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09 marzo, 2009

Lo que indagó una juez canaria



Cualquier intento por verificar que lo que decíamos era verdad, cualquier vía que pudiera abrirse para la exceptio veritatis, sufrió la más absoluta incomprensión, cuando no el desprecio, en este asunto de La Favorita. Detalles tan colaterales como que utilizáramos la palabra “sablazo” para definir lo que hizo Soria en esa operación, remedando un artículo suyo publicado 24 horas antes en Canarias7 (el 3 de octubre de 2004), bajo el título de “El Sablazo”, referido al presidente Zapatero, sólo fueron tenidos en cuenta para incrementar los cargos contra mí.

No solamente no se investigó nada, no solamente se desechó cualquier información facilitada por mí para abrir unas obligatorias diligencias por presunta corrupción, sino que tuve que presenciar cómo se instruía la causa penal más meteórica de cuantas he padecido: la denuncia ante la Policía fue el 4 de octubre de 2004; el 8 ya se admitía a trámite y se abrían diligencias previas, el 15 de diciembre declarábamos denunciante y denunciado, el 23 de diciembre de abría procedimiento abreviado y el 7 de febrero de 2005, y por una dilación de mes y pico por parte del fiscal,  se decretaba la apertura de juicio oral. La justicia no es tan lenta como dicen, al menos no lo fue en este caso.

Si durante la instrucción no se practicó ninguna de las pruebas que solicité y mucho menos cualquiera de oficio, algo parecido ocurrió cuando la causa entró en el Juzgado de lo Penal número 5. Bueno, en realidad sí se realizó una de las muchas que solicitó mi abogado: se libró atento oficio al Banco de España para que informara sobre la cuenta en Suiza de la empresa Calle Cervantes, S.A., pero se solicitó tan incorrectamente la información, que la contestación del Banco de España fue para echarse a temblar.

El Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España informó el 21 de junio de 2005 a la juez sustituta Mercedes González Jiménez que “las consultas realizadas sobre la identidad del acusado en las actuaciones judiciales, Carlos Sosa Báez, han dado resultado negativo en cuando a la existencia de antecedentes en este servicio”.

Es decir, el Banco de España me investigó a mí y no al titular de la cuenta en Suiza de la que se le reclamaba información.

Y todo porque el juzgado, como consta en ese informe del banco emisor español, solicitaba “información sobre si el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ha informado que en su filial antes BBV-Privanza o en su sucursal de Suiza existe una cuenta con número 401203 sucursal en Zurich, nombre del titular de la cuenta y los movimientos de la misma entre el 2 de junio de 2002 y el 31 de agosto del mismo año”.

La respuesta del servicio fue muy elocuente, pero no animó a la juez a repetir el intento y solicitar la información correctamente: “Los datos que obran en el Servicio Ejecutivo derivados de las comunicaciones de operativa sospechosa y de las comunicaciones de reporting sistemático de las entidades obligadas se estructuran en función de la identidad de las personas físicas y jurídicas intervinientes en las operaciones, por lo que para rastrear determinadas informaciones en las bases de datos de este servicio es preciso conocer la identidad de la persona interesada, en este caso el titular de la cuenta sobre la que se interesea ese juzgado”.

No hubo un nuevo requerimiento al Banco de España, pero al menos podía estar traquilo: no me tenían abierto expediente por blanqueo o por delito monetario. Algo es algo.

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