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27 marzo, 2009

El cierre del ‘caso Martín’

Hubo sorpresa de última hora en el juicio contra el ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín, acusado de haber cometido un delito de negociación prohibida a funcionario público. Ya saben, fue descubierto en medio de las investigaciones de Eolo supuestamente asesorando a un narcotraficante para aliviarle su situación personal y conseguirle una libertad bajo fianza.

La sorpresa la provocó el fiscal antidrogas, Javier García Cabañas, que contó al tribunal que el magistrado instructor de Eolo, Miguel Ángel Parramón, le había contado que en medio de aquellas investigaciones se había tropezado con José Antonio Martín. Cabañas, que conocía la causa de aquel narcotraficante y la cercanía de una vista en la que habría de abordarse su situación personal, dijo que lo puso en conocimiento de sus superiores (el fiscal general de Canarias y el fiscal antidrogas del Estado) que a su vez le dijeron que actuara en consecuencia.

No hay constancia de que el señor García Cabañas actuara en consecuencia más allá de su deposición ante la Sala de lo Penal del TSJC este pasado miércoles, lo que probablemente haya de significar que este fiscal no consideró trascendental para la causa tomar algún tipo de iniciativa en su momento.

Pero a la sorpresa de Cabañas hay que casarla con todo lo ocurrido desde los comienzos de las investigaciones para, así, poder llegar a conclusiones muy objetivas y reveladoras.

Las investigaciones a José Antonio Martín se iniciaron en mayo-junio de 2005 gracias a los pinchazos telefónicos efectuados por orden de Parramón al empresario Wilebaldo Luis Yánez, al que su propio abogado defensor acaba de definir de manera elocuente, “un correveidile” dedicado a pedir favores, casi siempre con catastrófica efectividad, como se puede apreciar en el presente caso.

Por lo tanto, fue absolutamente casual que apareciera un magistrado en una investigación penal, por mucho que algunos periodistas amigos del acusado hayan querido echarle una mano en su particular teoría de la conspiración, según la cual lo implicaron en esta causa por ser uno de los tres jueces que en aquellos momentos aspiraban a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Es verdad que circulaban entonces muchos rumores acerca de la existencia de un alto magistrado investigado, pero pocos tenían la certeza de que se trataba de Martín hasta que, en agosto, el periódico La Provincia adelantó las primeras informaciones. La rumorología se convirtió en escándalo y el foro jurídico se dividió entre los que apostaron por llegar hasta el final y depurar responsabilidades independientemente del escalafón, la mayoría, y los que hicieron el vacío a Parramón por haberse atrevido si quiera a escuchar las conversaciones de Martín y sus amigos.

A José Antonio Martín no sólo se le abrió una causa penal, sino también un expediente disciplinario del Poder Judicial por cuatro supuestas faltas graves. Instruido por el presidente del TSJ de Cantabria, ese expediente se reactivará cuando haya sentencia. Puede costarle su separación de la carrera judicial.

Más de una docena de conversaciones telefónicas avalan las sospechas de que el magistrado intercedió para favorecer a un narcotraficante en prisión preventiva, aunque no se haya podido comprobar que pudiera haber recibido algún tipo de dádiva o prebenda a cambio. Sí consta en las investigaciones cómo su amigo Wilebaldo Luis Yánez tiene como secretario de varios consejos de administración y asesor jurídico al hijo del juez, el abogado Nereo Martín Fuentes, y cómo se producen en algunos momentos duplicidad de asesoramientos y, por tanto de facturas.

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