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18 marzo, 2012

El petróleo, una más



Miguel Concepción, corriendo al encuentro de Jorge Rodríguez.

Deprisa, como si el mundo se fuera a acabar mañana, el Gobierno de Mariano Rajoy se apresura a tomar todas las medidas que la crisis teóricamente le ampara, mayormente las que en cualquier otra circunstancia no se las hubieran excusado ni sus más conspicuos votantes. Han sido ochenta días verdaderamente demoledores para los derechos laborales, par el estado del bienestar, para el bolsillo de las clases medias, para los estudiantes de Valencia, para los sindicatos, para los parados… Y han sido ochenta días especialmente humillantes para los canarios, muchos de los cuales quisieron ver en la designación de un ministro isleño una ventaja en tiempos de tantas tribulaciones. La decisión del viernes de autorizar a Repsol a hacer catas en las cuadrículas petrolíferas cercanas a Canarias, es decir, a perforar para confirmar si allí hay hidrocarburos, es grave por el fondo y por las formas y no ha hecho otra cosa que confirmar el tamaño de la ruptura institucional entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. La decisión dividirá de manera dramática a la sociedad canaria por la mezcla perversa entre negocios, intereses políticos, posicionamientos mediáticos y crisis económica que componen el conflicto petrolero, todo ello con una variable, la ambiental, que vuelve a ser el machango que cada cual agitará como mejor le convenga pero que, al final, como siempre, será la que salga más perjudicada.


TUI, la voz más desapasionada y alejada



La importancia económica de los yacimientos que se presumen cerca de Fuerteventura y Lanzarote parece indiscutible. De confirmarse los cálculos que hace la petrolera Repsol, los recursos podrían suponer para el Estado español un ingreso muy importante en forma de tributos, además de una fuerte aportación (se estima que del 10% anual) al abastecimiento de hidrocarburos para la demanda nacional. Algunos detalles, estos más difusos, apuntan a ventajas económicas para Canarias gracias a la creación de puestos de trabajo relacionados con los astilleros y el avituallamiento de las plataformas, descartada como está por el momento la posibilidad de que la Comunidad Autónoma, mediante una modificación de la Ley de Hidrocarburos, pueda tener participación en el cobro de tributos por la explotación de esos yacimientos. Hasta ahí, la vertiente positiva. La negativa la ha resaltado estas últimas semanas el touroperador TUI, por mencionar la opinión más desapasionada y alejada de los focos del conflicto propiamente isleño. TUI exige información sobre la cuestión petrolífera y ya avisa de que con extracciones ahí afuera ellos se llevarán a sus turistas a otro lado, o en el mejor de los casos, los avisarán para que sepan a dónde vienen y a lo que se atienen. Eso equivale automáticamente a una devaluación del destino turístico y a la caída automática de los precios por debajo de los paupérrimos niveles que ahora presentan. A la voz de TUI se han unido instituciones, colectivos ecologistas, expertos en turismo, expertos en naturaleza, economistas, analistas de todo tipo y condición que coinciden en que el menor de los riesgos de vertidos pondría en peligro la industria que nos ha mantenido en pie los últimos cincuenta años.

Otro pelotazo en ciernes




Ante ese clamor, que tratan de apaciguar algunos medios informativos engatusados por la promesa de Repsol de fuertes inversiones publicitarias y de otra índole cuando empiece sus trabajos en Canarias, el Gobierno de España ha respondido con la altanería acostumbrada, dando la espalda con desprecio a las instituciones canarias y haciendo prevalecer los intereses coyunturales y de conveniencia económica nacional a las consecuencias que podrían acarrear una decisión así. La limpieza de esas autorizaciones están en entredicho desde hace algunas semanas, y en CANARIAS AHORA lo relatamos con detalle: si prosperaran mínimamente las acciones judiciales que ha anunciado el Gobierno de Canarias contra las licencias a Repsol, el Gobierno de España podría verse obligado, a partir de este pasado viernes, a tener que indemnizar con fuertes sumas de dinero a la multinacional petrolera para compensarla por el lucro cesante y/o daño emergente. Es decir, un curioso remedo del caso Tebeto, cuando por culpa de una disparatada tramitación de un expediente administrativo, un empresario estuvo a punto de percibir del Gobierno de Canarias más de 100 millones de euros por una cantera de traquita en la que no se había movido una piedra. Casualmente, como tantas y tantas cosas ocurridas en Canarias los últimos diecisiete años, el frustrado pelotazo de Tebeto llevaba muy cerca la firma de uno de los hermanos Soria, en concreto Luis, colocado por su hermano José Manuel al frente de la Consejería de Industria para que, como decisiva aportación a la política industrial de Canarias, dejara para la posteridad un baño privado con bidé.


 Intereses inconfesables (pero menos)





Pues no, Jorge Rodríguez no es abogado, ni siquiera licenciado en Derecho. Tiene un máster MBA, lo que seguramente le acreditará suficientemente para representar los intereses de empresas ante las administraciones públicas, que fue lo que hizo la semana pasada en Madrid, cuando acompañó al presidente de Islas Airwais a gestionar ante el Ministerio de Fomento el bloqueo que sufren los pagos de las subvenciones al transporte de pasajeros canarios. Desde la Mesa del Parlamento nos habían asegurado que Jorge Rodríguez tenía concedida la compatibilidad para el ejercicio de la abogacía, que parece congeniar mejor con la actividad como parlamentario; no así el de componedor empresarial, que ya se sabe qué diluidos están los límites –y en Canarias más- entre el interés empresarial y lo que te rondaré morena que yo hablo con menganito y te lo soluciono. Pretender que Jorge Rodríguez se dedique a otra cosa distinta que a la intermediación empresarial parece bastante ingenuo, lo que debería obligarle de inmediato a renunciar de una vez (y esta vez que sea para siempre) a la noble tarea de representar solo a los ciudadanos que le eligen.

Una docena de empresas




No entendimos muy bien a qué vino la carta que les ofrecimos en CANARIAS AHORA este fin de semana, cómo era posible que Manuel Fernández se dignara dirigirse a un periódico que tiene proscrito para matizar su pertenencia o no a consejos de administración con intereses en Santa Cruz de Tenerife, sobre todo sabiendo como sabe que nosotros tenemos esa información perfectamente contrastada. Quizás necesitaba ganar un poco de tiempo mediático ante la evidencia, también adelantada aquí hace semanas, de que José Manuel Soria no cuenta con él para la inminente nueva etapa del PP canario, hasta el punto de no atribuirle ni un solo cometido en el próximo congreso regional. Pero como aquí no nos debemos a los tiempos de ningún partido político, vaya por delante que en el momento de tramitarse y de aprobarse inicialmente el Plan General de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Fernández pertenecía nada menos que a una docena de consejos de administración -o incluso ejercía como administrador único- al tiempo que formaba y aún hoy forma parte de las comisiones parlamentarias que tienen que ver con las actividades de esas empresas. Esas firmas se dedican a actividades turísticas, a la promoción inmobiliaria, a la fabricación y comercialización de desaladoras de agua de mar, a la compra-venta y arrendamiento de terrenos y locales y a la agricultura, particularmente a vinos, pescados y mariscos. Por lo tanto, es falso que el todavía secretario general del PP perteneciera entonces solo a un consejo de administración, el de Elsafe, como nos aseguraba en su amable carta del viernes. Si vuelve a insistir le publicaremos la relación de empresas y las comisiones a las que pertenece, que hoy se nos antoja un poco cansino.


Demasiada mezcolanza



Jorge Rodríguez ha tenido que enfrentarse ya demasiadas veces a esa incompatibilidad, y cuando ha sido sorprendido mezclando lo público con lo privado lo ha pasado verdaderamente mal. Como lo pasó mal Manuel Fernández, secretario general del PP, cuando por culpa de CANARIAS AHORA toda Canarias se enteró de que toda la vida se ha dedicado a representar intereses empresariales muy concretos ante las Administraciones públicas. Fuimos nosotros los que descubrimos aquel contrato suyo con Anfi del Mar de quien cobraba específicamente por gestionar proyectos urbanísticos ante las autoridades al tiempo que era representante del PP en la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Fernández nos desmintió el viernes tras haber publicado aquí que durante la tramitación del Plan General de Santa Cruz de Tenerife formaba parte de consejos de administración con intereses urbanísticos en esa ciudad y que, en consonancia con las dos actividades paralelas que desarrollaba, se cogió un sonoro cabreo al ver la suerte que corría ese documento. Como no tenemos nunca inconveniente en publicar las rectificaciones que nos llegan de personas que se pueden sentir afectadas por nuestros comentarios y/o noticias, publicamos la rectificación del señor Fernández y nos reservamos para hoy nuestro particular desmentido. Porque el secretario general del PP canario nos volvió a mentir.

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