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29 julio, 2009

El increíble caso del tesorero imputadito que no dejó de ser senador



El legislador (señoras y señores diputados y senadores elegidos por el pueblo para redactar leyes y fiscalizar a los gobiernos) quiso un día que dignatarios públicos de su casta y condición no estuvieran sujetos al riesgo de cualquier denuncia de particulares por un quítame allá esas pajas. Fue entonces cuando se creó la figura del aforado, que sólo puede ser investigado y en su caso juzgado por unas Salas y unos Tribunales extraordinarios. La figura estuvo pensada para delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos, pero la gamberrada nacional ha tomado otras derivas.

Un aforado no puede ser detenido salvo extraordinarias circunstancias, y en el caso de senadores y diputados, es preciso que el Supremo tramite ante las Cámaras un preceptivo suplicatorio por el que el Poder Judicial pide permiso al Poder Legislativo (manda Trillos) para proceder penalmente contra alguno de sus distinguidos miembros.

Luis Bárcenas es aforado, y su jefe del PP, Mariano Rajoy, supo con un día de antelación que el Supremo iba a tramitar su suplicatorio y el del diputado del mismo partido Jesús Merino. Con esa información de aforado en las manos, un privilegio más del que no gozan el resto de justiciables en España, Bárcenas aceptó dimitir como tesorero del PP, pero no como senador.

Su comunicado de dimisión es elocuente a la par que indignante. Bárcenas ha dicho públicamente que dimite “por lealtad al Partido Popular y a su presidente, Mariano Rajoy”, lo que viene a significar que su lealtad al Senado y a quienes allí le colocaron, los votantes del PP, será de aplicación en una ocasión más propicia. Seguramente cuando en España un aforado no goce de determinados privilegios y ventajas sin par ante la Justicia.

Porque privilegio es haber podido “declarar voluntariamente” y en calidad de “imputado provisional” ante el Supremo para defender lo que el señor Bárcenas llama su inocencia.

Instalado en esa imputación provisional y dimitido “transitoriamente” como tesorero del PP, los españoles quedamos a la espera de que la ocurrencia pase a ser doctrina. O que mañana por la mañana, ante una nueva variante del escándalo de Gürtell, el PP nos deleite con nuevas excusas para no remover a sus aforados cuando son investigados por delitos no cometidos precisamente en el ejercicio de su actividad parlamentaria ni ejecutiva.

27 julio, 2009

Perjudicial para los débiles; sumiso con los más fuertes



No dejan de conocerse noticias que reflejan claramente cuáles son las sensibilidades del actual Gobierno de Canarias. Sin entrar a valorar individualmente el alcance de algunas de estas noticias, cada cual más grave que la siguiente, baste con relatar aquí las más recientes: el Gobierno deja tirados a casi 2.000 becarios con beca concedida. Nada dicen las crónicas de cuántos estudiantes con problemas económicos se quedaron fuera.

Cáritas se ve obligada a abandonar dos programas de inserción social para mujeres en situación de emergencia porque el Gobierno de Canarias, a través del combativo -para según qué cosas- Instituto Canario de la Mujer, le ha retirado una ayuda de 120.000 euros a su vez procedentes de la Unión Europea.

Las organizaciones dedicadas a atender a personas con problemas de drogodependencias ya han recibido el aviso del Gobierno de que se va a producir un recorte drástico de las ayudas económicas. Algunas ONG que no han sabido encontrar otros procedimientos de financiación se verán obligadas a echar el cierre y dejar en la calle a las personas que están siendo atendidas.

El consejero de Economía y Hacienda, que vaticinó que iba a haber una gravísima crisis económica pero no supo calcular la drástica caída en la recaudación pública, gasta cada año 58.000 euros del erario público en pagar a los escoltas de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria que lleva consigo desde que fue alcalde.

Suya es la idea de suprimir el impuesto de sucesiones, que básicamente beneficia a las personas de mayor renta, las que tienen más de una propiedad inmobiliaria. Ese descreste fiscal ha supuesto una merma en los ingresos de 50 millones de euros al año, según cálculos dados a conocer por el propio Gobierno.

Suya también es la promesa de que ningún recorte presupuestario iba a afectar al capítulo de asuntos sociales. No sólo ha vuelto a mentir en esta materia, sino a demostrar su incapacidad para gestionar adecuadamente las cuentas públicas en beneficio de la mayoría.

Frente a esta ineptitud acreditada, Rafael Bittini, el empresario que mejor mueve los papeles en Canarias, está a punto de arruinar a la Hacienda pública en ejecución de una extravagante sentencia que es producto de una sucesión de negligencias gubernamentales que han configurado el escándalo de Tebeto.

En momentos de crisis extrema, con un preocupante nivel de desempleo, con un incremento de las tasas de marginalidad y de desesperación de muchas personas, el Gobierno de Canarias se alinea con los más ricos, se arrodilla ante ellos, con la misma agilidad con que desprecia a los más débiles, los deja sin becas, sin ayudas para igualar las oportunidades, sin posibilidades para soñar con el futuro.

23 julio, 2009

Tener talante con la derecha



Zapatero ya tiene dibujada en su propio trasero la primera gran coz de su talante en relación con el Poder Judicial. Tras años de bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, el presidente español promovió un gesto de concordia con la derecha y pactó el nombramiento de uno de los suyos, un conservador ultrareligioso para presidir el Consejo General del Poder Judicial.

Todo el mundo judicial (incluidos los más moderados sectores de la derecha) se echó las manos a la cabeza, no por la falta de méritos y capacidad jurídica del elegido, Carlos Dívar, hasta entonces presidente de la Audiencia Nacional, sino precisamente por concitar alrededor de su carácter, por sus creencias religiosas, por su conservadurismo acérrimo, todas las naturales sospechas de parcialidad, confirmadas ahora con su postura ante la nueva ley de plazos del aborto en España.

Carlos Dívar ha actuado conforme a sus principios religiosos y políticos, de acuerdo con sus instintos más arraigados, y ha conseguido bloquear, sumándose a la postura contraria de los vocales elegidos por el PP y al voto abstencionista del vocal de CiU, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El dictamen no es vinculante, pero ha de servir a Zapatero una vez más para medir hasta dónde debe llegarse con el talante cuando el receptor del mismo no es otro que la derecha irreductible y recalcitrante de este país en cualquiera de sus manifestaciones. Los ciudadanos dieron la mayoría electoral al PSOE para que desarrollara su programa electoral, y el PSOE no puede permitirse el lujo de gobernar colocando obstáculos en su propio camino.

La Justicia, y dentro de ella el órgano que gobierna a los jueces, son cosas muy serias que requieren de una vez una reforma profunda y radical, que acabe con los privilegios y que no esté sometida a los tradicionales poderes conservadores, que en la Judicatura tienen una amplia y sonora representación. Si el CGPJ es reflejo de las mayorías y minorías parlamentarias, ese reflejo lo deben apreciar los ciudadanos de modo bien distinto al que se ha evidenciado con el bloqueo a la Ley del Aborto.

20 julio, 2009

Ser o no ser (delito)

He esperado pacientemente a que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acabara con su trabajosa tarea de archivar el caso salmón, el que denuncié en agosto de 2008 con mucha fe en la Justicia, para hacer mi particular balance. Lo expreso ahora con serenidad, no exenta de decepción, para renovar mi deseo y el de mucha gente en Canarias de que acabe de una vez el estado de impunidad con que se mueve aquí la corrupción. Y pese al desenlace, en apariencia frustrante, estoy convencido de que entre todos hemos dado un paso de gigante en esa dirección.

Es cierto que denuncié contraviniendo la opinión de muchos amigos, algunos indiscutibles expertos juristas, que auguraban una muy corta vida a una denuncia contra José Manuel Soria en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC. Sostenían esos amigos –y sostienen- que esa Sala y una buena parte del TSJC están contaminados, que precisamente la labor de investigar y enjuiciar aforados está inventada para investigarlos poco y enjuiciarlos casi nada.


Pero insistí y presente mi denuncia (meses después presenté otra, la del caso chalet, pero de ella les hablaré en otro momento) instalado como estoy aún en la firme convicción de que las cosas pueden cambiar algún día, en cuanto algún juez valiente y ajeno al compadreo decida dar un paso adelante y acabar con una situación que incluso para la Judicatura debe estar siendo asfixiante.


Ahora que todo ha acabado, al menos en el TSJC, hago recuento personal y profesional y creo que todo el desgaste sufrido ha valido la pena. Cada uno de los agentes que ha intervenido en este proceso ha quedado debidamente retratado. Soria, por supuesto y en primer lugar, como un político acabado, preso de sus propias mentiras y componendas, de sus necedades, de actitudes que yo sigo considerando corruptas e inasumibles políticamente. Cargará toda su vida política con una actuación reprobable y, de haberse producido en otro sitio, seguramente delictiva.


La Justicia canaria, al menos la que se practica en las paredes de la jurisdicción donde se entienden los asuntos de los aforados, también ha dibujado su propio retrato. Ha actuado con miedo, contaminada, conservadora en el más amplio sentido del término, manejada –no necesariamente a su pesar- por manos interesadas, desviada del fin que inspiró un día al legislador que creó los órganos judiciales especiales para aforados. Basta con leer y escuchar lo que dicen los ciudadanos a través de los canales que algunos medios de comunicación ponemos a su disposición para hacerse una idea del papelón que han hecho algunas de sus señorías.


Expertos juristas opinan lo mismo que el vulgo, aunque lo expresen en términos más ajustados a Derecho. El TSJC se ha retratado y le va a costar mucho esfuerzo sacudirse su propio autorretrato.


La Fiscalía Anticorrupción tampoco sale igual del caso salmón respecto al modo en que entró. Luis del Río, su titular para Las Palmas, está desbordado aunque cargado de buenas intenciones. No parece contar con el necesario respaldo del Fiscal General del Canarias y sufre en sus propias carnes la tan manida lejanía isleña de los centros de decisión de Madrid. Sus jefes de la Fiscalía Anticorrupción no le están prestando el apoyo preciso para hacer frente a las cosas que pasan en la región más corrupta de España. Y que me perdonen Valencia, Madrid y Marbella, no sé si por ese orden.


¿Qué decir de mis colegas de profesión? Los medios de comunicación descubrieron un poco tarde el caso salmón, pero se sumaron a él con unánime entusiasmo. Unos para proteger al principal encartado, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, y otros para contribuir cada cual a su manera a una causa que, al igual que a nosotros desde 2005, les resultaba justa y ejemplarizante. Ha habido oportunismo, claro que sí, pero probablemente no habría habido caso salmón si sólo hubiera estado empeñado en él el periódico que dirijo, CANARIAS AHORA.


Quedan abiertos muchos interrogantes. Desde luego el principal es la independencia y profesionalidad de la Justicia en Canarias, un problema añadido a ese Poder del Estado que sólo está en sus manos resolver a través de los órganos correspondientes. Pero aunque pueda parecer rebuscado, me preocupa mucho más que sólo aquí, en esta tierra tan esclava del caudillismo, del caciquismo y de la más rampante corrupción deje de ser delito que un político reciba dádivas en atención a su cargo o que un servidor público pueda servir con igual pasión a una empresa privada, cobrar de ella, como hizo Manuel Fernández, y que la Justicia diga que eso es normal y hasta decente.


No todo vale. Y hay que seguir demostrando que los decentes son más que los corruptos.