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11 mayo, 2009

La comisaria y la corrupción



Hace alrededor de un año adelantamos en CANARIAS AHORA que una de las derivas por las que iba a conducirse la defensa de los presuntos corruptos del PP iba a consistir en desacreditar a los investigadores, particularmente a la Policía. Y no nos equivocamos en absoluto. Ya desde que estallara la operación Góndola, de presunta corrupción en Mogán, la por entonces concejal Onalia Bueno puso en marcha una grotesca investigación sobre el patrimonio personal de la comisaria que dirigía aquellas investigaciones, Concepción de Vega, lo que le supuso que se le añadiera a tan portentosa dirigente del PP un delito que complementara el amplio ramillete que colecciona en Góndola.

Pero al sumarse José Manuel Soria a la lista de imputados por corrupción en el PP canario, arreciaron de manera colosal los ataques contra esa misma comisaria, actualmente jefa superior de Policía en Canarias, a la que han llegado a acusar de actuar en connivencia con el Partido Socialista y con este periódico.

No es en absoluto reprochable que un juez llame a declarar a quien desee para aclarar unas diligencias como las abiertas a raíz de que José Manuel Soria se quejara amargamente de que, al levantarle las enaguas, aparecieran cosas feas relacionadas con el muy churrigueresco modo que tiene todo un consejero de Economía y Hacienda de Canarias de administrar los dineros (blancos, tintos y decolorados) de la familia. La suya de él.

Lo que es más preocupante es que con este tipo de acciones se pretenda algo muy distinto a la preservación de la intimidad, el honor y la buena imagen de un cargo público como el señor Soria.  O la garantía de confidencialidad de los sumarios judiciales, incluidos los que no están declarados secretos, como es el caso.

Porque lo que realmente se pretende, lo que siempre busca este político excesivo y chulapo, no es otra cosa que instaurar una sensación generalizada de pánico total entre el gremio periodístico ante la mera tentación de publicar algo del vicepresidente del Gobierno que se aleje de las notas oficiales que manda su consejería a los medios de comunicación. Que para periodismo de investigación ya están sus jefes de prensa.

Lo que nos falta por ver en el amplio historial de ataques que viene sufriendo la libertad de expresión y de información en Canarias es que un juez prohiba a los periodistas hablar con las fuentes oficiales, oficiosas o fijas discontinuas que les de la gana, y a éstas a confirmar, desmentir, matizar o no comentar lo que se les pregunte. Estaba inventado antes de que a Soria se le ocurriera meterse en política en 1995.

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