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27 marzo, 2009

El cierre del ‘caso Martín’

Hubo sorpresa de última hora en el juicio contra el ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín, acusado de haber cometido un delito de negociación prohibida a funcionario público. Ya saben, fue descubierto en medio de las investigaciones de Eolo supuestamente asesorando a un narcotraficante para aliviarle su situación personal y conseguirle una libertad bajo fianza.

La sorpresa la provocó el fiscal antidrogas, Javier García Cabañas, que contó al tribunal que el magistrado instructor de Eolo, Miguel Ángel Parramón, le había contado que en medio de aquellas investigaciones se había tropezado con José Antonio Martín. Cabañas, que conocía la causa de aquel narcotraficante y la cercanía de una vista en la que habría de abordarse su situación personal, dijo que lo puso en conocimiento de sus superiores (el fiscal general de Canarias y el fiscal antidrogas del Estado) que a su vez le dijeron que actuara en consecuencia.

No hay constancia de que el señor García Cabañas actuara en consecuencia más allá de su deposición ante la Sala de lo Penal del TSJC este pasado miércoles, lo que probablemente haya de significar que este fiscal no consideró trascendental para la causa tomar algún tipo de iniciativa en su momento.

Pero a la sorpresa de Cabañas hay que casarla con todo lo ocurrido desde los comienzos de las investigaciones para, así, poder llegar a conclusiones muy objetivas y reveladoras.

Las investigaciones a José Antonio Martín se iniciaron en mayo-junio de 2005 gracias a los pinchazos telefónicos efectuados por orden de Parramón al empresario Wilebaldo Luis Yánez, al que su propio abogado defensor acaba de definir de manera elocuente, “un correveidile” dedicado a pedir favores, casi siempre con catastrófica efectividad, como se puede apreciar en el presente caso.

Por lo tanto, fue absolutamente casual que apareciera un magistrado en una investigación penal, por mucho que algunos periodistas amigos del acusado hayan querido echarle una mano en su particular teoría de la conspiración, según la cual lo implicaron en esta causa por ser uno de los tres jueces que en aquellos momentos aspiraban a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Es verdad que circulaban entonces muchos rumores acerca de la existencia de un alto magistrado investigado, pero pocos tenían la certeza de que se trataba de Martín hasta que, en agosto, el periódico La Provincia adelantó las primeras informaciones. La rumorología se convirtió en escándalo y el foro jurídico se dividió entre los que apostaron por llegar hasta el final y depurar responsabilidades independientemente del escalafón, la mayoría, y los que hicieron el vacío a Parramón por haberse atrevido si quiera a escuchar las conversaciones de Martín y sus amigos.

A José Antonio Martín no sólo se le abrió una causa penal, sino también un expediente disciplinario del Poder Judicial por cuatro supuestas faltas graves. Instruido por el presidente del TSJ de Cantabria, ese expediente se reactivará cuando haya sentencia. Puede costarle su separación de la carrera judicial.

Más de una docena de conversaciones telefónicas avalan las sospechas de que el magistrado intercedió para favorecer a un narcotraficante en prisión preventiva, aunque no se haya podido comprobar que pudiera haber recibido algún tipo de dádiva o prebenda a cambio. Sí consta en las investigaciones cómo su amigo Wilebaldo Luis Yánez tiene como secretario de varios consejos de administración y asesor jurídico al hijo del juez, el abogado Nereo Martín Fuentes, y cómo se producen en algunos momentos duplicidad de asesoramientos y, por tanto de facturas.

25 marzo, 2009

El vocal del Poder Judicial tocado por Eolo

Alrededor del frustrado pelotazo del concurso eólico de 2004 (el de 2008 también va camino de la perdición) revolotearon muchos más personajes de los que finalmente resultaron imputados, y algunos de muy alto copete. Uno de ellos, que ni siquiera fue llamado a declarar como testigo, turista o transeúnte, fue el vocal conservador del Poder Judicial José Merino, que intercedió ante Luis Soria para que el consejero de Industria recibiera a un cuñado que estaba interesado en el fallido concurso eólico promovido por el Gobierno de Canarias.

Las pesquisas de CANARIAS AHORA, recogidas meses después por La Provincia, dieron como resultado la confirmación de que José Merino se reunió con Luis Soria al menos en tres ocasiones, la primera a petición de José Manuel Soria, el 10 de febrero de 2004, ocho meses antes de que se publicaran las bases del concurso. Fue en el restaurante del hotel Wellington, de Madrid, en lo que constituyó el principio de una gran amistad o, como dijo Merino, “una relación normal”.

Por supuesto es normal que un vocal del Poder Judicial, juez por más señas, tenga trato fluido con el consejero de Industria de una autonomía, seguramente para que éste le provea de funcionarios judiciales, de ordenadores o de un eficiente instituto de medicina legal, competencias que en el caso de Canarias están residenciadas en la Consejería de Presidencia y Justicia.

Lo que en realidad hizo José Merino ante Luis Soria, con la intermediación del presidente del PP canario, fue mediar para que el consejero recibiera al madrileño Juan Lozano, cuñado del vocal del Poder Judicial y empresario dedicado al negocio eólico. Tras el encuentro en el Wellington de Madrid, nuestro periódico confirmó que Luis Soria accedió a recibir al cuñado de Merino el 18 de marzo de 2004 en su despacho oficial de Las Palmas de Gran Canaria, probablemente para hablar de palomas mensajeras.

La relación entre Merino y Luis Soria se convirtió a partir de estos primeros encuentros en frecuente y era normal verles almorzando en buenos restaurantes de Madrid.

El magistrado y ex vocal del Poder Judicial aprovechó muy bien su condición de vocal para las Islas Canarias, a donde acudía para cumplimentar sus nutridas relaciones locales con políticos y con empresarios. Cierto es que de vez en cuando se reunía con el presidente del TSJC, pero no era ésa la tónica habitual.

Merino presumía siempre de ser muy buen amigo de políticos como José Manuel Soria o Julio Bonis, y de empresarios como Santiago Santana Cazorla, con quien multiplicó sus encuentros a raíz de que estallara la operación Góndola.

Pero su relación con las Islas fue muy anterior, cuando cumplió en El Hierro su primer destino como juez y donde tuvo un problema cinegético similar al del ex ministro Bermejo. Pero ésa es otra historia de cazadores cazados.

23 marzo, 2009

Buscar a un socialista

Pese a haberse quedado en el estanque de los lebranchos, hay que reconocer al caso Eolo haber alcanzado una rentabilidad judicial totalmente imprevisible cuando saltó la denuncia de Alberto Santana, en el verano de 2005.

Santana denunció a su jefe, el empresario Wilebaldo Luis Yánez, tras detectar correos electrónicos de Celso Perdomo, a la sazón director general de Industria con el PP, con información sensible del concurso eólico medio año antes de que se publicaran las bases en el BOC.

El juez Parramón ordenó la intervención de varios teléfonos, entre otros los de Perdomo y Luis Yánez, y a partir de ahí aparecieron muchas derivaciones, como la del caso José Antonio Martín, el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, acusado de interceder en favor de un narcotraficante, cuyo juicio se celebra estos días.

En la causa propiamente dicha, se alcanzaba por primera vez al Gobierno mismo con un caso de presunta corrupción en el que aparecía un director general por el que su jefe directo había puesto las manos en el fuego en un pleno del Parlamento poco antes de que el escándalo fuera mayúsculo.

El alcance de lo que se investigaba y la espectacularidad de las detenciones de febrero de 2006 produjeron una profunda conmoción en el PP ante el peligro de que las indagaciones llegaran al despacho de Luis Soria, consejero de Industria, y a continuación, al de José Manuel Soria, presidente del Cabildo y del PP.

Esa conmoción produjo dos iniciativas muy concretas del PP canario encaminadas, de un lado, a neutralizar las investigaciones para que no se extendieran peligrosamente, y de otro, a buscar a un socialista al que endilgarle la responsabilidad de una trama que fue exclusivamente del PP.

Soria contaba todavía con un confiable Larry Álvarez, con muy buenos contactos en la Brigada de la Policía Judicial de Las Palmas, de la que había conseguido incluso la detención de un periodista que había mandado mensajes amenazantes a su esposa, la también periodista Teresa Cruz.

Alguien se ocupó de buscar en las conversaciones de Celso Perdomo hasta encontrar dos con el que entonces era presidente de CANARIAS AHORA, José Francisco Henríquez, ingeniero y militante socialista de base. Pese a que esas conversaciones fueron posteriores a la publicación de las bases y pese a que en ellas no se apreciaba tráfico de influencias ni mucho menos cohecho, la Policía pidió al juez la “imputación y/o detención” de Henríquez por considerar, atención, que era la persona que, tras la salida del PP del Gobierno, se había “quedado dentro de la Consejería de Industria” para rematar la operación del pelotazo eólico.

Dos por el precio de uno: se distraía la atención sobre los que pudieran ser los verdaderos autores intelectuales del pelotazo y se neutralizaba a un periódico que se empeñaba en buscar a esos responsables, los tiburones.

Tras nueve meses imputado, Henríquez quedó exento de toda responsabilidad, pero durante ese tiempo Soria y el PP, con al apoyo de los medios de comunicación que le bailaban el agua, metieron a este ingeniero de Caminos en un atolladero terrible que terminó con aquellas infames conclusiones de la comisión eólica del Parlamento en la que le responsabilizaban de ser el cerebro de una trama que se había fraguado ¡en una consejería del PP!

Las siguientes investigaciones por corrupción relacionadas con el PP no las volvió a llevar la Brigada de la Policía Judicial de Las Palmas.

20 marzo, 2009

Los lebranchos, al banquillo

Hay que felicitarse por que, de un tiempo a esta parte, los sumarios que se abren por corrupción se investiguen y terminen en el correspondiente auto de apertura de juicio oral. Ya ha pasado en algunos casos, pero han adquirido especial relevancia dos que han afectado directamente al Partido Popular: Faycán y el caso Eolo.

La creación en Canarias de fiscalías para la “Represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción” ha sido determinante, como ha sido determinante también el papel desempeñado por los medios de comunicación, que en ocasiones han llegado a investigar más allá de lo que esa fiscalía y los jueces han podido hacer.

Vaya por delante que una investigación periodística es exactamente eso, una investigación periodística en la que se hace acopio de pruebas destinadas a confirmar un determinado comportamiento, que en el caso de los cargos públicos, tiene en la responsabilidad política su máxima exigencia.

Desde esa óptica, en nuestro periódico adoptamos como nuestra desde el principio una frase genial de Lorenzo Olarte, que se refirió al sumario judicial conocido como caso Eolo como el estanque de los lebranchos, reservando para la parte no investigada, la que afectaría a los máximos responsables del pufo, el calificativo de “estanque de los tiburones”.

Pues bien, la causa penal para la que ya se ha dictado auto de apertura de juicio oral se corresponde exclusivamente con el estanque de los lebranchos, en el que hay un ex director general del Gobierno de Canarias, del PP por más señas, nombrado por Luis Soria, a quien puso en el cargo de consejero de Industria nada menos que su hermano, José Manuel Soria.

El magistrado Miguel Ángel Parramón y el fiscal Luis del Río están convencidos de que Celso Perdomo, ese ex director general del Gobierno, junto a otros cinco imputados (los empresarios José Ignacio Esquivel, Enrique Guzmán y Alfredo Briganty, y los funcionarios Honorato López y Mónica Quintana, novia del ex director general) cometieron diversos delitos relacionados con la corrupción, entre otros el cohecho, es decir, el soborno.

Fuera de la causa penal han quedado otros personajes que estoy seguro que debieron haber sido investigados, como Javier Esquivel, José Manuel Arnáiz, Luis Soria y José Manuel Soria porque, a mi juicio, se confabularon para montar una gran operación en la que la empresa de Esquivel, Promotora de Recursos Eólicos, obtuviera un gran negocio a costa del interés general: facilitándole sin concurso un suelo portuario en Arinaga; apartando de la competencia por ese espacio a una empresa pública, Magaturninas de Arinaga; facilitando las bases del concurso con anterioridad a su publicación y, al ser descubiertos, formulando un acuerdo desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas con el que la empresa beneficiada obtuviera beneficios tanto si se convertía en titular del campo de vientos como si era desplazada por el organismo portuario.

Mientras se montaba esta operación, entre junio de 2004 y marzo de 2006, José Manuel Soria habitó gratuitamente en un chalet propiedad del empresario Javier Esquivel.

Eso es lo que hemos podido probar a lo largo de nuestra investigación periodística. Así lo publicamos y así lo sostenemos en el momento en que se cierra el estanque de los lebranchos. Faltan los tiburones.

16 marzo, 2009

San Rafael: mismo empresario; mismo pelotazo



Por si había sido poco descarado el pelotazo dado en la compra-venta de La Favorita, la misma operación se repitió años después en Telde con la adquisición por parte del Ayuntamiento de la finca de San Rafael, en el pago de La Higuera Canaria. Gobernaba la ciudad el funesto pacto entre el PP y AFV-Ciuca, que condujo al Ayuntamiento a la ruina y a la vergüenza nacional por los escándalos relacionados con las operaciones Faycán y Doramas, por las que han sido detenidas casi medio centenar de personas, entre cargos públicos, funcionarios y empresarios.

El empresario autor del pase fue el mismo que en La Favorita, Santiago Santana Cazorla, que vuelve a actuar de intermediario entre los propietarios que vendían la finca y el Ayuntamiento, al que de buenas a primeras sobrevino la necesidad de tener un inmueble así para destinarlo a personas discapacitadas y ancianas.

Al igual que ha ocurrido con La Favorita, que presenta severas carencias y problemas graves de salubridad para los funcionarios, la finca de San Rafael es imposible de adaptar a los fines para los que oficialmente fue adquirida.

Santana Cazorla compró a la familia Benjumea esta finca el 28 de julio de 2004 por 2.524.250,84 euros y permutó esa propiedad al Ayuntamiento por ocho parcelas urbanizables en Marpequeña que sumaban casi 30.000 metros cuadrados y que el consistorio valoraba en 6.399.527,95 euros. Entre la compra y la permuta, que se celebra llamativamente en pleno mes de agosto, el día 18 concretamente, dista menos de un mes, y entre un precio y el otro, casi cuatro millones de euros.

A diferencia del caso de La Favorita, en el de la finca de San Rafael sí hubo recurso contencioso-administrativo, que terminó con una demoledora sentencia en la que se anulaba la operación por no haberla sometido a los mínimos legales de publicidad y concurrencia y a la necesaria votación en la junta municipal de gobierno.

Pero nadie, que yo sepa, ha interpuesto la correspondiente denuncia ante cualquier órgano jurisdiccional competente para que se investiguen aquellos hechos por si hubiera algún ilícito penal.

Y hay material de sobra para sospechar lo peor:

- La concejal de Bienestar Social evacúa un informe el 4 de marzo de 2004 reclamando un inmueble para discapacitados y ancianos.

- Cuatro días después, un técnico municipal cifra aquella necesidad en 80.000 metros cuadrados, de los que sobradamente disponía el Ayuntamiento en muchos lugares del municipio.

- Un topógrafo municipal firmó el 5 de abril un informe sobre la finca de San Rafael sin que conste quién le ordenó ese levantamiento y con qué objeto.

- La arquitecta municipal valoró San Rafael en 6.399.527 euros el 23 de julio de 2004, cinco días antes de que Santana Cazorla cerrara la operación con los Bemjumea por 2.5.

- En el acta notarial de esa compra-venta, Santana Cazorla incorpora un anexo con los bienes y obras de arte incluidos en la finca mediante una fotocopia del inventario que habían realizado dos funcionarios municipales el 13 de abril de 2004.

- La permuta de la finca por las ocho parcelas de Marpequeña en favor de Santana Cazorla se funda en un informe de 12 de agosto firmado por el jefe de los Servicios de Ordenación del Territorio, José Luis Mena, imputado en Faycán y Góndola.

- La permuta se autoriza en una junta de gobierno en agosto, con Guillermo Reyes en funciones de alcalde en sustitución de Francisco Valido, que se encontraba de vacaciones.

- Reyes está siendo investigado en el marco de la operación Doramas por diversas actuaciones urbanísticas en Telde en las que también aparece implicado José Luis Mena.

11 marzo, 2009

Santana Cazorla se quedó con 22.165 metros



La única ventaja de haber estado imputado en el asunto de La Favorita fue que pude acceder al expediente administrativo que se tramitó en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la adquisición de ese inmueble. No es un secreto que los expedientes no estaban al alcance de la prensa, como no lo estaban siquiera para lo concejales de la oposición, como ha quedado acreditado en varias sentencias judiciales.

Pero la juez que me condenó accedió previamente a nuestra petición y reclamó el expediente foliado. De su análisis se deduce que, efectivamente, una vez se hace el retrato robot de La Favorita, los técnicos municipales se dedican a la noble tarea de vestir el machango, es decir, dar cobertura legal a la decisión política de adquirir aquel inmueble.

Hay algunos aspectos llamativos, como las contínuas prevenciones de la oposición en los órganos correspondientes, los diferentes informes de valoración hasta alcanzar el deseado o la disolución de Calle Cervantes, S.A., que finalmente es absorbida por Iniscan, ambas del Grupo Santana Cazorla, empresa esta última a favor de la cual se extienden los dos cheques municipales, uno de La Caja, por 10.020.242  euros, y otro del Santander, por dos millones.

La única empresa que se presentó fue Calle Cervantes, S.A., una vez el retrato robot diseñado por el concejal Fernández Roca dejó fuera otro inmueble ubicado en Las Torres para cabreo de su propietario.

La Favorita era la favorita, de eso no había duda, porque sus características coincidían hilo por pabilo con lo que decía el pliego del concurso. Hasta que, una vez adjudicado a Santana Cazorla, éste presenta al Ayuntamiento un escrito aclarando que lo que le habían comprado no era toda la propiedad, sino una parte de la misma.

“Se ha podido incurrir en un error de interpretación al considerar  como objeto de la oferta la totalidad de la finca registral de referencia y no sólo el de terrenos, solares e instalaciones del reconocido como complejo industrial de La Favorita, contenidos, eso sí, en la misma finca”, se puede leer en el folio 369 del expediente en ese escrito firmado por el empresario el 12 de diciembre de 2002.

Efectivamente, una vez adjudicado el concurso en noviembre, Santiago Santana Cazorla se va a un notario el 4 de diciembre de 2002 y depura la propiedad que había adquirido por poco más de cinco millones de euros a la multinacional BAT. Mediante un instrumento llamado determinación de resto, segrega la parte que había vendido al Ayuntamiento e inscribe a su nombre el resto de la propiedad, que queda fuera de la operación.

Y ese resto es nada más y nada menos que 22.165 metros cuadrados, lo que viene a significar que el Ayuntamiento de la ciudad renunció a comprar la totalidad de la propiedad, 47.735 metros cuadrados, con sus naves y edificios, por 5 millones de euros, para pagar 12 millones por una parte. En esa misma escritura notarial, suscrita casi un mes después de la compra-venta, se indica que el valor de la finca es de 5.409.108,94 euros.

Quizá la palabra sablazo no sea la que mejor defina esta operación tan ventajosa para el interés general.

10 marzo, 2009

Se la ofrecieron a ‘Canarias7′ por 5 millones



De haber habido algún delito en La Favorita, probablemente ya estaría prescrito, a no ser que alguien decida ahora investigar y tropiece con un cohecho de considerables dimensiones en relación con una decisión ilegal adoptada bajo la alcaldía de José Manuel Soria. Cuando declaré por primera vez ante el juez de instrucción le dije que me habían llegado informaciones muy suculentas acerca de una buena mordida de 300 millones de pesetas, pero nunca publicamos una sola línea del asunto porque ese extremo jamás lo pudimos confirmar. Salvo que hable alguna de las partes del soborno o un imposible testigo, es dificilísimo probar si hubo o no reparto de plusvalías alrededor de La Favorita.

Lo que sí logramos probar desde un principio, además de la existencia y titularidad de la cuenta en Suiza, además de la confabulación para adquirir ese inmueble y no otro, además de la visita relámpago a la capital helvética de Curro Fernández Roca… fue que el precio de venta de La Favorita iba en disminución hasta que llegó Soria y pagó por ella casi el triple de lo que se pedía.

La tabaquera BAT había decidido desde finales de los noventa desprenderse de ese inmueble por su valor contable, sin mayores pretensiones.

Así, en un acta del consejo de administración de Canarias7, celebrado el 10 de diciembre de 1999, que aporté al juzgado que me condenó, se certificaba que la empresa editora de ese diario había recibido una oferta por parte de BAT España. En esa acta no se especificaba el precio que se estaba reclamando, pero sí aparecía una cantidad en la reunión que el mismo órgano de Informaciones Canarias, S.A. (Inforcasa) celebró el 7 de febrero de 2000.

En el certificado aportado al juzgado a petición de mi abogado se puede leer textualmente lo siguiente: “Ha de tomarse en consideración que BAT insiste en su oferta, bajando el precio a 800 millones de pesetas, teniendo en cuenta que esta oferta puede estar ya en el límite hacia abajo”.

Esa afirmación, certificada por el secretario de Inforcasa ante el juzgado, venía a demostrar que el precio de La Favorita a principios de 2000 era de unos 5 millones de euros, pero tan sólo dos años después, el Ayuntamiento que presidía Soria anunciaba que pensaba comprarlo por más de 12 millones de euros, más de 2.000 millones de pesetas. Y lo compró, claro.

La oferta de La Favorita la estuvieron moviendo por diversas empresas de la ciudad y de fuera de la isla varios intermediarios. La comisión debía ser bastante sustanciosa tratándose del precio que se trataba y teniendo BAT la prisa que tenía por ajustar su cuenta de resultados.

Uno de esos comisionistas era Jorge Rodríguez, quien fuera concejal de Urbanismo con Soria durante su primer mandato municipal, cargo que abandonó antes tras reconocer que había tomado decisiones que beneficiaban a la empresa de un ser querido. Pero se quedó con su puesto en La Caja, donde el PP lo había colocado como secretario del consejo de administración.

Nunca pudimos verificar si fue Rodríguez quien hizo de aglutinador entre BAT España, Santiago Santana Cazorla y el Ayuntamiento de la capital grancanaria para que el empresario comprara el inmueble por cinco millones, lo aguantara unos quince meses en su poder y luego se lo vendiera al consistorio por mucho más del doble. Años después, en 2007, volvimos a tropezarnos con Rodríguez cuando, metidos en una investigación periodística sobre Grupo Europa, lo descubrimos haciendo de aglutinador de esta empresa y los Ayuntamientos de Telde y Mogán, entre otros, gobernados por su partido, el PP. En estos momentos está imputado en la Operación Faycán por tráfico de influencias. Qué cosas.

09 marzo, 2009

Lo que indagó una juez canaria



Cualquier intento por verificar que lo que decíamos era verdad, cualquier vía que pudiera abrirse para la exceptio veritatis, sufrió la más absoluta incomprensión, cuando no el desprecio, en este asunto de La Favorita. Detalles tan colaterales como que utilizáramos la palabra “sablazo” para definir lo que hizo Soria en esa operación, remedando un artículo suyo publicado 24 horas antes en Canarias7 (el 3 de octubre de 2004), bajo el título de “El Sablazo”, referido al presidente Zapatero, sólo fueron tenidos en cuenta para incrementar los cargos contra mí.

No solamente no se investigó nada, no solamente se desechó cualquier información facilitada por mí para abrir unas obligatorias diligencias por presunta corrupción, sino que tuve que presenciar cómo se instruía la causa penal más meteórica de cuantas he padecido: la denuncia ante la Policía fue el 4 de octubre de 2004; el 8 ya se admitía a trámite y se abrían diligencias previas, el 15 de diciembre declarábamos denunciante y denunciado, el 23 de diciembre de abría procedimiento abreviado y el 7 de febrero de 2005, y por una dilación de mes y pico por parte del fiscal,  se decretaba la apertura de juicio oral. La justicia no es tan lenta como dicen, al menos no lo fue en este caso.

Si durante la instrucción no se practicó ninguna de las pruebas que solicité y mucho menos cualquiera de oficio, algo parecido ocurrió cuando la causa entró en el Juzgado de lo Penal número 5. Bueno, en realidad sí se realizó una de las muchas que solicitó mi abogado: se libró atento oficio al Banco de España para que informara sobre la cuenta en Suiza de la empresa Calle Cervantes, S.A., pero se solicitó tan incorrectamente la información, que la contestación del Banco de España fue para echarse a temblar.

El Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España informó el 21 de junio de 2005 a la juez sustituta Mercedes González Jiménez que “las consultas realizadas sobre la identidad del acusado en las actuaciones judiciales, Carlos Sosa Báez, han dado resultado negativo en cuando a la existencia de antecedentes en este servicio”.

Es decir, el Banco de España me investigó a mí y no al titular de la cuenta en Suiza de la que se le reclamaba información.

Y todo porque el juzgado, como consta en ese informe del banco emisor español, solicitaba “información sobre si el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ha informado que en su filial antes BBV-Privanza o en su sucursal de Suiza existe una cuenta con número 401203 sucursal en Zurich, nombre del titular de la cuenta y los movimientos de la misma entre el 2 de junio de 2002 y el 31 de agosto del mismo año”.

La respuesta del servicio fue muy elocuente, pero no animó a la juez a repetir el intento y solicitar la información correctamente: “Los datos que obran en el Servicio Ejecutivo derivados de las comunicaciones de operativa sospechosa y de las comunicaciones de reporting sistemático de las entidades obligadas se estructuran en función de la identidad de las personas físicas y jurídicas intervinientes en las operaciones, por lo que para rastrear determinadas informaciones en las bases de datos de este servicio es preciso conocer la identidad de la persona interesada, en este caso el titular de la cuenta sobre la que se interesea ese juzgado”.

No hubo un nuevo requerimiento al Banco de España, pero al menos podía estar traquilo: no me tenían abierto expediente por blanqueo o por delito monetario. Algo es algo.

08 marzo, 2009

Lo que indagó una fiscal suiza



La cuenta en Suiza que pedí investigar no fue una invención. Existió en aquellos momentos en que se tramitó la compra-venta de La Favorita. Su titular era, como ha quedado dicho, la empresa Calle Cervantes, S.A., formada por varias empresas del Grupo Santana Cazorla. Lo confirmó de modo taxativo una fiscal suiza que hizo unos primeros tanteos para conocer el alcance de lo que se investigaba en Canarias en relación con este asunto, pero no pudo continuar porque exigió algo que nunca se hizo desde la Justicia española.

“Suiza podría  ejecutar una [comisión] rogatoria de la Fiscalía de Canarias, levantar el secreto bancario en relación a la cuenta en cuestion y eventualmente transferir los documentos bancarios a la Fiscalía de Canarias si esa autoridad abre o tiene abierta una investigación criminal formal por corrupción activa/pasiva en conexión con los hechos mencionados y necesita los documentos bancarios suizos como prueba para la culpabilidad o para el descargo de las personas  sospechosas de corrupción”, contestó dicha fiscal a una consulta evacuada desde las islas. Pero nadie abrió diligencias por corrupción ni contra el titular de la cuenta ni contra los cargos públicos que hubieran tenido algo que ver con él por la compra-venta de La Favorita.

La fiscal insistió en varios momentos sobre el asunto, sobre todo al analizar el caso por el que se le reclamaba colaboración: “Sólo bajo circunstancias muy particulares, Suiza puede dar la asistencia y ejecutar rogatorias por delitos contra el honor y la reputación [que era el motivo por el que había causa penal abierta contra mí]. En principio, nosotros no consideramos este tipo de delitos como suficientemente serios para dar asistencia, en particular para levantar el secreto bancario. La dificuldad en el presente caso es también que la medida de levantar el secreto bancario debería tener una conexión con un delito del cual fuera sospechoso el titular de la cuenta. Esta conexión ya no es dada cuando el sospecho del delito contra el honor es el periodista mientras que éste no sea el titular de la cuenta en cuestión y no tenga ninguna conexión con esta cuenta. Del otro lado, la conexión existe claramente entre una eventual sospecha de corrupción activa (contra el empresario Santiago Santana Cazorla, el titular de la cuenta en cuestión) respectivamente contra el concejal Fernández Roca (sospecha de corrupción pasiva con dinero trasferido de la cuenta del Santana Cazorla)”.

La fiscal estaba reclamando claramente que se abriera una causa judicial por corrupción para poder levantar el secreto bancario, pero no hubo manera. El juez instructor no lo consideró oportuno y la Fiscalía no llegó a reclamar nada de manera oficial, a pesar de que el fiscal encargado del caso, Valentín Ruiz, pidió el archivo sobre mi imputación desde el primer momento y mi absolución durante el juicio. Sus superiores no le permitieron en ningún momento abrir diligencias por corrupción contra cualquiera de los cargos públicos o el empresario que aparecían claramente relacionados con La Favorita.

Y eso que mi periódico lo había puesto muy fácil, tan fácil que hasta la fiscal suiza se sorprendía de la información que manejábamos de la cuenta de Santana Cazorla: “Las informaciones proporcionados en el periódico digital mencionado por usted me parecen muy detalladas y me parecería muy importante verificar y saber de dónde vienen estas informaciones. En particular, yo no entiendo de dónde obtiene el periódico la información sobre el número de la cuenta y el hecho que en una determinada fecha tuvieran lugar movimientos si no fue el mismo titular de la cuenta quien comunicó eso, porque estas informaciones están bajo el secreto bancario y solamente están accesibles al titular de la cuenta o a una persona con plenos poderes otorgados por el titular de la cuenta”.

Nos creyeron en Suiza, aquí no.

05 marzo, 2009

¿Dónde está Curro?

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El concejal de Hacienda que estuvo junto a Soria durante gran parte de su mandato en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (1995-2003) conoce a la perfección todas las operaciones extrañas que hizo aquel alcalde. Inspector de Hacienda en excedencia y titular de uno de los más prestigiosos despachos de asesoría fiscal y contable, Francisco Fernández Roca, más conocido como Curro, era el que daba apariencia de pulcritud y de legalidad a aquellos complicados expedientes, como el de La Favorita.

A Curro lo propuse como testigo para el juicio por el que se me acusaba de calumnias por este caso de La Favorita. Semanas antes de la vista me telefoneó para pedirme que lo sacara de aquel trance, que él no sabía nada de aquella operación que no estuviera en el expediente administrativo. Le contesté que me lo pensaría, pero que en un asunto penal como ese tenía que tirar de cualquier persona que contribuyera a aclarar lo ocurrido. Lo mantuve como testigo y acudió muy incómodo a la cita.

Curro Fernández Roca sostiene desde hace años que su estrecha amistad con Soria se quebró incluso antes de que acabara la tarea de ambos en el Ayuntamiento. Pero durante mucho tiempo fueron uña y carne. Por eso consideré siempre que su testimonio era trascendental.

Cuando en el juicio mis abogados le preguntaron por su viaje a Suiza, Fernández Roca contestó con evasivas. Dijo que se trataba de un viaje de carácter privado y que no tenía por qué explicar su finalidad. La juez le admitió esa licencia a pesar de que era clave que explicara qué hacía en Suiza un concejal de Hacienda de Soria en aquellos convulsos momentos en que se tramitaba la compra de La Favorita, máxime poniendo ese viaje en relación con la existencia de una cuenta en Suiza, que también aporté a la causa, a nombre de una empresa de Santiago Santana Cazorla.

Hace algunos años, una conocida agencia de viajes puso en circulación una llamativa campaña publicitaria en la que un personaje, de nombre Curro, aparecía en bañador y con gafas de pesca submarina, emergiendo de las aguas del Caribe. El copy de aquella campaña era “¿Dónde está Curro?” A nuestro Curro, el concejal, el diligente inspector de Hacienda en excedencia, lo pillamos nosotros en Suiza en un momento muy comprometido. Fue un viaje de ida y vuelta en tan solo 24 horas.

El 22 de julio de 2002, Curro no estaba en el Caribe sino embarcando en el vuelo 0807 de Iberia en Gran Canaria con destino a Madrid. Allí hizo transbordo ese mismo día al IB-3482 con destino a Ginebra, de donde regresó a Madrid en el IB-3487  justo al día siguiente, para enlazar en Barajas con el IB-0812 el mismo día 23 con destino en Gran Canaria. (Está todo en el extracto de su tarjeta Iberia Plus, que puedes consultar pinchando en la imagen que acompaña a este comentario).

¿A qué va a Suiza un político canario en activo en un viaje que dura escasísimas 24 horas?

Al día siguiente, el 24 de julio de 2002, bajo la presidencia de Francisco Fernández Roca, se celebra en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reunión de la Comisión de Gobierno. Excusan su asistencia Pepa Luzardo y Fernando Martín-Mönkemoller, además de Soria, que estaba “en un acto oficial”.  Según el acta de la sesión, en el apartado VII, de Patrimonio, se aprueba el “expediente para la contratación por concurso de la adquisición de una finca urbana en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, en procedimiento abierto”.  El “informe-valoración” que resulta aprobado es un retrato robot de La Favorita.

Gracias a la conocida práctica de sacar a la oposición de los órganos de control, en aquella comisión de gobierno sólo había concejales del PP: además de Curro, votaron a favor del paripé Juan José Cardona (en la actualidad director general del grupo Santana Cazorla), Felipe Afonso el Jaber (actual mano derecha de Pepa Luzardo en la oposición municipal), Carmen Guerra (diputada nacional), Rosa Rodríguez (parlamentaria autonómica) y Rafael Santana Quílez, defenestrado por su partido por haber cuestionado los servicios de la empresa que dirige en Canarias quien entonces era novio de Luzardo.

El informe-valoración que se aprobó describía La Favorita sin mencionarla: superficie de parcela mayor de 15.000 metros cuadrados, superficie construida mayor de 25.000 metros cuadrados… Era el 24 de julio de 2002, dos meses antes, el 24 de mayo de 2002, el periódico La Provincia publicaba una noticia que se titulaba así: “El Ayuntamiento estudia la adquisición de La Favorita para servicios municipales”. El periodista relataba con todo lujo de detalles las características del inmueble y, recogiendo declaraciones de Curro Fernández Roca, explicaba que para tal operación el Ayuntamiento suscribiría un préstamo de 12 millones de euros con el Banco de Crédito Local.

Luego un expediente impecable, un viaje a Suiza, una comisión de gobierno, una adjudicación y unas instalaciones que, siete años después, siguen siendo inservibles.

04 marzo, 2009

La cuenta en Suiza

La primera vez que me senté ante un juez de instrucción estaba convencido de que lo que había visto en tantas películas de abogados iba a funcionar. Yo era el imputado (por injurias y calumnias), y pese a las advertencias de mi paciente abogado, Luis Val, entré en aquel despacho con la certeza de que el juez se iba a quedar asombrado con las cosas que le iba a contar de Soria y con los documentos que llevaba en un pequeño cartapacio negro que demostraban que todo lo que iba a decir era verdad.

Mi primera sorpresa fue ver sentada a mi lado, a escasos veinte centímetros, a la esposa del denunciante, María del Carmen Benítez, que asistía al interrogatorio como procuradora de José Manuel Soria. Un hecho que es absolutamente infrecuente en el foro pero que se ha venido repitiendo en todas y cada una de las causas penales en las que el presidente del PP se ha empeñado en meterme.

La procuradora no puede hablar ni intervenir, lo que siempre me llevó a pensar que Benítez estaba allí sencillamente para incordiar e intimidar y, subsidiariamente, para meter presión al juez, cosa que ella extiende con su ya conocido gracejo a los funcionarios de cada uno de los juzgados que tienen el infortunio de padecerla.

También fue aquella la primera ocasión en que ví a un abogado que ha sido una constante los últimos seis años, Nicolás González-Cuéllar Serrano, hijo de un prestigioso fiscal de igual nombre y apellido compuesto que acabó abriendo despacho en Madrid para ganar mucho más dinero del que se gana ejerciendo en el lado público del foro. El padre del abogado de Soria fue, miren qué cosas, el que redactó una de las querellas más sonadas de la historia de Canarias, la que La Caja interpuso al que durante 22 años fuera su director general, Juan Francisco García, pero ésa es otra historia que también pienso contarles aquí.

Volvamos a aquel interrogatorio. El juez, Alberto Puebla, que se comportó en todo momento con una gran profesionalidad y amabilidad, me interrogó exclusivamente en torno a lo que nos había llevado hasta allí, esto es, la denuncia de José Manuel Soria contra mí por delitos de injurias y calumnias. Por más que le dije a su señoría que yo lo que quería era darle una cuenta en Suiza que había que investigar, que tenía indicios de que aquello había sido una operación indecente, irregular y probablemente incluso delictiva, no hubo manera. Allí estábamos para lo que estábamos y no cabían otras derivaciones.

Pronuncié la numeración completa de la cuenta en el BBVA Privanza de Suiza, la señalada con el número 401203, y fue como si diera la matrícula de mi coche para una revisión de los 40.000 kilómetros. Dije que no era una cuenta de Soria, que nunca sostuve eso, que era una cuenta de la empresa Calle Cervantes, S.A., cuyas escrituras también aportaba. Insistí en que esa empresa nació y murió con la operación de La Favorita, que el expediente administrativo se preparó para que todo condujera a esa antigua fábrica de tabacos. Pero nada, eso no tenía el menor interés para la instrucción.

Estaba seguro de que, al escucharme, el juez ordenaría que se dedujera testimonio y se investigara aquella cuenta, que venía a ser del empresario Santiago Santana Cazorla, al que finalmente le compraron La Favorita por 12 millones de euros menos de un año después de que se ofertara en el mercado por 5. Pensé que tirando del hilo, cualquier juez o fiscal daría con el ovillo. No sólo por la exceptio veritatis, lo que me habría librado de esa causa penal, sino por llegar al fondo de la verdad y comprobar qué pasó con aquel escándalo que por entonces ocupó grandes espacios en la prensa local. Pero nada pasó.

Saqué entonces un extracto de la tarjeta Iberia Plus del concejal de Hacienda en aquellos años municipales, Curro Fernández Roca, el hombre de las cuentas de Soria, el que estaba entonces en todos los zurcidos y en todos los fregados. En aquel extracto, que llegó a mí como llegan las cosas en los momentos más inesperados, quedaba constancia de que el concejal había volado a Suiza tan sólo 24 horas antes de que la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobara, con los votos del PP, el pliego de condiciones para comprar La Favorita en un descarado retrato robot de la propiedad de Santana Cazorla. No hubo nada que hacer, fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que había entrado condenado a aquel despacho de Granadera Canaria.

03 marzo, 2009

Siempre fue verdad (a modo de justificación)

Lo peor que se puede decir de un periodista es que miente. Siempre he sostenido que tenemos derecho a equivocarnos, como se equivocan médicos, jueces o sabios, pero mentir en cualquiera de sus modalidades no es aceptable en este gremio.

Cuando iniciamos en 1999 la aventura de un periódico en Internet y en Canarias, no teníamos ni la más remota idea de cómo iba a funcionar el invento. La prensa en la Red estaba en pañales y su credibilidad era igual o menor que cero. Algunos de los que integramos el equipo inicial llevábamos muchos años en el gremio, pero bastó que pusiéramos nuestras firmas bajo una cabecera electrónica para que compañeros, políticos y sesudos analistas nos dieran meses de vida y, por supuesto, descalificaran nuestro desempeño.

Nos propusimos entonces -y aún hoy mantenemos el compromiso- contar la verdad de lo que sucede en esta comunidad, tan dada al compadreo y al despiporre, lo que unido al soporte donde escribimos, nos ha granjeado muchísimos disgustos, mucha incomprensión y alguna condena judicial.

En sentido estricto, soy un delincuente: en 2005 fui condenado a una multa y a una indemnización por un delito de opinión, o más exactamente, por calumnias continuadas contra José Manuel Soria, el presidente del PP canario. Fue con motivo del pelotazo de La Favorita, la a mi juicio irregular compra de esa antigua fábrica de tabacos al empresario Santiago Santana Cazorla mediante la fórmula del pase inmobiliario, con alguna recalificación urbanística por medio.

Nunca mentí en el caso de La Favorita, pero me equivoqué en algo fundamental que me lo hizo saber en el juicio el fiscal que intervino y que pedía mi absolución: “La próxima vez vaya usted antes al juzgado de guardia”, me dijo Valentín Ruiz, “y luego publique lo que sabe”. No comparto en su totalidad el contenido del consejo, pero tratándose de lo que se trataba y de quién se trataba, era buena la recomendación.

El asunto de La Favorita, junto a otros de mucha enjundia ocurridos en Canarias esta última década, será abordado minuciosamente en este blog para que los lectores comprueben el tamaño del desafuero y lo injusto de la sentencia.

Porque en este comentario inicial sólo quería justificar de alguna manera la motivación de este blog y la razón del nombre escogido: Exceptio Veritatis. El latinajo vine a significar más o menos “excepción de verdad”, es decir, que alguien puede atribuir a otra persona un delito de calumnias, por ejemplo, y ver decaer su denuncia si se prueba que lo dicho es cierto. Yo lo probé en el caso de La Favorita, pero tanto el juez instructor como la juez que me condenó consideraron que cuando reclamaba de ellos que se investigara una cuenta en Suiza, lo que estaba achacando a Soria era un delito de cohecho.

No tengo pruebas de que así fuera, pero sí que había una cuenta en Suiza que había que investigar, y casi nadie investigó. ¿Casi? El resultado de esas pesquisas (que existieron) lo tendrán en el post correspondiente.

Pero, a lo que íbamos, lo de La Favorita era verdad, como lo es el asunto del salmón, Las Teresitas, el trapicheo con los Esquivel en el asunto eólico, el escándalo de Isolux…

De estas cosas y de lo que vaya surgiendo les iré contando con el compromiso de la verdad. Es lo único (casi nada) que les puedo garantizar desde el principio.