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28 septiembre, 2009

El respeto hay que ganárselo



Tiene todo el derecho y la legitimidad del mundo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro Feliciano, para reclamar “respeto” para las resoluciones judiciales y los órganos jurisdiccionales. Lo hizo el viernes pasado con motivo del acto formal de apertura del año judicial en Canarias, ante una sala de vistas del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria atiborrada de jueces, fiscales, políticos, abogados, procuradores, funcionarios y algunos periodistas.

La queja de Antonio Castro viene motivada por una cada vez más nutrida relación de reproches que acumula la Administración de Justicia, tanto en Canarias como en el resto de España, por resoluciones que han cabreado a los ciudadanos, particularmente en lo referido a casos de corrupción, ante los que ha habido una respuesta como mínimo vacilante.

A la Justicia hay que respetarla, faltaría más, porque los jueces deben actuar con total independencia e imparcialidad, ciñéndose exclusivamente a la ley, y no atendiendo a las presiones que puedan provenir desde otros ámbitos de la sociedad, tanto mediáticos como políticos, tanto económicos como puramente corporativos.

Dicho con el máximo respeto, no ha estado la Justicia en estos últimos tiempos a la altura de esa exigencia, porque cuando algunas resoluciones han recibido la crítica mediática ha sido precisamente por no haber respondido a la debida independencia e imparcialidad. Pero es en el momento de la crítica cuando se invoca respeto.

Y el respeto hay que ganárselo.

No es respetable, por ejemplo, que un alto tribunal como el TSJC, con la colaboración de otro órgano que también reclamó respeto el pasado viernes, la Fiscalía, archivara sin abrir las más primarias diligencias aquellas groseras conversaciones telefónicas que le remitió un juez de instrucción que descubrió a un empresario pidiendo a un presidente y a un consejero del Gobierno que apretara “los tosnillos” a unos funcionarios que debían agilizar una autorización administrativa.

Un archivo que incluía rapapolvo al osado juez, que merece el mismo respeto que los que forman parte del tribunal superior, de igual modo que merece igual respeto el fiscal anticorrupción que el fiscal jefe, Vicente Garrido, que lo exigía en la apertura del año judicial.

Tampoco ha resultado edificante para la ciudadanía que el mismo alto tribunal archivara las mentiras de un destacado político de la autonomía pronunciadas en sede parlamentaria alegando que  no se producía un daño irreparable a la causa que se investigaba. La causa era la trama eólica, miren por dónde, que aún hoy sigue dando coletazos (ver el caso chalet) y si lo ponen todo en relación verán que sí se ha dañado la investigación.

El prestigio de ese mismo alto tribunal, y más concretamente de su Sala de lo Civil y Penal, ha de verse necesariamente lastrado cuando una de las magistradas que firmó ese archivo se declaró meses más tarde amiga íntima, “desde hace muchos años” de aquel político, lo que la llevó a presentar su abstención en una causa posterior. La denuncia fue convenientemente inadmitida por el mismo alto tribunal.

No puede reclamar respeto sin poner algo de su parte la Sala que archiva el caso Salmón alegando que el viaje del vicepresidente del Gobierno, acompañando al mismo empresario que finalmente se benefició del resultado de aquellas gestiones del tosnillo, no constituyó delito de cohecho porque la expedición no fue premeditada.

Produce mucho desconcierto que ese auto de archivo haya servido meses después al TSJ de Valencia para apoyar sus tesis a la hora de archivar -y de qué manera- la causa penal abierta contra otro aforado, al que también debieron regalarle unos trajes de manera muy poco premeditada.

Si el viajero del salmón se despertó un día -sin proponérselo- con una caña pescando en Noruega, el de los trajes dobló una esquina y, de buenas a primeras, se vio vestido para una primera comunión. Desmoralizante.

Lo siento, pero se hace muy cuesta arriba que el presidente Castro fuera firmante de un auto de inadmisión de una denuncia por corrupción en el que se afeó la conducta al ciudadano denunciante -quien esto firma- acusándolo de “rayar el fraude procesal” por presentar denuncia y no querella, o por presentar querella y no denuncia, como si fuera necesaria la filigrana para denunciar a los corruptos de este país.

Por hablar de respeto, ¿No merecen, según las directivas europeas contra la corrupción, el máximo respeto los denunciantes, sin importar la forma de la denuncia?

Sobre las últimas sentencias del magistrado Gómez Cáceres, ni me pronuncio, de momento. La única vez que pedí a un juez que lo citara como testigo en una causa civil promovida por jugadores del Universidad contra mi periódico, no se presentó a juicio alegando que no sabía dónde estaban los juzgados de los Jesuitas.

El respeto que se reclama hay que ganárselo a pulso. Y debe ser recíproco.

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