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29 abril, 2012

La costa y la desviación de poder

La torre 1 del Canódromo. Una juez ve desviación de poder.
La torre 1 del Canódromo.
Una juez ve desviación de poder.
  La excusa vuelve a ser la crisis y la necesidad de inversiones para que se reactive la economía y con ella el empleo. Pero cuando alguien como José Manuel Soria insiste machaconamente en una reforma en profundidad, “radical”, de la Ley de Costas para que puedan hacerse hoteles de cinco estrellas, muelles deportivos y “equipamientos temáticos” (sic) hay que ponerlo todo en remojo y echarse a temblar. Siendo cierto que algunas leyes españolas, y en menor medida autonómicas, restringen bastante la actividad inversora, y que la pesada maquinaria burocrática se ocupa del resto, abrir la mano a lo grande como pretende el ministro de Industria, Energía y Turismo no puede ser para nada bueno.

Y a sus antecedentes como gestor público basta remitirse sin necesidad de ponerse muy imaginativos. Porque es absolutamente falso que la Ley de Costas prohíba, por ejemplo, hacer muelles deportivos o determinados equipamientos de uso público compatibles en el litoral, siempre que se preserven determinadas garantías ambientales, no se privatice la playa y prevalezca el interés general, que viene siendo la clave.

Lo que no permite la ley es que cualquier inversor con mucho dinero, llegado de Las Vegas o de las Tirajanas, plante un hotel de cinco estrellas por muy lujoso que sea donde considere que puede ser más atractivo para sus futuros clientes. Y quien habla de hoteles de cinco estrellas habla a continuación de edificios emblemáticos en el islote del Francés, con viviendas de lujo, locales comerciales tipo Boca Ratón y un aparcamiento público de pago. A esos usos se refiere Soria cuando clama por una reforma de la Ley de Costas que permita “equipamientos temáticos”, ¿o vamos a descubrir ahora cuáles son los intereses que siempre ha defendido el presidente del PP canario?

Con nombres y apellidos

Porque tenemos que descartar por completo, dónde va a parar, que tras esa ya descarnada reclamación pública de que la Ley de Costas se reforme de manera integral, se pretenda legalizar todos aquellos asentamientos humanos que, en el caso de Canarias, han sufrido la rigidez de la norma y han acabado tras muchas vicisitudes judiciales bajo la inclemencia de la piqueta. Casos como Cho Vito, Ojos de Garza y, más recientemente y bajo una clara sospecha de estafa por parte del promotor, Hoya Pozuelo, claman por una relajación que a estas alturas se desconoce si estará incluida en esa generosa involución costera.

A los que nos tememos lo peor nos bastará con sentarnos a esperar a ver cuál va a ser el modelo de apertura del litoral a esas generosas inversiones privadas, porque estamos casi seguros de que algunas de ellas ya tienen sus nombres y sus apellidos cuidadosamente escritos en alguna libreta tamaño DIN A 4.

Si no puedes con la ley, refórmala

Reformar la ley es la mejor herramienta para los amantes de la devastación del territorio, para los enemigos del interés general, para los defensores de la libertad de todo aquel que tenga el dinero suficiente para ser un inversor grande y libre. Si la ley hubiera sido otra, miren ustedes qué cosa, el feo asunto del Canódromo no se le habría complicado tanto al PP canario, particularmente al actual alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, al que apenas le quedan ya pelos de los que tirarse por haberse prestado a aquel hediondo conchabo de convenio urbanístico que, a pesar de la euforia lanzada por algunos este fin de semana, no ha retrocedido un milímetro en su vertiente penal como consecuencia de la sentencia de la Sala de lo Contencioso que ha bendecido provisionalmente su tramitación administrativa.

Cardona y Soria se compraron una docena de voladores y los lanzaron al aire desde el mismo viernes en que se conoció el fallo, aun a sabiendas de que la celebración vuelve a ser una pantomima destinada a despistar al público municipal y espeso, que asiste atónito a resoluciones judiciales que, al menos en apariencia, se dedican a bendecir pelotazos con los afeites de buen derecho que todos los expedientes municipales suelen presentar cuando se pone cierto empeño en ello por parte de la autoridad competente.

Voladores mojados

Pero los voladores lanzados este fin de semana por Soria y Cardona para celebrar esa pírrica victoria judicial en el TSJC se convierten en pólvora mojada cuando se contrastan con algunas realidades de momento inapelables. La primera, sin duda, es el carácter recurrible de la sentencia ante el Tribunal Supremo, que por si no lo recuerdan, ya devolvió una primera versión a la misma Sala pidiendo por favor que se aclarara convenientemente para luego poder manifestarse como mandan los cánones. Cierto es que la nueva resolución, conocida el viernes, la adopta casi por unanimidad el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, lo que le otorga al asunto una solemnidad que hasta ahora no había alcanzado el asunto. Una solemnidad rota –y aquí viene el segundo motivo que debería inquietar a esos dos funambulistas de la celebración espontánea- por un contundente, y en apariencia cabreado, voto particular de una de las magistrada, Cristina Páez, que no solo empaña esos fastos, sino que da pie al recurso de los vecinos de Schamann ante el Supremo y animará, sin duda, a todos los que continúan alentando la vertiente penal del asunto.

‘’No concurren intereses públicos’’

Porque la magistrada Cristina Páez es bastante contundente al afirmar, entre otras cosas, que en el caso Canódromo “no concurren intereses públicos que justifiquen la decisión del planificador [urbanístico], sino el exclusivo interés de cumplir con un Convenio [el firmado por el Ayuntamiento e Inprocansa] que favorece extraordinariamente a la entidad promotora en detrimento de los usos sociales, dotacionales y de servicios”. El voto particular de la magistrada avala a los que desde el principio venimos sospechando que el pelotazo del Canódromo es producto de una auténtica maquinación a la que la Justicia debe poner cuanto antes nombres y apellidos para hacer buena una de las boutade del fin de semana del ministro Soria: “La Justicia llega tarde, pero llega”.

Nadie tuvo la gentileza de leerle al señor ministro la sentencia completa, especialmente los folios 36 y 37, donde la jueza deja para la posteridad afirmaciones como esta: “Dada la alta densidad demográfica de un barrio que espera se libere espacio para aumentar la calidad de vida, necesidad reconocida por el PGOU, el interés general no puede estar en que se creen 120 viviendas más, favoreciendo el interés económico particular de la urbanizadora. Y se entiende menos aún que se defienda un supuesto interés público cuando la ubicación de estas viviendas se proyecta en el mismo ámbito delimitado para ser el nuevo lugar de esparcimiento conforme a la Memoria del Plan General”.

Desviación de poder tamaño Torre 1

Es muy interesante este voto particular de la sentencia contencioso-administrativa del Caso Canódromo porque ayuda a muchas ovejas descarriadas a recordar qué es eso de la “desviación de poder”, que a juicio de la magistrada discrepante, se manifiesta de manera diáfana en este pelotazo. Y define tal ilícito desde el minuto uno: “Constituirá desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico, precisándose la demostración cumplida de la desviación del cauce jurídico, ético y moral por el órgano administrativo, que basó su actuación en fines distintos que los inspiradores de la norma”.

Y ¿cómo se manifiesta esa desviación en este caso? Según la magistrada, en primer lugar, forzando un uso residencial con una edificabilidad de hasta 13.000 metros cuadrados en un barrio con edificabilidad agotada, “con la mayor densidad de población de la ciudad”, y todo “porque [el planificador municipal] había asumido la obligación” de cumplir con la estipulación segunda del convenio firmado con Inprocansa, que fijaba esa edificabilidad en 13.200 metros cuadrados.

Para ello, insiste la juez discrepante, el Ayuntamiento cambio la categorización del suelo (de consolidado a no consolidado) y se cambió el instrumento de ordenación recurriendo al estudio de detalle para “alterar la clasificación del suelo y aumentar el aprovechamiento urbanístico asignado a los terrenos de su ámbito”.

La visión que aporta esta magistrada de la jurisdicción Contencioso-Administrativa puede sorprender a sus compañeros de Sala, que votaron mayoritariamente en favor de legalizar el planeamiento que permitió el pelotazo del Canódromo, pero desde luego no sorprende en absoluto a todos los que conocemos que en tiempos del alcalde Soria, su concejal de Urbanismo, un tal Juan José Cardona, firmó un convenio con una empresa inmobiliaria que, sin ser titular de los terrenos sobre los que especulaba, se llevó unas plusvalías instantáneas de unos nueve millones de euros.

Somos los mismos que sabemos que esos mismos terrenos del Canódromo, históricamente reclamados por los vecinos de Schamann para que se destinaran exclusivamente a usos dotacionales, fueron ofrecidos al Ayuntamiento, meses antes de ese convenio, por 1.500.000 euros, y que el concejal de Deportes que gestionó esa asequible oferta, Pascual Mota, fue apartado como se aparta a las moscas de la rica miel, personalmente por el alcalde y de un manotazo. “Quita p’allá , Pascual, que tú de esas cosas no sabes; deja que se ocupe Jorge Rodríguez”.

Y Jorge Rodríguez se ocupó hasta que dimitió por un feo asunto de corrupción dejando el muerto al actual alcalde. Un episodio más de la historia de esta ciudad, pelotazo sobre pelotazo, voladores sobre voladores, resignación sobre resignación. La de algunos, porque otros no nos resignamos ante tanta obscenidad.

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