Páginas

04 mayo, 2012

Dos sentencias con mucha retranca

La Biblioteca Pública del Estado, en Las Palmas de Gran Canaria.
La Biblioteca Pública del Estado,
en Las Palmas de Gran Canaria.
  No hace falta ser revisionista, o reformista, que es como se dice ahora. Hubiera bastado con que en el momento en que se tomaban decisiones subidos al caballo del señoritingo que recorre el cortijo propio, los responsables (por llamarlos de algún modo) hubieran adoptado una pizca de prevención y sometimiento estricto a la legalidad vigente.

Durante mucho tiempo algunos dirigentes políticos canarios han vivido por encima de sus posibilidades legales, y de aquellos excesos, estas sentencias judiciales tan perniciosas para el interés general y para las arcas públicas. Hoy les voy a acercar dos resoluciones de los tribunales que ya están suponiendo importantes quebraderos de cabeza para los servicios jurídicos y para las oficinas presupuestarias: la sentencia sobre la biblioteca pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria y la del concurso de los informativos de la Televisión Canaria.

En ambos casos nos encontramos ante fallos que ponen en evidencia un modo de ejercer el poder absolutamente ajeno a las mínimas previsiones legales que dejan en evidencia a los que toman las decisiones y a los técnicos que las avalan.

Cuando Soria y Paulino quisieron controlar los medios

Empecemos por lo más reciente, la sentencia de un juzgado de lo Contencioso-Administrativo que ha anulado la decisión del Gobierno de Canarias de declarar nulo un concurso para la adjudicación de la gestión de la Televisión Canaria y, como consecuencia de ello, la adjudicación posterior de uno de los lotes de esa gestión, el de los servicios informativos, a la empresa Videoreport Canarias.

Nos encontramos ante una nueva muestra de una manera de ejercer la política muy frecuente en estos lares, una manera de imponer las cosas cuando el estado de la cuestión no gustaba a los políticos de turno. Para entender lo ocurrido es preciso situarse en el año 2007, cuando Paulino Rivero y José Manuel Soria reafirmaban su alianza en contra del socialista Juan Fernando López Aguilar, que había ganado aquel año las elecciones autonómicas por una importante diferencia de votos y de escaños. Soria y Rivero se conjuraron para controlar los medios informativos públicos y privados, y a tal fin utilizaron los mecanismos a su alcance, un concurso de adjudicación de televisiones digitales terrestres y otro concurso para la gestión de la televisión pública de Canarias, hasta entonces en manos de Socater, una empresa del grupo Prisa-Prensa Ibérica caída en desgracia por un cúmulo de desavenencias.

Aquel concurso de TDT
El concurso de TDT se saldó con adjudicaciones del más variado pelaje, algunas de ellas muy del gusto de los dos partidos gobernantes en Canarias y remedo de la deriva que en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP habían conducido a potenciar y/o perpetuar el poder mediático de la derecha. La parte nacionalista del invento también otorgó licencias televisivas a empresarios afines que, por la crisis o por manifiesta incapacidad para gestionar lo que se les puso en la mano, han acabado sucumbiendo y emitiendo tarot las 24 horas del día.

Por si fuera poco el desastre, sucesivas sentencias judiciales han apuntado hacia la nulidad total del concurso, licencia por licencia, con graves acusaciones de desviación de poder, uno de los fenómenos presentes también en ese otro escándalo endémico nuestro archipiélago que se llama el caso Canódromo. Las TDT han resultado nulas de pleno derecho porque el Gobierno de Canarias externalizó nada menos que la evaluación de las ofertas presentadas al concurso poniéndola en manos de una empresa que tenía vínculos con algunos de los concursantes. Lo que mal empieza, mal acaba.

Alejar a Socater de la tele

Tampoco empezó muy bien el empeño de Paulino Rivero por controlar al máximo la Radiotelevisión Canaria. Como primera medida puso al frente del medio a un director general de su máxima confianza, Guillermo García, Willy García, cuya gestión ha estado en entredicho casi desde el primer día y, cinco años después, no ha dejado de ponerse en permamente discusión, incluso en el entorno más cercano al presidente. La caída de la audiencia, la dudosa calidad de la programación, la quiebra absoluta de la industria audiovisual canaria que había nacido y crecido alrededor de RTVC y las pérdidas millonarias acumuladas a lo largo de este tiempo dejan en cuestión la elección de este director general.

Pero tras el nombramiento, el empeño por alejar el control de la gestión de la hasta entonces concesionaria, Socater, condujo a una batería de errores y de abusos de autoridad que ahora se traducen en sentencias calamitosas.

Un concurso desierto y teledirigido
Está más que contado por algunos de sus protagonistas. Paulino Rivero quiso poner la televisión pública autonómica en manos de medios informativos tradicionales que pudieran agradecérselo durante el tiempo que durara su mandato. José Rodríguez Ramírez, propietario de El Día y en la actualidad disidente del paulinato, contó en su momento su decisión de desmarcarse de una operación política en la que el presidente del Gobierno implicó a ese grupo editorial y a los propietarios de Canarias7 y Diario de Avisos, que formaron, junto a Antena 3, el núcleo fundacional de Videoreport Canarias.

Tras un concurso contrario a los intereses gubernamentales, a cuyo lote de informativos, el famoso lote B, solo se presentó Socater, la Administración produjo una de las decisiones más arbitrarias que se recuerdan en la etapa reciente de la autonomía. Como no gustaba el adjudicatario, se declaró desierto el concurso y se convocó una nueva licitación por el procedimiento negociado sin publicidad. A esa convocatoria concurrieron Socater y Videoreport, y es a esta última a quien se adjudicó la gestión de los informativos por un importe cercano a los 19 millones de euros por ocho años.

Es precisamente la decisión de declarar desierto el concurso primigenio la que ha quedado anulada estos días por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo, lo que devuelve la adjudicación a un punto muy complicado para el Gobierno de Canarias. Si es nula esa declaración es nula la adjudicación posterior, luego la explotación debería volver a Socater. Pero Videoreport ha realizado una millonaria inversión en sus dos instalaciones de Tenerife y Gran Canaria y tiene en su plantilla a casi dos centenares de profesionales. Ilegalidades aparte, ha conseguido ejecutar unos servicios informativos que se han convertido en el santo y seña de la cadena y en líderes de audiencia en Canarias. Por contarlo todo, no vaya a ser.

La sentencia es recurrible

¿Cómo solucionar un conflicto como el de la televisión autonómica? Bueno, lo primero será esperar a que adquiera firmeza la sentencia de primera instancia, y eso será cuando el TSJC tome la pertinente resolución, porque hay que dar por sentado que los servicios jurídicos de las Comunidad Autónoma recurrirán esta decisión hasta llegar, si pudieran o pudiesen, hasta el mismísimo Tribunal Supremo.

Pero llegados a una sentencia firme, ya puede el consejero de Hacienda que corresponda afilar el lápiz porque la exigencia de indemnizaciones por lucro cesante será bastante cuantiosa. A no ser que, como es norma habitual en este pueblo tan mágico y tan surrealista, se convoque otro concurso, se le adjudique a Socater (limpiamente, of course) y todos tan contentos. ¿O no quedarán todos tan contentos? Excluimos de la euforia a don Pepito. Perdón, a don Josesteban.

Derribar la biblioteca, en manos de Cardona

La otra sentencia desquiciante que les acerco hoy es la de la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria. El Tribunal Supremo, como ya saben, hace meses que le dijo al Ayuntamiento de la ciudad que había cometido una ilegalidad de tal calibre que había que proceder a demoler ese edificio, una pieza urbanística brillante situada en un punto neurálgico de la capital y prestando un servicio de interés general como pocas construcciones de la era soriana prestan en la actualidad.

La sentencia es demoledora, y perdón por tan chirriante y oportunista expresión, porque le dice al Ayuntamiento que no solo permitió que se construyera la biblioteca en un lugar no permitido por el propio planeamiento municipal, sino que lo hizo con unos volúmenes fuera de ordenación. Todo imposible de subsanar con arreglos como los que pretende ahora el alcalde Cardona con el Canódromo. ¿Hemos dicho Cardona? Pues sí, el responsable de esos desaguisados fue Juan José Cardona, a la sazón concejal de Urbanismo bajo la alcaldía de José Manuel Soria, a ver si se iban ustedes a creer que ha habido alguna operación urbanística sujeta a la legalidad durante aquellos largos años de gobierno popular entre 1995-2007.

Pero volvamos a la sentencia sobre la biblioteca y la situación en la que se encuentra esta dotación cultural.

No derriba alegando delito

La última aportación del Ayuntamiento al cúmulo de disparates cometidos ha sido decirle a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, encargada de ejecutar la sentencia del Supremo, que no puede demoler porque incurriría en un delito. ¿Eh? Pues sí. El Ayuntamiento alega que se trata de un edificio que es bien de interés cultural (BIC) y sujeto por tanto a las leyes que protegen el patrimonio público.

Todavía no hay contestación del TSJC, pero ya podemos imaginarnos lo que dirá: déjese de cuentos y derribe la biblioteca, que es lo que dice el Supremo. El Ayuntamiento quiere ganar tiempo para negociar con los vecinos denunciantes, la comunidad de propietarios del edificio San Telmo, pero hasta este viernes no había puesto sobre la mesa ninguna oferta económica que pudiera satisfacerles.

Pero, aun ofertando dinero a los denunciantes y compensando la pérdida de vistas ocasionada por la construcción de la biblioteca, la demolición no quedaría anulada. Porque no se trata de una sentencia transaccional por un derecho subjetivo vulnerado, sino de una denuncia por ilegalidad manifiesta que ha concluido con orden de demolición. Y las ilegalidades de este tipo no se resuelven pagando.

Otro edificio se suma a la reclamación

Para que no faltara de nada para que este vodevil en torno a la Biblioteca Pública del Estado se complicara todavía más, a los vecinos del edificio San Telmo se han sumado los del edificio colindante, que también quieren sacar tajada por los contratiempos que la construcción de la biblioteca pública pudiera haberles ocasionado. Le crecen los enanos al circo montado por el alcalde Cardona, que ya ha sido multado (al menos una vez que sepamos) por no ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo.

La única solución que los expertos barruntan es que el Ayuntamiento llegue a un acuerdo con los afectados, un acuerdo económico, por supuesto; hacerles firmar un compromiso de que nunca jamás pedirán la ejecución de esa sentencia, y acto seguido cruzar los dedos para que ningún ser humano tenga la ocurrencia de hacerlo. Porque no están ni el Supremo ni el TSJC para andar persiguiendo el cumplimiento de oficio de sus sentencias, pero como alguien lo solicite estarán obligados a ordenarlo.

A los vecinos del edificio de San Telmo se les ha ido el asunto de las manos, pero no conviene culpar a los afectados porque la responsabilidad fue exclusivamente de los gestores políticos que vulneraron una tras otras todas las prescripciones legales. Y esos responsables tienen sus nombres y sus apellidos: el concejal de Urbanismo, Juan José Cardona, y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria en aquellos momentos, José Manuel Soria.

No hay comentarios:

Publicar un comentario