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03 enero, 2012

Dos estudios de impacto y un plan territorial

Resulta cuanto menos llamativo contemplar la impostura del ministro Soria, que este lunes también fue noticia por su contundente apuesta por la energía nuclear y por la reacción de los expertos ante su manifiesta ignorancia sobre algunas cuestiones. Su anuncio sobre el gas en Canarias puede resultar esperanzador para los que apuestan firmemente por la necesidad de que ese combustible conviva unas décadas con el fuel en las centrales térmicas de las islas, a la vez que resultará una amenaza para los que conocen la capacidad del presidente del PP canario para tomar los atajos más arriesgados con tal de conseguir sus propósitos. Pretender que en tres meses se desbloqueen los dos estudios de impacto ambiental (uno para la ampliación del puerto de Arinaga y el otro para la propia planta) que están durmiendo el sueño de los justos en su ministerio puede ser un objetivo alcanzable. Pero no lo será tanto que el Cabildo de Gran Canaria pueda acabar antes de un año el plan territorial especial que requiere la instalación de una central regasificadora en cualquier punto de la isla, incluido el soñado islote frente a la central térmica de Juan Grande. Y no porque la corporación haya estado estos últimos años mirando para los celajes, sino porque el Gobierno de Canarias, siendo su vicepresidente el mismísimo Soria, se subrogó en esas competencias para no hacer absolutamente nada. Ahora, cuatro años después, con el PP en el Cabildo, una consejera socialista, Margarita Ramos, se las ha devuelto para que actúe en consecuencia.



TRES MOCIONES; TRES POSTURAS

El gas es, sea Soria ministro o concejal de Parques y Jardines, un asunto de mucha enjundia en Canarias, especialmente por los modales con los que nos quisieron imponer su penetración. Nadie parece dudar a estas alturas que, ante el clamoroso retraso en la penetración de las renovables, podría convenir a los intereses energéticos de las islas una combinación temporal de ese combustible fósil con el fuel en las centrales de ciclo combinado de Granadilla (Tenerife) y Juan Grande (Gran Canaria). Pero tratar de imponer esa penetración con una empresa confeccionada desde el poder, con un puerto como el de Granadilla cuya ejecución esconde un tremendo pelotazo urbanístico de los mismos de siempre en Tenerife, y con una frontal oposición de los municipios de la comarca del Sureste grancanario a tenerlo en Arinaga, espanta a cualquiera. La presión de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía en contra de una central en la zona (la ley la prohibe a menos de dos kilómetros de la población) ha llevado al Cabildo de Gran Canaria a contradecirse en unas cuantas ocasiones. Hasta tres mociones han sido aprobadas en el pleno de la Corporación. Las dos primeras registraron la unanimidad del PP, el PSOE, Coalición Canaria y Nueva Canarias para que la planta se instalara mar adentro. Pero hace tan solo unas semanas, una nueva moción de Nueva Canarias, el partido de los alcaldes de Santa Lucía y Agüimes (en este caso a través de la fuerza local Roque Aguayro) dio como resultado un cambio radical de postura del PP, que votó a favor de su instalación en tierra. El PSOE y CC, que ahora comparten gobierno regional, se abstuvo en esta ocasión.

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