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14 marzo, 2012

Un alcalde (y sus casualidades) ante el juez



Cardona, a la derecha, junto al jefe de los
servicios jurídicos del Ayuntamiento,
Ramón Balmaseda.

No fue ni mucho menos una comparecencia de trámite, la que cabría esperar de la que este miércoles protagonizó el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, ante el juez Tomás Martín, titular de Instrucción 3 de este partido judicial. Todo hacía pensar que sería de aliño dado que la imputación de la primera autoridad municipal solo se ha producido después de que la Audiencia Provincial de Las Palmas lo ordenase, cierto que con una inusitada insistencia del fiscal de Medio Ambiente, pero citación forzada al fin y al cabo tras un archivo provisional de la causa del Canódromo.



A esa sensación de que el pescado iba a estar todo vendido desde el primer minuto de la comparecencia contribuyó muy activamente el propio imputado, que desplegó ante la prensa amiga todos sus encantos para transmitir al mundo que es él y no la Justicia quien más ganas tenía de explicar en qué consistió ese inmenso pelotazo urbanístico gestado y ejecutado en su época de concejal de Urbanismo cuando ejercía de alcalde de la ciudad nada menos que José Manuel Soria. Qué curioso, ¿verdad?, que la palabra pelotazo vaya tan frecuentemente unida al mismo apellido.


Interrogatorio minucioso y preciso



Cardona entró al despacho del juez Tomás Martín acompañado de dos abogados de los servicios jurídicos del Ayuntamiento  y sosteniendo la sonrisa y la seguridad que ha tratado de transmitir desde que se supo que iba a ser imputado, sonrisa y seguridad que a lo largo de todo este tiempo atravesó algunas dudas razonables que le llevaron a intentar una pirueta legal para retrasar el proceso recurriendo ante el magistrado su propia citación como imputado. Una contradicción de libro, porque si lo que se desea es declarar para aclarar, recurrir para no ir o para ir más tarde no se compadece de ninguna manera.

Cardona es licenciado en Derecho y alguna vez ha ejercido como abogado, por eso sabe que en una declaración judicial hay que ser preciso y meticuloso, y por distintos motivos ejercieron con la misma precisión y meticulosidad el juez y el fiscal que por espacio de nueve horas lo interrogaron cuidadosamente. Los que pudieron albergar la duda de que el magistrado tiraría de manual para cubrir el expediente y dar por zanjado el asunto sin mayores miramientos, se encontraron con media jornada laboral de preguntas que, acto seguido, fueron complementadas con 120 que formuló el fiscal de Medio Ambiente, Javier Ródenas, especialmente interesado en aclarar si el pelotazo del canódromo fue pelotazo casual o alguien puso en manos del empresario Eduardo Fernández, propietario de Inprocansa, los cinco ases de la baraja para que hiciera saltar la banca por importe de nueve millones de euros.

No son casualidades, es estadística




El destino, que es muy puñetero (casualidades las llamó el alcalde) quiso que dos mandatos después de aquel en el que se propició el pelotazo del Canódromo, el concejal de Urbanismo de entonces ocupe ahora el despacho de la alcaldía de la misma ciudad. El mismo destino que ha querido que, entre el convenio y la imputación al alcalde haya estallado otro escándalo que afecta directamente a la misma empresa inmobiliaria y al mismo partido, el PP: el caso Lifeblood, nombre de la empresa filial de Inprocansa, beneficiada en el Canódromo, que protagoniza otra golosa operación, la del concurso de la hemodiálisis, con los intereses públicos arrastrados miserablemente por los suelos. Por mucho que diga el alcalde, nada de esto es casualidad. La concurrencia de escándalos del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas o allí donde ha tocado poder real (Gobierno de Canarias, ayuntamientos de Telde y Mogán, etcétera) hace que las posibilidades de que la Justicia meta mano a alguno de ellos se multipliquen exponencialmente.

Casualidad sería que algunos de los individuos públicos que todos conocemos pagara con su patrimonio el quebranto provocado al patrimonio común, que Cardona o Soria indemnizaran a los vecinos de Schamann por el daño que les han infligido por el pelotazo del Canódromo, en lugar de amenazarlos con demandarlos por la denuncia que provocó la declaración más larga de la historia de un político canario ante un juez.

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