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18 mayo, 2010

El cohecho impropio aquí, en Valencia y en el Supremo



El Tribunal Supremo acaba de propinar un sonoro y sonrojante revolcón al Tribunal Superior de Justicia de Valencia ordenándole de facto que reabra la causa de los trajes de Camps y, de camino, que la Sala de lo Civil y Penal le dé un repasito a la jurisprudencia y a la doctrina del alto tribunal español. Porque la sentencia conocida este martes, que es continuación del anuncio de fallo divulgado la semana pasada, no sólo aprecia infracción de ley en el auto que archivó aquel escándalo, sino que desmiente las sesgadas interpretaciones que el tribunal valenciano hace de las resoluciones del Supremo, descaradamente adaptadas a sus necesidades para intentar librar del banquillo al muy honorable Paco Camps.

La clave de la sentencia del Supremo, que prácticamente conduce al presidente de la Generalitat al banquillo, hay que encontrarla en la definición de cohecho impropio, que viene a ser la dádiva o regalo que le fueran ofrecidos a la autoridad o funcionario público en consideración a su función. Es decir, aceptar un regalo por ser quien eres; o en sentido contrario, si no fueras quien eres, jamás te habrían regalado esos trajes. O jamás te hubieran invitado a aquel viaje a Austria o a Noruega en jet privado, que también el TSJC anda necesitado de un repasito a la jurisprudencia.

Este tipo de cohecho, el cohecho impropio, no precisa que la autoridad que acepta la dádiva o el regalo actúe en justa correspondencia adoptando alguna decisión legal o ilegal que beneficie al que ofrece o entrega el presente. Es decir, no es necesario que Francisco Camps haya firmado un sólo mandamiento de pago en favor de cualquiera de las empresas de la trama Gürtel. Ni, en el caso de José Manuel Soria, era necesario para la existencia de cohecho que su firma apareciera estampada en el acuerdo del Cabildo de Gran Canaria que declaró de interés general la urbanización Anfi Tauro, propiedad del mismo empresario que le llevó de viaje en su jet privado dos meses antes de aquella decisión.

Esto decía la Sala de lo Civil y Penal del TSJC al archivar el caso salmón, el 21 de mayo de 2009: “No se acredita la relación de causalidad que habría de existir para que hubiera delito entre el ofrecimiento de aquel viaje [del salmón] y la condición de presidente del Cabildo que entonces ostentaba don José Manuel Soria, puesto que la adopción legal del acuerdo [declarando de interés general la urbanización Anfi Tauro] por parte del Consejo de Gobierno del Cabildo no necesitaba ni de la presencia ni de la anuencia de su presidente, cuya sustitución está legalmente prevista”.

Y esto acaba de decir, este 17 de mayo de 2010, el Supremo admitiendo el recurso de la acusación popular y el Ministerio Fiscal contra el archivo del caso de los trajes de Camps: “Para el cohecho impropio basta con la aceptación de un regalo en consideración a la función o cargo desempeñado”, como recoge casi literalmente el artículo 426 del Código Penal, que la magistrada canaria Margarita Varona, a la hora de dar carpetazo al caso salmón se despacha sencillamente afirmando que “no existe” porque “no se acredita causalidad”.

Pero dice más el Supremo, para oprobio de los que faltaron a clase el día que dieron lo del cohecho: “Entre las sentencias más recientes, la 362/08 (…) precisa que ‘el término en consideración a su función debe interpretarse en el sentido de que la razón o motivo del regalo ofrecido y aceptado sea la condición de funcionario de la persona cohechada, esto es, que sólo por la especial condición y poder que el cargo público desempeñado le otorga le ha sido ofrecida la dádiva objeto del delito, de tal forma que si de algún modo dicha función no fuese desempeñada por el sujeto activo, el particular no se hubiere dirigido a él ofertando o entregando aquel’, lo que es cualitativamente distinto que el ofrecimiento que tiene como finalidad la realización de un acto propio del cargo, que precisa al menos la definición del contenido del acto que se pretende, lo que da lugar a los cohechos propiamente dichos”.

Curiosamente en aquellas consideraciones de la magistrada Varona se agarró en agosto de 2009 la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Valencia para decir que sus colegas canarios no estimaron “in concreto la necesaria relación de causalidad entre la aceptación de la invitación de un viaje y el cargo o condición de la autoridad imputada”, José Manuel Soria López.

Luego, Canarias y Valencia, Valencia y Canarias, unidas en el mismo afán, en lo que menos de un año después el Supremo ha valorado como vaciamiento del tipo del cohecho impropio.

Soria se escurrió porque la Sala no admitió el recurso de la acusación popular, encarnada por Justicia y Sociedad, y porque el Ministerio Fiscal, en vez de recurrir al Supremo, como hicieron sus colegas valencianos con el resultado ahora conocido, optó por considerar que sí hubo delito pero que, en tal caso, estaría prescrito.

Parece claro que cuanto más se alejan de la contaminación del canapé determinadas resoluciones judiciales más se adaptan al espíritu que inspiró al legislador ante los delitos por corrupción.

12 mayo, 2010

¿Putear a Garzón?: misión cumplida



No es la primera vez en este obsceno proceso a Garzón que Margarita Robles toma la iniciativa en favor del magistrado Luciano Varela. Lo hizo en abril pasado, cuando su amigo del alma la llamó para pedirle que el Consejo General del Poder Judicial emitiera una nota de desagravio ante aquel acto (aquelarre, lo llamó la derecha) de la Complutense.

La señora Robles, que comparte con Varela un odio indisimulable contra Garzón, consiguió incluso interrumpir el almuerzo institucional en el que se encontraba el consejo (era en Granada, pero podía haber sido en cualquier parte del mundo, que para eso hay sobrada pólvora del Rey) para emitir un comunicado que causó el estupor de muchos de sus compañeros. Pero había que putear a Garzón, y ante ese afán no caben medias tintas ni protocolo de cuchipandas.

El segundo episodio público de esta persecución implacable lo protagonizó el Consejo este mismo miércoles anunciando que el pleno del órgano de gobierno de los jueces se reuniría 48 horas después para separar a Garzón cautelarmente, una vez han sabido que Varela ha acabado con su parte del trabajo y ha dictado apertura de juicio oral contra el magistrado de la Audiencia Nacional.

Tanta celeridad también tiene su ánimus jodiendi. La noticia de que Garzón podía ocupar plaza en el Tribunal Penal Internacional de La Haya era un inconveniente y había que frustrarle esa posibilidad.  Era preciso separarlo de la carrera antes de que se le autorizara ese traslado y obligarlo, en tal caso, a pedir una excedencia, con lo que perdería aforamiento y escalafón en la carrera judicial.

Alguien debería preguntar qué opina de esa celeridad el presidente del TSJ de Cantabria, instructor del expediente disciplinario de José Antonio Martín, que a punto estuvo de verlo caducar por una prórroga de tres meses dictaminada por el Consejo, sabedor de la inminente jubilación del magistrado canario.

El pleno del Poder Judicial tardó tres meses en reunirse tras hacerse pública la sentencia del Supremo que lo absolvió y que daba por terminado el proceso penal, que suspendía la acción disciplinaria contra Martín. La sentencia tardó exactamente un mes en atravesar los metros que separan el Supremo del CGPJ, la misma distancia que aún no ha recorrido el auto de Varela sentando a Garzón en el banquillo. Pero había que putear a Garzón, y debe haber valido un despacho de agencias.

Pero nada podía haber hecho la magistrada progresista Margarita Robles ni la corte de aduladores de izquierda y derecha que le hace los coros en el Poder Judicial sin el inestimable concurso de ese juez llamado Luciano Varela, que no ha disimulado jamás sus deseos de sentar en el banquillo al polémico Garzón por haber investigado los crímenes del franquismo. Len ha dado igual a Varela las críticas de su cooperación con los querellantes, los fascistas de Manos Limpias; o contradecir al Ministerio Fiscal y a colegas de la Audiencia Nacional en varias ocasiones, y hasta discrepar de doctrinas del propio Tribunal Supremo, que sostiene que no se puede mantener una acusación contra nadie con la sola presencia en el proceso de la acusación popular. La famosa doctrina Botín, que además de salvar al presidente del Santander, libró a José María Atutxa.

Porque no hay fiscal que acuse a Garzón. Del mismo modo que, salvo Varela y Robles, no hay jurista serio en España que sostenga que ese juez pudo cometer prevaricación por una actuación profesional que a lo único que puede someterse es al debate jurídico, penalizado desde ahora por estos dos astros de la Judicatura y por un presunto sindicato ultraderechista que este miércoles hablaba de “una victoria del Estado de Derecho”.

Algo bueno han conseguido Varela y Robles: que los fascistas hablen bien de este invento. Y de ellos, ¡qué honor!

05 mayo, 2010

Eso que llaman lealtad institucional



No estaba Mercedes Roldós, y no tengo ni idea si se la esperaba o si no pudo cambiar su agenda ante la visita de la ministra de Sanidad a Canarias. A Trinidad Jiménez la recibió Paulino Rivero, y seguramente en esa reunión se enteró el presidente de que su consejera de Sanidad no ha planteado jamás ante el ministerio esa fantástica deuda histórica que el Gobierno de España tiene con Canarias en materia de sanidad.

La ministra se enteró por la prensa, lo que significa que podemos encontrarnos ante una nueva fantasmada del PP en su doble discurso, en su cruzada contra el Gobierno de España al que amaga sin pegar, muy probablemente porque ni Roldós, ni Soria ni Paulino tienen argumentos para reclamar deuda histórica alguna.

El presidente Rivero volvió a proclamar urbi et orbi la necesidad de lealtad institucional. Si se refería al Gobierno de España, parece contar con ella, a tenor de lo que se está viendo. Pero si se refería a su socio del Gobierno, el PP, y particularmente a su vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, está ante un reto imposible.