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23 marzo, 2009

Buscar a un socialista

Pese a haberse quedado en el estanque de los lebranchos, hay que reconocer al caso Eolo haber alcanzado una rentabilidad judicial totalmente imprevisible cuando saltó la denuncia de Alberto Santana, en el verano de 2005.

Santana denunció a su jefe, el empresario Wilebaldo Luis Yánez, tras detectar correos electrónicos de Celso Perdomo, a la sazón director general de Industria con el PP, con información sensible del concurso eólico medio año antes de que se publicaran las bases en el BOC.

El juez Parramón ordenó la intervención de varios teléfonos, entre otros los de Perdomo y Luis Yánez, y a partir de ahí aparecieron muchas derivaciones, como la del caso José Antonio Martín, el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, acusado de interceder en favor de un narcotraficante, cuyo juicio se celebra estos días.

En la causa propiamente dicha, se alcanzaba por primera vez al Gobierno mismo con un caso de presunta corrupción en el que aparecía un director general por el que su jefe directo había puesto las manos en el fuego en un pleno del Parlamento poco antes de que el escándalo fuera mayúsculo.

El alcance de lo que se investigaba y la espectacularidad de las detenciones de febrero de 2006 produjeron una profunda conmoción en el PP ante el peligro de que las indagaciones llegaran al despacho de Luis Soria, consejero de Industria, y a continuación, al de José Manuel Soria, presidente del Cabildo y del PP.

Esa conmoción produjo dos iniciativas muy concretas del PP canario encaminadas, de un lado, a neutralizar las investigaciones para que no se extendieran peligrosamente, y de otro, a buscar a un socialista al que endilgarle la responsabilidad de una trama que fue exclusivamente del PP.

Soria contaba todavía con un confiable Larry Álvarez, con muy buenos contactos en la Brigada de la Policía Judicial de Las Palmas, de la que había conseguido incluso la detención de un periodista que había mandado mensajes amenazantes a su esposa, la también periodista Teresa Cruz.

Alguien se ocupó de buscar en las conversaciones de Celso Perdomo hasta encontrar dos con el que entonces era presidente de CANARIAS AHORA, José Francisco Henríquez, ingeniero y militante socialista de base. Pese a que esas conversaciones fueron posteriores a la publicación de las bases y pese a que en ellas no se apreciaba tráfico de influencias ni mucho menos cohecho, la Policía pidió al juez la “imputación y/o detención” de Henríquez por considerar, atención, que era la persona que, tras la salida del PP del Gobierno, se había “quedado dentro de la Consejería de Industria” para rematar la operación del pelotazo eólico.

Dos por el precio de uno: se distraía la atención sobre los que pudieran ser los verdaderos autores intelectuales del pelotazo y se neutralizaba a un periódico que se empeñaba en buscar a esos responsables, los tiburones.

Tras nueve meses imputado, Henríquez quedó exento de toda responsabilidad, pero durante ese tiempo Soria y el PP, con al apoyo de los medios de comunicación que le bailaban el agua, metieron a este ingeniero de Caminos en un atolladero terrible que terminó con aquellas infames conclusiones de la comisión eólica del Parlamento en la que le responsabilizaban de ser el cerebro de una trama que se había fraguado ¡en una consejería del PP!

Las siguientes investigaciones por corrupción relacionadas con el PP no las volvió a llevar la Brigada de la Policía Judicial de Las Palmas.

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