magistrados del Supremo,ofrezcan votación diferente y la mayoría simple de los otros cinco, le salve de la quema y que tanto la comisión disciplinaria del Consejo Genera del Poder Judicial como el TSJC,(...)no lo hayan visto "tan dulce" y "dorado";eso,que la Justicia tiene sus viricuetos y privilegios según de quien se trate.Esa es,lamentablemente, nuestra modesta impresión.

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  2. Lo de la mal llamada justicia, es de iraorinarynosoltarnigota. Si quieren que la gente siga desconfiando del sistema... sigan haciendolo así. GENTUZA.

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  3. EL PODER JUDICIAL ES UNA PANDA DE MASONES, UNA HERMANDAD QUE SE CUBREN UNOS A OTROS, Y AQUI ESTA LA DEMOSTRACION. LO DE ESTE SEÑOR ES SOLO LA PUNTA DEL ICEBERG, EN UN ESTADO DE DERECHO DEBERIA DEDICARSE MAS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS A VIGILAR AL VIGILANTE, PARA GARANTIZAR SU INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD, DEBERIA HABER UNA ESPECIE DE BRIGADA DE ASUNTOS INTERNOS QUE VIGILARA QUE ESTOS CUSTODIOS DEL ESTADO DERECHO NO SE CORROMPAN, QUE COMO SERES HUMANOS QUE SON, SON TAN CORROMPIBLES COMO LOS POLITICOS, O ES QUE POR APROBAR UNA OPOSICION YA ESTAS BENDECIDO Y PUEDES CAMPAR A SUS ANCHAS COMO SI FUESEN DIOSES.

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  4. [...] ecuanimidade e desprendemento que demostrou, sempre que sexa noutro lado. (Tamén un maxistrado en Canarias volverá exercer despois de asesorar a un narco). Non se sabe que será do avogado que [...]

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  5. Maria la que pide ,justicia7 de mayo de 2012, 22:02

    Estamos cansados ya,de ver tantas injusticias ,tanta gente llena de dolor,ya nadie le importa,porque si la justcia nos trata asi,que vamos a esperar los ciudadnos,si los que luchan por una justica justa se ven impotente,solo hay una salida,que el Pueblo salga a la calle y pierda el miedo a ella,esto es verguenza ,para los que se dicen ser hombres justos e imparciales, cuando hacen juramento ,el ciudadano también se pregunta ahora será cierto o no? porque entonces lo que prima en la justicia y manda es el politico,entró el pp,y ya tenmos a este señor absuelto?

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