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20 marzo, 2009

Los lebranchos, al banquillo

Hay que felicitarse por que, de un tiempo a esta parte, los sumarios que se abren por corrupción se investiguen y terminen en el correspondiente auto de apertura de juicio oral. Ya ha pasado en algunos casos, pero han adquirido especial relevancia dos que han afectado directamente al Partido Popular: Faycán y el caso Eolo.

La creación en Canarias de fiscalías para la “Represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción” ha sido determinante, como ha sido determinante también el papel desempeñado por los medios de comunicación, que en ocasiones han llegado a investigar más allá de lo que esa fiscalía y los jueces han podido hacer.

Vaya por delante que una investigación periodística es exactamente eso, una investigación periodística en la que se hace acopio de pruebas destinadas a confirmar un determinado comportamiento, que en el caso de los cargos públicos, tiene en la responsabilidad política su máxima exigencia.

Desde esa óptica, en nuestro periódico adoptamos como nuestra desde el principio una frase genial de Lorenzo Olarte, que se refirió al sumario judicial conocido como caso Eolo como el estanque de los lebranchos, reservando para la parte no investigada, la que afectaría a los máximos responsables del pufo, el calificativo de “estanque de los tiburones”.

Pues bien, la causa penal para la que ya se ha dictado auto de apertura de juicio oral se corresponde exclusivamente con el estanque de los lebranchos, en el que hay un ex director general del Gobierno de Canarias, del PP por más señas, nombrado por Luis Soria, a quien puso en el cargo de consejero de Industria nada menos que su hermano, José Manuel Soria.

El magistrado Miguel Ángel Parramón y el fiscal Luis del Río están convencidos de que Celso Perdomo, ese ex director general del Gobierno, junto a otros cinco imputados (los empresarios José Ignacio Esquivel, Enrique Guzmán y Alfredo Briganty, y los funcionarios Honorato López y Mónica Quintana, novia del ex director general) cometieron diversos delitos relacionados con la corrupción, entre otros el cohecho, es decir, el soborno.

Fuera de la causa penal han quedado otros personajes que estoy seguro que debieron haber sido investigados, como Javier Esquivel, José Manuel Arnáiz, Luis Soria y José Manuel Soria porque, a mi juicio, se confabularon para montar una gran operación en la que la empresa de Esquivel, Promotora de Recursos Eólicos, obtuviera un gran negocio a costa del interés general: facilitándole sin concurso un suelo portuario en Arinaga; apartando de la competencia por ese espacio a una empresa pública, Magaturninas de Arinaga; facilitando las bases del concurso con anterioridad a su publicación y, al ser descubiertos, formulando un acuerdo desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas con el que la empresa beneficiada obtuviera beneficios tanto si se convertía en titular del campo de vientos como si era desplazada por el organismo portuario.

Mientras se montaba esta operación, entre junio de 2004 y marzo de 2006, José Manuel Soria habitó gratuitamente en un chalet propiedad del empresario Javier Esquivel.

Eso es lo que hemos podido probar a lo largo de nuestra investigación periodística. Así lo publicamos y así lo sostenemos en el momento en que se cierra el estanque de los lebranchos. Faltan los tiburones.

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