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20 julio, 2009

Ser o no ser (delito)

He esperado pacientemente a que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acabara con su trabajosa tarea de archivar el caso salmón, el que denuncié en agosto de 2008 con mucha fe en la Justicia, para hacer mi particular balance. Lo expreso ahora con serenidad, no exenta de decepción, para renovar mi deseo y el de mucha gente en Canarias de que acabe de una vez el estado de impunidad con que se mueve aquí la corrupción. Y pese al desenlace, en apariencia frustrante, estoy convencido de que entre todos hemos dado un paso de gigante en esa dirección.

Es cierto que denuncié contraviniendo la opinión de muchos amigos, algunos indiscutibles expertos juristas, que auguraban una muy corta vida a una denuncia contra José Manuel Soria en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC. Sostenían esos amigos –y sostienen- que esa Sala y una buena parte del TSJC están contaminados, que precisamente la labor de investigar y enjuiciar aforados está inventada para investigarlos poco y enjuiciarlos casi nada.


Pero insistí y presente mi denuncia (meses después presenté otra, la del caso chalet, pero de ella les hablaré en otro momento) instalado como estoy aún en la firme convicción de que las cosas pueden cambiar algún día, en cuanto algún juez valiente y ajeno al compadreo decida dar un paso adelante y acabar con una situación que incluso para la Judicatura debe estar siendo asfixiante.


Ahora que todo ha acabado, al menos en el TSJC, hago recuento personal y profesional y creo que todo el desgaste sufrido ha valido la pena. Cada uno de los agentes que ha intervenido en este proceso ha quedado debidamente retratado. Soria, por supuesto y en primer lugar, como un político acabado, preso de sus propias mentiras y componendas, de sus necedades, de actitudes que yo sigo considerando corruptas e inasumibles políticamente. Cargará toda su vida política con una actuación reprobable y, de haberse producido en otro sitio, seguramente delictiva.


La Justicia canaria, al menos la que se practica en las paredes de la jurisdicción donde se entienden los asuntos de los aforados, también ha dibujado su propio retrato. Ha actuado con miedo, contaminada, conservadora en el más amplio sentido del término, manejada –no necesariamente a su pesar- por manos interesadas, desviada del fin que inspiró un día al legislador que creó los órganos judiciales especiales para aforados. Basta con leer y escuchar lo que dicen los ciudadanos a través de los canales que algunos medios de comunicación ponemos a su disposición para hacerse una idea del papelón que han hecho algunas de sus señorías.


Expertos juristas opinan lo mismo que el vulgo, aunque lo expresen en términos más ajustados a Derecho. El TSJC se ha retratado y le va a costar mucho esfuerzo sacudirse su propio autorretrato.


La Fiscalía Anticorrupción tampoco sale igual del caso salmón respecto al modo en que entró. Luis del Río, su titular para Las Palmas, está desbordado aunque cargado de buenas intenciones. No parece contar con el necesario respaldo del Fiscal General del Canarias y sufre en sus propias carnes la tan manida lejanía isleña de los centros de decisión de Madrid. Sus jefes de la Fiscalía Anticorrupción no le están prestando el apoyo preciso para hacer frente a las cosas que pasan en la región más corrupta de España. Y que me perdonen Valencia, Madrid y Marbella, no sé si por ese orden.


¿Qué decir de mis colegas de profesión? Los medios de comunicación descubrieron un poco tarde el caso salmón, pero se sumaron a él con unánime entusiasmo. Unos para proteger al principal encartado, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, y otros para contribuir cada cual a su manera a una causa que, al igual que a nosotros desde 2005, les resultaba justa y ejemplarizante. Ha habido oportunismo, claro que sí, pero probablemente no habría habido caso salmón si sólo hubiera estado empeñado en él el periódico que dirijo, CANARIAS AHORA.


Quedan abiertos muchos interrogantes. Desde luego el principal es la independencia y profesionalidad de la Justicia en Canarias, un problema añadido a ese Poder del Estado que sólo está en sus manos resolver a través de los órganos correspondientes. Pero aunque pueda parecer rebuscado, me preocupa mucho más que sólo aquí, en esta tierra tan esclava del caudillismo, del caciquismo y de la más rampante corrupción deje de ser delito que un político reciba dádivas en atención a su cargo o que un servidor público pueda servir con igual pasión a una empresa privada, cobrar de ella, como hizo Manuel Fernández, y que la Justicia diga que eso es normal y hasta decente.


No todo vale. Y hay que seguir demostrando que los decentes son más que los corruptos.

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