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30 marzo, 2012

A la espera del BOE, que no miente

La vicepresidenta, flanqueada por
Montoro y Soria, este  viernes.

A la espera del BOE, donde de momento está prohibido mentir, los contenidos de los temidos Presupuestos Generales del Estado conocidos este viernes han dejado petrificado a todo el país, Canarias incluida. Es grave el recorte de 65 millones de euros a la partida asignada para subvencionar el transporte de pasajeros entre Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla con el continente; pero es grave también que se volatilicen 1.500 millones de euros para políticas activas de empleo, que por empezar a afectar tiene que hacerlo de manera más acentuada a las regiones que más paro sufren, verbigracia la de Canarias. Sin olvidar el serruchazo definitivo a la aplicación de la Ley de la Dependencia, la cuarta pata del Estado del Bienestar, que en Canarias también se notará a pesar de la incapacidad de nuestras autoridades locales para aplicarla cuando había vacas gordas.
Pero las miles de familias que aún albergaban alguna esperanza de poder atender mejor a los suyos ya pueden darse por vencidos. No habrá dinero tampoco para eso.
También perjudicará a todos los canarios la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de incrementar en un 7% el precio de la energía, incremento que afectará de manera dramática a tantas y tantas familias con exiguos recursos para los que cinco euros con los que completar el recibo e ir al banco a pagar la luz se convierte a veces en un drama. Con el agravante de que el régimen de monopolio energético en el que nos desenvolvemos nos impide acceder a cualquier otra opción que la de pasar por el tormento abusivo de Endesa.

Pagar la electricidad más cara de España y ver cómo se nos escapan oportunidades para tenerla mucho más barata gracias a las condiciones extraordinarias para explotar las energías limpias es una frustración más para los canarios y para nuestro modelo económico. Y tener que soportar que sea un ministro canario que durante su gestión en Canarias cortocircuitó cualquier posibilidad a las renovables quien provoca ese sablazo a las cuentas domésticas encoleriza aún más a los ciudadanos.

Demasiadas agresiones en ciento y pico días. La de la reducción en 65 millones de euros de las partidas para las subvenciones al transporte aéreo y marítimo de pasajeros no tiene por qué traducirse de inmediato en una pérdida del 50% de indemnización que reciben las compañías aéreas por cada residente archipielágico, ultraperiférico o no. Pero coincide peligrosamente con un brutal encarecimiento del precio de los billetes tras el traumático cierre de Spanair. Y el encarecimiento supone que las subvenciones se incrementarán notablemente hasta el límite de su agotamiento. La pregunta entonces se convierte en inevitable: ¿garantiza el Gobierno que cuando se acabe esa partida se incrementará de modo suficiente para cubrir el compromiso?

Porque es muy difícil confiar en un Gobierno que se contradice cada viernes cuando reformula ante los ciudadanos sus propuestas electorales y sus posicionamientos de hace menos de un año, cuando desde la postura de irresponsable y comodona oposición que adoptó cuando España entraba en su primera recesión no hacía otra cosa que descalificar las medidas que ahora abraza en sus dimensiones más desproporcionadas.
Quizás de todas las contradicciones que afloraron este viernes la de la amnistía para los defraudadores al fisco sea la más llamativa y la más sangrante. Porque todo el PP, desde el presidente del Gobierno hasta su ministro de Hacienda, se fustigaron hasta límites de faquir cuando se insinuó que Zapatero y los suyos pretendían una amnistía similar a la que ahora se aprueba. Resulta que es el mismo Gobierno que nos sube el IRPF y el IBI el que quiere perdonar a los que guardan dinero negro bajo el colchón que ni han pagado IVA ni IGIC, que compran boletos de Lotería premiados, que han obtenido ese dinero por métodos ignotos, algunos probablemente vinculados al tráfico de drogas o de personas. Es verdaderamente grandioso y muy sintomático.

Pero habrá que esperar al BOE. Es un tostón, pero de momento es de fiar.

Se equivoca el Gobierno

Se equivoca el Gobierno. Se equivoca si ayer no quiso interpretar lo que pasó.

Se equivoca si no apreció el alcance de una huelga general convocada y celebrada prácticamente dentro de los primeros cien días de gestión.

Se equivoca si prefirió contar diez donde había cien, mil donde había diez mil.

Se equivoca el Gobierno si lo fía todo a los 10 millones que le votaron, porque la inmensa mayoría que lo hicieron y la otra inmensa mayoría que ni siquiera fue a votar hace cuatro meses, se considera ahora engañada por un Gobierno que primero miente y, acto seguido, profundiza en los mismos errores que llevaron al gobierno anterior al mayor varapalo electoral de la historiad del PSOE.

Se equivoca Mariano Rajoy y se equivocan sus ministros perseverando en el error de creer que todavía los ciudadanos están culpando a Zapatero de la crisis, de la prima de riesgo, del montante de la deuda y del insoportable paro que sufrimos.

Y se equivoca si cree que están calando los mensajes de la prensa del régimen que proclama cada día, de manera machacona y casi psicópata, que esta reforma laboral es buena para España, que va a crear empleo después de destruir 630.000, ¿o será también mentira que las previsiones son esas cuando en realidad rebasaremos los 6 millones de parados cuando acabe este terrible año de 2012?

La huelga general de ayer no fue un fracaso.

En todo caso no fue un fracaso de los sindicatos, una de las víctimas elegidas por los responsables de esta crisis para allanar el camino hacia la desregulación total de las relaciones laborales, en su empeño de hacer tabla rasa con todos los derechos tan duramente conquistados.

Porque con esta reforma, en vigor desde hace más de un mes, ni se crea empleo ni se calman los mercados.

Los sindicatos triunfaron ayer porque frente al empeño de los 10 millones de votos lograron movilizar hacia la protesta a un país desencantado, acogotado por la crisis, pero sobre todo temeroso de las consecuencias que pueda tener para cada uno ejercer derechos como el de la huelga que este gobierno y sus acólitos amenazan con restringir al grito de “España no ser lo puede permitir”.

Lo que no se puede permitir España, en realidad, es un Gobierno que le mienta, que prometa no bajar impuestos y lo haga en su primer consejo de ministros; no se merece un gobierno que jure que no subirá la luz y lo haga dos meses después; no se puede permitir un gobierno que siga pensando exclusivamente en los que más tiene y cargue el peso de la crisis en los que ni la provocaron ni tienen espaldas para resistirla; España no se puede permitir un Gobierno que se niegue a negociar con los agentes sociales amparándose en que las urnas le dieron legitimidad para hacer lo que le venga en gana al Partido Popular o a los mercados.

Lo que no se puede permitir un país como el nuestro es un Gobierno que desprecie lo ocurrido ayer en las industrias, en las empresas y en las calles. Porque pretender minimizarlo es hacer un patético ridículo en los tiempos en que la comunicación camina mucho más rápido que las estrategias de agitación y propaganda, más rápido que las televisiones manipuladas o los editorialistas de la caverna.

Lo que no se puede permitir un país roto por la crisis, desangrándose con el desempleo, es un gobierno arrogante que hoy mismo, este mismo viernes, se disponga a apalancarse precisamente en la misma deriva ultraliberal que provocó esta crisis, con sus dos recesiones y camino de la tercera.

Se equivoca este Gobierno si cree que los ciudadanos solo podemos hablar cada cuatro años.

Ayer hablaron los ciudadanos, hablaron los sindicatos, los parados y los trabajadores; hablaron las calles, las asociaciones sociales, los estudiantes y los funcionarios. Habló un país que se resiste a callarse paralizado por el miedo.

28 marzo, 2012

Perretas estériles de Cardona

Totalmente innecesario, además de delator. Al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, le están perdiendo con demasiada frecuencia sus modales escasamente democráticos. Goza de una cómoda y segura mayoría absoluta que le permite superar cualquier debate plenario, cualquier decisión que pudiera tener la más agria contestación por parte de la oposición. No necesita por lo tanto hacer piruetas incómodas, rizar el rizo de un gobernante que se convierte en oposición de la oposición; ni intentar menguar la representación de sus adversarios en la Corporación, ni restarles el protagonismo que tienen, que es el que es y forma parte del juego democrático. Por eso resulta hasta infantil que adelante un pleno del Ayuntamiento por la vía de urgencia con el único fin de complicarle a dos concejales que además son diputados nacionales la defensa de iniciativas que molestan al PP. Pedro Quevedo y Sebastián Franquis, que acumulan a su condición de portavoces municipales de Nueva Canarias y del PSC la de diputados por la provincia de Las Palmas, se perdieron este miércoles el pleno del consistorio porque prefirieron quedarse en Madrid al debate sobre una proposición no de ley sobre las prospecciones petrolíferas, una polémica que el PP intenta taponar por tierra, mar y aire con artimañas tan estériles como la de este alcalde.



Es tan inútil y patético el intento que al final solo consigue lo contrario de lo que pretende: el debate sobre el petróleo en el Congreso de los Diputados se celebró finalmente, y sirvió para trasladar a los medios de comunicación nacionales una polémica que, lejos de tener fecha de caducidad inminente, como trata de autoconvencerse el PP, no ha hecho otra cosa que empezar. Por su parte, el pleno municipal se celebró dentro de los cauces habituales y permitió que se aprobaran, no sin cierta crispación introducida por el alcalde, los asuntos que iban en el orden del día, entre otros un plan de ajuste preceptivo para que la ciudad pueda acogerse a las vías de créditos ICO necesarias para hacerse con tesorería, pagar deudas y enviar la pelota a dentro de diez años. Patadón p'alante y ya se verá, que diría Javier Clemente.



Palabra agria tras debate blanco



En su propio pecado lleva la penitencia Juan José Cardona. La imagen de persona cercana, afable, contraria a los comportamientos que siempre criticó en José Manuel Soria cuando estuvo a su servicio, se ha transformado en la de un dirigente hosco, mal amañado, crispado y propenso a la discusión como si de un buscapleitos de taberna se tratara. Un debate sobre el Plan de Cooperación con el Cabildo de Gran Canaria que su concejal de Urbanismo, un correctísimo Martín Muñoz, llevaba con guante blanco junto a la portavoz socialista, Isabel Mena, concluyó de manera áspera por el empeño del alcalde en crispar. Muñoz pidió disculpas por las urgencias, que la concejala socialista excusó y apoyó, y hasta hubo acuerdo entre ambos en la necesidad de invertir más en determinados barrios de la ciudad que aún sufren deficiencias como falta de alcantarillado, aceras, asfaltado o agua corriente. El debate había concluido sin víctimas y cuando todo hacía pensar que se pasaría al siguiente asunto, tomó la palabra el alcalde para, en un tono agrio impropio del cargo y de lo que representa, lanzarse a recriminar a la portavoz socialista que esas obras que reclamaba no las hubiera hecho el PSOE en los cuatro años del anterior mandato.



 

Cardona abrió la caja de los truenos, porque a Isabel Mena le bastó con recordar los doce años que Cardona y los suyos estuvieron al frente de un Ayuntamiento que todos sabemos como quedó desde el punto de vista del urbanismo, de las inversiones en la periferia y de las cuentas, las sentencias judiciales adversas y la corrupción. ¿Corrupción? ¿He dicho corrupción? La palabra que más encoleriza a Cardona, sin duda. Si a alguien se le ocurre en su presencia hacer la mínima referencia a asuntos tan oscuros como el Canódromo, en el que tuvo participación directa, se arriesga seriamente a ser víctima de una catarata de improperios y de gestos violentos que pueden llegar incluso a amagos de agresión. Y no no hay en esto ni una pizca de exageración. Aún está a tiempo el alcalde de la ciudad más importante de Canarias de corregir su comportamiento y desahogar sus frustraciones, si las tiene, con actividades alejadas de la política y del cargo público por el que todos le pagamos.

27 marzo, 2012

La luz, por imperativo legal

Soria, este lunes en el Palace.
Los periodistas de Madrid han tardado muy poco tiempo en cogerle la matrícula al nuevo ministro de Industria, Energía y Turismo, el canario José Manuel Soria. “Habla demasiado”, es lo más cariñoso que dicen de él. “No tiene ni puñetera idea y no para de meterse en jardines”, resume otro con palabros de adorno algo más gruesos. “O miente muy bien o no sabe lo que dice”, concluye otro al analizar la trayectoria mediática del ministro canario del Gabinete de Rajoy. El anuncio de que va a subir el recibo de la luz entre un 5 y un 7% a partir del 1 de abril ha sido para los periodistas madrileños que siguen la información económica, particularmente la energética, la constatación de que han descubierto un auténtico bluff.

Como habrán leído por ahí, José Manuel Soria ha acusado al Tribunal Supremo de obligarle a subir el recibo de la luz, una excusa maravillosa si no fuera porque encierra una falsedad que un ministro del Reino no se puede permitir, so pena de perder su credibilidad de modo irreversible. Siendo cierto como es que el auto del Supremo da la razón a las eléctricas en sus reclamaciones de que debe acortarse la distancia sideral que separa sus costes de lo que pagamos los usuarios por la energía, igualmente es cierto que la orden del Supremo al Gobierno es que resuelva ese desfase. Y el camino más corto, como corresponde a quien no quiere meterse en berenjenales como modificar la ley, remodelar el escandallo de costes energéticos, negociar con las eléctricas una quita, reclamar más a las nuclearas… ha sido la de repercutir sobre los usuarios el histórico déficit tarifario, que ya está más cerca de los 30.000 millones de euros que de los 24.000 que se encontró José Manuel Soria.

Pagaremos los paganinis de siempre y en esa sentencia está una nueva mentira que los periodistas madrileños han detectado en los modales del ministro canario. Porque no es cierto, como solemnemente anuncia, que vaya a repercutir esas órdenes del Supremo en la Administración ni mucho menos en las compañías operadoras, con las que no se va a atrever seguro.

Montoro le endosa las extrapeninsulares

Como no se atreverá con el ministro Montoro, que lejos de aceptarle a Soria nuevas aportaciones presupuestarias a la rebaja del déficit tarifario, lo que realmente ha hecho es endosarle para que los repercuta en la tarifa los 1.900 millones de euros anuales que los Presupuestos Generales del Estado tenían contemplados para cubrir las pérdidas de los sistemas eléctricos extrapeninsulares, esto es los de Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias.

En el leve lapso de tres meses, José Manuel Soria se ha tenido que comer sus solemnes anuncios de que no subiría la electricidad en España. Lo proclamó en enero, y ya ven, el 1 de abril, sablazo en los recibos de los sufridos contribuyentes españoles. Eso sí, ha culpado al Tribunal Supremo, una excusa de muy corto recorrido que no cuelan en los  ámbitos mediáticos de la villa y corte, al contrario de cómo colaron siempre sus mentiras en Canarias. Ahora Soria está sometido al escrutinio de periodistas especializados en las tres ramas de su ministerio. Y el balance por el momento no puede ser más calamitoso.

26 marzo, 2012

Hasta pronto, don Pepito



José Esteban Rodríguez Ramírez,
director de 'El Día'.
A lo largo de la historia de un periódico se reciben muchas sentencias, unas más favorables que otras; muchas ajenas, unas cuantas propias. Sentencias que generalmente son producto de un largo proceso, de idas y venidas a los juzgados, de mucho trabajo de nuestros impagables y abnegados abogados, Luis Val y Marimi de la Nuez. Son, lo tenemos asumido, gajes del oficio, con los que apechugamos no sin cierto sobrecogimiento cada vez que nos son notificadas y empezamos por leer el enunciado. Ya se sabe eso de que los burros vuelan. Hemos sufrido más absoluciones que condenas, pero algunas de estas últimas han sido especialmente dolorosas. Nos dolió mucho que nos condenaran por el caso de La Favorita, lo que nos convirtió en los únicos investigados y castigados por la Justicia por aquel sablazo a las arcas públicas de 12 millones de euros hasta ahora sin aclarar. Nos dolió una injusta sentencia que perdonó a Soria las costas judiciales del caso chalet, tras quedar ridiculizado en una sala de vistas al descubrirse las vergonzosas mentiras de las que hizo cómplices a su esposa y a sus caseros. Ha habido sentencias, como esa que nos absolvía del pleito del ministro por el caso Chalet, que nos alegraron porque demostraban que lo que publicamos es cierto. Como nos alegró por los mismos motivos la sentencia del caso Isolux o que le archivaran al mismo ministro varias querellas contra nosotros por delitos, conspiraciones y otras majaderías que nunca cometimos.


La sentencia del circo



En todo ese ramillete de sentencias y resoluciones jamás no habíamos encontrado con ninguna tan circense y chistosa como la que recibimos este lunes en nuestras oficinas. Un juez de Santa Cruz de Tenerife nos ha condenado a respirar, contar hasta tres y ensayar ante el espejo la sustitución del hiporístico “don Pepito” por el más clásico “don José” cuando tengamos que referirnos a José Esteban Rodríguez Ramírez. La consideramos además muy original y una pieza de coleccionista, de ésas que guardaremos para responder a nuestros nietos cuando nos pregunten por el funcionamiento de la Justicia en los albores del siglo XXI. Les diremos que era un servicio público bastante defectuoso, lento, en ocasiones injusto; e implacable, mayestático, intocable… pero con algunos de sus miembros tratando de arrancar una sonrisa a los justiciables con piezas así. Claro que les explicaremos que por entonces aún era recordada una famosa canción de unos payasos del circo de la tele en cuyo estribillo los chiquillos entonaban a voz grito “hola don Pepito; hola don José”, convertido en soniquete muy festivo y socorrido en concentraciones humanas congregadas mayormente para el relajo y el solaz del público municipal y espeso.


Primero el chiste, luego los fundamentos




Quizás a su señoría le vino a la cabeza ese estribillo tan infantil durante el juicio del pasado día 2, cuando presenció en una sala de vistas del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife la escenificación de un auténtico sainete en el que un señor respetable, un prócer de la isla, hasta entonces conocido por todos como don Pepito (con perdón), clamaba por su honor con tan sólidos argumentos como que él no había dado permiso al demandado a llamarle así. Y claro, con la cancioncilla dándole vueltas a la cabeza debió salir su señoría de la sala de vistas; con la copla rondándole volvió al día siguiente a trabajar, y así hasta que se sentó a redactar la sentencia, cuyo encabezado estaba absolutamente cantado: “Hola don Pepito; hola don José”. Pero había que adaptar esos profundos versos a las circunstancias. No podía ser que una sentencia mortificara todavía más al demandante, lo que hacía descartar el “hola don Pepito; hola don José”. Así que, como hacen los malos periodistas que tienen un buen titular pero una birria de noticia, su señoría dio la vuelta a la canción y colocó el adiós por delante del don Pepito (con perdón) y comprobó que quedaba bonito si le seguía un “hola don José”.



Lo que es del circo, al circo



A continuación venía lo más fácil: adaptar la sentencia al chiste.  Como no nos podía condenar por intromisión al honor porque lo que no puede ser no puede ser y además es imposible, el señor magistrado decidió que lo mejor era desestimarle la demanda a don José y dar carta de naturaleza a la canción de don Pepito (con perdón). Con lo que hemos sido condenados a respirar hondo y llamar a don Pepito (con perdón) don José (si nos da la gana). Porque ni el don Pepito lo impusimos nosotros, sino Andrés Chaves, como dice la sentencia, ni tenemos que aplicar el don a nadie porque lo diga una sentencia. Así que, por imperativo legal, acatamos la sentencia, llamaremos José, José Esteban, don José, don José Esteban, Pepe, o Rodríguez al que hasta ahora llamábamos don Pepito. Y volveremos a llamarle don Pepito, con la venia de su señoría, si la Audiencia Provincial nos da la razón y deja esta sentencia en el lugar que le corresponde: el circo de Gaby, Fofó, Miliki y Fofito.

25 marzo, 2012

Más a la izquierda, Griñán

El PP se quejaba no hace mucho de que los sindicatos le convocaran una huelga general a tan solo ochenta días de que Mariano Rajoy se convirtiera en presidente del Gobierno. Pues bien, cien días después de ese hito, las políticas antisociales y de recortes le han pasado la primera factura electoral. Y por partida doble. Cien días han bastado, o quizás menos, para que los ciudadanos españoles hayan conocido con cierta precisión lo que ocultaba el Partido Popular cuando, desde la oposición, decía tener la solución a la crisis económica, al desempleo, a la deuda soberana y a la sequía. Cien días para olvidar.

Las astucias electoralistas, como esa tan irresponsable de esconder los presupuestos generales del Estado, que conoceremos este viernes, o la chulería de Javier Arenas de no acudir a un debate televisivo con sus contrincantes alegando que la tele pública andaluza no es plural, no han servido al PP para alcanzar su propósito de arrebatar a la izquierda el control parlamentario de la comunidad autónoma española con más tradición progresista, pero también con más paro y con más desigualdades sociales.

El PSOE ha salvado los muebles e Izquierda Unida ha experimentado un extraordinario crecimiento que debe hacer recapacitar especialmente a los socialistas. Empezando por los andaluces pero continuando por los de toda España. El último año y medio de Gobierno de Zapatero hay que borrarlo de la historia ideológica del PSOE y aprender a interpretar de manera atrevida, valiente y sin cortapisas el mensaje que cada día está transmitiendo la sociedad española: para que no gane el PP y arrase con las conquistas sociales hace falta una izquierda que las defienda de verdad, en la calle, en las instituciones, en Europa y ante el Banco Mundial. Hace falta una izquierda que no haga ascos a parar las patas a la banca, que se proponga seriamente hacer pagar más a los que más tienen, que persiga de verdad la corrupción política y empresarial, y que reponga el estado del bienestar, ley de dependencia incluida.

Si no lo hace, el PSOE estará nuevamente condenado a castigos tan ejemplarizantes como el de noviembre pasado, o a ese aviso serio que le ha dado su granero andaluz. Por eso, el giro tiene que empezar por Griñán cerrando un acuerdo serio con Izquierda Unida que de verdad produzca un cambio en Andalucía con el que se recupere la credibilidad de sus instituciones, se ponga a buen recaudo a los corruptos y se reponga la sensibilidad social tantas veces maquillada en nombre de los mercados y los mercaderes.

Lecciones para la derecha

La derecha también tiene que extraer lecciones. La soberbia y el desprecio con que ha actuado el Gobierno de Mariano Rajoy empieza a hacer mella seria entre los electores, esta vez han sido los andaluces y los asturianos, que han retirado en gran medida el apoyo que prestaron al PP en las recientes generales. Solo en Andalucía, más de 420.000 personas no repitieron su voto del 20-N. Los ataques al estado del bienestar, a los derechos sociales, perversamente resumidos en la reforma laboral, pasan la primera factura a Mariano Rajoy de la manera más evidente que tienen los ciudadanos de hacerlo, voto en mano.

El desgaste continuará sin duda, y probablemente se dispare en cuanto se conozcan los Presupuestos Generales del Estado y las consecuencias que van a tener en la vida de cada español. Pero el Gobierno no parece dispuesto a levantar el pie del acelerador en la creencia de que adoptando todas las decisiones impopulares en el primer tramo de la legislatura, los españoles sabrán olvidar, perdonar o incluso entender. Mucho tendrán que mejorar las cosas para que eso ocurra, mientras tanto, empiezan a apreciarse indicios muy serios de que la lucha contra el paro o la salida de la crisis no pueden justificarlo todo. Y que las soluciones de Rajoy no son precisamente milagrosas.

Otro aviso importante se lo ha llevado la prensa cavernícola, la que día tras días estos últimos meses se ha dedicado a insultar despiadadamente al líder socialista andaluz, José Antonio Griñán, al PSOE de Andalucía y, con insinuaciones más o menos sutiles o recurrentes, a los andaluces que votan izquierda. La misma noche electoral, tras conocerse la pírrica victoria de Javier Arenas, hervían las redes sociales y los medios audiovisuales de la derecha despotricaban rabiosamente contra los resultados, buscando culpables de inmediato, e incluso haciendo apocalípticos vaticinios sobre lo mal que lo va a pasar España si Arenas no Gobierna en la Junta. El mismísimo Pedro J. Ramírez escribía muy solemne en Twitter que “lo ocurrido en Andalucía complica mucho la política de ajuste de Rajoy y acerca a España a un escenario de rescate y economía intervenida”. Cualquiera que haya leído la prensa internacional esta pasada semana habrá notado que esas complicaciones se las achacan líderes y expertos extranjeros directamente a Mariano Rajoy, que parece que está equivocando el tiro por esa manía que tiene la derecha de intentar resolver los problemas de la ciudadanía favoreciendo solamente a los amigos.

23 marzo, 2012

Chapapote desde el PP

Acorralado por una unanimidad institucional y un movimiento social inéditos, el Partido Popular de Canarias no sabe cómo atender el encargo de frenar la ola crítica contra las prospecciones de Repsol frente a Lanzarote y Fuerteventura. Lo intenta con los argumentos y los procedimientos más aceptables, como el catálogo de ventajas económicas o las garantías ambientales a las que se compromete la petrolera. Pero también se emplea a fondo con mecanismos un poquito más fulleros, como la amenaza de que si no es España quien explote los yacimientos y quien asuma el riesgo de contaminar, lo hará Marruecos encantada de la vida. En vista de que el prontuario no ha funcionado del todo, ni a través de sus representantes naturales ni a través de los comisionados enviados por Repsol, el partido del ministro Soria ha dedicado estos últimos días a profundizar en otras estrategias algo más corrosivas, más en la línea de extender chapapote informativo y político con el que taponar las grietas abiertas en su propio discurso, un día porque no se sostiene y otro porque se lo derrumban desde las costas valencianas.

Cartas de ida pero no de vuelta



Llama la atención, por ejemplo, el comunicado emitido este viernes por el PP de Fuerteventura en el que se acusa al Cabildo de la isla de haber manipulado una carta del touroperador TUI y una conversación con alguno de sus ejecutivos que, según la institución majorera, se pronunciaron preocupados por los anuncios de prospecciones petrolíferas. El Cabildo ha aportado la carta original, y en ella efectivamente puede leerse que al operador alemán no le hace puñetera gracia eso del petróleo, si bien matiza levemente que los precios no bajarían a no ser que se produzcan vertidos. Pero la última frase de la carta es demoledora:  “Si el departamento de Gestión Sostenible de TUI Alemania puede aportar su opinión, estaríamos totalmente en contra de este proyecto”. El PP majorero, por el contrario, no aporta ninguna prueba que sostenga ni su afirmación de que los alemanes están cabreados por una supuesta manipulación de sus palabras, ni mucho menos que vayan a demandar judicialmente a las autoridades majoreras por esa utilización malintencionada de sus opiniones. Desgraciadamente la táctica consiste en conseguir que los medios publiquen esa falsa noticia para poder remitirse a ella cada vez que alguien vuelva a utilizar la opinión de TUI contra las prospecciones. Chapapote del previsible, como siempre.

Los británicos también escriben




Para colmo, casi a la vez que el PP majorero emitía ese desafortunado comunicado, los tourperadores británicos, agrupados en torno a la asociación ABTA, hacían pública una carta enviada a José Manuel Soria en la que básicamente insisten en la misma tesis, la que sostiene TUI, la que sostienen las instituciones canarias de manera mayoritaria, la que defienden los movimientos ecologistas, los empresarios sin compromisos políticos y muchos ciudadanos perplejos. Una posición que se resume en una frase de la carta de los operadores turísticos británicos: “La potencial extracción de petróleo podría resultar un daño considerable para el turismo en esta región”. Las advertencias de los profesionales del sector son cada vez más contundentes y las han situado en las instancias políticas e institucionales oportunas, como para que nadie se lleve a engaño llegado el momento procesal oportuno.

Argumentos jurídicos desde Canarias




Y hablando del momento procesal oportuno. El Gobierno de Canarias ha cumplido su advertencia de recurrir ante el Tribunal Supremo las autorizaciones a Repsol, lo que significa que ya se conocen con mayor grado de concreción sus argumentos jurídicos. Tras su lectura se consolidan las sospechas de que alguien ha tratado de asegurarle a la petrolera unos derechos a los que agarrarse en el caso de que la Justicia anule el decreto soriano por un asunto tan básico como es el de la caducidad de los permisos que el Ministerio de Industria se ha limitado ahora sencillamente a convalidar. La convalidación evita una nueva convocatoria pública de ofertas, lo que hubiera obligado a Repsol a competir en momentos muchos más hambrientos que hace una década. Pero convalidad una concesión caducada da muchas bazas al Gobierno de Canarias, que ha atacado por ahí. Sólo pensar que los servicios jurídicos del Estado no hayan advertido de estos extremos pone los pelos de punta. A no ser que la advertencia haya sido desoida, que de todo puede haber en este culebrón con tantas idas y venidas.

Poca concreción a favor




Son absolutamente respetables las opiniones que defienden la explotación petrolífera de esos yacimientos presuntamente tan ricos y tan cercanos a Canarias. Pero quizás habrían conseguido un mejor posicionamiento en el debate si hubieran concretado al máximo los aspectos económicos que con tanta determinación defienden. Por ejemplo, puestos de trabajo a crear, porque ya han quedado descartados por imposibles los 52.000 y los 5.000 que la prensa impresa anunció el mismo día. En el mejor de los casos, la cifra de empleos a crear se sitúa en torno a los 300, a no ser que los astilleros canarios reciban el encargo de fabricar los barcos especializados que las petroleras alquilan para estos menesteres. O sea, otro suponer. En esta misma línea de volatilización informativa podemos situar las dudas sobre el mecanismo por el que Canarias podría acceder a una parte de la tarta de los beneficios fiscales posibles, que quedan sin cuantificar de un modo certero. Frente a tanta inconcreción, las consecuencias de accidentes de mayor o menor cuantía producto de explotaciones petrolíferas marítimas están perfectamente documentadas en el mundo. Y las cartas de los operadores turísticos de los países que más clientes aportan a Canarias desde hace decenas de años.

22 marzo, 2012

Sal de Urdangarín sobre Zerolo

El destino es caprichoso, como el calendario por el que transita cada causa judicial. Muy poco después de que los españoles asistiéramos atónitos a la lapidación de Baltasar Garzón por un grupo organizado, descubrimos con la misma cara de pasmo que era posible meter en vereda penal nada menos que a un yerno del Rey, y con título nobiliario, para mayor escarnio y desconsideración. Acto seguido, los que creíamos que ningún otro juez o tribunal iban a atreverse con la corrupción del PP, el partido con más casos abiertos de manera simultánea, nos tropezamos con que le vuelven a abrir al ex tesorero Luis Bárcenas las causas que tan extrañamente le habían archivado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Es el bálsamo Urdangarín, que nos ha aliviado a todos un poco el mal cuerpo que se nos quedó tras lo de Garzón. Puede haber cabronadas de libro, pero cuando las cabronadas se descubren, se revelan y se critican, el mal causado no se alivia, pero al menos damos una nueva oportunidad a la justicia.

Lo que es bálsamo para la sociedad y para la propia Justicia es sal en las heridas de los urdangarines, los Bárcenas, e incluso los Zerolos, que es a donde quería llegar. El Supremo no está para muchos farolillos, de ahí que no debe ser muy saludable ni conveniente que el ex alcalde de Santa Cruz y el resto de los imputados por el caso Las Teresitas se relajen lo más mínimo. Ahí tienen para corroborarlo la noticia que adelanta nuestro compañero Noé Ramón, que maneja fuentes de la Fiscalía del Supremo, donde no se descarta revisar los delitos de prevaricación, e incluso de cohecho, que le fueron extrañamente sobreseídos de modo provisional a los principales encartados en esta trama de corrupción presuntamente presunta.

Resultaría muy extraño que Miguel Zerolo no tenga que responder ante un tribunal por su espectacular enriquecimiento a partir del año 2001, cuando se perpetra la operación urbanística; ni él y el resto de los sospechosos de las idas y venidas de préstamos multimillonarios a empleados mileuristas, de dádivas, pelotazos y valoraciones sui generis. No me quiero imaginar cómo se pondrán algunos periodistas del régimen si al Supremo se le ocurre reabrir esos delitos con la lejanía y la frialdad que otorga no rozarse con tanto capo di capi.

Las barbas de Cardona, a remojar

Pero no es solamente Zerolo quien más ha de estar preocupado por la deriva judicial de un caso en el que está claramente implicado. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, haría muy bien en buscarse un buen penalista. Nada tenemos en contra de los letrados consistoriales, pero su especialización en Derecho Administrativo no los convierte en los mejores para una causa que tanto ellos como el alcalde despreciaron penalmente.

Se pone serio el juez, se pone serio el fiscal de delitos urbanísticos, y se crece la acusación popular, que por fin empieza a apreciar que se les toma en serio con las pruebas judiciales que solicita. Conociendo cómo se coció el pelotazo del Canódromo y quiénes son los agentes en presencia, casi estaríamos por asegurar que Cardona fue un puro convidado de piedra. Seguro que conoce casi todos los pormenores, pero su papel de limitó prácticamente a rematar una operación que otros dejaron perfectamente encaminada para que se produjeran esas escandalosas plusvalías en cuestión de meses y algunos se lo llevaran crudito.

Debería habérselo dicho al juez desde el principio: fechas, nombres, contactos, fabricación del expediente impecable, elección de la empresa propiciatoria, instrucciones al Gobierno, prontuario para la oposición… todo estaba atado y bien atado cuando Juan José Cardona se sentó delante de Eduardo Fernández, presidente de Inprocansa a firmar aquella operación tan obscena.

Pero Cardona callará una vez más para no comprometer a nadie, por mucho que en estos momentos se esté tirando de los pelos por haber acudido a su primera comparecencia ante el juez excesivamente confiado.

21 marzo, 2012

Quemando fallas petroleras

Cualquiera de los argumentos de Esteban González Pons y de Rita Barberá nos valdrían. Lo clavan, la verdad. “El petróleo es una energía antigua, sucia y a extinguir”; “el paisaje beneficia a todos; el petróleo solo a la empresa (…) que pretende explotarlo”; “es el tiempo del oro verde, no del oro negro”; “que no se hagan prospecciones donde el oro verde es mejor que el negro”; “tememos al chapapote y a no volver a ver los eclipses de luna (…) porque nos los tape una torre petrolífera”. “Se acabó el turismo”. Tan acertadas frases podrían haber salido de la boca de cualquier dirigente político canario de los muchos que están embarcados en oponerse a la decisión del Gobierno de autorizar las prospecciones petrolíferas frente a Lanzarote y Fuerteventura, pero en realidad las pronunció el año pasado el diputado del PP por Valencia Esteban González Pons, el político con la incontinencia verbal más celebrada a este lado del río Pecos.

Antológica Barberá

González Pons no ha sido el único en expresarse así contra el petróleo. La lideresa valenciana, la mujer con más poder en todo el Levante español, Rita Barberá, también es autora de anatemas petrolíferos que, trasladados al actual contexto canario, harían las delicias de cualquier miembro de la plataforma contra las plataformas. En un acto interinstitucional y multipartidista celebrado en febrero de 2011, hace poco más de un año, la alcaldesa de Valencia decía cosas tan acertadas y patrióticas como que “hay momentos en la vida de los pueblos en que tenemos que manifestar la unidad, y ahora es uno de esos momentos”. Bien, Rita, ¿y qué más? Pues mucho más: “Unidad para expresarle al Gobierno [de España] y decirle con todo rigor que aquí no queremos prospecciones petrolíferas, que queremos mantener la identidad de nuestro litoral y de nuestra costa”. La señora Barberá se expresaba así en una pieza de la tele pública valenciana de dos minutos de duración en la que se ensalzaba la unidad de todos contra el petróleo, así como “el rigor” de la petición valenciana. Arropaban a la alcaldesa el entonces indiscutible Francisco Camps, el influyente Juan Cotino, y muchos alcaldes, incluso socialistas. Barberá enfatizaba el final de su soflama: “Pido a los valencianos que mantengamos una posición de unidad para mantener una posición de rechazo a las autorizaciones de prospecciones petrolíferas en el golfo de Valencia”. José Manuel Soria ha asumido en su totalidad las exigencias de sus compañeros del PP y ese clamor de la Comunidad Valenciana.

La diferencia principal es la petrolera

Esteban González Pons rehuyó por completo el debate ayer en Twitter cuando volvió a soltar la lengua a paseo y trató de resaltar las diferencias que a su juicio existen entre las prospecciones valencianas y las canarias. La distancia respecto a tierra es, a su juicio, la principal diferencia, ignorando consecuentemente las características ambientales de la franja de mar en cuestión, y por supuesto, el riesgo que pendería sobre el turismo de producirse el menor vertido. Los esfuerzos de González Pons son los de José Manuel Soria y los de todos los que intentan extender un manto de certezas que se desvanecen a poco escarbas en ellas mínimamente. Pero sin quererlo, González Pons dio en el clavo, en el acertijo que verdaderamente desentraña el enigma por el que son tan diferentes para el Gobierno las autorizaciones canarias y las no autorizaciones valencianas. El secreto está en la titularidad de los permisos de prospección, porque mientras en el Levante se trata de una multinacional inglesa, Cairn Energy, las autorizaciones para Canarias están a nombre de la multinacional española Repsol.  ¿Nacionalismo español? ¿Acaso el PP pone la proa a la pérfida Albión hasta que nos devuelvan Gibraltar? No, se trata de algo mucho más prosaico a la par que grotesco, y ambas poses tienen como protagonista al ministro del ramo, José Manuel Soria. Desde 2009, siendo vicepresidente del Gobierno, se comprometió con Repsol en una visita a su sede central en Madrid a desbloquear las prospecciones en Canarias, paralizadas por el Gobierno de Zapatero. Y ha forzado la máquina a una velocidad vertiginosa para adelantarse a cualquier cuestión jurídica que pudiera frustrar los planes de consolidar para los de Brufau los derechos sobre las cuadrículas canarias. Lo grotesco es tratar de endosarle sin éxito la carga de negatividad de las prospecciones a Paulino Rivero y, especialmente, a la parte nacionalista del Gobierno de Canarias. Un intento que puede estallarle en las manos y, por un absurdo error de cálculo y desprecio a los canarios, frustrar su victoriosa marcha hacia las elecciones de 2015.

20 marzo, 2012

Román, liberado

A Román Rodríguez solo le dieron treinta y pico minutos, lo suficiente para demostrar a los que seguíamos (más o menos) el debate de política general de Canarias que se puede aprender y mucho cuando se maneja correctamente una buena información. Que el aprendizaje de gobierno y de oposición, de parlamentario aquí y en San Jerónimo es una beca que, aprovechadita, da mucho de sí. Fue el momento más preciso y precioso del debate, el más certero, porque el ex presidente del Gobierno supo cuadrar perfectamente el diagnóstico con las pataletas del enfermo, el marco internacional con la que se nos viene encima si seguimos sin hacer nuestros deberes.

Es la inigualable ventaja de venir de vuelta y tener abierta cualquier posibilidad de regreso, la liberación que supone no mantener pacto de gobierno con ninguno de los partidos políticos presentes ayer en la Cámara para poder decirles a todos ellos que el camino no es el de repetir como cotorras el mismo discurso de siempre, la misma letanía de agravios, las ultraperiféricas ofensas, los inalcanzables propósitos, las miserables comparaciones y el intolerable "y tú más".

No es utópico pretender que paguen los que más tienen, que no acarreen con la crisis los que no tienen ninguna culpa; no es desvergonzado residenciar la deuda justo en quienes la contrajeron y sí justificarlo todo en nombre de la crisis económica abrazados al mantra de que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. No es disparatado reclamarle a un Gobierno que sea firme en la defensa del medio ambiente, por mucho que ese mismo Gobierno, o los que le precedieron no hace mucho, hayan protagonizado hechos depredadores, como cargarse un catálogo de especies protegidas para permitir un puerto inservible y carísimo con el fin de beneficiar solamente a los propietarios de los terrenos aledaños.

Australia, encorsetada

Román, liberado, gustó y se gustó; y Australia Navarro completamente encorsetada, quiso gustarse pero no gustó. Forzada en un discurso inasumible, necesitada del combate desde la tabla rasa, quiso borrar de un plumazo el paso inconfundible de su partido, el PP, por la moqueta de un Gobierno que ahora se niega a reconocer como cercano. Porque Román, Paulino, Australia... han estado casi siempre ahí, unas veces más a la derecha que otras, pero siempre sirviendo mejor a los intereses de los mismos escogidos que, en una pirueta incómoda, el PP pretende seguir sirviendo desde la bancada de la oposición con un discurso que borda la incoherencia permanentemente.

Desde el petróleo a la deuda sanitaria, desde las cuentas públicas hasta el modelo turístico y energético, el PP tiene extremadamente limitado su discurso en Canarias porque es imposible sostener ahora lo contrario a lo que defendió desde el machito. Con el problema añadido de que el margen es el que es y viene fuertemente impuesto desde Madrid, donde manda quien manda. Y, de remate, tener que soportar que el único ministro canario que ha dado ese partido en su historia se esté comportando de manera tan agreste, alimentando los sentimientos más nacionalistas, dejando pasar por inofensivos a los socialistas y abriendo una brecha enorme incluso dentro de la derecha sociológica canaria. Porque cada día que pasa se hacen más intragables los discursos de los dirigentes empresariales, necesitados de estar a bien con el ministro. La contestación institucional se les atraganta y temen por una opinión pública soliviantada que empieza a preguntarse si esto es crisis económica o sencillamente atropellos. Con esas claves supo sintonizar ayer Román Rodríguez en poquitos minutos. Falta saber si alguien le escuchó con la atención o todo quedará para la solemne prosperidad del Diario de Sesiones a la espera de que la autonomía nuestra, esta nacionalidad en crisis, cumpla sus primeros 200 años.

 

19 marzo, 2012

Repsol llama a la puerta

La cosa se pone seria. Escuchar a los presidentes de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, ver al presidente del Gobierno de Canarias haciendo causa común con Greenpeace, constatar el disgusto de agentes turísticos como TUI y comprobar que la campaña mediática tiene importantes fisuras han llevado a la multinacional Repsol a un cambio drástico de estrategia. Dos ejecutivos de la compañía se emplearon a fondo este lunes para intentar frenar la contestación institucional y ciudadana, neutralizar la manifestación del próximo día 24 y hacer valer ante la opinión pública las bondades que a su modo de ver tienen las prospecciones petrolíferas en las aguas de Canarias. Un intento algo tardío que tropezó de inmediato con las cuatro instituciones destinatarias de sus anhelos, los cabildos y las cámaras de comercio de Lanzarote y Fuerteventura. Al menos tres de ellas contestaron a los comisionados de Repsol con un amable desquite a las dos fechas propuestas con urgencia para una reunión, hoy martes y/o mañana miércoles. La respuesta no pudo ser más descorazonadora y provocativa: no podemos atenderles porque estos días estamos preparando nuestra concentración, precisamente contra las intenciones de Repsol, mira tú qué cosas. Pero si quieren pasarse por aquí, veremos la posibilidad de hacer un hueco y verles.


Segundos espadas



La respuesta, que sentó muy mal al interlocutor, es a su vez reproche porque Repsol ha esperado a tener la bendición del Consejo de Ministros para dirigirse a las instituciones más directamente implicadas en la polémica una vez ha visto las orejas al lobo de la contestación ciudadana. Para esta nueva gira, la petrolera vuelve a enviar a las islas directamente afectadas a uno de sus segundos espadas. Se trata en esta ocasión del director de la Unidad de Negocio España, Javier Moro, al que acompañaría el responsable de comunicación de la compañía para prensa regional y deportiva, Marcos Fraga. Es –más o menos- el nivel empleado hace dos semanas por Repsol para contener a una parte de los medios de comunicación, los que no merecieron la visita del presidente, Antonio Brufau. Además de esas consideraciones de escalafón, la multinacional cometió el imperdonable error de no visitar a los medios de comunicación de Fuerteventura, y sí a los de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, lo que ofendió oportunamente a las autoridades  y a los colegas majoreros. A la vista del escaso rendimiento de esa gira, Repsol parece querer concentrarse ahora en las dos islas más directamente afectadas por las prospecciones en toda su dimensión, pero quiere hacerlo de arriba abajo, exponiendo sus bondades, sus certezas y sus fortalezas a las instituciones y a las fuerzas vivas empresariales.

Atentos a los próximos días




Los síntomas de este cambio de estrategia hacen pensar que se avecina también un recrudecimiento de las acciones mediáticas, seguramente acompañadas de la correspondiente financiación publicitaria, algo que algunos de los más importantes medios de comunicación canarios sugirieron a sus interlocutores petroleros en su gira de hace dos semanas. La respuesta de la compañía, tan segura de sí misma, fue que no se invertiría un solo euro en publicidad en medios locales hasta que no hubiera prospecciones y confirmación de que hay petróleo en Canarias. No descarten que en este aspecto haya operado también un cambio de opinión, porque si bien es cierto que en algunos medios informativos de máxima difusión se ha apreciado cierta querencia al petróleo, las informaciones y comentarios favorables han contado con cierta compensación mediante la divulgación de algunas de las voces más críticas. No descarten que los días previos a la manifestación del sábado, es decir, el jueves y el viernes de esta misma semana, contemplemos en todo su esplendor hasta dónde llega el poderío mediático y comercial de Repsol y del Gobierno de España.

Águeda Montelongo lo intenta a su manera




Águeda Montelongo, presidenta del PP de Fuerteventura.

El Partido Popular de Canarias también trata de hacer su aportación a la causa petrolera en la que desde luego está bastante empeñado su presidente regional, José Manuel Soria. Una de sus más fervientes colaboradoras, la presidenta insular del PP de Fuerteventura, Águeda Montelongo, se puso manos a la obra incluso antes de que el Consejo de Ministros autorizara las prospecciones. Que tengamos confirmadas, Montelongo ha organizado al menos dos reuniones, si bien la primera de ellas, convocada para el jueves en Morro Jable, la tuvo que suspender in extremis al enterarse de que los empresarios de la zona y la cofradía de pescadores estaban abiertamente en contra del petróleo. Un relativo éxito tuvo la que celebró este mismo lunes en Gran Tarajal, si entendemos por éxito que acudieran a la convocatoria tan solo dos pescadores, los patrones mayores de Corralejo y Gran Tarajal. Convencida de que a los pescadores no les puede cautivar con la bondad del petróleo frente los recursos naturales de los que ellos viven, el argumento que está empleando la presidenta del PP majorero es de traca: ni no extraemos nosotros el petróleo lo hará Marruecos, que es menos cuidadoso con las medidas de seguridad ambientales. Para respaldar sus tesis, Montelongo muestra unos mapas facilitados por el Ministerio de Industria en los que se aprecian las cuadrículas españolas y marroquíes, mapas que veremos estos próximos días convenientemente publicados en la prensa de Canarias. El argumento lo repiten otros voceros, pero choca de bruces con la constatación de que a) Marruecos no va a chupar de los mismos yacimientos; b) las autorizaciones marroquíes están muy alejadas de Canarias, y las más cercanas -más de 100 kilómetros- están sujetas a suspensión por parte de la ONU al afectar a territorios ocupados. Ya iremos viendo cómo se despacha el PP este requiebro.

18 marzo, 2012

El petróleo, una más



Miguel Concepción, corriendo al encuentro de Jorge Rodríguez.

Deprisa, como si el mundo se fuera a acabar mañana, el Gobierno de Mariano Rajoy se apresura a tomar todas las medidas que la crisis teóricamente le ampara, mayormente las que en cualquier otra circunstancia no se las hubieran excusado ni sus más conspicuos votantes. Han sido ochenta días verdaderamente demoledores para los derechos laborales, par el estado del bienestar, para el bolsillo de las clases medias, para los estudiantes de Valencia, para los sindicatos, para los parados… Y han sido ochenta días especialmente humillantes para los canarios, muchos de los cuales quisieron ver en la designación de un ministro isleño una ventaja en tiempos de tantas tribulaciones. La decisión del viernes de autorizar a Repsol a hacer catas en las cuadrículas petrolíferas cercanas a Canarias, es decir, a perforar para confirmar si allí hay hidrocarburos, es grave por el fondo y por las formas y no ha hecho otra cosa que confirmar el tamaño de la ruptura institucional entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. La decisión dividirá de manera dramática a la sociedad canaria por la mezcla perversa entre negocios, intereses políticos, posicionamientos mediáticos y crisis económica que componen el conflicto petrolero, todo ello con una variable, la ambiental, que vuelve a ser el machango que cada cual agitará como mejor le convenga pero que, al final, como siempre, será la que salga más perjudicada.


TUI, la voz más desapasionada y alejada



La importancia económica de los yacimientos que se presumen cerca de Fuerteventura y Lanzarote parece indiscutible. De confirmarse los cálculos que hace la petrolera Repsol, los recursos podrían suponer para el Estado español un ingreso muy importante en forma de tributos, además de una fuerte aportación (se estima que del 10% anual) al abastecimiento de hidrocarburos para la demanda nacional. Algunos detalles, estos más difusos, apuntan a ventajas económicas para Canarias gracias a la creación de puestos de trabajo relacionados con los astilleros y el avituallamiento de las plataformas, descartada como está por el momento la posibilidad de que la Comunidad Autónoma, mediante una modificación de la Ley de Hidrocarburos, pueda tener participación en el cobro de tributos por la explotación de esos yacimientos. Hasta ahí, la vertiente positiva. La negativa la ha resaltado estas últimas semanas el touroperador TUI, por mencionar la opinión más desapasionada y alejada de los focos del conflicto propiamente isleño. TUI exige información sobre la cuestión petrolífera y ya avisa de que con extracciones ahí afuera ellos se llevarán a sus turistas a otro lado, o en el mejor de los casos, los avisarán para que sepan a dónde vienen y a lo que se atienen. Eso equivale automáticamente a una devaluación del destino turístico y a la caída automática de los precios por debajo de los paupérrimos niveles que ahora presentan. A la voz de TUI se han unido instituciones, colectivos ecologistas, expertos en turismo, expertos en naturaleza, economistas, analistas de todo tipo y condición que coinciden en que el menor de los riesgos de vertidos pondría en peligro la industria que nos ha mantenido en pie los últimos cincuenta años.

Otro pelotazo en ciernes




Ante ese clamor, que tratan de apaciguar algunos medios informativos engatusados por la promesa de Repsol de fuertes inversiones publicitarias y de otra índole cuando empiece sus trabajos en Canarias, el Gobierno de España ha respondido con la altanería acostumbrada, dando la espalda con desprecio a las instituciones canarias y haciendo prevalecer los intereses coyunturales y de conveniencia económica nacional a las consecuencias que podrían acarrear una decisión así. La limpieza de esas autorizaciones están en entredicho desde hace algunas semanas, y en CANARIAS AHORA lo relatamos con detalle: si prosperaran mínimamente las acciones judiciales que ha anunciado el Gobierno de Canarias contra las licencias a Repsol, el Gobierno de España podría verse obligado, a partir de este pasado viernes, a tener que indemnizar con fuertes sumas de dinero a la multinacional petrolera para compensarla por el lucro cesante y/o daño emergente. Es decir, un curioso remedo del caso Tebeto, cuando por culpa de una disparatada tramitación de un expediente administrativo, un empresario estuvo a punto de percibir del Gobierno de Canarias más de 100 millones de euros por una cantera de traquita en la que no se había movido una piedra. Casualmente, como tantas y tantas cosas ocurridas en Canarias los últimos diecisiete años, el frustrado pelotazo de Tebeto llevaba muy cerca la firma de uno de los hermanos Soria, en concreto Luis, colocado por su hermano José Manuel al frente de la Consejería de Industria para que, como decisiva aportación a la política industrial de Canarias, dejara para la posteridad un baño privado con bidé.


 Intereses inconfesables (pero menos)





Pues no, Jorge Rodríguez no es abogado, ni siquiera licenciado en Derecho. Tiene un máster MBA, lo que seguramente le acreditará suficientemente para representar los intereses de empresas ante las administraciones públicas, que fue lo que hizo la semana pasada en Madrid, cuando acompañó al presidente de Islas Airwais a gestionar ante el Ministerio de Fomento el bloqueo que sufren los pagos de las subvenciones al transporte de pasajeros canarios. Desde la Mesa del Parlamento nos habían asegurado que Jorge Rodríguez tenía concedida la compatibilidad para el ejercicio de la abogacía, que parece congeniar mejor con la actividad como parlamentario; no así el de componedor empresarial, que ya se sabe qué diluidos están los límites –y en Canarias más- entre el interés empresarial y lo que te rondaré morena que yo hablo con menganito y te lo soluciono. Pretender que Jorge Rodríguez se dedique a otra cosa distinta que a la intermediación empresarial parece bastante ingenuo, lo que debería obligarle de inmediato a renunciar de una vez (y esta vez que sea para siempre) a la noble tarea de representar solo a los ciudadanos que le eligen.

Una docena de empresas




No entendimos muy bien a qué vino la carta que les ofrecimos en CANARIAS AHORA este fin de semana, cómo era posible que Manuel Fernández se dignara dirigirse a un periódico que tiene proscrito para matizar su pertenencia o no a consejos de administración con intereses en Santa Cruz de Tenerife, sobre todo sabiendo como sabe que nosotros tenemos esa información perfectamente contrastada. Quizás necesitaba ganar un poco de tiempo mediático ante la evidencia, también adelantada aquí hace semanas, de que José Manuel Soria no cuenta con él para la inminente nueva etapa del PP canario, hasta el punto de no atribuirle ni un solo cometido en el próximo congreso regional. Pero como aquí no nos debemos a los tiempos de ningún partido político, vaya por delante que en el momento de tramitarse y de aprobarse inicialmente el Plan General de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Fernández pertenecía nada menos que a una docena de consejos de administración -o incluso ejercía como administrador único- al tiempo que formaba y aún hoy forma parte de las comisiones parlamentarias que tienen que ver con las actividades de esas empresas. Esas firmas se dedican a actividades turísticas, a la promoción inmobiliaria, a la fabricación y comercialización de desaladoras de agua de mar, a la compra-venta y arrendamiento de terrenos y locales y a la agricultura, particularmente a vinos, pescados y mariscos. Por lo tanto, es falso que el todavía secretario general del PP perteneciera entonces solo a un consejo de administración, el de Elsafe, como nos aseguraba en su amable carta del viernes. Si vuelve a insistir le publicaremos la relación de empresas y las comisiones a las que pertenece, que hoy se nos antoja un poco cansino.


Demasiada mezcolanza



Jorge Rodríguez ha tenido que enfrentarse ya demasiadas veces a esa incompatibilidad, y cuando ha sido sorprendido mezclando lo público con lo privado lo ha pasado verdaderamente mal. Como lo pasó mal Manuel Fernández, secretario general del PP, cuando por culpa de CANARIAS AHORA toda Canarias se enteró de que toda la vida se ha dedicado a representar intereses empresariales muy concretos ante las Administraciones públicas. Fuimos nosotros los que descubrimos aquel contrato suyo con Anfi del Mar de quien cobraba específicamente por gestionar proyectos urbanísticos ante las autoridades al tiempo que era representante del PP en la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Fernández nos desmintió el viernes tras haber publicado aquí que durante la tramitación del Plan General de Santa Cruz de Tenerife formaba parte de consejos de administración con intereses urbanísticos en esa ciudad y que, en consonancia con las dos actividades paralelas que desarrollaba, se cogió un sonoro cabreo al ver la suerte que corría ese documento. Como no tenemos nunca inconveniente en publicar las rectificaciones que nos llegan de personas que se pueden sentir afectadas por nuestros comentarios y/o noticias, publicamos la rectificación del señor Fernández y nos reservamos para hoy nuestro particular desmentido. Porque el secretario general del PP canario nos volvió a mentir.

16 marzo, 2012

PP de Canarias, S.A.

Jorge Rodríguez, derecha, y Miguel Concepción, izquierda, a las puertas del Ministerio de Fomento, hoy.

Viernes 16 de marzo de 2012. A la misma hora que José Manuel Soria se partía la cara por Repsol en el Consejo de Ministros, una de las personas de su máxima confianza política hacía lo propio por el dueño de Islas Airways, Miguel Concepción, ante el Ministerio de Fomento. Soria defiende un negocio colosal de la multinacional española con la excusa de que en tiempos de crisis no se puede desaprovechar ninguna oportunidad para explotar recursos naturales propios e ingresar impuestos en las arcas del Estado. Rodríguez intenta desbloquear el pago de unos 15 millones de euros que Fomento tiene retenidos al empresario tinerfeño tras abrirle un expediente por un presunto fraude millonario en la gestión de los descuentos aéreos a residentes en las Islas Canarias.

Sólo dos días antes, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, que compartió con Soria y Rodríguez el primer mandato del PP en 1995, comparecía ante un juez para explicar por qué aquel equipo de gobierno municipal permitió que un particular se embolsara nueve millones de euros en un pelotazo urbanístico gracias a un convenio y unas sobrevaloraciones que nadie es capaz de explicar con tino.

Tres noticias, tres personajes, tres negocios. Los tres con una trayectoria que refuerza esa entrega al interés empresarial. A Soria le toca ahora defender a Repsol con sus prospecciones, aún a costa de la inmensa mayoría de las instituciones canarias, que temen que se ponga en serio peligro la industria turística, la espina dorsal de la economía canaria, la que ha impedido que la crisis económica sea aún más brutal de lo que está siendo. Ya defendió en el pasado otros proyectos empresariales con tanto ahínco que se tuvo que sentar ante una magistrada para explicar su connivencia con un empresario al que terminó autorizando 7.000 camas turísticas en plena moratoria.

Jorge Rodríguez, que tiene concedida por el Parlamento de Canarias una compatibilidad para ejercer como abogado, está pendiente de sentarse en el banquillo para responder a una acusación por un delito de tráfico de influencias. En 2006, cuando su partido gobernaba en la ciudad de Telde, intercedió por una empresa a la que le amañaban los concursos para hacer viviendas sociales. No aprendió aquella lección y, lejos de ejercer como abogado como dijo a la Cámara de la que es parlamentario, sigue actuando como componedor ante instituciones regidas por su partido. Su condición de aforado ha obligado a la Justicia a hacerle una pieza separada y mandarlo a juicio en el Tribunal Superior de Justicia, porque hasta esos gastos extras nos provocan estos diligentes intermediarios empresariales.

De fondo, la sordina que diputados como Manuel Fernández, secretario general del PP canario, quiere poner a la publicación de los sueldos, los bienes y los intereses de los diputados. De los suyos, de sus intereses particulares y empresariales, ya supimos cuando el caso salmón. Mientras su jefe volaba a pescar salmón con el empresario de las 7.000 camas, él defendía como asesor con contrato los intereses del mismo amo.

Es el PP de Canarias, S.A., ahora más crecido por el poder absoluto otorgado por los ciudadanos para hacer lo que hay que hacer que ellos saben que hay que hacer.

Pues que hablen los técnicos

Tendrán que declarar los funcionarios, sugerimos prudente y humildemente tras conocer pormenorizadamente la declaración de Juan José Cardona ante el juez por el caso Canódromo. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, en una táctica absolutamente comprensible, descargó sobre ellos, sobre los técnicos municipales, las posibles responsabilidades que pudiera contener el expediente en lo referido a valoraciones y compensaciones, las que dieron lugar al pelotazo de nueve millones de euros que el juez Tomás Martín y el fiscal Javier Ródenas pretenden aclarar. Porque debemos descartar por cuestiones obvias que el juez se haya creído las acusaciones que contra los malvados adversarios políticos vertió el alcalde a la hora de descalificar, por ejemplo, las conclusiones de la comisión de investigación que se celebró en este pasado mandato municipal. O a la hora de buscar a algún socialista incauto que pudiera haber pasado cerca para endilgarle, como hizo el PP con la trama eólica, un pelotazo en el que exclusivamente tuvieron arte (y no se sabe si también parte) exclusivamente altos cargos de ese partido.

Pepe Setién, el gudari

Por mucho que Cardona cargue sobre los técnicos y se sacuda cualquier responsabilidad excepto la política, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria no puede alegar en absoluto ignorancia. Es cierto que en aquella etapa en que el alcalde Soria a ejercía el poder de manera atronadora y omnímoda, pocas cosas se discutían a la superioridad, tanto si llegaban directamente del despacho de la alcaldía como si la sugerencia provenía del todopodederoso Francisco Fernández Roca, Curro, el componedor de muchas operaciones grandiosas, verbigracia, La Favorita. Puede que sea verdad que Cardona, a la sazón concejal de Urbanismo, se limitara a firmar, pero es imposible que haya firmado el convenio del Canódromo y viera pasar ante sus ojos lo que tuvo que ver pasar y ahora alegue que todo estaba en las manos exclusivas de los funcionarios. Y en concreto ha nombrado a dos ante el juez, José Setién y Juan Miguel Zerpa. El primero es el hombre clave del urbanismo del PP, el gudari, el guerrero vasco, en honor a su

Entre Setién y Monche

Si José Setién fuera llamado a declarar es muy probable que se le pregunte si fue él quien controló la génesis del convenio urbanístico del Canódromo, si fue él quien ordenó los criterios a aplicar para efectuar unas valoraciones ceñidas a las cuentas que debían salir al final, y si fue él quien eligió las piezas de suelo con las que hacer las famosas permutas a Inprocansa/Urbacan. Si no fue él quien estuvo en las calderas de ese convenio es probable que señale a Monche, que fue el técnico que hizo las valoraciones, según consta en las conclusiones de la comisión de investigación, pero si alguien apunta a este funcionario es muy posible que, entre un cruce de acusaciones y otro, alguno de los llamados a deponer termine explicando de dónde partió la orden. Porque es evidente que nadie se sacó de la manga un expediente así, con esa pinta de impecable, con los astros alineados para el pelotazo y con todos los ingredientes necesarios para descargar las responsabilidades en el técnico de turno. A no ser que el técnico de turno termine hablando, que algunos deben estar ya hasta los mismísimos. Y si hablan por el Canódromo, ya metidos en asuntos del Servicio de Patrimonio, ¿por qué no seguir hablando del impecable expediente de La Favorita?

14 marzo, 2012

Un alcalde (y sus casualidades) ante el juez



Cardona, a la derecha, junto al jefe de los
servicios jurídicos del Ayuntamiento,
Ramón Balmaseda.

No fue ni mucho menos una comparecencia de trámite, la que cabría esperar de la que este miércoles protagonizó el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, ante el juez Tomás Martín, titular de Instrucción 3 de este partido judicial. Todo hacía pensar que sería de aliño dado que la imputación de la primera autoridad municipal solo se ha producido después de que la Audiencia Provincial de Las Palmas lo ordenase, cierto que con una inusitada insistencia del fiscal de Medio Ambiente, pero citación forzada al fin y al cabo tras un archivo provisional de la causa del Canódromo.



A esa sensación de que el pescado iba a estar todo vendido desde el primer minuto de la comparecencia contribuyó muy activamente el propio imputado, que desplegó ante la prensa amiga todos sus encantos para transmitir al mundo que es él y no la Justicia quien más ganas tenía de explicar en qué consistió ese inmenso pelotazo urbanístico gestado y ejecutado en su época de concejal de Urbanismo cuando ejercía de alcalde de la ciudad nada menos que José Manuel Soria. Qué curioso, ¿verdad?, que la palabra pelotazo vaya tan frecuentemente unida al mismo apellido.


Interrogatorio minucioso y preciso



Cardona entró al despacho del juez Tomás Martín acompañado de dos abogados de los servicios jurídicos del Ayuntamiento  y sosteniendo la sonrisa y la seguridad que ha tratado de transmitir desde que se supo que iba a ser imputado, sonrisa y seguridad que a lo largo de todo este tiempo atravesó algunas dudas razonables que le llevaron a intentar una pirueta legal para retrasar el proceso recurriendo ante el magistrado su propia citación como imputado. Una contradicción de libro, porque si lo que se desea es declarar para aclarar, recurrir para no ir o para ir más tarde no se compadece de ninguna manera.

Cardona es licenciado en Derecho y alguna vez ha ejercido como abogado, por eso sabe que en una declaración judicial hay que ser preciso y meticuloso, y por distintos motivos ejercieron con la misma precisión y meticulosidad el juez y el fiscal que por espacio de nueve horas lo interrogaron cuidadosamente. Los que pudieron albergar la duda de que el magistrado tiraría de manual para cubrir el expediente y dar por zanjado el asunto sin mayores miramientos, se encontraron con media jornada laboral de preguntas que, acto seguido, fueron complementadas con 120 que formuló el fiscal de Medio Ambiente, Javier Ródenas, especialmente interesado en aclarar si el pelotazo del canódromo fue pelotazo casual o alguien puso en manos del empresario Eduardo Fernández, propietario de Inprocansa, los cinco ases de la baraja para que hiciera saltar la banca por importe de nueve millones de euros.

No son casualidades, es estadística




El destino, que es muy puñetero (casualidades las llamó el alcalde) quiso que dos mandatos después de aquel en el que se propició el pelotazo del Canódromo, el concejal de Urbanismo de entonces ocupe ahora el despacho de la alcaldía de la misma ciudad. El mismo destino que ha querido que, entre el convenio y la imputación al alcalde haya estallado otro escándalo que afecta directamente a la misma empresa inmobiliaria y al mismo partido, el PP: el caso Lifeblood, nombre de la empresa filial de Inprocansa, beneficiada en el Canódromo, que protagoniza otra golosa operación, la del concurso de la hemodiálisis, con los intereses públicos arrastrados miserablemente por los suelos. Por mucho que diga el alcalde, nada de esto es casualidad. La concurrencia de escándalos del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas o allí donde ha tocado poder real (Gobierno de Canarias, ayuntamientos de Telde y Mogán, etcétera) hace que las posibilidades de que la Justicia meta mano a alguno de ellos se multipliquen exponencialmente.

Casualidad sería que algunos de los individuos públicos que todos conocemos pagara con su patrimonio el quebranto provocado al patrimonio común, que Cardona o Soria indemnizaran a los vecinos de Schamann por el daño que les han infligido por el pelotazo del Canódromo, en lugar de amenazarlos con demandarlos por la denuncia que provocó la declaración más larga de la historia de un político canario ante un juez.

No son los maestros



[caption id="attachment_1565" align="alignright" width="200" caption="Alumnos en un colegio."][/caption]

Lo más fácil, el camino más corto, fue buscar los párrafos referidos a los profesores y cargar sobre ellos toda la culpa de la situación de la Educación en Canarias. Pero es una visión sesgada, incompleta y, por lo tanto, falsa. En la Consejería de Educación, entre los sindicatos, entre los profesionales y entre los periodistas especializados cundió este martes la perplejidad al leer algunos titulares de prensa de Canarias que reducían a las horas que trabajan, al sueldo que cobran o a las vacaciones que disfrutan el problema de la Educación. Claro que se trata de un recurso sencillo al titular escandaloso que de inmediato capta la atención y la simpatía del lector, ya acostumbrado a escuchar de determinados individuos que los funcionarios por lo general no dan golpe. Pero resulta que no, que eso no lo han dicho los expertos de la OCDE y cualquiera que se haya leído el informe Pisa lo identifica a la primera. Siendo verdad que se afirma que los profesores cobran en apariencia un salario alto, éste se corresponde con el que se percibe cuando se accede a la profesión, que no a la carrera docente, porque en el magisterio, una vez se empieza a ejercer, se acaba la carrera, no se asciende en un escalafón por méritos, cursos, especializaciones o, simplemente, especial dedicación a una materia. El salario de un maestro canario evoluciona tan solo por los trienios, sea el maestro un entregado profesor o un mandarria cuya actualización se quedó en la segunda guerra mundial. Lo que Pisa recomienda es precisamente que se formulen incentivos y que se reconviertan complementos económicos para premiar al profesor que más innova. Es decir, pagarles más, fíjense qué diferencia.

Tener la información, vital




De lo primero que hay que felicitarse a la vista de este informe es que exista, es decir, que el Gobierno de Canarias lo haya encargado y, lejos de esconderlo como maliciosamente se ha insinuado, haya instado a sus redactores a acabarlo en un tiempo verdaderamente corto, como ellos mismos han resaltado. Lo segundo a destacar es su absoluta objetividad, su crudeza en algunos pasajes y la constatación de que tenemos un grave problema con la Educación que debemos empeñarnos seriamente en corregir entre todos, porque no es solo un asunto de las instituciones y los profesores. Periodistas especializados en Educación como Enrique Bethencourt, nada sospechoso de ser del PSOE ni defensor del actual Gobierno canario, han desmenuzado concienzudamente el informe y han llegado a las mismas dramáticas conclusiones: el problema no es de profesores sino algo mucho más profundo que no se arregla ni siquiera con un incremento en las inversiones.  Los alumnos de Canarias tienen una extracción socioeconómica verdaderamente preocupante, con unos padres que ni siquiera en el 25% de los casos tienen una educación terciaria y que, en un 39% se sitúan en un nivel económico bajo. Se trata del nivel más bajo de todas las Comunidades Autónomas españolas que participaron en Pisa, pero ajustando estadísticamente los resultados del informe para tener en cuenta las diferencias de estatus socieconómico, resulta que el rendimiento de los alumnos canarios en aspectos trascendentales como la lectura sigue siendo significativamente inferior a la media española y de la OCDE. Lo que no veas hacer en casa...


Padres alejados de la escuela






Los alumnos que acuden a colegios privados provienen de entornos económicos más ventajosos y obtienen mejores resultados, según Pisa, pero cuando se ponderan los datos socioeconómicos y considerando las características socioeconómicas de los alumnos y los colegios según los estándares, se descubre que "los centros públicos de Canarias tienen un mejor rendimiento que los privados". El factor padres y madres vuelve a ser determinante, y los expertos de la OCDE han analizado en profundidad el asunto en Canarias para llegar a la conclusión de que la implicación de los progenitores en la educación de sus hijos, en lo que ellos llaman presionar al centro educativo para que su hijo obtenga mejores resultados académicos, es menor en Canarias que en el resto de España y en la media de la OCDE. Y aquí sí se culpa a los colegios por no atraer a los padres, por no tratarlos como iguales, por no entusiasmarles con la tarea educativa de sus hijos. La falta de motivación y estímulos a los profesores, el bajo nivel socioeconómico de las familias, el desinterés de gran parte de los padres por la educación de sus hijos y una Administración demasiado alejada del diálogo, de la búsqueda de soluciones acordadas entre todas las partes han desembocado en que no hayamos corregido los problemas estructurales de la educación. Tener en la mano un informe que detecta sus carencias y que, sin apasionamientos, sin prejuicios, sin revanchas y con objetividad, formule propuestas para reconducirlo, puede ser el principio de la solución. Es preciso que la crisis económica, los temibles recortes y las ansias privatizadoras que vienen desde Madrid no pongan en riesgo el futuro.

12 marzo, 2012

Turismo sostenible (¿de sol y playa?)

La agenda política quiso que este lunes fuera de mucho contenido turístico, y que metidos todos en esa discusión, se escenificara nuevamente la ceremonia de la confusión y del disparate que es la política de Canarias. Porque mientras unos intentaban hacer realidad ese viejo sueño de diversificar la economía canaria y, dentro de esa diversificación, ir hacia un turismo de calidad que convierta nuestro destino en atractivo, eficiente y sostenible, otros proclamaban su fe irreductible en el más de lo mismo, en el producto de sol y playa que tanto ha perjudicado por momentos la imagen de España a cambio de unos beneficios fuera de proporción. Mientras unos hablaban en sede parlamentaria de innovación, de potenciar nichos diferenciadores y cualidades propias e incluso exclusivas de Canarias, otros se empeñaban en parques temáticos todavía sustentados en humo pero, eso sí, más grandes, mucho más grandes que el de la isla vecina.



Una postura en El Hierro, otras en Tenerife y en Gran Canaria



En esa ceremonia de la confusión, en ese “sé que tienes razón pero ahora mismo no me interesa dártela”, el PP pronunciaba este lunes dos discursos diametralmente contrarios. Soria, desde El Hierro, hacía una de sus apuestas favoritas por el turismo de baratillo, el turismo de sol y playa, de balconing, borracheras y bajo coste, por la renuncia a aprovechar la crisis para especializar a cada región a partir de las fortalezas de cada cual. A la misma hora, en el Parlamento de Canarias, la diputada del PP Aurora del Rosario reprochaba tenazmente a la consejera de Empleo, Industria y Energía, Margarita Ramos, que su Gobierno “no esté trabajando en otros productos como el turismo de congresos o el golf ni en fidelizar el turismo prestado por otros destinos competidores”. La petición de Soria a todas las comunidades autónomas de que se dejen de martingalas y consoliden el producto de sol y playa choca de bruces con lo que su mismo partido reclamaba a la misma hora en el Parlamento de Canarias y con lo que en la tercera isla protagonista turística del día, trataba de hacer con su fastuosidad habitual el presidente del Cabildo, el también popularJosé Miguel Bravo de Laguna con un parque de atracciones igual que el que ya tiene Tenerife. Pero más grande, eso sí, que toca papanatismo.


Energías limpias frente a petróleo



Es una pena que en el fragor de esas disputas de patio de colegio, el PP no haya escuchado con atención las palabras de una consejera que es la joya de este Gobierno. Margarita Ramos, experta en trabajo, en economía, conocedora en profundidad de las grandezas y miserias del modelo económico canario, trazaba las líneas maestras de lo que el Ejecutivo piensa acometer en esta legislatura (que lo consiga será otro cantar). Algo tan sencillo, a la vez que ambicioso, como apoyar a los sectores productivos emergentes, a los innovadores, a la especialización y derivación de la mano de obra del ladrillo hacia nuevos y rentables nichos como la energía renovable, particularmente la eólica, lo que se conoce como “empleos verdes”, o hacia actividades de “empleos blancos”, como el desarrollo de la Ley de Dependencia. Se escandalizan cuando una consejera del Gobierno se atreve a decir que hay que debatir seriamente la necesidad de poner un tope a la llegada de turistas, en repensar el modelo para hacerlo de mayor calidad y menos consumidor de nuestros recursos naturales. Es lo que se llama turismo sostenible frente al turismo depredador que tanto entusiasma a Soria en todas sus vertientes. Ya ven, una hablando de crear empleo alrededor de las energías limpias y el otro poniéndole la alfombra a las petroleras.

11 marzo, 2012

Cuando lo moderno es el petróleo

Cuesta un poco de trabajo encajar que todavía haya empresarios en Canarias que digan que renunciar al petróleo es regresar a la Edad de Piedra, que lo moderno es poner la alfombra roja a Repsol y facilitarle que explote los pozos que, previsiblemente, puede haber frente a Lanzarote y Fuerteventura. Cuesta trabajo creer que exista esa visión si no fuera por las necesarias localizaciones que hay que añadir para encajarlo todo en su lugar del puzzle. Quien así se ha expresado, quien acusa al Gobierno de Paulino Rivero de condenarnos a la prehistoria, es uno de los más influyentes empresarios de Canarias, Sergio Alonso, que pasa por ser uno de los más cultivados, uno de los más estudiosos patronos que ha dado el movimiento empresarial canario. Liberal hasta la médula, tiene su negocio principal montado alrededor de la automoción por ser concesionario de coches para Canarias y diversos países de América Latina. Primer dato necesario.

Pero si a esas leves pinceladas de los intereses que representa el señor Alonso añadimos que es el máximo defensor que tiene entre su casta el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ya tenemos todo el cuadro completo para explicarnos que haya personas cultas, bien situadas socialmente, que considere que renunciar a la explotación del petróleo frente a las costas canarias equivaldría a regresar a la Edad de Piedra. Porque Soria necesita que empresarios y medios informativos asuman y empujen no solo su empeño por meter a Repsol a explotar petróleo en Canarias, sino también su táctica de abrirle una brecha a Paulino Rivero en sus relaciones con el mundo económico isleño. Los primeros resultados de esa solicitud de apoyo ya se están apreciando.

Lobby en defensa del sector automovilístico

Sergio Alonso constituyó en su día un potente lobby empresarial y mediático para reclamar del Estado y de la Administración autonómica la construcción de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria y, más recientemente, otro similar para oponerse al proyecto de ferrocarril entre Las Palmas de Gran Canaria y el Sur de la isla. Ambas iniciativas, una a favor y la otra en contra, las realizó en defensa, en legítima defensa, de sus intereses empresariales, que no tienen por qué coincidir con el de todos los empresarios y, por ende, de todos los habitantes de Canarias.

Por lo tanto, y con todos estos ingredientes sobre la mesa, pedirle al presidente del Grupo Domingo Alonso que considere que lo “moderno” ya no es el petróleo, que las energías fósiles no hacen otra cosa que machacar este planeta contribuyendo al calentamiento global y al fin de nuestros recursos naturales, quizás sea pedirle que piense en las próximas generaciones y no en la cuenta de resultados de 2012. Pedir al señor Alonso que tenga en cuenta que producir energía en Canarias mediante renovables es más barato que hacerlo con combustibles como el petróleo o el gas, quizás sea mucho pretender, aun teniendo en cuenta que hasta la compañía Endesa se empeña en mostrar vehículos eléctricos de gran eficiencia, aunque sean de la marca Toyota.

Petróleo que has de dejar correr

También debe ser misión imposible convencer a empresarios como Sergio Alonso de que renunciar a extraer petróleo frente a las costas de Canarias en nada va a perjudicar a su negocio automovilístico porque, al menos durante las próximas décadas, vamos a seguir comprando coches Volkswagen, que se moverán gracias a gasolina que seguiremos trayendo desde refinerías que se surtirán de petróleo que llegará de fuera.  Como debe ser imposible que entienda, con todo lo que él sabe, que cabe la posibilidad que ni una sola gota del crudo que se pudiera extraer frente a Lanzarote y Fuerteventura termine consumiéndose aquí a un precio más ventajoso que el que ya tenemos.

Ni nos molestamos en explicarle al señor Alonso o a otros muchos de sus colegas empresarios, que es imposible con el actual panorama fiscal y legislativo que Canarias vea un céntimo de los beneficios que pudieran derivarse de esas extracciones.

Lo peor de todo es que esto lo sabe de sobra Sergio Alonso, de la misma manera que lo saben Santiago Santana Cazorla y todos esos empresarios que están dispuestos a poner en riesgo la gallina de los huevos de oro con tal de rendir tributo al ministro de Industria, el único que hasta ahora ha garantizado que el turismo no corre peligro porque él personalmente vendrá a tapar con sus dedos los hilillos de plastilina que puedan escaparse de los pozos de Repsol.

Habló el virrey: hasta las olas son mías

Alonso, Santana Cazorla y todos los empresarios que con más o menos pasión defienden las explotaciones petrolíferas junto a Canarias, están haciendo su contribución a la carrera política de José Manuel Soria, aportando su respaldo al que esperan convertir en presidente de Canarias en 2015. Una pretensión totalmente respetable pero que refleja muy a las claras dónde creen ellos que está el político que verdaderamente puede atender sus intereses sin pasar apuros de ningún tipo si es sorprendido mezclando agua con aceite; el que es capaz de apretar los tornillos a aquellos altos funcionarios que a su juicio han detenido el futuro de esta región aplicando las mismas leyes que los mismos políticos han elaborado en el Parlamento. Soria ya hace sus deberes por su cuenta, y desde su nuevo puesto de ministro trabaja con denuedo para atender las necesidades de sus empresarios de cabecera y, entre col y col, meter un dedo en el ojo a sus adversarios políticos locales. Lo malo es que con sus atrabiliarias salidas de tono empieza a llevarse por delante el interés de la ciudadanía y la fe de sus propios votantes. Este fin de semana, durante su visita a las Islas, expelió dos exabruptos contra el Gobierno de Paulino Rivero con el fin de que se sepa claramente quién es el virrey, el nuevo pistolero llegado a la ciudad.

En su comparecencia posterior a la Junta Directiva Regional del PP, en la que incomprensiblemente nombró a la delegada del Gobierno organizadora del congreso regional de mayo próximo, Soria soltó dos perlas que deberíamos enmarcar para que tengamos muy en cuenta cómo las piensa gastar los próximos años. Ambas perlas iban dedicadas a Paulino Rivero, la primera, por las prospecciones petrolíferas, y la segunda, por el controvertido concurso de asignación de frecuencias de radio.

Las aguas canarias son de España, recalcó, y para que quedara claro, dijo que "hasta las olas que rompen en las islas, son del Estado". El mensaje es claro: si alguien piensa ejercer algún tipo de reclamación fiscal sobre las prospecciones petrolíferas, que se vaya olvidando, que toda la recaudación será para el Estado y de su generosidad dependerá que la Comunidad Autónoma reciba algo.

La segunda sentencia fue también prosaica, más de consumo mediático, pero también con una temible carga de profundidad política. Soria dijo que se niega en redondo a conceder a Canarias más frecuencias en el espacio radioeléctrico para que el Gobierno de Paulino Rivero pueda convocar otro concurso con el que dar satisfacción a empresas mediáticas que se han sentido maltratadas por el que en estos días está pendiente de adjudicarse definitivamente. Se trata de una petición lanzada por Rivero a Zapatero en los últimos coletazos del Gobierno socialista, aún a sabiendas de que se trataba de una petición de compleja tramitación y escasos plazos para ejecutarla. Pero había que pedirla entonces para colocar al Gobierno entrante en una posición comprometida.

Pero eso a Soria le da exactamente lo mismo. O, mejor dicho, le viene muy bien pasarse por el arco del triunfo esa petición porque de ese modo -o al menos él lo cree así- coloca a Paulino Rivero en una situación difícil frente a la Cadena Ser, Onda Cero, la Cope y, en menor medida, Editorial Leoncio Rodríguez, editora de El Día, que le tiene declarada una guerra abierta y sin armisticio posible al presidente. Claro que, conociendo como conocemos a Paulino Rivero, veremos el tiempo que tarda en devolverle a Soria la ofensa y explicar a esas empresas de comunicación que la única solución legal que quedaba la ha echado por tierra el ministro Soria en su empeño por negar a Canarias el pan y la sal.

Una oportunidad de sus favoritas

Soria tiene ante sí una de esas oportunidades que le chiflan, la de devolverle a Rivero sus viejas ofensas. La del concurso de radio es una de ellas porque se convocó siendo el hoy ministro vicepresidente del Gobierno pero infligiéndole un humillante puenteo que le costó algún sonrojo entre emisoras amigas, a las que había prometido al menos estar atento al devenir de los hechos. No lo dejaron tocar bola en la elaboración y revisión de las bases, el momento más oportuno para que determinadas radios tuvieran más opciones que las demás; o a la inversa, para que las desafectas no pudieran sobrevivir al concurso.

Martín Marrero, ejecutando un acuerdo del Consejo de Gobierno, convocó el concurso de espaldas a Soria, que se hizo patente su sonoro cabreo y produjo una de las clásicas tiranteces del pacto que acabó por romperse en octubre de 2010.

10 marzo, 2012

Delegada del Gobierno organizando Congreso del PP

El líder ya habló, y el líder ha convocado el congreso regional del Partido Popular que habrá de refrendarlo como el más grande, poderoso, generoso, brillante, genial e indiscutible presidente de todos los tiempos. Los primeros datos que van llegando apuntan a que será un conclave de apoteosis soriana, sin nadie de relumbrón ocupando sitios que pudieran proyectar la menor sombra sobre el objetivo principal, el enaltecimiento del patricio y futuro candidato presidencial en 2015. Dado que se celebrará en Tenerife, Soria ha colocado como presidenta del congreso a la lideresa local, Cristina Tavío, que debe estar en estos momentos descifrando qué mensaje encierra ese encargo puramente testimonial. Y como organizadora máxima, el líder ha puesto a una incondicional, María del Carmen Hernández Bento, actual delegada del Gobierno, un cargo institucional que generalmente obliga a sus titulares a alejarse prudentemente de la primera línea partidaria, dada su condición de jefa de la Policía y de la Guardia Civil, con dedicación plena a tareas gubernamentales. No es una idea feliz, pero cualquiera le quita a Soria la ilusión por rodearse exclusivamente por incondicionales en una apoteosis de este calibre, con tantos ojos mirando a ver si alguien levanta una ceja para discrepar mínimamente.

El niño Bravo tiene una concejala más

Migdalia Rodríguez no pudo más y esta misma semana dijo a sus compañeros de Coalición Canaria que abandonaba su cargo de concejala de Deportes en el Ayuntamiento de Telde y que entregaba su acta. Alegó motivos personales, cosa que le honra, porque podía haberse ido dando un portazo, acusando a los hasta ahora suyos de haber traicionado sus principios nacionalistas, o de no entender la política deportiva del Cabildo de Gran Canaria, a cuya comprensión se entregó Rodríguez en cuerpo y alma hasta convertirse en la más importante admiradora de Lucas Bravo de Laguna, consejero del ramo, en la segunda ciudad más importante de Gran Canaria. Lo que no ha contado la dimisionaria concejala es que su retirada no es definitiva, ni tampoco que fueron sus compañeros de Corporación los que le pidieron ese gesto de honradez que la libere por fin de los lazos políticos que le impedían entrecruzar mejor los afectivos. Permaneceremos atentos a su nuevo destino, porque no está la política, ni el PP (ni el más chico de los Bravo) para andar desperdiciando valores como este.

Otro meneo judicial a Don José

Malos tiempos para el pepitismo. Pero en todos los órdenes: en el político, en el económico, en el social y, por supuesto, en el judicial. Porque no se puede ir por la vida repartiendo querellas y demandas y, simultáneamente, dando mamporros a diestro y siniestro y cometiendo los mismos (o más abultados) delitos y las mismas vulneraciones que se pretenden denunciar. La Audiencia Provincial de Las Palmas notificó este viernes al dueño del periódico El Día, José Esteban Rodríguez Ramírez, que se la tiene que envainar de nuevo, que su intento de resucitar la fenecida querella que en 2009 le interpuso a la directora deLa Provincia, Teresa Cárdenes, sigue sin tener recorrido. Y por si no se había dado cuenta todavía de la temeridad de esa acción judicial, la Sección Primera de la Audiencia Provincial le vuelve a imponer las costas, ya impuestas durante la instrucción por el mismo motivo. El dicharachero editorialista independentista debería, encima, dar gracias a Dios de que la querellada no le interpusiera en su momento una querella en sentido contrario por las cancaburradas que lanzó para tratar de defenderse de las críticas que a su línea editorial le formuló la periodista grancanaria.