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28 septiembre, 2009

El respeto hay que ganárselo



Tiene todo el derecho y la legitimidad del mundo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro Feliciano, para reclamar “respeto” para las resoluciones judiciales y los órganos jurisdiccionales. Lo hizo el viernes pasado con motivo del acto formal de apertura del año judicial en Canarias, ante una sala de vistas del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria atiborrada de jueces, fiscales, políticos, abogados, procuradores, funcionarios y algunos periodistas.

La queja de Antonio Castro viene motivada por una cada vez más nutrida relación de reproches que acumula la Administración de Justicia, tanto en Canarias como en el resto de España, por resoluciones que han cabreado a los ciudadanos, particularmente en lo referido a casos de corrupción, ante los que ha habido una respuesta como mínimo vacilante.

A la Justicia hay que respetarla, faltaría más, porque los jueces deben actuar con total independencia e imparcialidad, ciñéndose exclusivamente a la ley, y no atendiendo a las presiones que puedan provenir desde otros ámbitos de la sociedad, tanto mediáticos como políticos, tanto económicos como puramente corporativos.

Dicho con el máximo respeto, no ha estado la Justicia en estos últimos tiempos a la altura de esa exigencia, porque cuando algunas resoluciones han recibido la crítica mediática ha sido precisamente por no haber respondido a la debida independencia e imparcialidad. Pero es en el momento de la crítica cuando se invoca respeto.

Y el respeto hay que ganárselo.

No es respetable, por ejemplo, que un alto tribunal como el TSJC, con la colaboración de otro órgano que también reclamó respeto el pasado viernes, la Fiscalía, archivara sin abrir las más primarias diligencias aquellas groseras conversaciones telefónicas que le remitió un juez de instrucción que descubrió a un empresario pidiendo a un presidente y a un consejero del Gobierno que apretara “los tosnillos” a unos funcionarios que debían agilizar una autorización administrativa.

Un archivo que incluía rapapolvo al osado juez, que merece el mismo respeto que los que forman parte del tribunal superior, de igual modo que merece igual respeto el fiscal anticorrupción que el fiscal jefe, Vicente Garrido, que lo exigía en la apertura del año judicial.

Tampoco ha resultado edificante para la ciudadanía que el mismo alto tribunal archivara las mentiras de un destacado político de la autonomía pronunciadas en sede parlamentaria alegando que  no se producía un daño irreparable a la causa que se investigaba. La causa era la trama eólica, miren por dónde, que aún hoy sigue dando coletazos (ver el caso chalet) y si lo ponen todo en relación verán que sí se ha dañado la investigación.

El prestigio de ese mismo alto tribunal, y más concretamente de su Sala de lo Civil y Penal, ha de verse necesariamente lastrado cuando una de las magistradas que firmó ese archivo se declaró meses más tarde amiga íntima, “desde hace muchos años” de aquel político, lo que la llevó a presentar su abstención en una causa posterior. La denuncia fue convenientemente inadmitida por el mismo alto tribunal.

No puede reclamar respeto sin poner algo de su parte la Sala que archiva el caso Salmón alegando que el viaje del vicepresidente del Gobierno, acompañando al mismo empresario que finalmente se benefició del resultado de aquellas gestiones del tosnillo, no constituyó delito de cohecho porque la expedición no fue premeditada.

Produce mucho desconcierto que ese auto de archivo haya servido meses después al TSJ de Valencia para apoyar sus tesis a la hora de archivar -y de qué manera- la causa penal abierta contra otro aforado, al que también debieron regalarle unos trajes de manera muy poco premeditada.

Si el viajero del salmón se despertó un día -sin proponérselo- con una caña pescando en Noruega, el de los trajes dobló una esquina y, de buenas a primeras, se vio vestido para una primera comunión. Desmoralizante.

Lo siento, pero se hace muy cuesta arriba que el presidente Castro fuera firmante de un auto de inadmisión de una denuncia por corrupción en el que se afeó la conducta al ciudadano denunciante -quien esto firma- acusándolo de “rayar el fraude procesal” por presentar denuncia y no querella, o por presentar querella y no denuncia, como si fuera necesaria la filigrana para denunciar a los corruptos de este país.

Por hablar de respeto, ¿No merecen, según las directivas europeas contra la corrupción, el máximo respeto los denunciantes, sin importar la forma de la denuncia?

Sobre las últimas sentencias del magistrado Gómez Cáceres, ni me pronuncio, de momento. La única vez que pedí a un juez que lo citara como testigo en una causa civil promovida por jugadores del Universidad contra mi periódico, no se presentó a juicio alegando que no sabía dónde estaban los juzgados de los Jesuitas.

El respeto que se reclama hay que ganárselo a pulso. Y debe ser recíproco.

24 septiembre, 2009

Amordazar libertades



Hace unos días, en un encuentro on line con los lectores de CANARIAS AHORA, me preguntaron si tengo algo personal contra José Manuel Soria. Creo que contesté de una manera un tanto retórica, devolviendo al lector una pregunta para responder a la suya: ¿cómo puede sentirse un periodista, director de un periódico, frente a un político que tiene entre sus objetivos cerrar el periódico y meter a su director en la cárcel?

Creo que debí contestarle más sinceramente y reconocer que, evidentemente, tengo algo personal contra Soria: el deseo y la obligación de defenderme y de defender a mi periódico de unos ataques despiadados y antidemocráticos ejercidos desde el poder, con las herramientas del poder y utilizando para ello unos métodos que cada vez quedan más al descubierto.

La sentencia conocida este jueves por la que se me absuelve nuevamente de una de sus denuncias, en la que volvía a pedir para mí la máxima condena prevista en el Código Penal, dos años de cárcel y fuertes sumas de dinero de indemnización, viene a reflejar que el vicepresidente del Gobierno de Canarias intenta con estas acciones amordazar a la prensa crítica e impedir el libre ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información.

Lo dice el juez en el último párrafo de la sentencia, un pasaje que es una importante (y ansiada) aportación a la libertad en una tierra donde padecemos un preocupante déficit democrático en esta y en otras materias: “Es necesario evitar que la acción penal pueda convertirse en una suerte de instrumento para amordazar dichas libertades [libertad de expresión y derecho a la información]“.

Hace unos días, en el 59 Segundosde Televisión Española, me ví en la obligación de salir en defensa de Juan Fernando López Aguilar cuando varios de mis compañeros de debate lo acribillaron tras afirmar que los medios de comunicación canarios están sometidos al Gobierno regional. Es una afirmación grave pero cierta, y no es un sometimiento basado exclusivamente en la existencia de fondos de reptiles, de prebendas en forma de TDT, concursos de Televisión Canaria, financiación atípica y campañas institucionales de dudosa rentabilidad comercial.

El sometimiento tiene también otros aspectos más sutiles que acaban en algo tan terrible como la autocensura. Muchos de mis compañeros sienten terror ante personajes como José Manuel Soria porque saben que puede ocurrirles lo que me viene ocurriendo a mí durante muchos años: querella y tentetieso. No lo critican, no lo censuran, no osan incomodarle en sus ruedas de prensa, no se quieren complicar la vida por temor a que el personaje se irrite y telefonee el dueño del periódico, radio o televisión pidiendo el despido del periodista. No exagero. Ha ocurrido.

En mi caso, en nuestro caso, hemos actuado libremente, publicando y denunciando comportamientos indignos, cuando no delictivos. Y Soria nos ha pasado su particular factura: La Favorita, Isolux, el caso Chalet… lo que nos ha obligado a un esfuerzo adicional, demostrar que todo lo que hemos publicado (incluyo La Favorita, por supuesto) ha sido verdad.

Luego puedes ganar el pleito y, como en este caso, resultar absuelto con expresa condena en costas al denunciante. Pero por el camino te vas dejando mucha piel, y como dice el juez Sotoca en su sentencia, sufrir los gastos y los desvelos inherentes a un proceso penal que sientes en ocasiones kafkiano: la verdad que demostramos en el juicio es la misma que expusimos el primer día ante el juez que instruyó la causa y nos mandó al banquillo.

Eso es lo que quiere Soria, que el que critica y denuncia su comportamiento de pésimo político lo pase realmente mal y, si puede, inferirle un daño económico tan importante que acabe desapareciendo de la escena periodística. Su histrionismo, su desfachatez y las influencias que sigue teniendo en sectores de la Judicatura le han sido propicios en muchos momentos.

Pero la verdad es inapelable y termina abriéndose paso.

Los que nunca le hemos tenido miedo no somos héroes, sencillamente unos cuantos periodistas (todos los que trabajan en CANARIAS AHORA lo son y de los grandes) que amamos nuestra profesión para ejecerla en libertad.

06 septiembre, 2009

Si se tolera se puede contar



La noticia del día nunca debió ser el reportaje de Telecinco sobre la alta actividad sexual que cada día desde hace décadas registran las dunas de Maspalomas. En una esquina más recóndita de los periódicos (al menos del que yo dirijo) aparecieron este lunes unos datos escalofriantes y muy reveladores: Canarias soporta una tasa de analfabetismo cercana al 3%, según datos de 2007,  lo que quiere decir que, a la espera de lo que resulte de la fracasada política educativa de este Gobierno, hay más de 53.000 canarios que no saben ni leer ni escribir.

Pero siendo malo el dato, peor resulta comprobar que 3.000 de esos analfabetos son personas de entre 16 y 31 años, a lo que hay que añadir que estamos a la cabeza en fracaso escolar y que la educación ha dejado de ser una prioridad desde hace tiempo para los sucesivos gobiernos que padecemos. Eso dibuja de alguna manera la sociedad que estamos construyendo para el futuro, la que habrá de hacerse cargo, entre otras cosas, de gestionar la principal industria de la que vivimos, el turismo.

No se incluyen en estas estadísticas los analfabetos funcionales, entre los que se encuentran algunos destacados políticos de esta autonomía.

Canarias es una sociedad con un bajísimo nivel educativo y cultural, siento escribirlo, y ésa es una de las razones por la que somos capaces de escandalizarnos ante un programa de televisión nacional que describe una situación perfectamente conocida por todos, mientras nos encogemos de hombros ante la deriva que están tomando asuntos mucho más vitales para nuestro presente y nuestro futuro.

Es la recurrente historia del enemigo exterior. Si lo cuenta un periódico local (La Provincia recordó este mismo lunes que en 2004 publicó incluso una infografía con los lugares exactos donde se practica el sexo en las dunas) no pasa nada. Pero si lo cuenta un medio de difusión nacional se suceden, por este orden, la indignación, el crujir de dientes, el ánimo de venganza y la búsqueda urgente de a quién endosarle el mochuelo.

El programa La Noria, de Telecinco, se caracteriza por ofrecer reportajes con una fuerte carga morbosa y amarillista, que entrevera con algunos debates de pretendida altura política. A nadie debería sorprender por tanto lo que hizo el sábado con su reportaje sobre las dunas de Maspalomas, y mucho menos al comprobar que nada de lo que se contó se alejó mucho de la verdad, contada, eso sí, con la truculencia que gusta a la tele amiga.

En Barcelona hubo una reacción similar ante la publicación en El País de un durísimo reportaje sobre el sexo de pago en el mercado de la Boqueria, y hasta se ha abierto un debate entre periodistas y lectores de ese diario acerca de la oportunidad de publicar unas fotos muy explícitas en las que se ve a clientes y prostitutas en plena faena. La reacción de Ayuntamiento y Generalitat ha sido actuar contundentemente contra una práctica conocida pero hasta ahora tolerada.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana también ha permitido hasta ahora el sexo en su principal joya turística, aunque a diferencia de lo ocurrido en la Boqueria, no parece que estemos ante prostitución callejera ejercida en plena vía pública, sino de intercambios sexuales voluntarios en lugares semiescondidos que es necesario buscar y encontrar para poder filmar.

No vale rasgarse las vestiduras en una postura bastante cercana a la hipocresía. Si existe y se tolera, se puede contar. Y si se cuenta y no gusta, arreglemos el desaguisado, pero no mandando a Carmen Guerra al plató de La Noria a dar patadas a la gramática española para que el ridículo pase a ser mayor.

03 septiembre, 2009

No mentir, “primera obligación”



“La primera obligación de un dirigente político es decir la verdad”. Esta fue una de las solemnes frases pronunciadas por Mariano Rajoy en el acto de Sotomayor (Pontevedra) en el que dio por inaugurado el curso político. Y estoy totalmente de acuerdo con él.

Pero no tardó mucho el presidente del PP que propinar una sonora patada en la boca a tal obviedad. Ya incorporado a su despacho en Madrid, y cumpliendo uno de sus anuncios pontevedreses, Rajoy retomó con pasión la teoría de la persecución contra su partido. O quizás deberíamos decir contra los presuntos corruptos que cada día en mayor número afloran en su partido.

Asiéndose a una verdad parcial, Rajoy dijo que no hay nadie del PP condenado en firme por delitos relacionados con la corrupción. La afirmación no es falsa si ésta se limita a las fechas que interesan al líder de la oposición: nadie de su partido ha sufrido condena ratificada por el Supremo desde 2004 hasta la fecha. A lo que habría que añadir que en iguales circunstancias estarán, muy probablemente, todos los españoles que fueron acusados de delitos desde ese año y que tienen pendientes de casación sus sentencias condenatorias.

Una vez más el PP se adentra en un terreno resbaladizo esgrimiendo unos argumentos que sólo son asumidos a pies juntillas por sus más conspicuos seguidores. Nadie se cree a estas alturas que no haya habido alcaldes, concejales, diputados provinciales y hasta algún consejero del PP condenado por corrupción, y los periódicos nacionales desempolvan estos días truculentas listas que dejan en ridículo la nueva teoría marianista.

Pero aún en el caso de que las sentencias no sean firmes, las evidencias puestas sobre la mesa en casos como Andratx, lino, Gürtel, Faycán, Góndola, Palma Arena… apuntan a que el PP tiene un problema grave con la corrupción, y no solamente con la que persiguen jueces, fiscales y policías. Su problema es que el partido de don Mariano está plagado de chorizos y eso no lo remedia ninguna teoría sobre la conspiración.