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14 diciembre, 2010

Así mangonea 'El Mundo'

Soy un privilegiado, por llamar de alguna manera a esta posición en la que me ha colocado el periódico El Mundo. Como al paciente al que se le induce un coma para poder curarle, no parece que haya mejor manera de descubrir cómo actúa ese periódico que siendo víctima de sus propias artes, conocer por dentro cómo se maneja, cómo miente con descaro, cómo transforma en aparente realidad lo que no son más que falsedades.

Claro que para que no faltara ni un solo ingrediente truculento, al sainete que presencio en un lugar tan privilegiado se sumó desde el principio como instigador principal uno de los personajes que mejor conozco, el político al que he descubierto mayor número de mentiras a lo largo de casi 30 años de ejercicio del periodismo. Mentiras pronunciadas  en los juzgados o en las comisiones parlamentarias de investigación, en los medios de comunicación o en cualquier mitin. Se llama José Manuel Soria López y es el presidente del PP canario.

Porque, efectivamente, por históricas deudas morales del El Mundo con este indeseable personaje, que ha financiado a ese diario con dinero de los contribuyentes canarios a través de inútiles y sospechosas campañas publicitarias, el periódico de Pedrojota Ramírez ha abrazado como propia una más de sus increíbles teorías de la conspiración contra las cándidas almas del PP, esas ursulinas descalzas que no han hecho otra cosa que saquear las arcas públicas desde que tocaron el poder.

Asidos a una verdad incuestionable, que escribí la denuncia del caso salmón en un ordenador doméstico que perteneció a una juez en activo, el periódico más fabulador de la historia de España ha construído una gran mentira con la que trata de levantar en torno al PP un escudo protector contra cualquier investigación por corrupción presente o futura. De nada ha servido que los acusados, en una aplicación salvaje de la prueba diabólica, hayamos sido los obligados a demostrar que las acusaciones eran falsas; de nada ha servido el desmentido formal e inmediato, ni siquiera que, con documentos en la mano, todos ellos con sus sellos de entrada en sede judicial, quedara probado en el minuto uno que la denuncia del caso salmón no fue redactada por esa juez, sino por mí, el periodista que investigó el comportamiento de Soria en este asunto desde que lo descubrí en Noruega pescando salmón el mes de agosto de 2005. El periodista que más sabe en España de las trapisondas de este sujeto.

No cabía esperar más que mentiras solemnemente expuestas al confluir en el asunto personajes como José Manuel Soria, el periódico El Mundo y el periodista que ese diario destaca siempre que es necesario montar un tremendo follón con medias verdades, infamias y bajezas. Fernando Lázaro, especialista en pedrojotismo, es el reportero de las teorías más insultantes y enfangadas en torno al 11-M, lo que le ha valido encendidísimos reconocimientos y premios financiados con dinero público a través de la Asociación de Víctimas del Terrotismo, del impagable (porque ya no se le puede pagar más) Francisco José Alcaráz.

A Lázaro lo hemos podido retratar todos los españoles cuando la Policía detectó una conversación suya con un agente desleal y poco honrado que le filtraba aspectos de la llamada operación Faysán, conversación en la que queda perfectamente explicado cómo el director de El Mundo obliga a Mariano Rajoy, el jefe de Soria, a entrar en esa trama reclamando explicaciones en el Congreso de los Diputados.

Lo mismo que han pretendido reclamar aquí, miren qué cosas: el presidente de un partido que quiere gobernar España anunciando en Lanzarote que iba a pedir explicaciones al Gobierno por el comportamiento de una juez contra la que no tenía ni una sola prueba que empañara su intachable comportamiento. Por supuesto que ni lo ha pedido ni lo pedirá, porque a pesar de sus notables y sonrojantes torpezas, Rajoy debe saber algo de la separación de poderes y de que no por mucho mentir se llega antes a La Moncloa (ver 11-M).

El tal Lázaro, auxiliado en las bandas por tan fiable fuente como es José Manuel Soria, ha llegado a invertir por completo un acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y donde se decía que se enviaban al Poder Judicial las quejas de la magistrada Victoria Rosell por las sospechas de vulnerabilidad del sistema informático de Justicia de Canarias, el periodista de El Mundo escribió que se le expedientaba por falta "grave". Donde se manifestaba que se enviaban al Poder Judicial las quejas de la juez por los ataques que está recibiendo, se publica en ese panfleto que se le denegó todo por tratarse de "algo personal". Y no contento con tales retruécanos, el periodista llega a afirmar que la juez intentó sin éxito entrar en esa reunión de los jueces isleños, lo que niega la interesada y negarían si se les preguntara todos los miembros de la Sala de Gobierno. Todos menos Soria, que se inventó tal machangada con el fin de adornarle un poco más la crónica al periodista amigo.

Ante este panorama, bueno es recordar por qué el presidente del PP canario asume este papel de penoso reportero del diario El Mundo: quiere que la juez Rosell quede invalidada para  investigar los casos de corrupción que aquejan gravemente a ese partido en las Islas. De momento, la magistrada investiga una causa cercana al último escándalo de los conservadores, la adjudicación por 124,7 millones de euros de un concurso de hemodiálisis a una empresa inmobiliaria a la que el mismísimo Soria propició un tremendo pelozato urbanístico de 9 millones de euros en 2000, cuando la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sufrió su funesta alcaldía.

De momento, los periodistas sabemos más del caso Lifeblood, la empresa adjudicataria (por cierto, comprada en el mismo vivero de mercantiles de donde salieron algunas del caso Gürtel), que los jueces y fiscales. De momento.

20 octubre, 2010

De repente, las buenas noticias

Las buenas noticias a veces sí son noticias, contrariamente a lo sostenido por el aserto periodístico. Y esta semana ha venido cargada de buenas noticias. Porque es una buena noticia arrinconar a Rajoy en su frustrado soniquete del "márchese señor Zapatero", la majadería que instituyó Aznar contra Felipe González que hasta ha adoptado esa inepta de la política que es Pepa Luzardo, a la que se oyó decir el otro día lo mismo nada menos que a Jerónimo Saavedra. El mundo, al revés.

Que Rajoy tenga que aguantarse las ganas es para regocijarse, pero que ese frenazo a sus ansiedades venga de la mano de una crisis en el PP canario multiplica la satisfacción por dos. Los afiliados de ese partido en las Islas tienen motivos más que sobrados para estar satisfechos porque este 19 de octubre ha empezado definitivamente el postsorianismo.

José Manuel Soria, probablemente movido por su deseo de quedar bien con su líder nacional, hizo caso a las cuitas de Génova y rompió su pacto con Coalición Canaria sin medir ninguna de sus consecuencias, empezando por la inestabilidad insuflada a la gobernabilidad de Canarias, algo que hacía tiempo que le venía importando exactamente una higa.

Pero, además, no ha medido la dificultad que entraña poder volver a pactar con CC en el verano de 2011 si, tal y como se ha firmado entre el PSOE y los nacionalistas canarios, éstos seguirán apoyando a Zapatero hasta el final de legislatura, el pecado de lesa patria en el que Soria ha justificado públicamente su ruptura.

Y, lo aparentemente más anecdótico: Soria acomete su primera campaña electoral desde la oposición, con casi todo en contra, incluidos los apoyos que un día fueron inquebrantables en periódicos como Canarias7, enfrentados de momento al líder popular por unos cuantos platos de lentejas de menos. Sólo cuenta con la ola nacional del PP, que es la que es y durará lo que dure la crisis económica y lo que tarde Zapatero en demostrar que su crisis de gobierno de este mismo miércoles (otra buena noticia) servirá para dar la vuelta a las encuentas.

La última noticia que me ha alegrado este miércoles, 20 de octubre, ha sido la confirmación de que Soria se va a tener que tragar una a una todas las palabras, todos los insultos, todas las insidias que soltó contra mi periódico, contra la Policía y contra personas más honradas que él acerca de aquel invento del Soriagate. Llegó a gastar dinero del Gobierno de Canarias para que una revista ultra, Época, publicara un reportaje falaz en el que nos implicaba a todos en un supuesto "Gal canario" que tenía como objetivo involucrar a algunas almas cándidas del PP en casos de sonada y asquerosa corrupción.

10 octubre, 2010

En la muerte de un hombre-presidente

Lo más socorrido (y seguramente cierto) es decir que Adán Martín fue un buen presidente de Canarias, un hombre muy trabajador, un maniático de la planificación y un tecnócrata de buena fe. Que defendió a esta tierra de la manera que él creyó mejor, con sus luces y sus sombras, y a través del partido político que ayudó a crear, ATI.

Los periódicos rebosan crónicas, esquelas, encendidos elogios, gruesos obituarios... sobre la trayectoria política y vital de este presidente que se nos acaba de morir víctima de un cáncer linfático contra el que luchó a brazo partido durante muchos años. Y la unanimidad se ha extendido por todos los rincones de las islas.

Callan (y si no callan son capaces ahora de los más hipócritas hipidos) los que durante tanto tiempo dijeron de él cosas escabrosas e injustas, los que lo colocaron como un desalmado sin escrúpulos con acusaciones jamás demostradas, seguramente jamás ciertas.

Nunca tuve con Adán Martín un trato especial, nada más allá de la cordialidad con la que, me consta, trataba a todo el mundo. Hablé más veces con él cuando dejó la primera línea de fuego que cuando iba de aquí para allá llegando tarde a todos sitios.

Siempre opiné que no fue un buen presidente del Gobierno, pero en estos momentos tan especiales de la despedida no pienso en él como el mandatario atinado o errado, sino como el hombre que se marcha, el padre, el hermano, el marido, el ex marido, el amigo que deja atrás una vida de 67 años.

Y le digo adiós al hombre y al hombre-presidente en el convencimiento (absolutamente atrevido por infundado) de que se fue con la certeza de haberlo hecho bien. Con eso basta.

06 septiembre, 2010

Guardia Civil de ahora y siempre

Un policía nacional fuera de servicio fue el que, maniobrando con su coche, logró reducir hasta su detención al que conducía el presidente del Observatorio madrileño contra la Violencia de Género, Jesús Neira, que triplicó el máximo permitido en el control de alcoholemia que le hizo a continuación la Guardia Civil.

Un inspector del Cuerpo Nacional de Policía detuvo en junio en la carretera del centro de Gran Canaria a una señora que circulaba en dirección contraria. El general de la Guardia Civil en Canarias, Martínez García, ha dicho que ese policía no era competente para hacer lo que hizo, que esas son tareas del instituto armado, por lo que ha exigido medidas contra el funcionario a la jefa superior de Policía y la delegada del Gobierno.

Jesús Neira, que ha pasado de héroe a villano (quizás nunca tuvo madera de héroe y de ahí su fácil conversión) fue condenado a una multa de 1.800 euros, a la retirada del carné de conducir durante diez meses y a trabajos en favor de la comunidad. No podrá ejercer estos últimos en la Comunidad de Madrid porque la lideresa, en un rapto justiciero, borró de un plumazo el Observatorio contra la Violencia de Género que creó para este profesor creyendo que le iba a ser muy rentable electoralmente tenerlo de su lado.

La mujer que conducía en dirección contraria en Gran Canaria es la esposa de un general, del jefe de tropas de Canarias, y su caso va camino de convertirse en un nuevo ejemplo de la arbitrariedad, el favoritismo y el abuso de autoridad con los que algunos todavía se conducen por los intrincados vericuetos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Su caso, como el de Neira, hubiera quedado en uno más de cuantos tienen entrada cada día en los juzgados desde que determinadas infracciones administrativas de circulación pasaron a ser delitos. Pero la notoriedad que eligió el profesor madrileño y el comportamiento posterior del generalato en Canarias han disparado los dos asuntos hasta las portadas de los diarios y de los informativos.

El general de División Martínez García, jefe de la Guardia Civil en Canarias, que ha salido en defensa de la esposa de su compañero de armas y de rango, considerando incluso injusta y desproporcionada una sentencia con la que se conformó la imputada, cree en un principio de la autoridad bastante alejado del ordenamiento constitucional y democrático español, por lo que es necesaria la inmediata apertura de un expediente en el que se depuren las responsabilidades que sean menester.

Porque desanima bastante que quien es el jefe de una institución policial como la Guardia Civil, con competencias muy importantes en la represión de la delincuencia, en la investigación de la corrupción, en la vigilancia de la inmigración irregular, en la protección de la naturaleza y en la seguridad en el tráfico, se conduzca de una manera tan calamitosa.

Hace ya algún tiempo que la Guardia Civil está produciendo sustos anacrónicos en Canarias (que pregunten en el corredor del Sureste de Gran Canaria), y quizás todo pueda deberse al espíritu que imprime quien dirige ese cuerpo militarizado en las islas.

29 agosto, 2010

Tragedia aérea y libertades

Telecinco tiene una ganada fama de cadena populista, morbosa y mercantilista. Es verdad. No acostumbro a seguir sus programas precisamente por eso, porque deploro su estilo, con el que ha contribuido a engrandecer en España la corrosiva telebasura. Sin embargo hay que reconocerle la capacidad que ha tenido para sintonizar con un nutridísimo grupo de telespectadores enganchados a cualquiera de sus más agrestes propuestas. Es decir, en la mayoría de los casos, ofrece lo que un amplio sector de la población española está reclamando. Tan duro como evidente.

Telecinco tiene absoluta libertad para elaborar su programación, y los espectadores españoles, cada día con una mayor oferta en su mando, la de elegir lo que quieren ver en cada momento.

Ahora se dispone a emitir una miniserie de dos capítulos sobre el accidente del vuelo JK 5022, ocurrido hace dos años en Barajas con el doloroso saldo de 154 muertos, la mayoría canarios. Dicen desde la dirección de la cadena que el guión aborda el asunto desde el respeto y el cariño hacia los supervivientes y los familiares de los fallecidos. Pero nadie los ha creído.

Sin embargo, aún desconociendo como desconozco el enfoque y el contenido de esta producción televisiva, me parece más poderoso el argumento de la libertad de Telecinco para hacerla y emitirla, que el de la asociación de víctimas, que alega recurso al morbo y juicio paralelo y precipitado a los culpables, aún por determinar.

La misma libertad que tiene Telecinco para producir y emitir IL 8714 la tienen los que detestan la iniciativa para criticarla ferozmente, e incluso para no verla. Pero me parece un colosal despropósito que las instituciones canarias anden afanadas en vetar o censurar a un medio de comunicación por ejercer su misión, aunque lo haga tan rematadamente mal como temen. Lo único que van a conseguir con la polémica es que la serie tenga muchos más telespectadores.

Aún siendo los titulares principales del desgarrador dolor por la pérdida de familiares y amigos, las víctimas de ese accidente no son los propietarios de ningún derecho que limite el que tienen los demás para ejercer los suyos.

18 mayo, 2010

El cohecho impropio aquí, en Valencia y en el Supremo



El Tribunal Supremo acaba de propinar un sonoro y sonrojante revolcón al Tribunal Superior de Justicia de Valencia ordenándole de facto que reabra la causa de los trajes de Camps y, de camino, que la Sala de lo Civil y Penal le dé un repasito a la jurisprudencia y a la doctrina del alto tribunal español. Porque la sentencia conocida este martes, que es continuación del anuncio de fallo divulgado la semana pasada, no sólo aprecia infracción de ley en el auto que archivó aquel escándalo, sino que desmiente las sesgadas interpretaciones que el tribunal valenciano hace de las resoluciones del Supremo, descaradamente adaptadas a sus necesidades para intentar librar del banquillo al muy honorable Paco Camps.

La clave de la sentencia del Supremo, que prácticamente conduce al presidente de la Generalitat al banquillo, hay que encontrarla en la definición de cohecho impropio, que viene a ser la dádiva o regalo que le fueran ofrecidos a la autoridad o funcionario público en consideración a su función. Es decir, aceptar un regalo por ser quien eres; o en sentido contrario, si no fueras quien eres, jamás te habrían regalado esos trajes. O jamás te hubieran invitado a aquel viaje a Austria o a Noruega en jet privado, que también el TSJC anda necesitado de un repasito a la jurisprudencia.

Este tipo de cohecho, el cohecho impropio, no precisa que la autoridad que acepta la dádiva o el regalo actúe en justa correspondencia adoptando alguna decisión legal o ilegal que beneficie al que ofrece o entrega el presente. Es decir, no es necesario que Francisco Camps haya firmado un sólo mandamiento de pago en favor de cualquiera de las empresas de la trama Gürtel. Ni, en el caso de José Manuel Soria, era necesario para la existencia de cohecho que su firma apareciera estampada en el acuerdo del Cabildo de Gran Canaria que declaró de interés general la urbanización Anfi Tauro, propiedad del mismo empresario que le llevó de viaje en su jet privado dos meses antes de aquella decisión.

Esto decía la Sala de lo Civil y Penal del TSJC al archivar el caso salmón, el 21 de mayo de 2009: “No se acredita la relación de causalidad que habría de existir para que hubiera delito entre el ofrecimiento de aquel viaje [del salmón] y la condición de presidente del Cabildo que entonces ostentaba don José Manuel Soria, puesto que la adopción legal del acuerdo [declarando de interés general la urbanización Anfi Tauro] por parte del Consejo de Gobierno del Cabildo no necesitaba ni de la presencia ni de la anuencia de su presidente, cuya sustitución está legalmente prevista”.

Y esto acaba de decir, este 17 de mayo de 2010, el Supremo admitiendo el recurso de la acusación popular y el Ministerio Fiscal contra el archivo del caso de los trajes de Camps: “Para el cohecho impropio basta con la aceptación de un regalo en consideración a la función o cargo desempeñado”, como recoge casi literalmente el artículo 426 del Código Penal, que la magistrada canaria Margarita Varona, a la hora de dar carpetazo al caso salmón se despacha sencillamente afirmando que “no existe” porque “no se acredita causalidad”.

Pero dice más el Supremo, para oprobio de los que faltaron a clase el día que dieron lo del cohecho: “Entre las sentencias más recientes, la 362/08 (…) precisa que ‘el término en consideración a su función debe interpretarse en el sentido de que la razón o motivo del regalo ofrecido y aceptado sea la condición de funcionario de la persona cohechada, esto es, que sólo por la especial condición y poder que el cargo público desempeñado le otorga le ha sido ofrecida la dádiva objeto del delito, de tal forma que si de algún modo dicha función no fuese desempeñada por el sujeto activo, el particular no se hubiere dirigido a él ofertando o entregando aquel’, lo que es cualitativamente distinto que el ofrecimiento que tiene como finalidad la realización de un acto propio del cargo, que precisa al menos la definición del contenido del acto que se pretende, lo que da lugar a los cohechos propiamente dichos”.

Curiosamente en aquellas consideraciones de la magistrada Varona se agarró en agosto de 2009 la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Valencia para decir que sus colegas canarios no estimaron “in concreto la necesaria relación de causalidad entre la aceptación de la invitación de un viaje y el cargo o condición de la autoridad imputada”, José Manuel Soria López.

Luego, Canarias y Valencia, Valencia y Canarias, unidas en el mismo afán, en lo que menos de un año después el Supremo ha valorado como vaciamiento del tipo del cohecho impropio.

Soria se escurrió porque la Sala no admitió el recurso de la acusación popular, encarnada por Justicia y Sociedad, y porque el Ministerio Fiscal, en vez de recurrir al Supremo, como hicieron sus colegas valencianos con el resultado ahora conocido, optó por considerar que sí hubo delito pero que, en tal caso, estaría prescrito.

Parece claro que cuanto más se alejan de la contaminación del canapé determinadas resoluciones judiciales más se adaptan al espíritu que inspiró al legislador ante los delitos por corrupción.

12 mayo, 2010

¿Putear a Garzón?: misión cumplida



No es la primera vez en este obsceno proceso a Garzón que Margarita Robles toma la iniciativa en favor del magistrado Luciano Varela. Lo hizo en abril pasado, cuando su amigo del alma la llamó para pedirle que el Consejo General del Poder Judicial emitiera una nota de desagravio ante aquel acto (aquelarre, lo llamó la derecha) de la Complutense.

La señora Robles, que comparte con Varela un odio indisimulable contra Garzón, consiguió incluso interrumpir el almuerzo institucional en el que se encontraba el consejo (era en Granada, pero podía haber sido en cualquier parte del mundo, que para eso hay sobrada pólvora del Rey) para emitir un comunicado que causó el estupor de muchos de sus compañeros. Pero había que putear a Garzón, y ante ese afán no caben medias tintas ni protocolo de cuchipandas.

El segundo episodio público de esta persecución implacable lo protagonizó el Consejo este mismo miércoles anunciando que el pleno del órgano de gobierno de los jueces se reuniría 48 horas después para separar a Garzón cautelarmente, una vez han sabido que Varela ha acabado con su parte del trabajo y ha dictado apertura de juicio oral contra el magistrado de la Audiencia Nacional.

Tanta celeridad también tiene su ánimus jodiendi. La noticia de que Garzón podía ocupar plaza en el Tribunal Penal Internacional de La Haya era un inconveniente y había que frustrarle esa posibilidad.  Era preciso separarlo de la carrera antes de que se le autorizara ese traslado y obligarlo, en tal caso, a pedir una excedencia, con lo que perdería aforamiento y escalafón en la carrera judicial.

Alguien debería preguntar qué opina de esa celeridad el presidente del TSJ de Cantabria, instructor del expediente disciplinario de José Antonio Martín, que a punto estuvo de verlo caducar por una prórroga de tres meses dictaminada por el Consejo, sabedor de la inminente jubilación del magistrado canario.

El pleno del Poder Judicial tardó tres meses en reunirse tras hacerse pública la sentencia del Supremo que lo absolvió y que daba por terminado el proceso penal, que suspendía la acción disciplinaria contra Martín. La sentencia tardó exactamente un mes en atravesar los metros que separan el Supremo del CGPJ, la misma distancia que aún no ha recorrido el auto de Varela sentando a Garzón en el banquillo. Pero había que putear a Garzón, y debe haber valido un despacho de agencias.

Pero nada podía haber hecho la magistrada progresista Margarita Robles ni la corte de aduladores de izquierda y derecha que le hace los coros en el Poder Judicial sin el inestimable concurso de ese juez llamado Luciano Varela, que no ha disimulado jamás sus deseos de sentar en el banquillo al polémico Garzón por haber investigado los crímenes del franquismo. Len ha dado igual a Varela las críticas de su cooperación con los querellantes, los fascistas de Manos Limpias; o contradecir al Ministerio Fiscal y a colegas de la Audiencia Nacional en varias ocasiones, y hasta discrepar de doctrinas del propio Tribunal Supremo, que sostiene que no se puede mantener una acusación contra nadie con la sola presencia en el proceso de la acusación popular. La famosa doctrina Botín, que además de salvar al presidente del Santander, libró a José María Atutxa.

Porque no hay fiscal que acuse a Garzón. Del mismo modo que, salvo Varela y Robles, no hay jurista serio en España que sostenga que ese juez pudo cometer prevaricación por una actuación profesional que a lo único que puede someterse es al debate jurídico, penalizado desde ahora por estos dos astros de la Judicatura y por un presunto sindicato ultraderechista que este miércoles hablaba de “una victoria del Estado de Derecho”.

Algo bueno han conseguido Varela y Robles: que los fascistas hablen bien de este invento. Y de ellos, ¡qué honor!

05 mayo, 2010

Eso que llaman lealtad institucional



No estaba Mercedes Roldós, y no tengo ni idea si se la esperaba o si no pudo cambiar su agenda ante la visita de la ministra de Sanidad a Canarias. A Trinidad Jiménez la recibió Paulino Rivero, y seguramente en esa reunión se enteró el presidente de que su consejera de Sanidad no ha planteado jamás ante el ministerio esa fantástica deuda histórica que el Gobierno de España tiene con Canarias en materia de sanidad.

La ministra se enteró por la prensa, lo que significa que podemos encontrarnos ante una nueva fantasmada del PP en su doble discurso, en su cruzada contra el Gobierno de España al que amaga sin pegar, muy probablemente porque ni Roldós, ni Soria ni Paulino tienen argumentos para reclamar deuda histórica alguna.

El presidente Rivero volvió a proclamar urbi et orbi la necesidad de lealtad institucional. Si se refería al Gobierno de España, parece contar con ella, a tenor de lo que se está viendo. Pero si se refería a su socio del Gobierno, el PP, y particularmente a su vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, está ante un reto imposible.

31 marzo, 2010

Paradoja eólica

Parece que tenía razón José Manuel Soria cuando lanzó aquella bravuconada dirigida a los que criticamos aquel exceso de la bandera que mandó instalar en la plaza del Fuero de Gran Canaria, más conocida como Fuente Luminosa: “Se la van a tener que tragar”.

La frase fue pronunciada en momentos de gloria para el que entonces era presidente del Cabildo de Gran Canaria. La casi totalidad de los medios de comunicación le rendían tributo por una cosa o por otra, y con el invento de la bandera había conseguido erigir en pleno centro de Las Palmas un símbolo de defensa de la Isla frente a la agresión más cercana, la del Gobierno de Canarias de la que hoy forma parte y desde el que él personalmente se ocupa ahora de dirigir la agresión en forma de descarada discriminación sectaria.

La gente le aplaudía la hazaña, aún a sabiendas de que el invento había costado la nada desdeñable cantidad de 360.000 euros, a lo que había que sumar el coste y el mantenimiento de la bandera, instalada contraviniendo los informes técnicos, que aún hoy la desaconsejan por motivos de seguridad (vaya, aquí sí parecen claros los “motivos de seguridad”).

No nos vamos a tragar la bandera con todos sus aditamentos, pero sí el mástil, precisamente gracias al mismo político excesivo que con su participación directa e indirecta contribuyó a que se frustrara y a que apestara aquel concurso eólico que echó por tierra las expectativas de una energía limpia y alternativa para la isla.

Los dos pequeños aerogeneradores que el Ayuntamiento anuncia que va a colgar de ese homenaje a la megalomanía van a servir al menos para dar ejemplo ambiental y para ahorrar unos euros a la institución que dejó arruinada para varios mandatos.

25 marzo, 2010

En caso de duda, en favor del PP

Rosendo Naseiro dio nombre, en 1989, al primer caso de escuchas telefónicas a miembros del PP sorprendidos en plena faena. Un juez de instrucción de Valencia investigaba un caso de narcotráfico y ordenó el pinchazo de varios teléfonos, entre ellos el del diputado por Valencia Salvador Palop, hermano de un presunto narcotraficante. Lo que se escuchó por aquel entonces fue extraordinarmanete premonitorio de lo que, tiempo después, hemos ido viendo en la política española, especialmente en el PP valenciano.

Entre otras conversaciones, la Policía y el juez pudieron captar una de Palop con Eduardo Zaplana en la que, directamente, se hablaba de “comisiones bajo mano”, de forrarse con la política y de indecencias varias, al tiempo que se detectaba, a través del mentado Naseiro, una presunta financiación ilegal del PP de José María Aznar, por entonces gran valor en alza.

Las escuchas fueron recurridas por el PP, y el Supremo las anuló todas con expresas órdenes de destruirlas por completo, no fuera a ser que, años después, veinte en concreto, fueran a ponerse en relación con otro caso de financiación ilegal del mismo partido y desde la misma Comunidad Autónoma, con epicentro en la sede central de la calle Génova.

Tiene el PP la suerte de contar con la Justicia, que en caso de duda siempre falla a su favor. En el caso Naseiro fue el Supremo el que dijo que una cosa es investigar una trama de narcotráfico y otra mezclarla con la financiación ilegal de un partido político y las inmundicias de sus miembros, algunos de los cuales fueron posteriormente ministros del Reino.

Ahora ha tocado el turno al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuya Sala de lo Civil y Penal ha sido capaz de contradecir a uno de los suyos, el instructor del caso Gürtel, el magistrado Pedreira, y al Ministerio Fiscal, y ha decidido anular todas y cada una de las conversaciones intervenidas a los abogados de los imputados mientras departían con sus clientes en prisión sobre la manera de esconder las decenas de millones saqueados mediante esta trama de corrupción.

Ahora toca desactivar la bomba de Gürtell, y de paso, desprestigiar al juez que ordenó las escuchas, Baltasar Garzón, para que los demás miembros de la Judicatura se palpen la toga antes de volver a pensar en investigar al PP. En 1989 le correspondió ese honor a otro juez atrevido, Luis Manglano, que pese a ser uno de los magistrados más capaces de Valencia, jamás prosperó en la carrera por haberse atrevido con el PP.

15 marzo, 2010

La costa, para el que se la trabaja

Ya ha resultado temerario que al Gobierno de Canarias le hayan transferido desde el Estado las competencias de los Parques Nacionales. No tardaremos mucho, ya verán, en llevarnos las manos a la cabeza. Porque de una Administración que recorta las especies protegidas de manera salvaje (eso sí), legaliza una veintena de hoteles ilegales y da la espalda a la energías alternativas y a todo lo que suponga biodiversidad, cabe esperar de todo. Incluso un hotelito de cinco estrellas GL propiedad de los amigotes en medio de Timanfaya.

El legislador fue muy previsor cuando alejó del ámbito de las Comunidades Autónomas las competencias en las costas, esa gran tentación para los especuladores y para los políticos amigos de los especuladores y de la corrupción. Porque sólo con las atribuciones municipales ya estamos todos viendo lo que ocurre en el litoral español, incluido el canario.

Este lunes, en el Parlamento isleño, una destacada política del PP canario, Águeda Montelongo, ha dicho que las competencias del litoral deberían ser gestionadas por el Gobierno de Canarias. Y lo ha justificado en base al valor etnográfico que tienen algunas construcciones que la Dirección General de Costas (Madrid) se quiere llevar por delante.

Una enternecedora preocupación que, viniendo de quien viene y del partido al que pertenece, es perfectamente creíble.

05 marzo, 2010

Machote Paulino

A la prensa del régimen sólo le faltó este viernes proponer la erección de una estatua ecuestre en honor de Paulino I El Grande. Sería una escultura en bronce y de colosales proporciones, con el caballo a galope tendido y, a sus lomos, un jinete con el sable desenfundado, ligeramente inclinado hacia adelante, elevado unos veinte centímetros sobre la silla, señalando al enemigo y en posición de carga total. Las patas del equino habrían de estar en el aire, dado que el héroe está con vida, lo que obligará al artista a sustentaciones originales.

La estatua, a instalar en alguna calle heroica del reino, está más que justificada. Ha librado dos durísimas batallas contra pérfidos enemigos bárbaros en tan solo una semana, y en los dos casos ha salido victorioso. Primero sometió hasta la máxima humillación al jinete eléctrico, el que lucha con destreza contra rayos y centellas hasta dejarlos sin energía. Y luego, este mismo viernes, estrujó el cuello al jinete volador, el que arroja pesados bultos de 23 kilos sobre las cabezas de los súbditos del heroico Paulino.

A los dos enemigos les hizo firmar la rendición y la entrega de todos sus reinos y prerrogativas, tras amenazarlos con terribles castigos y plagas divinas. El jinete eléctrico sucumbió aterrorizado con la idea de tener que abandonar para siempre el paraíso. Arrodillado y sollozante ante el héroe juró por San Voltio no atacar nunca jamás con sus temibles ceros al inocente pueblo del Paulinato.

El jinete volador rindió pleitesía al ganador tras cruenta batalla en la que llegó a perder nueve kilos de peso. Nada menos.

Con su ya proverbial generosidad, conocida en todos los rincones del orbe, Paulino I El Grande decidió en el último minuto perdonarles la vida y firmar su indulto tras ofrecerse ambos bárbaros a financiar la erección.

03 marzo, 2010

Rebelión en el paulinato

La jodimos. Nada de rebelarse contra el fracaso escolar, el paro galopante, las listas de espera en la sanidad pública, la pobreza y la exclusión social, la manipulación informativa en la Televisión Canaria, el sangrante retraso de la Ley de Dependencia, la legalización de hoteles por la puerta de atrás, la reducción drástica y especulativa de las especies protegidas, los constantes fiascos de los concursos eólicos, las tomaduras de pelo de Unelco-Endesa, los fondos de reptiles, la ineptitud, la ineficacia, la corrupción… Nada de eso. Los canarios nos tenemos que rebelar contra la decisión de una compañía aérea privada que quiere cobrar por la segunda maleta facturada.

En pleno desgaste y fracaso generalizado del Gobierno, se abalanza sobre nosotros una prematura campaña electoral, y nuestro querido presidente quiere que pensemos solamente en eso, en la segunda maleta, y si pasamos de ese debate, ya nos ha preparado otro muy recurrente: el control de la población, la demonización del inmigrante como responsable de no se sabe muy bien qué suerte de deterioro de los servicios públicos.

Alerta roja, que diría Ruano. Siempre que las cosas van mal, el enemigo exterior: Iberia y el inmigrante. O Zapatero y la reforma laboral. Que ésa es otra.

22 febrero, 2010

La dimisionsita de Pérez-Camacho

Ya está. Ni una nueva referencia en las portadas de los principales diarios impresos de Canarias. La dimisión del portavoz parlamentario del PP, Miguel Cabrera Pérez-Camacho ya no es asunto primordial, como si la quiebra en la confianza en el portavoz de uno de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno fuera lo más cotidiano.

Soria lo puso en la primera línea de fuego para que, precisamente, repartiera estopa. Debía hacer frente a una corriente de pensamiento socialista encabezada por López Aguilar y Santiago Pérez consistente en afear con dureza las indecencias del Gobierno de Canarias. Y Pérez-Camacho se puso manos a la obra desde el primer día, cuando tuvo la desafortunada iniciativa de salir en defensa de su jefe con aquellos impresentables versos contra la socialista Paquita Luengo.

Tiene razón Fernando Fernández cuando asegura que el ex portavoz parlamentario ha sido uno de los mejores abogados defensores del presidente del PP canario. Y aquellos ripios ordinarios contra Paquita Luengo fueron el primer ejemplo de lo que se le venía encima al PSOE. Eran una aviso luego repetido infinidad de veces: todo lo que quieran menos incordiar a Manolo Soria. Y menos con el feo asunto de Tebeto, en el que aparece involucrado hasta sus pobladas cejas su hermano Luis.

La caída de Pérez-Camacho no debe interpretarse sólo en clave interna del PP, aún siendo relevante la forzada dimisión de su portavoz. También es la defenestración de uno de los apoyos más relevantes (si bien forzado) del actual pacto de Gobierno en Canarias.

Pero para los medios de comunicación de las Islas es una noticia de escaso calado político. Nada de estridencias, mínima repercusión. Lo hacen dimitir un sábado y las ediciones dominicales reaccionan con recato.

Hacen falta los dineros del Gobierno para paliar los efectos de la crisis económica y el brusco descenso de la publicidad. No es el mejor momento para incordiar a Soria y a Paulino.

Las crisis sólo existen si son socialistas, aunque no gobiernen en Canarias. No tienen la llave de los presupuestos de la comunidad y son inofensivos.

24 enero, 2010

Los abusos, según Manuel Fernández

La verdad es que me resulta complicadísimo ponerme a escribir para explicar cosas que creía absolutamente asumidas. Pero al leer unas declaraciones de Manuel Fernández, secretario general del PP canario, he vuelto a sorprenderme del infame nivel que tiene la política canaria.

Este señor, Fernández, es diputado regional. Para el que no lo conozca, les diré que es herreño, de El Pinar, la misma patria de Eligio Hernández. Lleva en la política canaria prácticamente desde que regresó de Noruega, donde hizo fortuna de la mano del empresario Björn Lyng, del que fue mano derecha hasta su fallecimiento.

Nunca le asaltó el menor dilema moral para compatibilizar su trabajo como consejero de Anfi del Mar con las tareas de consejero de Industria o diputado regional del PP, lo que actualmente debería causarle ciertos contratiempos si se aplicara en sus carnes el código ético de su partido, el que puso sobre la mesa este sábado para advertir a los desalmados que pretenda forrarse a su costa que busquen otro echadero, que allí no va a poder ser.

Pero además de las contradicciones peperas de cada día (cuando no es la corrupción son los trasvases de agua, los inmigrantes o la seguridad nacional) lo más inconcebible que dijo este sábado pasado Manolo Fernández fue que no había derecho a que a su Manolo Soria lo anden condenando con tanta asiduidad a pagar las costas judiciales de los pleitos que él plantea por injurias y calumnias.

Se quejó el herreño de que, en esas sentencias contra su presidente regional se anteponga la libertad de expresión al derecho al honor y a la propia imagen del querellante, quien, por cierto, en todos los casos pide cuantiosas multas y penas de cárcel. Y dijo algo más preocupante: Que “desafortunadamente” se están invirtiendo los términos y se condena a pagar las costas judiciales “a los que no ofenden, los que no desprestigian a las personas y tratan de defenderse de que cualquiera pueda insultar y faltar el respeto”.

Y es ahí cuando cabe rebelarse contra don Manuel y su versión de los hechos. Porque los términos se invierten cuando el vicepresidente del Gobierno lleva a un ciudadano ante los tribunales por exponer libremente ante el Parlamento cómo fue la trama eólica en un relato que a los jueces de la Justicia real ha parecido absolutamente creíble.

Se invierten los términos cuando, en lugar de sentarse en el banquillo el señor Soria para responder por este asunto eólico y otros de igual o mayor calado, son acusados los que denuncian sus trapisondas.

Se invierten los términos cuando un partido serio como el PP mantiene a persona tan indecente a su frente, le ríe la gracia y hasta lo defiende en acciones tan penosas como ésta.

Porque el que ofende cada día a los ciudadanos de esta tierra y a su inteligencia es precisamente el personaje en cuestión por una larga serie de actuaciones, comportamientos, trapisondas y tropelías que se haría demasiado prolijo enumerar aquí y ahora.

Qué difícil es creer en estos políticos que creen que nos representan.

13 enero, 2010

El mentiroso vertiginoso

Es humanamente imposible meter tantas mentiras en 59 segundos. O lo era hasta la noche de este martes en que los telespectadores de Televisión Española en Canarias pudimos comprobar que hay un especímen en este mundo capaz de comprimir en tan escaso margen de tiempo tantas falacias y tantas fantasmadas. Embutido en un jersey de pico color granate sobre camisa rosa, José Manuel Soria se presentó en el plató de 59 Segundos a cubrir uno de sus expedientes favoritos: mentir con solemnidad y parsimonia para que todo parezca verdad.

Fue de tal el caudal de engaños que soltó Soria de manera tan vertiginosa que hizo complicadísimo seguirle y tomar notas simultáneamente. Midió adecuadamente sus tiempos, torció las preguntas y las respuestas para llevarlas permamentemente a sus ascuas y pontificó como sólo este político es capaz de hacer sobre las corruptelas de las demás, que son comportamientos naturales y admisibles para él mismo.

Decir que el código ético de su partido admitiría a día de hoy una trapisonda como el viaje del salmón equivale a confirmar que esa iniciativa del PP es un nuevo engaño y que sus dirigentes lo reconocen abiertamente.

Decir que el Gobierno del que es vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda ha adoptado medidas para amortiguar los efectos de la crisis, es reconocer que no ha acertado ni una, como atestiguan las cifras. Miente Soria cuando dice que los presupuestos han activado medidas financieras para ayudar a las pymes, porque esas medidas, incluidas en 2009, no se pudieron aplicar por irregulares y han sido aplazadas a 2010, quizás con igual éxito.

Decir que se han reducido las listas de espera sanitarias y que han mejorado los servicios en la sanidad pública es insultar a los miles de canarios que sufren el deterioro y a los familiares que entierran a los suyos y aún hoy siguen esperando que les llamen para una intervención quirúrgica o una prueba diagnóstica. Por no contar a los que se dejan la vida a las puertas de un centro de salud cerrado a cal y canto tras el recorte de servicios.

Decir que se puede pactar con corruputos confesos en Arrecife porque el PSOE estuvo gobernando con el PIL quince años es una doble mentira. Porque ni hubo jamás pacto así ni nadie hasta ahora se había atrevido en Canarias (ni probablemente en toda España) a recibir el voto de dos concejales en esas condiciones tan pordioseras.

09 enero, 2010

Soria, ese magnífico gestor

Sumen otros 75 millones de euros más. El actual vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, va camino de arruinar a la Comunidad Autónoma de Canarias y a todas las instituciones por las que ha pasado gracias a esa cualidad suya de magnífico gestor que aún se creen quienes le votan.

Esos nuevos 75 millones de euros se corresponden con el coste de la potabilizadora Las Palmas-Telde, que se encargó durante su mandato como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y que aún hoy sigue sin arrancarse porque es una planta absolutamente inviable e inasumible económicamente por la ciudad.

En el Ayuntamiento aseguran que fue un empeño personal de Soria que esa potabilizadora se fabricara para producir agua por compresión de vapor y no por ósmosis inversa, lo que significa que el agua que produzca, aún siendo de mejor calidad, costaría entre cuatro y seis veces más producirla. Y ello por el altísimo consumo de fuel que requiere, por lo que a la ineficiencia económica hay que sumar la siempre olvidada variable ambiental.

Pero, ¿por qué se empeñó Soria en que su correligionario Álvarez Cascos pagara desde el Ministerio de Fomento una planta potabilizadora que nadie recomendaba? La respuesta pasará a formar parte del arcano en que se terminan empotrando tantas y tantas decisiones del vicepresidente del Gobierno que generalmente acaban por costarnos un dineral a los contribuyentes.

Hagamos un poco de memoria: La Favorita, 12 millones de euros para un edificio con graves deficiencias que se compró mediante un pase con el empresario Santana Cazorla: Isolux: 8 millones de euros para unos módulos de desalación que ahora han empezado a funcionar parcialmente tras una nueva inversión en membranas y en bastidores; Canódromo: un pelotazo para una empresa inmobiliaria que hizo un vertiginoso pase para que una constructora adquiriera unos derechos sobre una licencia ilegal. Se estima un coste de 30 millones de euros en indemnizaciones. La bandera: 360.000 euros para un tributo megalómano de Soria mientras fue presidente del Cabildo. Sentencias por doquier: se estima en alrededor de 90 millones de euros el coste de las sentencias condenatorias que ya ha recibido el Ayuntamiento por recursos contra decisiones adoptadas sobre todo durante la etapa de Soria. Las expropiaciones incorrectas se llevan la palma.

Por no contar los escándalos en los que directamente se ha visto envuelto este magnífico gestor: el caso salmón, el caso chalet, siempre recibiendo dádivas a cambio de favores políticos. En el primer caso, la gestión prosperó, y el empresario dadivoso se llevó las camas turísticas que pretendía. En el segundo, de haber prosperado, el empresario amigo de Soria se habría quedado con un negocio eólico impresionante en el muelle de Arinaga.

Ahora, 75 millones más de los sufridos contribuyentes que se tiran por el sumidero gracias a las magníficas ideas de este inigualable gestor. Alguien, a ser posible el señor Soria, debería dar una explicación urgente, en lo que los funcionarios municipales pierden el miedo y cuentan qué fue lo que realmente pasó en aquellos años para que se hiciera todo esto que hizo Soria instalado en la más insultante impunidad.