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04 abril, 2012

Tres gobiernos contra el Gobierno



Román Rodríguez y José Miguel Pérez,
que ya han tenido contactos para un
frente amplio
Resulta grotesco ver tan sonriente al ministro de Hacienda de España, Cristóbal Montoro, mostrar divertido los Presupuestos Generales del Estado en el nuevo formato Bidi. Simpatiquísimo, ¿verdad? Sobre todo cuando, tras esa innovación tan llamativa se esconden unos presupuestos verdaderamente demoledores que se llevan por delante en primer término la mismísima innovación, con la investigación y el desarrollo, pero también la protección social, muchas conquistas en educación, en Sanidad, en cohesión territorial, en cultura y, cómo no, en perspectivas de crecimiento económico y generación de empleo.


Las reacciones no se han hecho esperar y todo el arco parlamentario español, incluida CiU, que finalmente habrá de pasar por el aro para que el PP le apoye en la Generalitat, ha clamado unánimemente contra los más draconianos presupuestos de la historia de la democracia. Porque siendo cierto que el escenario internacional obliga a determinados ajustes que no alarmen a los mercados, más cierto es que ni siquiera con esa clamorosa bajada de pantalones los mercados se han calmado. Ahí tienen a la Bolsa española desplomándose casi con la misma vertiginosidad con que creció la prima de riesgo, que vuelve a superar con nota a la italiana, un país donde sus ministros al menos tienen la decencia de no reírse cuando presentan ante los ciudadanos sus atentados presupuestarios al Estado del bienestar.


Andalucía, banco de pruebas



No habían pasado ni doce horas desde que se conocieron las cuentas públicas y ya había varios gobiernos autonómicos declarándose en rebeldía. El primero, cómo no, el andaluz, una región donde se perfila un entendimiento entre el PSOE e Izquierda Unida que pudiera ser el comienzo interno, junto al externo de a una victoria socialdemócrata en Francia, de una nueva visión para salir de la crisis que pase por la reactivación económica, por exigir a la banca que cumpla con sus compromisos y por el blindaje de aspectos sociales que hasta la fecha eran intocables.

Pero junto a Andalucía, Cataluña ya ha hecho encender los chivatos de alarma por el desdén con el que el simpático ministro Montoro ha despreciado las históricas reivindicaciones fiscales catalanas y los sacrificios políticos y sociales que ha tenido que hacer la Generalitat durante estos últimos diez meses para enderezar unas cuentas públicas ciertamente calamitosas. El nacionalismo español, ese que es uno, grande y libre, y que por lo tanto reniega de cualquier nacionalismo periférico, pudo más en Montoro que las necesidades de Mariano Rajoy de no aprobar estos presupuestos en la arriesgada soledad de la mayoría absoluta.


Las quejas a ZP, juegos florales





Canarias se convertirá desde este mismo miércoles en la tercera comunidad autónoma que plante cara a los presupuestos. El Gobierno regional celebrará consejo desde primeras horas de la mañana y todo hace pensar que en la rueda de prensa posterior escucharemos un posicionamiento claramente contrario a los Presupuestos Generales del Estado.

Canarias vuelve a salir muy mal parada de las decisiones nacionales porque, a los recortes globales que afectarán al Grantecan, a los becarios canarios, a las personas dependientes, a los artistas, a los usuarios de la sanidad, de la educación o a los parados, hay que sumar la notable pérdida de inversiones. Las históricas reclamaciones del PP y de Coalición Canaria por la escasez de inversiones estatales en tiempos de Zapatero, casi siempre por debajo de la media, se quedan este 2012 reducidas a juegos florales ante la escandalosa mengua de 700 millones de euros que terminan por poner en peligro no ya futuras infraestructuras, sino la continuidad y el remate de las que ya se han puesto en marcha.

Trabajadores públicos en el alero




Se disparará el desempleo en sectores como la construcción, la dependencia, la sanidad, la educación y, atención, la función pública. Porque las cuentas de Rajoy abocan a las administraciones a un adelgazamiento, bien por la vía de los planes de ajuste que han tenido que asumir las corporaciones locales, o directamente porque la transferencia de capital obliga a nuevos recortes. Ante este escenario tan alarmante, bien harían las fuerzas políticas y los sindicatos en unirse para plantarse ante el Gobierno de España en la reclamación de que, por lo menos, se respeten los aspectos básicos de nuestro acervo histórico.

Reducir la partida destinada al transporte de mercancías Canarias-Península en 17 millones de euros; hacer desaparecer las subvenciones directas a la desalación de aguas; poner en peligro el 50% de bonificación a las tarifas aéreas, o dejar en el alero la celebración del Mundobasket 2014 quitándole dos millones al pabellón multiusos de Gran Canaria son algunos motivos a sumar al amplio catálogo de insensateces que han llegado desde Madrid en estos tres primeros meses de Gobierno del PP. Coalición Canaria, PSOE, Nueva Canarias, Izquierda Unida…  UGT, Comisiones Obreras, Intersindical Canaria… están obligados en momentos así a formar un frente amplio que, con argumentos, sin estridencias ni folklor independentista explique al Gobierno de España que Canarias, con un paro del 31%, no resiste este presupuesto. Ni estas abruptas desconsideraciones políticas.


Ya ha habido contactos

Los primeros contactos políticos ya han existido. Román Rodríguez, que es el que más tiene que ganar y el que menos tiene que perder, ya lo ha planteado en reuniones por separado a Paulino Rivero y a José Miguel Pérez. Y la respuesta parece haber sido positiva. El caldo de cultivo no lo ha extendido, sin embargo, ninguna fuerza política canaria, sino el Partido Popular desde Madrid, y particularmente su ministro para regiones ultraperiféricas, José Manuel Soria. Los Presupuestos Generales del Estado son la guinda a tres meses de continuos desencuentros que hasta ahora habían tenido su culmen en la imposición de las autorizaciones de las prospecciones petrolíferas, pero que han venido acompañados de otros episodios muy ásperos que han ido cabreando paulatinamente al personal.


No ayuda, desde luego, la situación socioeconómica, con otros 5.800 parados más, una cifra que superó incluso al número de desempleados que engrosaron las listas en la Comunidad de Madrid. Pero el agotamiento de las partidas de protección social, el anuncio de que se reducirá el número de beneficiaros de los subsidios por desempleo, el agravamiento que va a suponer en Canarias la ya de por sí depauperada atención a los dependientes y el aumento exponencial de ese sentimiento siempre larvado de que estamos abandonados por Madrid van a facilitar mucho la formación de ese frente amplio. Aunque pueda sonar cómico, más de un dirigente del PP canario compartiría plenamente las razones para hacerlo.


El fraude como excusa


La abrumadora información sobre los Presupuestos del Estado ha eclipsado asuntos que estos días han formado parte de las conversaciones más repetidas entre los canarios. Por ejemplo, la drástica reducción en 65 millones de euros de la partida que ha de cubrir la subvención al transporte aéreo y marítimo para los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. El Gobierno argumenta a su favor dos cuestiones, la primera, que con la crisis habrá menos usuarios y, por lo tanto, menos necesidad presupuestaria. Y dos, que existe fraude en el cobro de estas ayudas y que va a tratar de resolverlo. La invocación al fraude parece estar en el disparo fácil de los gobiernos del PP, pero lo cierto es que siempre termina por haber trampa.


Por ejemplo, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, disminuyó nada más llegar en un 50% los fondos para atención domiciliaria a mayores alegando que por lo menos la mitad de ellos no la necesitaban. No había ni un solo estudio que avalara tal aseveración, hasta el punto que el señor alcalde tuvo que tragarse sus propias palabras y reponer las partidas. Ahora dice el PP que va a perseguir el fraude en las subvenciones a residentes, por lo que no sería de extrañar que nos obliguen, como en la prehistoria, a tener que acudir a los ayuntamientos a que nos expidan el olvidado certificado de residencia. Y pagar una póliza por cada uno, ¿verdad? Hay que perseguir el fraude, si es que existe, pero hacerlo a costa de los que no defraudan vuelve a ser tan injusto como la mayoría de esta batería de medidas nacionales.

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