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30 abril, 2012

¡Vaya tropa, José Manuel!

Cristina Tavío, presidenta del PP de Tenerife.
Cristina Tavío, presidenta del PP de Tenerife.
  Están que se salen. Los dirigentes del PP canario buscan un lugar en el paraíso, unos minutos en los informativos, una butaca en la tertulia de Intereconomía, unos centímetros cuadraros en la prensa, algo que les permita hablar de otra cosa distinta al argumentario de defensa de lo que ellos llaman reformas y los demás llamamos recortes salvajes.

Si Manuel Fernández, secretario general, se cubrió de gloria proponiendo la amortización de los cabildos de Gran Canaria y de Tenerife y la implantación de delegaciones insulares de las consejerías de la Comunidad Autónoma en las islas menores, la presidenta del PP tinerfeño, Cristina Tavío, ha ido todavía más lejos.

Se trataría, a juicio de esta cabal teórica de la organización político-administrativa, de suprimir la Comunidad Autónoma y, en su lugar, crear una especie de consejo de administración formado por los siete presidentes de los cabildos insulares, un remedo algo extemporáneo de las desaparecidas Mancomunidades, que fenecieron cuando estrenamos autonomía, pero en versión tecnócrata, cada uno con su Ipad y por tres años, qué casualidad, los que le faltan a esta legislatura en la que el PP está descabalgado del machito.

Todos disparando a ver quién acierta

A estas alturas es muy complicado saber si lo de Cristina y Manolo son aportaciones bienintencionadas o si, como nos tememos muchos, se trata de disparatar atolondradamente a ver quién acierta con el número premiado en esa especie de ruleta rusa en la que nos ha metido a todos el Partido Popular.

Hay mucho de improvisación en estas ocurrencias y bastante de intento desesperado por sintonizar con algo que sí parece decidido e inamovible: el deseo del Partido Popular y del Gobierno de Mariano Rajoy de someter el Estado de las Autonomías al estricto control del Gobierno central con el pretexto de reducir costes y ocultando la razón última: imponer sus políticas involucionistas y acabar con las insurrecciones nacionalistas.

En este reino de indocumentados en que parece haberse transformado la dirigencia del PP canario ante la orfandad de liderazgo provocada por el alejamiento físico del caudillo, cualquiera sale por peteneras y cualquiera desmiente a los que disparatan. A Manuel Fernández lo desautorizó el senador Antonio Alarcó, llamado a ser uno de los nuevos báculos de José Manuel Soria; de Cristina Tavío se ocupó personalmente el presidente regional, casualmente en las islas en el momento de la ocurrencia.

Australia llama ''chiringuito'' a la autonomía

Faltan algunas notables aportaciones que vamos conociendo gracias a compulsivas ráfagas disparadas por otros librepensadores como María Australia Navarro, cuya teoría político-administrativa de Canarias debe acercarse bastante a la de Cristina Tavío porque de otro modo no cabría interpretar que hace tan solo una semana llamara “chiringuito autonómico” a la Comunidad Autónoma que se tiene montada Paulino Rivero para gran desconsuelo del Partido Popular, por primera vez en más de tres quinquenios fuera del calorcito de sus paredes.

Y nos falta, cómo no, conocer cuál es la solución al arcano autonómico que maneja el Partido Popular, que por no recortar instituciones no se aplica a suprimir las diputaciones provinciales, una carga inútil que, solo en cargos públicos, generaría un ahorro anual de 1.000 millones de euros. Claro que, es cierto, el 90% de esos cargos públicos son, desde mayo de 2011, del PP. Y el paro no está hecho para ellos.

29 abril, 2012

La costa y la desviación de poder

La torre 1 del Canódromo. Una juez ve desviación de poder.
La torre 1 del Canódromo.
Una juez ve desviación de poder.
  La excusa vuelve a ser la crisis y la necesidad de inversiones para que se reactive la economía y con ella el empleo. Pero cuando alguien como José Manuel Soria insiste machaconamente en una reforma en profundidad, “radical”, de la Ley de Costas para que puedan hacerse hoteles de cinco estrellas, muelles deportivos y “equipamientos temáticos” (sic) hay que ponerlo todo en remojo y echarse a temblar. Siendo cierto que algunas leyes españolas, y en menor medida autonómicas, restringen bastante la actividad inversora, y que la pesada maquinaria burocrática se ocupa del resto, abrir la mano a lo grande como pretende el ministro de Industria, Energía y Turismo no puede ser para nada bueno.

Y a sus antecedentes como gestor público basta remitirse sin necesidad de ponerse muy imaginativos. Porque es absolutamente falso que la Ley de Costas prohíba, por ejemplo, hacer muelles deportivos o determinados equipamientos de uso público compatibles en el litoral, siempre que se preserven determinadas garantías ambientales, no se privatice la playa y prevalezca el interés general, que viene siendo la clave.

Lo que no permite la ley es que cualquier inversor con mucho dinero, llegado de Las Vegas o de las Tirajanas, plante un hotel de cinco estrellas por muy lujoso que sea donde considere que puede ser más atractivo para sus futuros clientes. Y quien habla de hoteles de cinco estrellas habla a continuación de edificios emblemáticos en el islote del Francés, con viviendas de lujo, locales comerciales tipo Boca Ratón y un aparcamiento público de pago. A esos usos se refiere Soria cuando clama por una reforma de la Ley de Costas que permita “equipamientos temáticos”, ¿o vamos a descubrir ahora cuáles son los intereses que siempre ha defendido el presidente del PP canario?

Con nombres y apellidos

Porque tenemos que descartar por completo, dónde va a parar, que tras esa ya descarnada reclamación pública de que la Ley de Costas se reforme de manera integral, se pretenda legalizar todos aquellos asentamientos humanos que, en el caso de Canarias, han sufrido la rigidez de la norma y han acabado tras muchas vicisitudes judiciales bajo la inclemencia de la piqueta. Casos como Cho Vito, Ojos de Garza y, más recientemente y bajo una clara sospecha de estafa por parte del promotor, Hoya Pozuelo, claman por una relajación que a estas alturas se desconoce si estará incluida en esa generosa involución costera.

A los que nos tememos lo peor nos bastará con sentarnos a esperar a ver cuál va a ser el modelo de apertura del litoral a esas generosas inversiones privadas, porque estamos casi seguros de que algunas de ellas ya tienen sus nombres y sus apellidos cuidadosamente escritos en alguna libreta tamaño DIN A 4.

Si no puedes con la ley, refórmala

Reformar la ley es la mejor herramienta para los amantes de la devastación del territorio, para los enemigos del interés general, para los defensores de la libertad de todo aquel que tenga el dinero suficiente para ser un inversor grande y libre. Si la ley hubiera sido otra, miren ustedes qué cosa, el feo asunto del Canódromo no se le habría complicado tanto al PP canario, particularmente al actual alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, al que apenas le quedan ya pelos de los que tirarse por haberse prestado a aquel hediondo conchabo de convenio urbanístico que, a pesar de la euforia lanzada por algunos este fin de semana, no ha retrocedido un milímetro en su vertiente penal como consecuencia de la sentencia de la Sala de lo Contencioso que ha bendecido provisionalmente su tramitación administrativa.

Cardona y Soria se compraron una docena de voladores y los lanzaron al aire desde el mismo viernes en que se conoció el fallo, aun a sabiendas de que la celebración vuelve a ser una pantomima destinada a despistar al público municipal y espeso, que asiste atónito a resoluciones judiciales que, al menos en apariencia, se dedican a bendecir pelotazos con los afeites de buen derecho que todos los expedientes municipales suelen presentar cuando se pone cierto empeño en ello por parte de la autoridad competente.

Voladores mojados

Pero los voladores lanzados este fin de semana por Soria y Cardona para celebrar esa pírrica victoria judicial en el TSJC se convierten en pólvora mojada cuando se contrastan con algunas realidades de momento inapelables. La primera, sin duda, es el carácter recurrible de la sentencia ante el Tribunal Supremo, que por si no lo recuerdan, ya devolvió una primera versión a la misma Sala pidiendo por favor que se aclarara convenientemente para luego poder manifestarse como mandan los cánones. Cierto es que la nueva resolución, conocida el viernes, la adopta casi por unanimidad el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, lo que le otorga al asunto una solemnidad que hasta ahora no había alcanzado el asunto. Una solemnidad rota –y aquí viene el segundo motivo que debería inquietar a esos dos funambulistas de la celebración espontánea- por un contundente, y en apariencia cabreado, voto particular de una de las magistrada, Cristina Páez, que no solo empaña esos fastos, sino que da pie al recurso de los vecinos de Schamann ante el Supremo y animará, sin duda, a todos los que continúan alentando la vertiente penal del asunto.

‘’No concurren intereses públicos’’

Porque la magistrada Cristina Páez es bastante contundente al afirmar, entre otras cosas, que en el caso Canódromo “no concurren intereses públicos que justifiquen la decisión del planificador [urbanístico], sino el exclusivo interés de cumplir con un Convenio [el firmado por el Ayuntamiento e Inprocansa] que favorece extraordinariamente a la entidad promotora en detrimento de los usos sociales, dotacionales y de servicios”. El voto particular de la magistrada avala a los que desde el principio venimos sospechando que el pelotazo del Canódromo es producto de una auténtica maquinación a la que la Justicia debe poner cuanto antes nombres y apellidos para hacer buena una de las boutade del fin de semana del ministro Soria: “La Justicia llega tarde, pero llega”.

Nadie tuvo la gentileza de leerle al señor ministro la sentencia completa, especialmente los folios 36 y 37, donde la jueza deja para la posteridad afirmaciones como esta: “Dada la alta densidad demográfica de un barrio que espera se libere espacio para aumentar la calidad de vida, necesidad reconocida por el PGOU, el interés general no puede estar en que se creen 120 viviendas más, favoreciendo el interés económico particular de la urbanizadora. Y se entiende menos aún que se defienda un supuesto interés público cuando la ubicación de estas viviendas se proyecta en el mismo ámbito delimitado para ser el nuevo lugar de esparcimiento conforme a la Memoria del Plan General”.

Desviación de poder tamaño Torre 1

Es muy interesante este voto particular de la sentencia contencioso-administrativa del Caso Canódromo porque ayuda a muchas ovejas descarriadas a recordar qué es eso de la “desviación de poder”, que a juicio de la magistrada discrepante, se manifiesta de manera diáfana en este pelotazo. Y define tal ilícito desde el minuto uno: “Constituirá desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico, precisándose la demostración cumplida de la desviación del cauce jurídico, ético y moral por el órgano administrativo, que basó su actuación en fines distintos que los inspiradores de la norma”.

Y ¿cómo se manifiesta esa desviación en este caso? Según la magistrada, en primer lugar, forzando un uso residencial con una edificabilidad de hasta 13.000 metros cuadrados en un barrio con edificabilidad agotada, “con la mayor densidad de población de la ciudad”, y todo “porque [el planificador municipal] había asumido la obligación” de cumplir con la estipulación segunda del convenio firmado con Inprocansa, que fijaba esa edificabilidad en 13.200 metros cuadrados.

Para ello, insiste la juez discrepante, el Ayuntamiento cambio la categorización del suelo (de consolidado a no consolidado) y se cambió el instrumento de ordenación recurriendo al estudio de detalle para “alterar la clasificación del suelo y aumentar el aprovechamiento urbanístico asignado a los terrenos de su ámbito”.

La visión que aporta esta magistrada de la jurisdicción Contencioso-Administrativa puede sorprender a sus compañeros de Sala, que votaron mayoritariamente en favor de legalizar el planeamiento que permitió el pelotazo del Canódromo, pero desde luego no sorprende en absoluto a todos los que conocemos que en tiempos del alcalde Soria, su concejal de Urbanismo, un tal Juan José Cardona, firmó un convenio con una empresa inmobiliaria que, sin ser titular de los terrenos sobre los que especulaba, se llevó unas plusvalías instantáneas de unos nueve millones de euros.

Somos los mismos que sabemos que esos mismos terrenos del Canódromo, históricamente reclamados por los vecinos de Schamann para que se destinaran exclusivamente a usos dotacionales, fueron ofrecidos al Ayuntamiento, meses antes de ese convenio, por 1.500.000 euros, y que el concejal de Deportes que gestionó esa asequible oferta, Pascual Mota, fue apartado como se aparta a las moscas de la rica miel, personalmente por el alcalde y de un manotazo. “Quita p’allá , Pascual, que tú de esas cosas no sabes; deja que se ocupe Jorge Rodríguez”.

Y Jorge Rodríguez se ocupó hasta que dimitió por un feo asunto de corrupción dejando el muerto al actual alcalde. Un episodio más de la historia de esta ciudad, pelotazo sobre pelotazo, voladores sobre voladores, resignación sobre resignación. La de algunos, porque otros no nos resignamos ante tanta obscenidad.

27 abril, 2012

Manuel Fernández, de El Pinar

Es secretario general del PP canario, o sea, el número dos de la organización, lo que en estos tiempos que corren equivale a ser el número uno cinco días a la semana. Manuel Fernández, que así se llama este buen señor, hizo este jueves su aportación al debate nacional abierto por su partido con el muy enjundioso objetivo de desmontar el estado de las autonomías de la manera más rápida posible. Fernández declaró a Canal 4 Radio, de Santa Cruz de Tenerife, que es partidario de eliminar los cabildos de Tenerife y de Gran Canaria porque al fin y al cabo en ambas islas están suficientemente representados todos los órganos directivos de la Comunidad Autónoma, órganos que él reducía a las sedes de las consejerías.

La organización político-administrativa que el secretario general del PP tiene en la cabeza incluye que las islas no capitalinas -"menores", las llamó él- tengan una especie de delegaciones del Gobierno regional.

La propuesta se quedó ahí de momento porque, que sepamos, el señor Fernández no se expresó acerca de la continuidad del Parlamento de Canarias, del que es diputado por la isla de Tenerife, ni sobre cómo se organizarían esos dos gobiernos suprainsulares que reinarían en las islas capitalinas de este modo tan sandunguero que él ha diseñado.No hay que menospreciar las opiniones de Manuel Fernández porque, independientemente del contenido preciso de la propuesta, lo cierto es que responden a un síndrome instalado en el Partido Popular de un tiempo a esta parte. Síndrome, como saben, consistente en ir desmontando el modelo de Estado que está blindado en la Constitución española para ir dando paso a una suerte de sistema político muy centralizado, con riguroso control por  parte de la Administración General del Estado y seguramente regido por unos tecnócratas que  muy probablmente se limitarían a aplicar exclusivamente las normas que emanaran de los mercados, de las agencias de clasificación o del Fondo Monetario Internacional, en función de la rotación de poderes que en su día se diseñe.

Probablemente este modelo expresado por Fernández no sea el que ha terminado por parir el PP canario, pero seguramente tendrá mucho que ver con lo que se ha venido hablando de manera oficiosa en su seno para preparar esa desactivación del estado autonómico que tanto incomoda a la gente de Rajoy.

Para un anuncio tan extravagante como el lanzado este jueves por el secretario general del PP canario ya podían haber buscado a alguien con un poco más de holgura verbal que, además, no tuviera sobre sí la pesada losa de ser uno de los impulsores más notables de la creación del que ha sido el último municipio de España, el de El Pinar, en la isla de El Hierro, justo el lugar donde hace ya más de sesenta años nació este intrépido empresario, intermediario de otros empresarios, que en sus ratos libres se dedica a defender el interés general.

Porque no está muy habilitado políticamente quien, en un rapto de pueblo, muy de patria chica, es capaz de promover la creación de un nuevo ayuntamiento y, tres años después, venir con una ocurrencia como la largada este jueves precisamente con la excusa de que hay que recortar gastos y adelgazar las administraciones públicas.

Sólo le faltó decir al señor Fernández que la capital de la autonomía, en evitación de pleitos y más pleitos, podría instalarse en El Pinar, desde donde partiría una fibra óptica punta a punta que conectaría al líder de Canarias con el huésped del Palacio del Pardo, donde habría de instalarse a controlar los designios de los españoles y de la Bolsa el tecnócrata con el que sueña el Partido Popular.

Un senador desautoriza al número dos

Que el número dos de un partido político que tiene la particularidad de gobernar España con mayoría absoluta diga una bobería es una noticia importante. Que la bobería incida en la trama general del mismo partido de cargarse el actual diseño autonómico, también es asunto notable. Pero que a un secretario general, cargo orgánico de máximo nivel, lo desautorice públicamente un senador del Reino es un notición que refleja cómo está de desnortado en estos momentos el PP canario, al que solo salva y a veces ni eso, el argumentario que cada mañana llega de Madrid para amortiguar el ridículo.

Es el producto inevitable de tantos años de caudillo insustituible e incontestado, que cuando falta unos días, el personal se conmociona y trata de llenar el hueco haciendo ridículos como el que nos ocupa. Pues sí, aunque parezca marciano, fue el senador Antonio Alarcó, la papa de todos los potajes, el que por la tarde, en COPE Tenerife trató de arreglar el desaguisado de Manolo Fernández.

El doctor Alarcó, cuya presencia radiofónica cada día se asemeja más a la de Ortega Cano ("me siento muy cómodo en la COPE (...) estoy encantao de estar aquí, en mi tierra, que está llena de ciudadanos grandes, liberales" (yeah), puso primero las cataplasmas: "Manolo es un gran amigo mío" (yeah), "y me llevo muy bien con él (nadie lo había dudado hasta ese momento), "y tiene sus opiniones personales" (vaya con el tal Manolo, que encima piensa). "Porque una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es la estructura que tiene que tomar decisiones" (ya nos hacemos una idea). Y el remache: "Es su opinión personal que él razona muy bien". Lo que conduce a la dramática conclusión de que ambos lo han hablado y que a Alarcó le suena bien la música.

A por Grisaleña

La guerra está declarada y el resultado prácticamente cantado. Sebastián Grisaleña no es el presidente de la patronal que al Partido Popular y a José Manuel Soria le conviene, y lejos de esperar a que expire su mandato en junio de 2013, le han declarado hostilidades, el palabro que engancho al ministro de Industria desde que le dijeron que lo podía emplear contra Argentina.

A Soria no le ha hecho puñetera gracia que Grisaleña se gobierne solo, que haya aprendido y enseñado a los empresarios que se puede ser respetuosamente independiente respecto a cualquier fuerza política, y que lo que da independencia y prestigio es precisamente esa equidistancia. De hecho, cada vez que se lo hemos preguntado, responde de igual manera: "Ningún político me ha llamado ni me va a llamar jamás", seguramente porque en esta vida tan llena de cambalaches, los únicos que se venden son los comprables.

El presidente de la patronal de la provincia de Las Palmas firmó su sentencia de muerte cuando sostuvo firmemente su posición y de la Confederación de Empresarios de que los Presupuestos Generales del Estado son perjudiciales para Canarias y que las fuerzas políticas están obligados a cambiarlos. Lo sostuvo delante del ministro cuando visitó la sede empresarial, y lo sostuvo ante la prensa incluso cuando ésta trató de reconducir sus palabras.

La doble ofensa

La ofensa era doble porque al desaire presupuestario se unía la desautorización a una de las propuestas que el presidente del PP canario lanzó ante la cúpula empresarial: un pacto antinacionalista entre populares y socialistas que desbanque a Paulino Rivero del poder en Canarias. La idea la aplauden con las orejas muchos empresarios, mayormente conservadores, y la repiten por todas las esquinas constantemente para ver si así termina calando como calaron en otros tiempos mantras del estilo "mira que perdemos inversiones por culpa de este Gobierno".

Grisaleña no se ha mojado ante esa propuesta y ha vuelto a aplicar su doctrina de la equidistancia y el más absoluto respeto a las opiniones que empezaban a ser ensordecedoras. El silencio lo quebró este jueves en La Molienda, el magazine de la tarde de CANARIAS AHORA RADIO, donde estalló del todo para reconocer lo que todo el mundo veía: una pinza en su contra promovida desde el PP con el respaldo de sectores empresariales afines a José Manuel Soria. Al menos ahora, porque entre ellos destacan algunos que lo fueron a Paulino Rivero y al nacionalismo canario.

La gota que colmó el vaso fue la decisión de modificar los estatutos para que los próximos presidentes de la CCE tengan un mandato de cuatro años, uno más que hasta ahora. Se trataba de ejecutar un acuerdo del comité ejecutivo que dejó pendiente de ratificación el anterior presidente, Mario Rodríguez. Grisaleña y su equipo decidieron que había que llevarlo a la asamblea de junio para que no ocurriera lo que le pasó a su antecesor, al que se le echaron encima las elecciones.

Fue el momento que eligieron los críticos para cargar contra él acusándole de quererse perpetuar en el cargo, un falacia que se desmonta de inmediato con tan solo interrogar a los allegados al presidente patronal. Lo que en realidad subyace es el deseo de los empresarios más afines a Soria de desalojar a Grisaleña del poder empresarial y sustituirlo por alguien más cercano a los planteamientos políticos y estratégicos.

El PP no quería repetir el pinchazo sufrido en la elección de rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Así que, todos a una, con algún que otro apoyo mediático, forzaron que Grisaleña anunciara su renuncia a la reelección.

Agustín Manrique, firme candidato

Así las cosas, ¿quienes suenan para sustituir a Grisaleña al frente de la CCE? Nadie hasta ahora se ha postulado, pero puede ser cualquiera de los que se encuentran en el entorno del todopoderoso Germán Suárez, presidente de Astican, que poco a poco ha conseguido colocar a los suyos en puestos patronales clave: Sánchez Tinoco, en la Cámara de Comercio; Vicente Marrero, en Femepa y Asinca, y pronto él mismo como presidente del influyente Círculo de Empresarios, el lobby que ejerce de ariete de los intereses políticos de Soria en el mundo empresarial grancanario. Suárez desplazará, por razón de turno rotatorio, a Agustín Manrique de Lara, cuyo nombre suena insistentemente como candidato a presidente de la Confederación de Empresarios. Hombre muy vinculado en lo personal y en lo político al ministro canario, Manrique de Lara goza de gran predicamento entre las altas esferas del mundo empresarial, aglutinas mayormente en torno al Círculo de Empresarios.

25 abril, 2012

Australia y la oportunidad (de nuevo)

María Australia Navarro, portavoz parlamentaria del PP.
María Australia Navarro,
portavoz parlamentaria del PP.
  Tiene que ser muy difícil para María Australia Navarro, la portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, ejercer de creíble líder de la oposición y, a la vez, defender las medidas que toma el Gobierno de España. Un reto que a la señora Navarro se le complica con las tensiones que se viven en el seno del PP en la antesala de unos procesos congresuales donde no se parece que esté asegurada su continuidad en puestos de relevancia. Cosas de la política que ella conocerá mejor que nosotros.

Pues a lo que íbamos. A María Australia Navarro la crispación se le nota en el rostro, en sus palabras, en el tono de su voz y en los comunicados que emite, elementos que, analizados convenientemente, nos conducen a confirmar que su comportamiento no es resultado de prontos en ocasiones incontrolables, sino de una estrategia que ella cree adecuada para hacer frente al panorama que se presenta ante sí.

Tiene que enfrentarse a un Gobierno canario en el que se consolida un pacto entre nacionalistas y socialistas que, a trancas y barrancas, está logrando transmitir a la opinión pública que se hace lo que se puede frente a una indignante avalancha de decisiones perjudiciales para las islas, unas mejor explicadas que otras, pero todas sangrantes, dolorosas e incomprensibles. Decisiones que Australia Navarro y los suyos se ven obligados a defender desde la frialdad de la bancada de la oposición incluso cuando no creen en ellas, poniendo sobre la mesa toda la pasión que se puede poner cuando solo se tiene como refuerzo intelectual lo que dice un argumentario enviado cada mañana desde Génova.

Ayer volvió Australia Navarro a dar rienda suelta a su modo crispado e hiriente de ejercer la oposición. En un comunicado digno de una peña futbolística ante un clásico regional o de un encendido editorial de un día ulceroso del dueño de El Día, la portavoz del PP acusó a Paulino Rivero de ser un valiente subiendo impuestos y un cobarde a la hora de recortar en “el chiringuito político de la Comunidad Autónoma”.

Siendo como es un atrevimiento de un cinismo notable que alguien del PP afee a cualquier fuerza política la decisión de subir impuestos, lo que sobrepasa la línea de lo prudente es que una representante pública descalifique la política y las instituciones del modo que trata de hacerlo Australia Navarro. Llamar “chiringuito político” a la Comunidad Autónoma de Canarias descalifica a quien desde un puesto político lo hace.

Porque ni está la política para descalificarla desde dentro con apreciaciones tan desafortunadas y populistas, ni reúne la portavoz del PP la suficiente consistencia moral para hacerlo después de haber habitado ese mismo chiringuito que repudia durante unos cuantos años, ora personalmente, ora por personas interpuestas de su propio partido. Navarro echa sal sobre la herida de un movimiento ciertamente peligroso que está lanzando su partido contra la política y contra instituciones como las comunidades autónomas, a las que permanentemente responsabiliza del déficit público y de tantos y tantos gestos de nuevos ricos que han conducido al descrédito y a la ruina.

Pero ese discurso tiene un doble problema para cualquier dirigente del PP canario. En primer lugar porque a estas alturas no hay nadie que se pueda imaginar que Canarias pudiera ser mínimamente atendida por Madrid si no fuera por el actual Estado autonómico y las competencias que, con mayor o menor acierto, nos han sido transferidas. Y, en segundo lugar, porque el discurso del adelgazamiento de las administraciones que continuamente esgrime el PP canario se tropieza con la incomodidad de los hechos.

El PP se resiste a ejecutar lo que pregona, porque ni disuelve las diputaciones provinciales para generar un ahorro inmediato de 1.000 millones al año, ni amortiza los defensores del pueblo de cada autonomía. Después de haberlo proclamado por activa y por pasiva, solo después del triunfo electoral de Rajoy ya han sido dos los defensores del pueblo que han tomado posesión de su cargo.

Pero si es contradictorio y cínico el discurso crispado de María Australia Navarro, este miércoles se convirtió en inoportuno. Su comunicado sobre la “cobardía” de Paulino Rivero y su negativa a recortar su “chiringuito político”, coincidió con el descubrimiento de que su compañero de partido José Miguel Bravo de Laguna acaba de adjudicar un contrato de 140.000 euros solamente para que una empresa externa le haga notas de prensa y lo saque como un brazo de mar en los periódicos y en las teles.

140.000 euros más para agitación y propaganda

La decisión de Bravo, ya que hablamos de inoportunidades, se conoce al día siguiente de que la vicepresidenta del Cabildo de Gran Canaria, Rosa Rodríguez, también experta en críticas agrestes, presumiera de que allí nadie se va a bajar el sueldo (ni siquiera, por supuesto, los dirigentes políticos, los asesores y los asimilados). La de Bravo de Laguna y sus gastos en prensa y propaganda es la vieja concepción de la política entendida como apariencia: si no sabes hacerlo mejor, haz que parezca que lo haces muy bien. Sumen a ese contrato de externalización para la difusión de noticias propias, el incremento en casi un 70% de la ya de entrada escandalosa partida para gastos de publicidad y representación.

Bravo de Laguna y su socio Juan Domínguez van a gastar este año la nada despreciable cantidad de 575.800 euros, a razón de 1.577 euros cada día, domingos y festivos incluidos. Es lo que, en palabras de Australia Navarro, sería un chiringuito de desvergonzados.

24 abril, 2012

Declaración de intenciones

Los intereses de los españoles y de las empresas españolas en el extranjero. La revisión de las subvenciones al agua potabilizada. La autorización especial para construir hoteles de cinco estrellas. Las aguas de Canarias son españolas. Repsol, por supuesto, siempre Repsol. Que se queden sin sanidad los que vienen en pateras. Este es un ramillete de proclamas lanzadas por dirigentes del Partido Popular en un lapso inferior a 24 horas.

José Manuel Soria comparecía este martes a petición propia en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados. El ministro de Industria, Energía y Turismo quería explicar la nueva postura del Gobierno en el pulso que mantiene con Argentina. Ya no hay amenazas, se acabaron los apocalípticos anuncios de que iban a caerle a los argentinos las siete plagas bíblicas. Ahora Soria hablar de negociación, de conversar con las autoridades para tratar de encontrar un acuerdo por el que se compense a la española Repsol con dinerito del bueno una vez confirmado que hay decisiones que no tienen marcha atrás.

Habrá más represalias, pero no les vamos a declarar la guerra, ni vamos a ir más allá de nuevas limitaciones a las importaciones argentinas. Veremos.

Pero la defensa sin cuartel de los intereses de Repsol quedaron nuevamente por encima de cualquier duda. Y para justificarlo, Soria invocó los miles de accionistas que han depositado sus ahorros en la multinacional confiando en que sus directivos nunca cometerían un error de cálculo, una chulería hispana más airada que la anterior, una provocación propia de quien está seguro de que tiene el blindaje que le proporciona un Gobierno que defiende los intereses generales como nadie.

Como Manuel Fernández, que ha anunciado al mundo que, entre otros empeños, va a tratar de convencer al Gobierno de España para que no reduzca a la mitad las subvenciones al agua potabilizada en Canarias, un gesto encomiable que le agradeceremos todos los canarios. Un agradecimiento al que se sumarán entusiastas los fabricantes de plantas potabilizadoras, entre los que se encuentra la empresa Lyng Aqua, de la que fue consejero el honorable secretario general del PP canario, que recientemente cedió esa plaza a su hijo Manuel. Fernández también.

Preocupa a este Gobierno y al partido que lo sustenta el bienestar de todos los españoles, como podemos ver. En esos esfuerzos, y para mayor exaltación de la españolidad, se incluye también humillar a los inmigrantes de la manera más despiadada posible. Ahora hay que quitarles la sanidad. Y hacerlo con desprecio: es que vienen en pateras a curarse; o vinieron, trabajaron en la construcción, y ahora cuando regresan a Rumanía, siguen utilizando la tarjeta sanitaria española.

Españolidad que no falte nunca. José Manuel Soria sorprendió a sus señorías y a los periodistas parlamentarios cuando este martes recalcó que las prospecciones petrolíferas no se han autorizado en aguas canarias, sino en aguas españolas. A ver qué nos íbamos a creer los canarios, le faltó por añadir.

Y terminamos con este recorrido de tan solo 24 horas por la defensa del interés general de los representantes del PP en el Parlamento de Canarias. El parlamentario Miguel Jorge Blanco ha hecho una propuesta muy interesante: que se exima de la moratoria turística la construcción de hoteles de cinco estrellas. No es novedoso en absoluto que alguien del PP quiera dar prioridad a este tipo de establecimientos de lujo. Ya lo hizo hace dos legislaturas cuando diputados como Manuel Fernández o José Manuel Soria se partieron la cara hasta límites verdaderamente patrióticos para declarar de interés general aquella famosa urbanización de Anfi Tauro.

La novedad de la idea de Miguel Jorge es que, para que se permitan estos hoteles, pretende que se engloben dentro de la modalidad de Hoteles Escuela para sí poderse acoger a las ventajas de la Estrategia Canaria de Empleo. ¿Estrategia Canaria de Empleo? Ah, sí, aquella iniciativa del Gobierno de Canarias que el Partido Popular decía que no existía.

23 abril, 2012

El PP canario monta una verbena

Cada vez que María Australia Navarro o Manuel Fernández se ponen los micrófonos por montera tenemos fiesta en Canarias. Y si lo hacen al alimón, la fiesta se convierte en verbena con todos sus aditamentos, con orquesta, con luces de colores, con olor a calamar jereado y, en una esquina, la caja de turrones La Moyera. La portavoz parlamentaria del PP y el secretario general de los populares canarios decidieron ellos solitos que este lunes tocaba criticar al Gobierno de Canarias por las medidas adoptadas este sábado, ya saben, subida de impuestos, aparición de algunos nuevos y rebajas en varios capítulos de los presupuestos autonómicos para hacer frente al recorte sobre el recorte que vuelve a llegar desde La Moncloa y sus aledaños.

La oposición, naturalmente, está para oponerse, incluso para oponerse a medidas que o bien tomó en su día cuando estaba en el machito, o bien ignoró por completo a pesar de reclamárselas la oposición. Así es el juego democrático y poco hay que objetar.
Lo que no tiene ningún sostén es criticar exactamente lo mismo que se está haciendo por parte de la misma parte denunciante y en el mismísimo momento en que se está denunciando.

Resulta notablemente descabellado que dos líderes del PP pongan a caer de un burro al gobierno de una comunidad autónoma, de cualquier comunidad autónoma, por tardar en tomar una decisión presupuestaria o por haber convertido en “papel mojado” sus propios presupuestos para el ejercicio en curso . Porque nuestros dos verbeneros parlamentarios, doña Australia y don Manuel, se permitieron este lunes criticar sin recato al Gobierno de Paulino Rivero por haber improvisado sus últimas medidas y no haberlas tomado hace meses. Una excentricidad inadmisible si tenemos en cuenta que las decisiones que tanto Canarias como el resto del Estado autonómico está tomando deprisa y corriendo vienen marcadas por el ritmo de las improvisaciones del Gobierno de Mariano Rajoy. Por no mentar, claro, el irresponsable retraso en los Presupuestos Generales del Estado, aparcados hasta el 30 de marzo para llegar con los calcetines blancos impolutos a las elecciones andaluzas.

Tener que escuchar a dos dirigentes del Partido Popular criticar a alguien, a quien sea, por subir impuestos empieza a pasar de chiste malo a la grosería del peor gusto; y que digan que Rivero “se ha visto desbordado y ha reaccionado tarde y mal”, suena a estribillo propio de quien lo tararea.

Luego vienen los eufemismos, los pleonasmos, las elipsis, y las boutade que el PP empieza a manejar con absoluto primor y gran destreza. Por ejemplo, llamar “profunda restructuración de la Administración pública” viene a ser, básicamente, adelgazar la administración despidiendo sin contemplaciones a trabajadores públicos con el único argumento del ahorro.

Lejos de proponer una reforma que la convierta en eficaz y diligente, que evite las duplicidades, que reduzca la burocracia, que abarate costes y que coloque los excedentes de trabajadores donde hay carencias, el PP sólo mira para el dedo que apunta a la luna y pasa la guadaña por las relaciones de puestos de trabajo de toda la función pública, particularmente por la educación y por la sanidad.

El dúo musicovocal al que tocó cantar ayer en la verbena del PP fue sumamente cuidadoso con personalizar esos desastres que denuncia en la figura de Paulino Rivero, dejando fuera de la verbena a José Miguel Pérez, al que tratan de colocar en ese purgatorio ficticio donde Soria coloca a los que ofrece una sociedad política para luego mandarlos a los mismísimos infiernos.

Hollande, la esperanza europea

François Hollande
François Holland
  Dicen a menudo los teóricos del liberalismo que la izquierda derrocha en época de vacas gordas y es la derecha la que tiene que venir detrás a poner orden y realismo en las cuentas. Dicho así, con el Gobierno de Zapatero aun cargando con todas las culpas de lo que ocurre incluso en las cuentas públicas de Grecia, Portugal y Holanda puede parecer creíble, pero es una afirmación que tiene sus matices. Sus profundos matices. Lo ocurrido este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas puede hacer cambiar muchos conceptos y prejuicios sobre ideologías y la gestión de la economía que diseñan las ideologías para tiempos de crisis.

Los más comprometidos analistas, los más comprometidos con el crecimiento y con el bienestar de los pueblos, es decir, los que no asesoran a los presidentes Sarkozy y Merkel, insisten continuamente en que la senda de la austeridad y la estabilidad presupuestaria, los recortes y el déficit cero, sólo conducen a la ruina de los países y a una senda de imposible recuperación en décadas.

El triunfo más que previsible de François Hollande en la segunda vuelta, tras ganar este domingo por escaso margen a Sarkozy, podría avalar esas tesis y echar abajo el planteamiento impuesto por los que ven en la crisis una oportunidad ideal para imponer un nuevo modelo liberal que debilite a los estados y a las democracias en beneficio de la tecnocracia y los mercados.

Aunque pueda resultar paradójico, en el Partido Popular español están deseando secretamente que se produzca un cambio en la presidencia de Francia, que el socialista Hollande haga de contrapeso y empiece a propiciar en Europa un cambio de modelo económico que relaje las exigencias de déficit público y prime la reactivación en la zona euro frente al desastre al que nos dirigimos sin remisión.

Eso, sí, nadie da un euro en estos momentos por que, aun dándose esas circunstancias, el PP, de marcha atrás en algunas cuestiones que forman parte de su ideología, más allá de imposiciones comunitarias o del Fondo Monetario Internacional. La abolición de derechos históricos de los trabajadores, la penalización del inmigrante como culpable del déficit de la sanidad, la aristocratización de la enseñanza universitaria, la privatización de la escuela, el sometimiento al Gobierno de la radiotelevisión pública y la defensa de los intereses de las empresas sobre los del conjunto de la sociedad forman ya un paquete de decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy que quedarán fijadas como santo y seña de toda una legislatura involucionista que va a costar mucho trabajo recomponer.

Y dale con el pacto PP-PSOE

El PP canario y algunos de sus más conspicuos empresarios apuestan por ese mismo conjunto de medidas fuertemente ideológicas, y en su aplicación y mantenimiento no ceden un milímetro. El empeño en que el Partido Socialista, el eterno enemigo, la fiera indeseable tradicionalmente contraria a los intereses de la oligarquía canaria, se convierta en socio del Partido Popular en un gobierno que aparte a los nacionalistas del poder, solo responde a un maquiavélico intento de borrar a la izquierda de la faz de Canarias durante décadas.

Insisten una y otra vez los más destacados defensores de esa “regeneración política” en tal fórmula PP-PSOE después de haber sido durante décadas fervientes mantenedores de gobiernos de centro-derecha-nacionalista y de haberse aprovechado todos sin apenas excepciones de las bondades, subvenciones, prebendas, conchabos y favoritismos de ese matrimonio solo roto cuando los intereses partidistas se cruzaron en el camino de José Manuel Soria y de Paulino Rivero.

¿De verdad se imagina alguien a un gobierno del PP con el PSOE apoyando medidas como la reforma laboral, el copago de medicamentos para los pensionistas, la criminalización de los inmigrantes, la subida de tasas universitarias o el reinado de Repsol frente a Lanzarote y Fuerteventura? Pue sí, los hay, y los hay aunque de maner minoritaria dentro del PSOE, el partido que recurrirá algunas de esas medidas ante el Tribunal Constitucional y/o las derogará cuando regrese al Gobierno, como proclamó este domingo en El País Pérez Rubalcaba. Pero aquí seguirán presionando con la ayuda de algunos medios de comunicación, unos por convicción y otros por absoluta venganza. Si el PSOE quisiera su desaparición a la vuelta de tres años, solo tiene que atender los cantos de sirena, porque si hay votantes que siguen sin comprender que pacte con Coalición Canaria, un revolcón con el PP sería imperdonable por generaciones.

19 abril, 2012

Le llegó el turno a RTVE

Ana Pastor
Ana Pastor
  Llegó el momento. Las continuas presiones sobre Mariano Rajoy para tomar posesión de la radio y la televisión públicas han surtido efecto y en los próximos días conoceremos cómo piensa ejecutar el Gobierno el control del Consejo de Administración de la corporación pública y, desde allí, el descabezamiento de Radio Nacional de España y Televisión Española, con el correspondiente corrimiento de cargos hasta llegar al bollo del cogollo del meollo, que son los programas dependientes de los Servicios Informativos, particularmente los de la tele.

El detonante para que se reactivara esa ansia hasta ahora contenida ha sido el evidente desgaste público del Gobierno y la consecuente decisión del PP de promover una amplia campaña de publicidad, de agitación y de propaganda para convencer a los ciudadanos españoles de las bondades que tienen las interminables y cada vez más draconianas medidas destinadas a desmantelar el estado del bienestar y los derechos civiles que está tomando el Gobierno de Mariano Rajoy. Unas medidas que, como es norma, se anuncian desde el extranjero y van a continuar sobresaltándonos al menos hasta el verano.

Periodistas como Ana Pastor, que han sido diana de ataques de todo tipo, con insultos incluidos, por parte de destacados y no destacados dirigentes del PP, por hooligans de la derecha en las redes sociales, será probablemente la primera víctima propiciatoria cuya defenestración les permita evidenciar ante su parroquia que se acabó la independencia en la radio y la televisión públicas.

Y ya verán el regocijo que les va a entrar incluso a reputados periodistas que ven desde hace tiempo en esa corporación pública una especie de peligro revolucionario que hay que fulminar de inmediato.

Porque la devastación sobre los derechos fundamentales de los españoles también alcanza a la libertad de expresión y al derecho a la información libre y veraz. Como parecía poco lo que estábamos viendo, con el constante e imparable cierre de medios de comunicación privados incapaces de superar la crisis (ayer mismo se despedía de sus lectores La Voz de Asturias), el Gobierno la va a emprender ahora con uno de los principales logros de la era Zapatero: la independencia y la pluralidad alcanzados por primera vez de manera plena en los medios de titularidad pública del Estado

El regreso de la 'verdad' oficial

Las entrevistas directas, audaces, sin paños calientes de Ana Pastor son el santo y seña de esa independencia. La periodista de Los Desayunos de TVE ha sido agresiva y correosa con todos sus invitados, desde el presidente de Irán hasta el más bisoño de los consejeros autonómicos, pero los guardianes del liberalismo prefieren una televisión, una radio y unos profesionales que no se limiten a contar la verdad de lo que pasa y exponer paralelamente las distintas opiniones de las partes.

La verdad les daña porque la verdad, y más en estos momentos, es absolutamente demoledora para el Gobierno, y hay que transformarla en propaganda. Toca la verdad tamizada, la verdad oficial, la de Alfredo Urdaci, la de Miguel Ángel Rodríguez, la de Ángel Acebes proclamando “fue ETA”.

La amenaza que se cierne sobre RTVE es más grave de lo que puede aparentar en primera instancia, aun comparándola con todos los recortes sociales que estamos sufriendo. Porque muchos españoles dejarán de enterarse de lo que está ocurriendo una vez el Partido Popular perpetre su ansiado objetivo de ejercer su poder absoluto sobre los medios de titularidad pública.

18 abril, 2012

El peor ex presidente portuario

Javier Sánchez-Simón
Javier Sánchez-Simón
  Javier Sánchez-Simón ha pasado a la historia como uno de los mejores presidentes que ha tenido la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Su carácter expeditivo, su independencia respecto de las directrices partidistas emanadas de la dirección de la formación política a la que aún hoy pertenece, el PP, y su impetuosa visión empresarial del organismo le granjearon muchos elogios de los operadores. Su sustitución, consecuencia de los mismos cambios políticos que a él le llevaron hasta los puertos de Las Palmas, no la ha encajado muy bien, o al menos eso aparenta.

Sus primeras contestaciones públicas a su sucesor, Luis Ibarra, cayeron simpáticas en los medios de comunicación y en la opinión pública, convencidos de Sánchez-Simón manejaba por entonces un mayor grado de información del que tenía el nuevo titular de la plaza. No ha dejado pasar una sola oportunidad para reivindicarse, para reclamar la cuota de gestión que le pertenece en los éxitos que ahora corresponde capitalizar al nuevo presidente. Siendo una actitud en apariencia vanidosa, resulta comprensible y absolutamente humana.

Una decisión anulada por un juez
Pero se enreda con los cordones de sus propios zapatos Javier Sánchez-Simón cuando, en un intento fútil de capitalizar de por vida todo lo que ocurra en el recinto portuario, se erige en maestro corrector de decisiones pasadas, presentes y futuras, en asesor de una de las partes más activas del Puerto, los estibadores, y en denunciador de empresas cuyo comportamiento preciso desconoce en estos momentos por el natural alejamiento que ya experimenta.

En un escrito presentado ayer mismo a través del Registro de la Autoridad Portuaria, Sánchez-Simón se moja en favor de los estibadores en el mal amañado conflicto que mantenían en ese momento con la Autoridad Portuaria con el muy humano propósito de sacar tajada del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, una oportunidad histórica para por fin convertir a La Luz en un centro neurálgico de ayuda humanitaria a África.

Sánchez-Simón les tenía prometida una parte suculenta de la tarta, y de hecho dejó en el portafirmas de su despacho un documento por el que se imponía que fueran los trabajadores portuarios los que operaran la descarga de grano desde los barcos a los silos. Una autorización que las empresas graneleras recurrieron ante la Justicia y ésta cautelarmente les dio la razón, anulando por tanto esa extravagancia.
Porque los barcos graneleros son descargados mediante tuberías –chuponas- que trasladan el grano directamente a los silos, sin manipulación alguna, una función que realizan habitualmente los operarios de las empresas especializadas. Sería por tanto una ilegalidad imponer que los estibadores intervinieran en esa operación.

Así que la siguiente ocurrencia fue que los portuarios hicieran el transporte desde los silos hasta la terminal de contenedores de Opcsa, un imposible que tropezaba con un obstáculo insalvable: no se dedican a eso, no son transportistas. Pero ningún transportista titular se atrevía a contravenir un deseo de un colectivo tan influyente y tan rotundamente convincente como el de los estibadores.
Peligrosas insinuaciones

Enterado del pulso que libraban los estibadores con la Autoridad Portuaria, dispuesta a no ceder ante las presiones, Sánchez-Simón almorzó una vez más con los representantes de los trabajadores y al día siguiente metió el escrito en cuestión, con el que trata de reclamar el cumplimiento de unos acuerdos que o no se sostienen o no existen, y lo que es peor, lanzando una sutil insidia según la cual la no aplicación de los mismos conllevaría un enriquecimiento ilícito de alguna empresa operadora en el Puerto, sin detallar cuál, cómo y por qué importe. Los que lo aplaudieron empiezan a inquietarse ante este comportamiento tan singular. Una retirada a tiempo es una victoria.

Un buen presidente pasa a ser el peor ex presidente si no consigue soltar las amarras a tiempo.

Un mal vigilante de la playa

Unas plantas por encima del despacho del presidente de la Autoridad Portuaria, donde se ubican las oficinas de la Demarcación de Costas de Las Palmas, cunde el desánimo y la perplejidad. Los funcionarios no salen de su asombro tras conocer hace ya una semana la noticia de que su próximo jefe va a ser un abogado especializado en defender a infractores de la Ley de Costas.

Se llama Rafael Muñoz García de la Borbolla, jurídico de la Armada, abogado en ejercicio con despacho en la muy céntrica calle de Los Malteses. Rafael de la Borbolla, como todo el mundo le conoce, ha defendido ante Costas a clientes tan sonados como los hamaqueros de San Bartolomé de Tirajana, y comparte bufete con Rafael Cortezo Massieu, hermano del promotor inmobiliario Jaime Cortezo, propietario del Islote del Francés, que pretende que el Ayuntamiento y la Dirección General de Costas le permitan construir allí un edificio singular de nueve plantas, con locales comerciales y viviendas de lujo.

La frase más repetida en la Demarcación de Costas es esa de la fábula del zorro cuidando de las gallinas. Si a esa percepción unimos las claras intenciones del PP de suavizar la Ley de Costas para darle dinamismo a la economía (y dos piedras) ya pueden ustedes irse imaginando cuánto hay que arrendarle las ganancias al litoral canario.

17 abril, 2012

Teresa Cárdenes deja 'La Provincia'

“Fin de ciclo. Si la vida manda avisos conviene no mirar para otro lado. Cierro etapa y dejo hoy La Provincia tras mi regreso en 2001”. Teresa Cárdenes es una mujer con una pasión por este oficio como pocas veces he visto. Exigente hasta el límite de la irritación, perfeccionista, rigurosa… ha forjado su prestigio a base de muchísimo sacrificio personal y muchísimas satisfacciones, las que acostumbran a compensar en la medida justa los sinsabores que irremediablemente este negocio acarrea.

Ayer comunicó primero a sus amigos, luego a sus seguidores en Twitter y finalmente al público en general que dejaba La Provincia, el periódico que ha venido dirigiendo desde que sustituyó a un histórico de la profesión, Ángel Tristán Pimienta, por una traducción funesta de la natural adaptación de las empresas periodísticas al medio ambiente político del momento. Teresa no lo ha tenido fácil en ese desempeño, primero por esa manera de llegar, y luego porque le ha tocado lidiar con el tramo más profundo de la crisis de los medios informativos, particularmente la prensa impresa.

Se rodeó de un equipo de incondicionales que le han seguido hasta el último momento, no sin riesgo; pero como corresponde a cualquier colectivo humano que se precie, particularmente sacudido por los despidos, las tiranteces empresariales y la crisis editorial, también alimentó a un buen puñado de críticos a los que se sumó una parte significativa de la empresa editora.

Su plácet llegó de Oviedo, donde se concentra ahora casi todo el poder de Editorial Prensa Ibérica tras la jubilación de Guillermo García-Alcalde, y su final llegó también de la capital asturiana, por los conductos desembarcados en las Islas desde entonces.
Las tiranteces la condujeron a dimitir el viernes, cansada de dirigir sin poder dirigir. De ver acorralado al periodismo. Convencida, después de sucesos familiares recientes, de que los avisos que la vida manda hay que atenderlos.

Atrás deja una importantísima etapa de su vida profesional. Con sus correspondientes admiradores y detractores, quizás a partes iguales, porque ejercer esta profesión con vocación, con la verdad por delante caiga quien caiga, sea el que caiga ministro, Rey de Bastos, caradura o polizón, no suele concitar el aplauso unánime.

Teresa Cárdenes atesora una trayectoria profesional que la convierte en estos momentos en una periodista privilegiada. Pronto la veremos nuevamente haciendo lo que más le gusta hacer.

La sustituye al frente de La Provincia un hombre de la casa, Antonio Cacereño, al que le deseamos mucha suerte en su nuevo cometido.

16 abril, 2012

Repsol por encima de la educación

Repsol por encima de la educación. Repsol por encima de la profunda crisis política, económica y social que sufre España en estos momentos. Una decisión, una pésima decisión de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha eclipsado asuntos de mucha enjundia que amenazan el presente y el futuro de nuestro país muy por encima de la cuenta de resultados o la cotización de una petrolera en la Bolsa de Nueva York. Pero somos así, un país como Argentina, necesitado de una conmoción venida de fuera que nos haga superar nuestras propias miserias hasta convertirnos en exultantes patriotas ávidos de venganza y de medidas contundentes aún por determinar que el Gobierno anunciará en el momento que considere oportuno.

Resulta bochornoso ver a un Gobierno movilizándose de manera histérica y bastante compulsiva ante una clara agresión de otro Gobierno contra una empresa privada que, para colmo, ni siquiera es española en su mayoría de capital. Porque Repsol, por mucho que los ministros de nuestro país se desgañiten defendiéndola, es mayoritariamente extranjera. Menos del 50% de su capital es español, un 10% de Sacyr, algo más de un 12% de Caixabank, y el resto disperso entre otros inversores. La mayor parte de Repsol pertenece a fondos de inversión internacionales (42%) y a la mexicana Pemex, que tiene un 9,5%.

En favor de esos accionistas el Gobierno de España desplegó ayer toda su batería de reacciones altisonantes para manifestar al mundo que estamos muy cabreados y que vamos a tomar una serie de medidas que mejor no las tomamos en caliente no vaya a ser que metamos la pata.

Medir las represalias

Porque si bien es cierto que la medida de la señora Fernández tiene bastante de arbitraria y de efectista (también Argentina atraviesa su particular vía crucis económico), no hay que olvidar que en ese país hay otras muchas empresas españolas que estarán diciéndole al Gobierno de Mariano Rajoy que mida bien sus pasos, porque una reacción desproporcionada puede hacer que triunfe la tentación de llevarse por delante a bancos y poderosas empresas hispanas de telecomunicaciones y de logística muy presentes allí. Repsol es cuestión de Estado para este Gobierno, y lo demostró desde el minuto uno el ministro Soria otorgándole por un método cuya legalidad está en entredicho las concesiones petrolíferas canarias anuladas por el Supremo.

Repsol le llevó a viajar con urgencia a Argentina en febrero pasado, y hasta hizo que el Rey telefoneara a Cristina Fernández para interceder.

Hasta hubo ayer gabinete de crisis y rueda de prensa con preguntas de los periodistas nada menos que de dos ministros y un secretario de Estado. Y llamadas a consultas, y embajadores que van y que vienen. Una empresa es una empresa, mucho más importante y poderosa que las cientos que han tenido que cerrar en España por medidas extravagantes de este Gobierno, y más concretamente de su ministro de Industria, como la supresión de las primas a las renovables, que ha mandado al paro a miles de españoles.

Medidas tan extremas que están acogotando el crecimiento económico hasta el límite mismo de poner en peligro no ya la recuperación, sino incluso el precio de la deuda que estamos pagando a los mismos bancos que tienen el 42% de Repsol.

No hablar de política

El mismo Gobierno que ayer decidió dar un golpe de muerte al futuro de España por la vía de castrar la educación pública mediante unas medidas tan premeditadas que condujeron al ministro del ramo a empezar su reunión con los gobiernos autonómicos con el ruego de que no hablaran de política. Como si una decisión así de un gobierno de derechas que no cree en lo público fuera futbolística.

Pero lo que importa son los intereses de Repsol. El varapalo cosechado en Argentina va a hacer que la petrolera acelere sus inversiones y las prospecciones en Canarias porque con alguna medida tendrá que contrarrestar su pérdida de cotización y sus ingresos. Otra buena excusa para un Gobierno para defender los intereses de la petrolera y alejarse un poco más de eso que llaman interés general.

15 abril, 2012

Pedir transparencia al Rey

Pues claro que es grave que el jefe del Estado español se dedique a matar elefantes, una de las especies más emblemáticas de la selva, del Libro de la Selva y del imaginario colectivo sobre queridos animales en peligro de extinción. Por supuesto que es grave que el Rey de España gaste dinero de todos los españoles en una semana de cacería en Botsuana, con traslados, guardaespaldas, acompañante, manutención, etcétera, sobre todo con la que le está cayendo a los españoles y con el aplaudido último mensaje navideño de Su Majestad en el que hizo un aparentemente y sincero cántico a la apariencia de rectitud que han de guardar los servidores públicos, con la Casa Real a la cabeza.

Pero siendo grave que entre todos paguemos estos excesos de Su Majestad, más grave sería que el viaje no se lo hayamos pagado los españoles sino algún o algunos empresarios muy interesados en que el jefe del Estado haga gestiones a su favor en cualquiera de los niveles en los que se mueve, generalmente muy privilegiados.

Estaríamos, en tal caso, ante un supuesto de cohecho impropio, consistente en agasajar con regalos a un cargo o funcionario público en consideración a su cargo, haya o no haya una contrapartida. Claro que estamos ante una hipótesis de imposible materialización porque el único ciudadano español que es inimputable es el jefe del Estado, o al menos este jefe del Estado. Lo dice la Constitución Española.

Sobre la Casa Real española pesa, no sin razón, la generalizada sospecha de que algunos de sus miembros hacen o han hecho negocios en un pasado muy reciente valiéndose precisamente de la pertenencia a ese clan de elegidos, que no electos, a los que nutrimos con un buen pellizco de los Presupuestos Generales del Estado, que sólo han infligido un leve recorte del 2% en su partida global para este sufrido año de 2012.

Un presupuesto de 8,3 millones de euros que escapa a las leyes de transparencia que empiezan a extenderse muy tímidamente en los ámbitos públicos de España camino de convertirse en una exigencia absolutamente equivalente a la que desde las instituciones se dirigen a los ciudadanos para que suframos las consecuencias de una crisis que esas mismas instituciones son incapaces de resolver.

Pero no hay mal que por bien no venga. La polémica desatada por el viaje de Juan Carlos I a cazar elefantes a Botsuana ha resucitado un debate larvado que, seguramente también por la crisis, ya no es un tabú. Hubiera o no coincidido con el 81º aniversario de la Segunda República, es obvio que esa polémica se reavivó con el descubrimiento de las andanzas de Iñaki Urdangarín y, más que probablemente, su esposa, la infanta Cristina. Unas andanzas que vinieron a revivir las que un núcleo muy selecto de allegados al monarca protagonizaron hace unos años al amparo del enigmático Manuel Prado Colón de Carvajal, administrador de los negocios del Rey durante dos décadas.

La prensa anda dividida entre levantar el velo de la Casa Real y conocer cuáles son sus negocios, cuáles sus propiedades, cuáles sus intereses y cuáles los que ha defendido para beneficio de otros, o continuar protegiendo una de las intocables esencias de la transición democrática en la creencia de que la violación de esos secretos pudiera llevar aparejada la revelación de alguna vergüenza nacional convenientemente ocultada durante estos treinta y pico años.

La transparencia es la solución. Y no vale la abdicación porque el Rey Felipe habría de apechugar con las mismas insoportables dudas, con la insoportable incertidumbre de cuándo va a saltar el siguiente escándalo.

12 abril, 2012

Uno en Marruecos y el otro en Argentina

El día de ayer se presentaba inicialmente tranquilo. Soria en Polonia acompañando a Rajoy; Paulino Rivero en Marruecos cumplimentando a M-VI, y José Miguel Pérez presidiendo en el auditorio Alfredo Kraus unas jornadas de empleo juvenil. Corría el aire entre todos ellos, cada cual a lo suyo. Imposible que pudieran saltar chispas. Aquella apacible calma la vino a romper, a media mañana, de manera inesperada, el jefe de prensa de José Manuel Soria, de nombre Juan Santana, que seguramente se quedó en tierra y se aburría soberanamente.

Santana es de tecla fácil, un poco burro, es cierto, vicioso a los mensajes amenazantes y obscenos y, por supuesto anónimos, lo que ya le condujo a que un juzgado diera con él y ande ahora entre el archivo de la causa por formalismos y el bochorno de un procesamiento. La directora de La Provincia conserva unos correos electrónicos que harían las delicias de cualquier experto en analizar el síndrome de Sancho Panza evolucionado al 2.0.

Pues eso, que el tal Santana se cascó a media mañana un desafortunado comentario en Twitter jugando zafiamente con el viaje oficial del presidente del Gobierno canario a Marruecos y la polémica aún viva de la existencia de petróleo en aguas de ambos lados de la mediana imaginaria que separa Canarias del Reino alauí.

''Paulino se hace el moro''


El twit del jefe de prensa de Soria

Sobre una fotografía de Paulino Rivero luciendo chilaba durante un viaje anterior al vecino, el jefe de prensa de Soria lanzaba esta genialidad: “Pulimo [por Paulino] se hace el MORO y quiere ser el Rey del Petróleo?” La palabra moro apareció escrita así, en mayúsculas, lo que denota ciertas debilidades del comunicante en las que también habrían de profundizar los expertos en la web 2.0.

La réplica a tan impropio comentario no se la dio ningún militante de la izquierda revolucionaria, sino el dirigente del partido político canario más cercano al PP, Ignacio González, presidente del Centro Canario Nacionalista, que le recriminó muy finamente a Santana esa licencia: “Que el jefe de prensa de un ministro español se burle de un presidente autonómico es increíble e irresponsable”, le escribió pocos minutos después González en Twitter.

Santana, siempre tan diplomático, tan en su lugar de discreto asesor de un ministro, remachaba a su modo: “jajaja deberías de (sic) avergonzarte de otras cosas”, lo que provocó que Ignacio González diera por zanjada la conversación con un escueto “Sin comentarios. Un saludo”. Lejos de arreglar la situación, lejos de recoger velas y reconocer su apurada de frenada, Juan Santana despidió a Ignacio González con una sola palabra, “mejor”, lo que confirma los peores presagios: las relaciones entre Soria y su eventual socio electoral del CCN están rotas

Soria amenaza a Argentina

Pero si esto hacía el fiel escudero de Soria por la mañana, por la tarde se lanzaba a pelear contra los molinos el augusto hidalgo de Industria. Energía y Turismo. Cuando no se han apagado los ecos del trigésimo aniversario de la guerra de Las Malvinas, justo cuando Argentina vive sus cíclicas convulsiones internas y sus gobernantes buscan restañar sus heridas en algún chivo expiatorio exterior, el ministro español se lanzó a una declaración de hostilidades sin paliativos.

Si tocan a Repsol, vino a decir el canario con algún que otro eufemismo, habrá consecuencias. Cualquiera que siga más o menos de cerca las relaciones diplomáticas coincidirá enseguida en lo inusual de la amenaza de un ministro español a un Gobierno soberano que, ciertamente, está actuando de una manera un tanto levantisca con una empresa española que precisamente entró en el negocio del petróleo argentino tras una privatización de la nacional YPF. Pero es igualmente cierto que las diferencias diplomáticas suelen sustanciarse con modales más sutiles, con negociaciones discretas y con sanciones comerciales que generalmente se aventan cuando se han aplicado una vez agotadas todas las vías diplomáticas.

Cristina Fernández no afloja

La prensa argentina se hizo eco de inmediato de las amenazas del ministro español, lanzadas desde Polonia a través de un vídeo grabado por los servicios de prensa del Gobierno de España, sin periodistas presentes y por lo tanto sin posibilidad de pedir mayores aclaraciones. La presidenta argentina, lejos de amedrentarse, suspendió una reunión que tenía con los gobernadores de las provincias petroleras y mandó al Congreso un proyecto de ley que, de aprobarse (y la presidenta Fernández cuenta con diputados suficientes) haría pasar el control de Repsol YPF al Gobierno de la República.

Ésa es la agresión que Soria trataba de evitar, agresión a Repsol que el ministro equiparó a “agresión a España”. Lo malo de lanzar una advertencia tan extrema es la altura en la que ha quedado colocado el listón. Si el Gobierno argentino persiste, sólo cabrían las represalias diplomáticas y comerciales, porque la invasión de Las Malvinas con viento de levante al muy trillado estilo, la damos descartada de antemano. No parece que esté España para estas chulerías.

11 abril, 2012

Soria, al rescate

A ver si les suena este estribillo: “El problema más importante de España hoy es que quienes nos prestan dinero para que se puedan seguir pagando las nóminas de quienes todavía tienen empleo, cada vez se fían menos de nosotros”. “Estamos siendo penalizados por quienes nos prestan dinero porque dudan sobre nuestro crecimiento económico. Dudan sobre nuestra capacidad de refinanciación del déficit público. Dudan en definitiva sobre la solvencia de España. Esta es una situación inadmisible que hay que corregir de inmediato. No va más”.

Lo podía haber dicho, por ejemplo, el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba; lo suscribiría el presidente del Banco de España o el de cualquier banco de los que estamos salvando con el dinero de todos: “nos penalizan porque dudan de nuestra capacidad para crecer, dudan de nuestra solvencia”. Pero no, no lo ha dicho ningún socialista, ni MAFO, ni Botín. La cita es literal, publicada el 3 de agosto de 2011 en el blog de José Manuel Soria, por entonces ansioso presidente regional del PP clamando por un adelanto del adelanto electoral, por aquellas fechas ya fijado en el 20 de noviembre.

Le podían las ansias, como a muchísimos dirigentes del PP, que dedicaron los dos últimos años de Gobierno socialista a dinamitar cualquier posibilidad de transmitir una imagen internacional de unidad y de búsqueda conjunta de soluciones.

Felipe les da una lección de patriotismo

Soria decía en su blog que, con la prima de riesgo, estabilizada aquel día en 386 puntos básicos, estábamos en una posición de rescate por parte de las autoridades monetarias europeas y que había que cambiar el Gobierno para que regresara la confianza. El 10 de septiembre, apenas un mes después, el hoy ministro de Industria ya produjo un nuevo apretón a la tuerca electoralista y situó a España en situación de rescate por parte del Banco Central Europeo. “Estamos intervenidos por el BCE”, clamó ante un enfervorecido auditorio ante el Foro Nacional de Empleo del PP. Siete meses después, exactamente siete meses después, es el Gobierno del PP el que él solito se está enredando en si estamos o no estamos en situación de rescate.

Y no es la oposición socialista la que se lo está preguntando, son los empresarios, son los periodistas, son los expertos en análisis económico los que azuzan a Mariano Rajoy para que deje de tomar decisiones calamitosas que sólo conducen a España a hundirse más en el agujero del marasmo económico. Cuando preguntaron ayer por el presunto rescate a un socialista de referencia, Felipe González, la respuesta no pudo ser más decepcionante para los que buscaban carnaza: “No hay rescate, porque si lo hubiera se acabaría el euro, habría que rescatar a Europa”.

Una lección de seriedad, y si quieren hasta de patriotismo, de la que podrían aprender, por orden de precedencia, José María Aznar, María Dolores de Cospedal, Esperanza Aguirre, Esteban González Pons … y por supuesto, nuestro agitador autóctono, José Manuel Soria, que quiso ver a su país en situación de rescate, en la humillación griega y portuguesa porque le convenía a sus intereses personales y electorales.

Acomodar la mentira al momento

Claro que cualquier manifestación, imprudencia, incontinencia o patinazo de cualquier dirigente del PP protagonizado cuando ese partido ejercía de desleal oposición queda automáticamente eclipsado por lo mal que lo hicieron los malditos socialistas. Y si no se puede amparar la explicación en la herencia recibida, el acorralado ha de inventarse alguna estratagema que le permita salir airoso culpando al adversario político que esté más a mano.

Lo hizo Soria este martes en Televisión Española en Canarias, a donde acudió como invitado del primer programa de El Debate, que sustituye al desaparecido 59 Segundos, víctima de los recortes al no poder pagar los derechos al propietario del formato. Para defenderse del hecho cierto de que Rajoy no haya recibido todavía a Paulino Rivero, ocupado como está atendiendo a la prensa todo el día, el ministro se inventó que el presidente canario tampoco ha recibido aún a José Miguel Bravo de Laguna. Una burda mentira porque Rivero recibió al presidente del Cabildo grancanario el 20 de julio de 2011, exactamente un mes después de su toma de posesión.

En el mismo programa de este martes Soria hizo una confesión: la partida para el descuento aéreo y marítimo para residentes ya no es “un crédito ampliable”, como se había sostenido hasta la fecha para calmar el cabreo de los canarios. Ahora es “compromiso”. Y ya se sabe cómo es este Gobierno con sus compromisos.

Se acabaron las vacaciones en metálico

Para colmo de males, otra mala noticia sacudió ayer el modo de vida del presidente del PP canario. Se acabó eso de llevar 4.000 euros en metálico en el bolsillo para hacer frente a cualquier eventualidad del tipo “voy a pagarme unas vacaciones en un penthouse de Anfi del Mar aprovechando que los dueños están tan agradecidos”. O eso de pasar 18.000 euros billete sobre billete de la mano de su señora esposa a la mano de la señora esposa de su amigo Esquivel, el casero, durante aquellos dos años que estuvo viviendo en calidad de okupa de alto standing mientras le apañaba aquella concesión para molinos de viento en el muelle de Arinaga.

Su Gobierno, el de Mariano Rajoy, ha decidido prohibir cualquier tipo de transacción comercial en metálico superior a 2.500 euros, lo que seguramente obligará a la economía familiar del señor Soria a regularizar los cobros de procuraduría que, siempre según su testimonio ante la Justicia, le permitían poder llevar tanto efectivo encima.

10 abril, 2012

María Australia se alegra

Y todos los canarios nos deberíamos alegrar a la par. La presidenta del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias ha rizado el rizo de la idiocia política con el comunicado que lanzó este martes al mundo para proclamar que el Gobierno de Mariano Rajoy va a invertir en Canarias este 2012 exactamente la mitad por habitante que lo que se va a invertir en el resto del territorio nacional.

Como lo leen: María Australia Navarro, en un intento por exprimir al máximo la verdad verdadera de los Presupuestos Generales del Estado, se lanzó ayer, calculadora en mano, a tratar de arreglar el descosido informando -¡eureka!- que la distancia porcentual entre lo que se invierte por habitante y año en la Península con respecto a Canarias se ha reducido, atención, en dos puntos y medio, hasta el 47,5%. Y no es porque a su admirado Mariano Rajoy le haya dado por hacer un esfuerzo con este territorio de ultramar, tan ultraperiférico y tan surrealista, y haya incrementado las partidas inversoras. Qué va, como muy bien explica la misma María Australia en su atrabiliario comunicado, la inversión por habitante ha bajado para este 2012 en el Archipiélago en 35 euros, nada menos, es decir, de 169 del último presupuesto de ZP, a 134 del primer presupuesto Rajoy.

La alegría de su señoría es que, siendo como es un recorte especialmente significativo, al resto de los ciudadanos españoles el promedio les ha descendido a razón de 86 euros por cabeza. Es decir un potosí, que mayormente se explica por la caída en la inversión en trenes de alta velocidad.

Le traicionó el quinto párrafo

Pero en el quinto párrafo de su comunicado, ya con la guardia bajada y creyendo que al lector cautivado por tanto verbo florido, la señora Navarro de Paz desnuda por completo su argumento y lo muestra en todo su esplendor. La diferencia entre lo que se invierte por habitante en Canarias(134 euros) con respecto al promedio de un ciudadano español (269) es de un poco más del 50%, concretamente del 50,19%.

Para que nos entendamos todos en un lenguaje llano y sencillo: por cada euro que el Gobierno de Rajoy invierte en territorio continental, en Canarias se invierte un poquito menos de medio euro. Nos alegramos de que a doña Australia tan feliz acontecimiento le llene de un gozo tan inconmensurable que le conduzca a emitir un alborozado comunicado de prensa. Y felicitamos a su partido por haber acercado la media de inversión de Canarias al resto del Estado aunque haya sido, como ella misma demuestra con sus propios números, a base de meterle un tremendo sajazo a la inversión peninsular.

Como casi siempre, la señora Navarro, se sitúa en las antípodas de la naturalidad política y el sentido común. Pero si hay que alegrarse, alegrémonos todos por la terrorífica caída de inversión en Canarias y en toda España. Gracias, Mariano. Gracias María Australia.

09 abril, 2012

Esa estadista de nombre Cristina Tavío

José Manuel Soria está de enhorabuena. Cristina Tavío, la presidenta del PP en Tenerife, le ha dado el nihil obstat y ha anunciado al mundo que por ella que no queda, que no va a ser obstáculo, óbice y ni siquiera valladar en el propósito del líder regional del partido de promover un pacto con los malditos socialistas con tal de descabalgar a Paulino Rivero del machito del poder.

La rueda de prensa de este lunes de Cristina Tavío, auxiliada a las bandas por Manuel Domínguez y Antonio Alarcó, no decepcionó a los que de ella esperábamos lo más lúcido de la política de Canarias en momentos de tanta tribulación. La concejala en la oposición, diputada en la oposición, y presidenta del PP prácticamente en la oposición, se mostró partidaria; qué partidaria, entusiasta, con la genialidad de Soria de hacer un pacto de salvación en Canarias entre populares y socialistas, y aseguró que no va a forzar nada raro en las instituciones donde el PP pudo ser gobierno y ahora es oposición, verbigracia el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife.

Se saltó a Román Rodríguez

Antes de analizar las hemerotecas someramente y comprobar lo difícil que es encajar en su correspondiente tiempo político cada discurso de Cristina Tavío, detengámonos en algunas perlas grandiosas de su comparecencia de ayer. Por ejemplo: la presidenta del PP tinerfeño quiere contribuir a la "regeneración política" y a acabar con “veinte años de régimen agotado”, que viene siendo a su entender el que encabeza Coalición Canaria.

Veinte años de degeneración política, recordamos nosotros con esa retranca que tan poco gusta en el PP, a los que ha contribuido de manera inequívoca, entusiasta y en ocasiones obscena el partido de la señora Tavío, incluso en 2007, cuando el PSOE sacó nada menos que siete diputados más que los nacionalistas y su presidente, el mismo que ahora quiere desalojar a Rivero por perjudicial para la salud, lo aupó a la presidencia incluso antes de que se celebraran las elecciones. El sacrificio que piensan hacer los populares por sacar a Canarias del atolladero llevó a Cristina Tavío este lunes a hablar bien incluso de los predecesores de Paulino Rivero, pero solo de Manuel Hermoso y de Adán Martín, saltándose de manera muy llamativa a Román Rodríguez, que también presidió Canarias apoyado, mira tú qué cosas, por el Partido Popular.

Fue una etapa simpática, en la que nada menos que cuatro personalidades del PP fueron miembros del Gobierno. Por ejemplo, Gabriel Mato, actual parlamentario europeo y uno de los populares canarios más influyentes en la organización nacional.

La dama del 'Bragagate' pide regeneración

En un alarde de visión política de regreso al futuro, Cristina Tavío perdonó las ofensas a los socialistas, ofensas tales como dejarla en la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz a pesar de haber ganado las elecciones con unos votos más que Coalición Canaria. Está dispuesta a hacer borrón y cuenta nueva siempre que Julio Pérez eche a José Manuel Bermúdez y la ponga a ella al frente de un gobierno “estable y austero” que, por ejemplo, haga lo que hizo, junto a Zerolo, con el Plan General.

Que lo diga alguien del PP canario, con ese Bravo de Laguna gastando a espuertas en asesores, publicidad y cargos de confianza, tiene tela. Pero que lo diga quien tiene sobre sus espaldas el caso Bragagate, consistente en cargar al Ayuntamiento mediante facturas falsas gastos personales de los concejales del PP, es para confiar. Pero así se escribe la historia de los atrevimientos políticos canarios. Y más que nos espera, que la crisis parece haber borrado de algunos y de algunas la vergüenza política.

04 abril, 2012

Tres gobiernos contra el Gobierno



Román Rodríguez y José Miguel Pérez,
que ya han tenido contactos para un
frente amplio
Resulta grotesco ver tan sonriente al ministro de Hacienda de España, Cristóbal Montoro, mostrar divertido los Presupuestos Generales del Estado en el nuevo formato Bidi. Simpatiquísimo, ¿verdad? Sobre todo cuando, tras esa innovación tan llamativa se esconden unos presupuestos verdaderamente demoledores que se llevan por delante en primer término la mismísima innovación, con la investigación y el desarrollo, pero también la protección social, muchas conquistas en educación, en Sanidad, en cohesión territorial, en cultura y, cómo no, en perspectivas de crecimiento económico y generación de empleo.


Las reacciones no se han hecho esperar y todo el arco parlamentario español, incluida CiU, que finalmente habrá de pasar por el aro para que el PP le apoye en la Generalitat, ha clamado unánimemente contra los más draconianos presupuestos de la historia de la democracia. Porque siendo cierto que el escenario internacional obliga a determinados ajustes que no alarmen a los mercados, más cierto es que ni siquiera con esa clamorosa bajada de pantalones los mercados se han calmado. Ahí tienen a la Bolsa española desplomándose casi con la misma vertiginosidad con que creció la prima de riesgo, que vuelve a superar con nota a la italiana, un país donde sus ministros al menos tienen la decencia de no reírse cuando presentan ante los ciudadanos sus atentados presupuestarios al Estado del bienestar.


Andalucía, banco de pruebas



No habían pasado ni doce horas desde que se conocieron las cuentas públicas y ya había varios gobiernos autonómicos declarándose en rebeldía. El primero, cómo no, el andaluz, una región donde se perfila un entendimiento entre el PSOE e Izquierda Unida que pudiera ser el comienzo interno, junto al externo de a una victoria socialdemócrata en Francia, de una nueva visión para salir de la crisis que pase por la reactivación económica, por exigir a la banca que cumpla con sus compromisos y por el blindaje de aspectos sociales que hasta la fecha eran intocables.

Pero junto a Andalucía, Cataluña ya ha hecho encender los chivatos de alarma por el desdén con el que el simpático ministro Montoro ha despreciado las históricas reivindicaciones fiscales catalanas y los sacrificios políticos y sociales que ha tenido que hacer la Generalitat durante estos últimos diez meses para enderezar unas cuentas públicas ciertamente calamitosas. El nacionalismo español, ese que es uno, grande y libre, y que por lo tanto reniega de cualquier nacionalismo periférico, pudo más en Montoro que las necesidades de Mariano Rajoy de no aprobar estos presupuestos en la arriesgada soledad de la mayoría absoluta.


Las quejas a ZP, juegos florales





Canarias se convertirá desde este mismo miércoles en la tercera comunidad autónoma que plante cara a los presupuestos. El Gobierno regional celebrará consejo desde primeras horas de la mañana y todo hace pensar que en la rueda de prensa posterior escucharemos un posicionamiento claramente contrario a los Presupuestos Generales del Estado.

Canarias vuelve a salir muy mal parada de las decisiones nacionales porque, a los recortes globales que afectarán al Grantecan, a los becarios canarios, a las personas dependientes, a los artistas, a los usuarios de la sanidad, de la educación o a los parados, hay que sumar la notable pérdida de inversiones. Las históricas reclamaciones del PP y de Coalición Canaria por la escasez de inversiones estatales en tiempos de Zapatero, casi siempre por debajo de la media, se quedan este 2012 reducidas a juegos florales ante la escandalosa mengua de 700 millones de euros que terminan por poner en peligro no ya futuras infraestructuras, sino la continuidad y el remate de las que ya se han puesto en marcha.

Trabajadores públicos en el alero




Se disparará el desempleo en sectores como la construcción, la dependencia, la sanidad, la educación y, atención, la función pública. Porque las cuentas de Rajoy abocan a las administraciones a un adelgazamiento, bien por la vía de los planes de ajuste que han tenido que asumir las corporaciones locales, o directamente porque la transferencia de capital obliga a nuevos recortes. Ante este escenario tan alarmante, bien harían las fuerzas políticas y los sindicatos en unirse para plantarse ante el Gobierno de España en la reclamación de que, por lo menos, se respeten los aspectos básicos de nuestro acervo histórico.

Reducir la partida destinada al transporte de mercancías Canarias-Península en 17 millones de euros; hacer desaparecer las subvenciones directas a la desalación de aguas; poner en peligro el 50% de bonificación a las tarifas aéreas, o dejar en el alero la celebración del Mundobasket 2014 quitándole dos millones al pabellón multiusos de Gran Canaria son algunos motivos a sumar al amplio catálogo de insensateces que han llegado desde Madrid en estos tres primeros meses de Gobierno del PP. Coalición Canaria, PSOE, Nueva Canarias, Izquierda Unida…  UGT, Comisiones Obreras, Intersindical Canaria… están obligados en momentos así a formar un frente amplio que, con argumentos, sin estridencias ni folklor independentista explique al Gobierno de España que Canarias, con un paro del 31%, no resiste este presupuesto. Ni estas abruptas desconsideraciones políticas.


Ya ha habido contactos

Los primeros contactos políticos ya han existido. Román Rodríguez, que es el que más tiene que ganar y el que menos tiene que perder, ya lo ha planteado en reuniones por separado a Paulino Rivero y a José Miguel Pérez. Y la respuesta parece haber sido positiva. El caldo de cultivo no lo ha extendido, sin embargo, ninguna fuerza política canaria, sino el Partido Popular desde Madrid, y particularmente su ministro para regiones ultraperiféricas, José Manuel Soria. Los Presupuestos Generales del Estado son la guinda a tres meses de continuos desencuentros que hasta ahora habían tenido su culmen en la imposición de las autorizaciones de las prospecciones petrolíferas, pero que han venido acompañados de otros episodios muy ásperos que han ido cabreando paulatinamente al personal.


No ayuda, desde luego, la situación socioeconómica, con otros 5.800 parados más, una cifra que superó incluso al número de desempleados que engrosaron las listas en la Comunidad de Madrid. Pero el agotamiento de las partidas de protección social, el anuncio de que se reducirá el número de beneficiaros de los subsidios por desempleo, el agravamiento que va a suponer en Canarias la ya de por sí depauperada atención a los dependientes y el aumento exponencial de ese sentimiento siempre larvado de que estamos abandonados por Madrid van a facilitar mucho la formación de ese frente amplio. Aunque pueda sonar cómico, más de un dirigente del PP canario compartiría plenamente las razones para hacerlo.


El fraude como excusa


La abrumadora información sobre los Presupuestos del Estado ha eclipsado asuntos que estos días han formado parte de las conversaciones más repetidas entre los canarios. Por ejemplo, la drástica reducción en 65 millones de euros de la partida que ha de cubrir la subvención al transporte aéreo y marítimo para los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. El Gobierno argumenta a su favor dos cuestiones, la primera, que con la crisis habrá menos usuarios y, por lo tanto, menos necesidad presupuestaria. Y dos, que existe fraude en el cobro de estas ayudas y que va a tratar de resolverlo. La invocación al fraude parece estar en el disparo fácil de los gobiernos del PP, pero lo cierto es que siempre termina por haber trampa.


Por ejemplo, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, disminuyó nada más llegar en un 50% los fondos para atención domiciliaria a mayores alegando que por lo menos la mitad de ellos no la necesitaban. No había ni un solo estudio que avalara tal aseveración, hasta el punto que el señor alcalde tuvo que tragarse sus propias palabras y reponer las partidas. Ahora dice el PP que va a perseguir el fraude en las subvenciones a residentes, por lo que no sería de extrañar que nos obliguen, como en la prehistoria, a tener que acudir a los ayuntamientos a que nos expidan el olvidado certificado de residencia. Y pagar una póliza por cada uno, ¿verdad? Hay que perseguir el fraude, si es que existe, pero hacerlo a costa de los que no defraudan vuelve a ser tan injusto como la mayoría de esta batería de medidas nacionales.

02 abril, 2012

Ascensor con vistas al Canódromo

Los concejales del PP Carmen Guerra y Óscar Mata,
en el ascensor inaugurado este lunes
El alcalde prefirió no ir. Había que evitar cualquier tentación a la protesta, que no está el horno para bollos. Pero había que inaugurar el ascensor panorámico con vistas al barranquillo de don Zoilo, y en la parte trasera, con privilegiada parada y fonda en el parque del Canódromo, donde se levanta el soberbio monumento al pelotazo y al pervertido urbanismo del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria.
Se hizo inauguración de perfil bajo en el barrio de Schamann para que hubiera fotos, protagonizada, en equivalencia, por una concejala que no goza precisamente de la mayor de las proyecciones, Carmen Guerra, y del concejal del distrito, que tiene hambre de gol, pero aún no toca el área pequeña. Por evitar las aglomeraciones, el Ayuntamiento hasta evitó invitar al director de la obra del puente y diseñador del ascensor que se inauguraba. Claro que, tratándose de un veterano militante socialista, no tocaba que saliera en el álbum.

Se inauguraba un ascensor panorámico sobre uno de los barrancos que atraviesa la ciudad, un remate de lujo a un puente hermoso que sustituye al viejo que se vino abajo por el inexorable paso de los años a muy pocos metros donde sienta sus reales la torre 1 de Realia.

Las piruetas de la política, que es más caprichosa cuanto más local se hace, han provocado que la secuencia del barranquillo de don Zoilo haya empezado y de momento terminado en el mismo partido: primero, el PP, el que autoriza el pelotazo; segundo, el pelotazo; tercero, llegan los socialistas y les toca apechugar con el puente que se cae delante del pelotazo, y recurrir sentencias para evitar tener que indemnizar por el pelotazo; para construir el nuevo puente, se llevan críticas por pretender un concurso tan químicamente puro que casi se les evapora en los cuatro años de mandato; es al PSOE al que le toca buscar los más de 5 millones de euros de la obra, detraerlos de aquí y de allá, nunca del fruto del pelotazo que propició el PP. Y es el PP el que ahora sale en la foto.

Solo le queda un consuelo al PSOE de Las Palmas de Gran Canaria, que el alcalde de la ciudad no se haya constituido, no sabemos si por vergüenza torera, si por estar de baja por enfermedad, si por haberse tomado unas merecidas vacaciones o por considerar que padecer la condición de imputado por el pelotazo y pisar el escenario del crimen es tentar demasiado a la suerte.

Resucitan a Díaz Bertrana

Ya la tenemos montada de nuevo en el Cabildo de Gran Canaria, esta vez como consecuencia de la póliza de vida que la Corporación tiene contratada para cada uno de sus 29 consejeros electos, más los correspondientes directores añadidos. La mecha la encendió este inocente lunes de semana de Pascua Coalición Canaria, que necesitada de un gesto que contrastara fuertemente con las medidas del Consejo de Ministros del viernes, tuvo la feliz idea de anunciar al mundo que renuncia a ese privilegio.

La póliza, para que se hagan una idea, cuesta por persona la nada despreciable cantidad de 14.000 euros al año, más de 1.100 euracos al mes, lo que compone un importe total de 56.000 euros durante los cuatro años de mandato. Tienen razón los nacionalistas cuando aseguran que, en las actuales circunstancias, con la que le está cayendo a la mayoría de los canarios por el paro, los recortes públicos, las subidas generalizadas de luz, impuestos, tasas, gasolina, tabaco… que unos elegidos disfruten de esos beneficios no resulta desde luego nada estético.

La reacción del PP no se hizo esperar. Bueno sí, se hizo esperar unas pocas horas, exactamente tres, las que tardó el grupo de gobierno en emitir un duro comunicado de réplica en el que José Miguel Bravo de Laguna, el presidente, optó por tirar de historia y resucitar nada menos que a don Federico Díaz Bertrana.

Dice el PP en el Cabildo grancanario que las pólizas de seguro que disfrutan sus consejeros se establecieron en la etapa de presidencia de don Federico Díaz Bertrana, un recordado presidente que gobernó la isla por imperativo del régimen franquista entre los años 1960-1970, cuando no es que nuestros ancestros soñaran con la democracia, es que ni se podían imaginar que 50 años después iba a existir una crisis del calado que estamos padeciendo.

Bravo se refugia en la tradición, como hizo al izar la mega bandera de Gran Canaria que simboliza algunos de sus comportamientos, especialmente su apasionado abrazo al más rancio e insolidario de los insularismos, al que recurren generalmente los que ven agotadas sus propias soluciones políticas y las más razonables explicaciones para comportamientos poco sostenibles.

En su duro comunicado de réplica a CC, el PP no hace otra cosa que recriminar a los nacionalistas que aireen este gasto innecesario, en lugar de promover un debate que conduzca a la institución a revisar esas ventajas que el público municipal y espeso no puede permitirse. Porque tan solo aplicando ese gasto a los cargos públicos electos, el ahorro del Cabildo se elevaría nada menos que a 1.624.000 euros estos próximos cuatro años. ¿Quieren la relación de diez ONG que han visto mermadas o desaparecidas sus subvenciones del Cabildo y la cantidad de cosas que cada una de ellas haría con 16.240 euros? Es sencillamente inmoral.