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10 diciembre, 2009

Hablar de Aminatou

Conocí a Aminatou Haidar de la mano de Juan Luján un viernes, en plena calle de Triana, pocos días antes de que regresara a El Aaiún y fuera atropellada en sus derechos por las autoridades marroquíes. Juan la entrevistó para El Correíllo y ella contestó en hasaní con la ayuda de un compatriota, Mohamed Salem, delegado del Frente Polisario en las Islas.

A mi lado, alguien me relataba con todo lujo de detalles la fortaleza moral y la capacidad de lucha de esta activista, que ha sufrido por la defensa de los derechos de su pueblo hasta límites que a cualquier ser humano hubieran conducido a la rendición.

Cuando la detuvieron en el aeropuerto de El Aaiún en compañía de dos periodistas españoles me sorprendió que los demás periódicos resaltaran más la presencia en el incidente de estos profesionales que la verdadera noticia, la que luego ha dado la vuelta al mundo: Marruecos capturaba, por las bravas, a una mujer que representaba la oposición a un régimen feudal que se niega a aplicar las resoluciones internacionales sobre un territorio en conflicto.

Todo estalló de verdad cuando regresó a Lanzarote y puso en marcha su protesta en forma de huelga de hambre, una medida drástica ante una situación compleja que, desde el primer momento, salpicó a España de forma irremediable.

Ante una persona así, que encarna los ideales de libertad de un pueblo, parece tarea imposible discrepar lo más mínimo. No me refiero ni a su respetable postura ni a todo lo que ella simboliza. Discrepo de algunos excesos que, a mi juicio, se vienen produciendo alrededor de esta situación tan penosa y delicada.

Responsabilizar a España, culparla de retenerla en Lanzarote contra su voluntad y señalarla como verdugo si se produce un fatal desenlace simplemente por haber permitido su entrada sin pasaporte, me sigue pareciendo, veintiséis días después del inicio su protesta, un exceso de difícil comprensión. Los juristas debaten sobre la legalidad de esa entrada en el país, obviando algo que parece de Perogrullo: impedirle su entrada en España equivaldría a devolverla a Marruecos, y a continuación, a su expulsión. Y vuelta a empezar.

El único responsable directo de la situación de Aminatou es el Reino de Marruecos, y la única solución factible es convencer a su Gobierno de que reconsidere su actitud. Porque ni Haidar ha permitido otro pasaporte que no fuera el que le retuvieron en El Aaiún ni España ha sido capaz de enviarla a su tierra por otro método que no fuera el expeditivo, frustrado el pasado día 4 cuando, tras despedirse de los suyos y agradecer a Exteriores las gestiones realizadas, Aminatou embarcó en un avión en el aeropuerto de Guacimeta.

Marruecos juega con las cartas marcadas y cualquier país democrático ha de negarse a sentarse alrededor del mismo tapete. Pero, lamentablemente, ganarle a un tahúr así sin jugar al mismo juego y sin hacerle trampas, parece imposible. Usa más de dos comodines y si se ve perdido, rompe la baraja o manda asesinar al rival.

Escribo sobre Aminatou a sabiendas de que en los colectivos de apoyo a la activista y al pueblo saharaui estoy siendo considerado un periodista pro-marroquí. Me preocupa un poco que los defensores de tantos derechos no respeten el que tenemos todos a discrepar, aunque sólo sea de una parte de las lecturas que se están haciendo de este conflicto.

Porque hasta los héroes más admirados (y yo admiro a Aminatou Haidar) pueden llegar a equivocarse en algo, bien por acción propia o por acciones inducidas.

25 octubre, 2009

Obama y la Fox; JFLA y ‘Canarias7′



Se acabó la impunidad; se acabaron los espacios vedados; se acabó el cuarto poder. La inabarcable irrupción de Internet ha abierto tantas puertas y ventanas, ha democratizado tanto la información y la comunicación, que ha terminado por hacer pedazos principios y usos considerados inamovibles y ha minado las posiciones de fuerza mantenidas hasta ahora por los medios de comunicación convencionales.

Cada cual según su dimensión y su ámbito geográfico, y con las debidas excepciones latentes en cada regla, los medios de comunicación tradicionales han venido ejerciendo lo que Burke denominó cuarto poder, encantados de influir, presionar, cambiar gobiernos y ganar dinero a base de crear opinión a partir de la que es propia de la empresa editora o de los grupos empresariales que la sustentan en cada caso.

Los negocios editoriales casi siempre han venido acompañados de otros absolutamente alejados del de la comunicación, lo que inevitablemente se ha traducido en la intervención del medio en cuestión en operaciones para cuyo éxito no ha importado manipular la realidad, remover a un gobernante incómodo, torcer la opinión de un fiscal, amenazar a un juez o sacar de circulación a un periodista demasiado atrevido.

Algo de esto acaba de ocurrir en Lanzarote, donde todas las fuerzas políticas se han unido para quitar al PSOE del Cabildo de la isla, institución desde la que los socialistas denunciaron toneladas de casos de corrupción, fundamentalmente urbanística, que se han visto ratificadas por contundentes sentencias judiciales.

Como autor intelectual y económico de esa operación todo el mundo señala a un empresario, Juan Francisco Rosa, propietario, entre otras muchas cosas, de Lancelot TV, que ha utilizado a ese medio y la imponente influencia que él mismo tiene sobre los políticos del PIL, el PNL, CC y el PP, para colocar en el poder a quienes han de mirar para otro lado en asuntos tan delicados como la demolición/legalización de una veintena de hoteles y complejos turísticos ilegales.

Muy lejos de Lanzarote, y con otros tamaños,  el presidente Obama se enfrenta abiertamente a la todopoderosa cadena Fox, propiedad del magnate Rupert Murdoch, que desde que el primero entró en la Casa Blanca se empeña en que decaigan sus índices de popularidad ridiculizando sus políticas sociales y defendiendo el mismo ultraliberalismo de Bush que ha conducido, entre otras causas, a esta profunda crisis económica global.

Obama le ha plantado cara a la Fox, seguramente por primera vez en la historia de la cadena y de los Estados Unidos, quizás porque el presidente norteamericano sabe que las cosas están cambiando o que, en su defecto, hay que hacer todo lo posible por cambiarlas. Es el primer presidente negro de la primera potencia del mundo y es el primer presidente que ha conseguido ganar unas elecciones valiéndose de una poderosa herramienta que se llama Internet y que, por mucho que lo anden intentando, no puede ser controlada por los grandes manipuladores de la información.

Juan Fernando López Aguilar -y volvemos a redimensionar las tesis- ha roto también esquemas enfrentándose abiertamente al poder tradicional de los medios de comunicación canarios, generalmente entregados al régimen político de turno. Es el primer político que ha dicho que los grandes periódicos están entregados al Gobierno, unos a través de la subvención pura y dura, y los otros por promesas cumplidas o futuras de prebendas de cualquier tipo.

El líder de los socialistas canarios ha señalado a un medio de comunicación concreto, Canarias7, cuya línea informativa y editorial ha ido destinada desde hace meses a generar un estado de opinión según el cuál a López Aguilar le quedan tres afeitadas al frente del PSC. Ha dado lo mismo que todos los datos sean contrarios a esa ocurrencia, que no haya indicio alguno que avale lo que sostiene. Se ha puesto a generar una opinión en ese sentido conducente exclusivamente a sacar a López Aguilar de la política canaria.

Los motivos son exactamente los mismos que han movido al otro Juan Francisco, el de Lanzarote, a desalojar al PSOE del poder insular: López Aguilar molesta al régimen clientelar, pesebrista, subsidiado y casi siempre corrupto que opera en Canarias. Frente a él, los socialistas de toda la vida, los que parecen abogar por una alternancia de la teta, alternancia que el mismo régimen les niega sistemáticamente, reciben todo tipo de loas y parabienes, y hasta son puestos como paradigmas de la buena política por editores y líderes de los partidos adversarios.

Obama no va a aflojar un punto ante la Fox. Sabe que tiene razón y que sufrirá un penoso desgaste, pero está obligado a ponerse en su sitio en nombre del pueblo americano. López Aguilar está obligado a plantar cara a tantas décadas de podredumbre en Canarias, aunque sea lo último que haga en la política local, aunque su partido tarde otros veinte años en gobernar. Porque hacerlo rendido a estos mismos poderes sólo conducirá a más podedumbre y corrupción.

12 octubre, 2009

Rajoy, limpiando en la mili



Parecía imposible que una parada militar, concretamente la de este lunes en Madrid, pudiera dar para tanto.

Me tomé la molestia de verla por televisión y descubrí, por ejemplo, que los regulares de Ceuta y Melilla también vigilan no se qué peñón llamado La Gomera y que lucen unas anacrónicas capas cuyos colores tienen que ver con el destino donde prestan sus servicios.

Me pregunté en un par de ocasiones cuánto dinero pudo habernos costado esta parada militar, pero descarté por completo sugerir su abolición al no encontrarle ocupación a los miles de militares españoles, los que no forman parte de los contingentes que están ahora mismo en alguna misión de paz que, en realidad, son de guerra.

El desfile también me sirvió para confirmar que la Legión sigue siendo el cuerpo más admirado y aclamado por el público madrileño, no sé si por la virilidad de sus miembros, con esas camisas desabotonadas hasta el ombligo, si por la incorporación al estilo escocés de un fallido majorette al que se le caía a cada momento el bastón, o si directamente por los gratos recuerdos que ese cuerpo hace rememorar por sus andanzas franquistas.

También escuché los abucheos dirigidos al presidente y a la vicepresidenta del Gobierno, abucheos y gritos de “dimisión, dimisión”, un rito que se repite año tras año solamente con presidentes socialistas, quizás por no haber servido niunguno de ellos en la heorica legión.

Pasado el bochorno de escuchar a ciudadanos expresarse libremente en un desfile militar, en presencia de los Reyes de España y de todas las instituciones del Estado (incluyendo el Gobierno y el Parlamento vascos, que acudían por primera vez), me enteré de que hasta a Gallardón esos gritos le parecieron “una falta de respeto absoluta”.

Nada dijo Rajoy, ni de la falta de respeto ni del caso Gürtel, por más que los periodistas que cubrieron la famosa recepción del Palacio Real se empeñaron en sonsacarle. Como muestra de generosidad en tan señalada fecha patria, el presidente del PP atinó a comentar que hizo la mili en Valencia, miren por donde, y que dada su condición de registrador de la propiedad, lo destinaron al servicio de limpieza.

Sería fantástico que recuperara esos hábitos de las milicias para limpiar su partido, y de paso, que recomendara a sus militantes de Madrid un poquito más de educación. Tampoco hace falta que le abucheen a él por la corrupción, que cuando se pide respeto, vale para todos.

28 septiembre, 2009

El respeto hay que ganárselo



Tiene todo el derecho y la legitimidad del mundo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro Feliciano, para reclamar “respeto” para las resoluciones judiciales y los órganos jurisdiccionales. Lo hizo el viernes pasado con motivo del acto formal de apertura del año judicial en Canarias, ante una sala de vistas del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria atiborrada de jueces, fiscales, políticos, abogados, procuradores, funcionarios y algunos periodistas.

La queja de Antonio Castro viene motivada por una cada vez más nutrida relación de reproches que acumula la Administración de Justicia, tanto en Canarias como en el resto de España, por resoluciones que han cabreado a los ciudadanos, particularmente en lo referido a casos de corrupción, ante los que ha habido una respuesta como mínimo vacilante.

A la Justicia hay que respetarla, faltaría más, porque los jueces deben actuar con total independencia e imparcialidad, ciñéndose exclusivamente a la ley, y no atendiendo a las presiones que puedan provenir desde otros ámbitos de la sociedad, tanto mediáticos como políticos, tanto económicos como puramente corporativos.

Dicho con el máximo respeto, no ha estado la Justicia en estos últimos tiempos a la altura de esa exigencia, porque cuando algunas resoluciones han recibido la crítica mediática ha sido precisamente por no haber respondido a la debida independencia e imparcialidad. Pero es en el momento de la crítica cuando se invoca respeto.

Y el respeto hay que ganárselo.

No es respetable, por ejemplo, que un alto tribunal como el TSJC, con la colaboración de otro órgano que también reclamó respeto el pasado viernes, la Fiscalía, archivara sin abrir las más primarias diligencias aquellas groseras conversaciones telefónicas que le remitió un juez de instrucción que descubrió a un empresario pidiendo a un presidente y a un consejero del Gobierno que apretara “los tosnillos” a unos funcionarios que debían agilizar una autorización administrativa.

Un archivo que incluía rapapolvo al osado juez, que merece el mismo respeto que los que forman parte del tribunal superior, de igual modo que merece igual respeto el fiscal anticorrupción que el fiscal jefe, Vicente Garrido, que lo exigía en la apertura del año judicial.

Tampoco ha resultado edificante para la ciudadanía que el mismo alto tribunal archivara las mentiras de un destacado político de la autonomía pronunciadas en sede parlamentaria alegando que  no se producía un daño irreparable a la causa que se investigaba. La causa era la trama eólica, miren por dónde, que aún hoy sigue dando coletazos (ver el caso chalet) y si lo ponen todo en relación verán que sí se ha dañado la investigación.

El prestigio de ese mismo alto tribunal, y más concretamente de su Sala de lo Civil y Penal, ha de verse necesariamente lastrado cuando una de las magistradas que firmó ese archivo se declaró meses más tarde amiga íntima, “desde hace muchos años” de aquel político, lo que la llevó a presentar su abstención en una causa posterior. La denuncia fue convenientemente inadmitida por el mismo alto tribunal.

No puede reclamar respeto sin poner algo de su parte la Sala que archiva el caso Salmón alegando que el viaje del vicepresidente del Gobierno, acompañando al mismo empresario que finalmente se benefició del resultado de aquellas gestiones del tosnillo, no constituyó delito de cohecho porque la expedición no fue premeditada.

Produce mucho desconcierto que ese auto de archivo haya servido meses después al TSJ de Valencia para apoyar sus tesis a la hora de archivar -y de qué manera- la causa penal abierta contra otro aforado, al que también debieron regalarle unos trajes de manera muy poco premeditada.

Si el viajero del salmón se despertó un día -sin proponérselo- con una caña pescando en Noruega, el de los trajes dobló una esquina y, de buenas a primeras, se vio vestido para una primera comunión. Desmoralizante.

Lo siento, pero se hace muy cuesta arriba que el presidente Castro fuera firmante de un auto de inadmisión de una denuncia por corrupción en el que se afeó la conducta al ciudadano denunciante -quien esto firma- acusándolo de “rayar el fraude procesal” por presentar denuncia y no querella, o por presentar querella y no denuncia, como si fuera necesaria la filigrana para denunciar a los corruptos de este país.

Por hablar de respeto, ¿No merecen, según las directivas europeas contra la corrupción, el máximo respeto los denunciantes, sin importar la forma de la denuncia?

Sobre las últimas sentencias del magistrado Gómez Cáceres, ni me pronuncio, de momento. La única vez que pedí a un juez que lo citara como testigo en una causa civil promovida por jugadores del Universidad contra mi periódico, no se presentó a juicio alegando que no sabía dónde estaban los juzgados de los Jesuitas.

El respeto que se reclama hay que ganárselo a pulso. Y debe ser recíproco.

24 septiembre, 2009

Amordazar libertades



Hace unos días, en un encuentro on line con los lectores de CANARIAS AHORA, me preguntaron si tengo algo personal contra José Manuel Soria. Creo que contesté de una manera un tanto retórica, devolviendo al lector una pregunta para responder a la suya: ¿cómo puede sentirse un periodista, director de un periódico, frente a un político que tiene entre sus objetivos cerrar el periódico y meter a su director en la cárcel?

Creo que debí contestarle más sinceramente y reconocer que, evidentemente, tengo algo personal contra Soria: el deseo y la obligación de defenderme y de defender a mi periódico de unos ataques despiadados y antidemocráticos ejercidos desde el poder, con las herramientas del poder y utilizando para ello unos métodos que cada vez quedan más al descubierto.

La sentencia conocida este jueves por la que se me absuelve nuevamente de una de sus denuncias, en la que volvía a pedir para mí la máxima condena prevista en el Código Penal, dos años de cárcel y fuertes sumas de dinero de indemnización, viene a reflejar que el vicepresidente del Gobierno de Canarias intenta con estas acciones amordazar a la prensa crítica e impedir el libre ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información.

Lo dice el juez en el último párrafo de la sentencia, un pasaje que es una importante (y ansiada) aportación a la libertad en una tierra donde padecemos un preocupante déficit democrático en esta y en otras materias: “Es necesario evitar que la acción penal pueda convertirse en una suerte de instrumento para amordazar dichas libertades [libertad de expresión y derecho a la información]“.

Hace unos días, en el 59 Segundosde Televisión Española, me ví en la obligación de salir en defensa de Juan Fernando López Aguilar cuando varios de mis compañeros de debate lo acribillaron tras afirmar que los medios de comunicación canarios están sometidos al Gobierno regional. Es una afirmación grave pero cierta, y no es un sometimiento basado exclusivamente en la existencia de fondos de reptiles, de prebendas en forma de TDT, concursos de Televisión Canaria, financiación atípica y campañas institucionales de dudosa rentabilidad comercial.

El sometimiento tiene también otros aspectos más sutiles que acaban en algo tan terrible como la autocensura. Muchos de mis compañeros sienten terror ante personajes como José Manuel Soria porque saben que puede ocurrirles lo que me viene ocurriendo a mí durante muchos años: querella y tentetieso. No lo critican, no lo censuran, no osan incomodarle en sus ruedas de prensa, no se quieren complicar la vida por temor a que el personaje se irrite y telefonee el dueño del periódico, radio o televisión pidiendo el despido del periodista. No exagero. Ha ocurrido.

En mi caso, en nuestro caso, hemos actuado libremente, publicando y denunciando comportamientos indignos, cuando no delictivos. Y Soria nos ha pasado su particular factura: La Favorita, Isolux, el caso Chalet… lo que nos ha obligado a un esfuerzo adicional, demostrar que todo lo que hemos publicado (incluyo La Favorita, por supuesto) ha sido verdad.

Luego puedes ganar el pleito y, como en este caso, resultar absuelto con expresa condena en costas al denunciante. Pero por el camino te vas dejando mucha piel, y como dice el juez Sotoca en su sentencia, sufrir los gastos y los desvelos inherentes a un proceso penal que sientes en ocasiones kafkiano: la verdad que demostramos en el juicio es la misma que expusimos el primer día ante el juez que instruyó la causa y nos mandó al banquillo.

Eso es lo que quiere Soria, que el que critica y denuncia su comportamiento de pésimo político lo pase realmente mal y, si puede, inferirle un daño económico tan importante que acabe desapareciendo de la escena periodística. Su histrionismo, su desfachatez y las influencias que sigue teniendo en sectores de la Judicatura le han sido propicios en muchos momentos.

Pero la verdad es inapelable y termina abriéndose paso.

Los que nunca le hemos tenido miedo no somos héroes, sencillamente unos cuantos periodistas (todos los que trabajan en CANARIAS AHORA lo son y de los grandes) que amamos nuestra profesión para ejecerla en libertad.

06 septiembre, 2009

Si se tolera se puede contar



La noticia del día nunca debió ser el reportaje de Telecinco sobre la alta actividad sexual que cada día desde hace décadas registran las dunas de Maspalomas. En una esquina más recóndita de los periódicos (al menos del que yo dirijo) aparecieron este lunes unos datos escalofriantes y muy reveladores: Canarias soporta una tasa de analfabetismo cercana al 3%, según datos de 2007,  lo que quiere decir que, a la espera de lo que resulte de la fracasada política educativa de este Gobierno, hay más de 53.000 canarios que no saben ni leer ni escribir.

Pero siendo malo el dato, peor resulta comprobar que 3.000 de esos analfabetos son personas de entre 16 y 31 años, a lo que hay que añadir que estamos a la cabeza en fracaso escolar y que la educación ha dejado de ser una prioridad desde hace tiempo para los sucesivos gobiernos que padecemos. Eso dibuja de alguna manera la sociedad que estamos construyendo para el futuro, la que habrá de hacerse cargo, entre otras cosas, de gestionar la principal industria de la que vivimos, el turismo.

No se incluyen en estas estadísticas los analfabetos funcionales, entre los que se encuentran algunos destacados políticos de esta autonomía.

Canarias es una sociedad con un bajísimo nivel educativo y cultural, siento escribirlo, y ésa es una de las razones por la que somos capaces de escandalizarnos ante un programa de televisión nacional que describe una situación perfectamente conocida por todos, mientras nos encogemos de hombros ante la deriva que están tomando asuntos mucho más vitales para nuestro presente y nuestro futuro.

Es la recurrente historia del enemigo exterior. Si lo cuenta un periódico local (La Provincia recordó este mismo lunes que en 2004 publicó incluso una infografía con los lugares exactos donde se practica el sexo en las dunas) no pasa nada. Pero si lo cuenta un medio de difusión nacional se suceden, por este orden, la indignación, el crujir de dientes, el ánimo de venganza y la búsqueda urgente de a quién endosarle el mochuelo.

El programa La Noria, de Telecinco, se caracteriza por ofrecer reportajes con una fuerte carga morbosa y amarillista, que entrevera con algunos debates de pretendida altura política. A nadie debería sorprender por tanto lo que hizo el sábado con su reportaje sobre las dunas de Maspalomas, y mucho menos al comprobar que nada de lo que se contó se alejó mucho de la verdad, contada, eso sí, con la truculencia que gusta a la tele amiga.

En Barcelona hubo una reacción similar ante la publicación en El País de un durísimo reportaje sobre el sexo de pago en el mercado de la Boqueria, y hasta se ha abierto un debate entre periodistas y lectores de ese diario acerca de la oportunidad de publicar unas fotos muy explícitas en las que se ve a clientes y prostitutas en plena faena. La reacción de Ayuntamiento y Generalitat ha sido actuar contundentemente contra una práctica conocida pero hasta ahora tolerada.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana también ha permitido hasta ahora el sexo en su principal joya turística, aunque a diferencia de lo ocurrido en la Boqueria, no parece que estemos ante prostitución callejera ejercida en plena vía pública, sino de intercambios sexuales voluntarios en lugares semiescondidos que es necesario buscar y encontrar para poder filmar.

No vale rasgarse las vestiduras en una postura bastante cercana a la hipocresía. Si existe y se tolera, se puede contar. Y si se cuenta y no gusta, arreglemos el desaguisado, pero no mandando a Carmen Guerra al plató de La Noria a dar patadas a la gramática española para que el ridículo pase a ser mayor.

03 septiembre, 2009

No mentir, “primera obligación”



“La primera obligación de un dirigente político es decir la verdad”. Esta fue una de las solemnes frases pronunciadas por Mariano Rajoy en el acto de Sotomayor (Pontevedra) en el que dio por inaugurado el curso político. Y estoy totalmente de acuerdo con él.

Pero no tardó mucho el presidente del PP que propinar una sonora patada en la boca a tal obviedad. Ya incorporado a su despacho en Madrid, y cumpliendo uno de sus anuncios pontevedreses, Rajoy retomó con pasión la teoría de la persecución contra su partido. O quizás deberíamos decir contra los presuntos corruptos que cada día en mayor número afloran en su partido.

Asiéndose a una verdad parcial, Rajoy dijo que no hay nadie del PP condenado en firme por delitos relacionados con la corrupción. La afirmación no es falsa si ésta se limita a las fechas que interesan al líder de la oposición: nadie de su partido ha sufrido condena ratificada por el Supremo desde 2004 hasta la fecha. A lo que habría que añadir que en iguales circunstancias estarán, muy probablemente, todos los españoles que fueron acusados de delitos desde ese año y que tienen pendientes de casación sus sentencias condenatorias.

Una vez más el PP se adentra en un terreno resbaladizo esgrimiendo unos argumentos que sólo son asumidos a pies juntillas por sus más conspicuos seguidores. Nadie se cree a estas alturas que no haya habido alcaldes, concejales, diputados provinciales y hasta algún consejero del PP condenado por corrupción, y los periódicos nacionales desempolvan estos días truculentas listas que dejan en ridículo la nueva teoría marianista.

Pero aún en el caso de que las sentencias no sean firmes, las evidencias puestas sobre la mesa en casos como Andratx, lino, Gürtel, Faycán, Góndola, Palma Arena… apuntan a que el PP tiene un problema grave con la corrupción, y no solamente con la que persiguen jueces, fiscales y policías. Su problema es que el partido de don Mariano está plagado de chorizos y eso no lo remedia ninguna teoría sobre la conspiración.

25 agosto, 2009

Si no fuera por Ben Magec



Hace unos pocos años, las fuerzas vivas de Tenerife convocaron a un almuerzo a los directores de los principales medios de comunicación de Canarias. El encuentro fue en el Mencey y a él fui invitado por las buenas relaciones que siempre hemos procurado mantener con la Cámara de Comercio tinerfeña, a pesar de las notables diferencias que respetuosamente hemos sostenido en público y en privado.

El objeto de aquel encuentro, al que no faltaron los grandes prohombres del tinerfeñismo, incluido José Rodríguez Ramírez, director y editor de El Día, era convencer a los medios de la necesidad de hacer causa común con los cuatro grandes proyectos que ellos consideraban imprescindibles para la isla de Tenerife: el cierre del anillo insular de carreteras, el tendido eléctrico del Sur, el puerto de Granadilla y la nueva pista del aeropuerto de Tenerife-Sur.

Gobernaba Canarias un tinerfeño, Adán Martín, que a juicio de muchos de los allí presentes no estaba precisamente colaborando mucho con la causa, aún a pesar de las estrechas relaciones que siempre tuvo (y sigue teniendo) con el núcleo duro del poder verdadero de esa isla (Pedro Luis Cobiella, Antonio Plasencia, Ignacio González, Rodolfo Núñez… y, por supuesto, don Pepito).

De ahí que los convocantes, aglutinados en torno a Ignacio González Martín y José Fernando Rodríguez de Azero, reclamaran de sus invitados una muestra de lealtad inquebrantable a aquellos principios de tinerfeñismo en forma de cuatro grandes obras públicas.

El enemigo no era allí la pérfida Gran Canaria, aunque en este tipo de asambleas siempre sobrevuele ese fantasma. El enemigo real era Ben Magec-Ecologistas en Acción, el principal colectivo ambientalista que opera en Canarias a base del esfuerzo de sus asociados y los constantes sinsabores e incomprensiones que se granjean.

A Ben Magec no se le reconoce el papel de necesario contrapeso que ha de desempeñar en una sociedad desarrollista que idolatra el ladrillo y el alquitrán un colectivo como éste. Directamente se le tacha de enemigo de Canarias y de sus ciudadanos, de instrumento al servicio de no se sabe qué inconfesable poder corrupto y mafioso que sólo pretende que nos muramos de hambre antes de que acabe la primera década de este siglo.

Pero gracias a Ben Magec y a todos los que la empujan, Canarias ha podido reconocerse depredadora y desarrollista, salvaje e inconsciente. No ha ganado ni la mitad de las batallas que ha planteado, y ni siquiera es necesario estar de acuerdo con todo lo que propone. Pero, ¿qué hubiera sido de esta tierra sin esa voz crítica, valiente y contestataria ante esos poderes?

En un lugar donde la corrupción campa a sus anchas no nos podemos permitir el lujo de que se trate de intimidar a un colectivo que ejerce sus derechos y los de los ciudadanos con la Ley en la mano y argumentando desde la seriedad y la responsabilidad. Es malo hasta para los corruptos.

19 agosto, 2009

Lola de Conspirar: el secreto está en la prensa



Ya tenemos las pruebas: las informaciones periodísticas sobre los casos de corrupción del PP contienen encriptadas las claves secretas que demuestran que el Gobierno ha creado un clan secreto y corrupto formado por policías altamente cualificados, fiscales con hambre de poder y jueces estrella para levantarle todas las alfombras al partido de Rajoy y enchironar a sus más inmaculados y selectos dirigentes.

Lo ha dicho María Dolores de Cospedal, que utiliza como nombre secreto el de Lola de Conspirar. Con ese alias, documentación falsa y disfrazada de cat woman, la Conspiral se instroduce cada noche en las alcantarillas del poder para encontrar el arca de la alianza, el que atesora las irrefutables pruebas de que el Gobierno socialista conspira contra el PP, al que tiene sometido a varias prácticas prohibidas, desde el vudú hasta las escuchas clandestinas, el seguimiento vía satélite y el más primario método de introducir en las filas enemigas un par de mataharis.

Tantas incursiones en las frías y apestosas alcantarillas, por lo general cargadas de gases tóxicos, han acabado con la cabal prudencia de Lola de Conspirar, que se ha rendido ante la dura evidencia de que los poderes mafiosos del Estado han destruido cualquier resquicio de prueba, incluidas las órdenes por escrito cursadas a los sicarios por parte del tal Fredy de Rubalcalva.

Así que, ni corta ni perezosa, Lola de Conspirar ha tirado por el camino de enmedio y ha señalado a la prensa como eficaz portadora de las pruebas que el PP necesita para demostrar sus acusaciones sobre el contubernio del que son víctimas las almas cándidas que conforman la alta dirección del partido.

Lo malo de esta historia es que Lola de Conspirar ha dicho que esas pruebas son las conversaciones telefónicas que han publicado los medios de comunicación. De momento sólo conocemos dos procedencias de esas conversaciones: las grabadas por órdenes de los jueces y las grabadas por un ex dirigente local del PP madrileño que se hartó de la corrupción de sus compañeros, grabó sus hazañas con Correa y las puso en manos de la Justicia.

Habrá que seguir bucando pruebas, Lolilla, que éstas parecen no colar.

12 agosto, 2009

Será que ellos lo hacen



Ni una sola prueba sostenible, ni un indicio que pueda conducir a una investigación medianamente seria. Con un palo y un fonil, el Partido Popular se ha presentado ante la opinión pública española denunciando que es víctima de una persecución de tal calibre que hasta se están violando los derechos fundamentales de sus dirigentes en constantes y flagrantes transgresiones de la Ley. No han presentado prueba alguna porque, por vergüenza ajena, nadie debería tener en consideración las boberías que ha soltado en Onda Cero el coordinador de Justicia de ese partido, Federico Trillo. Sí, Trillo, el que tantas cosas se inventó para tapar sus propias miserias en el caso del Yak 42.

La proclamación solemne de que el Gobierno socialista graba ilegalmente las conversaciones de los dirigentes del PP sólo podría sostenerse con pruebas y la correspondiente denuncia ante los tribunales. En ausencia de ambas cosas, sólo cabe una terrible explicación: el PP ha hecho en el pasado lo que denuncia y sabe cómo hacerlo para el futuro.

Las pocas oportunidades que ha tenido para hacerlo desde que está fuera del Gobierno las ha sabido aprovechar para demostrar que el partido del espionaje es el PP, y no cualquier otro.

Espía en Madrid, con cargo a los presupuestos públicos, y lo hace en las personas de sus propios correligionarios.

Lo hace en Canarias, donde todo un vicepresidente del Gobierno se dedica a grabar una conversación privada con un testigo de cargo para que tuerza su declaración ante la Policía y el juez.

Lo hace la ex alcaldesa de la principal ciudad de Canarias, que manda a dos propias a grabar en vídeo un almuerzo entre un gerente de una empresa pública y los representantes de una empresa privada.

Y lo hizo un concejal del PP, José Luis Peñas, que grabó multitud de conversaciones entre compañeros suyos y el jefe de la trama de Gürtel, Francisco Correa, que dieron lugar al escándalo que tiene a ese partido sumido en la más penosa desesperación.

El PP vuelve a meterse en el mismo laberinto en que se metió cuando dijo, el 11-M, que aquello fue obra de ETA. Lo mantuvo durante cuatro años. A ver cuánto les dura esta nueva batallita.

29 julio, 2009

El increíble caso del tesorero imputadito que no dejó de ser senador



El legislador (señoras y señores diputados y senadores elegidos por el pueblo para redactar leyes y fiscalizar a los gobiernos) quiso un día que dignatarios públicos de su casta y condición no estuvieran sujetos al riesgo de cualquier denuncia de particulares por un quítame allá esas pajas. Fue entonces cuando se creó la figura del aforado, que sólo puede ser investigado y en su caso juzgado por unas Salas y unos Tribunales extraordinarios. La figura estuvo pensada para delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos, pero la gamberrada nacional ha tomado otras derivas.

Un aforado no puede ser detenido salvo extraordinarias circunstancias, y en el caso de senadores y diputados, es preciso que el Supremo tramite ante las Cámaras un preceptivo suplicatorio por el que el Poder Judicial pide permiso al Poder Legislativo (manda Trillos) para proceder penalmente contra alguno de sus distinguidos miembros.

Luis Bárcenas es aforado, y su jefe del PP, Mariano Rajoy, supo con un día de antelación que el Supremo iba a tramitar su suplicatorio y el del diputado del mismo partido Jesús Merino. Con esa información de aforado en las manos, un privilegio más del que no gozan el resto de justiciables en España, Bárcenas aceptó dimitir como tesorero del PP, pero no como senador.

Su comunicado de dimisión es elocuente a la par que indignante. Bárcenas ha dicho públicamente que dimite “por lealtad al Partido Popular y a su presidente, Mariano Rajoy”, lo que viene a significar que su lealtad al Senado y a quienes allí le colocaron, los votantes del PP, será de aplicación en una ocasión más propicia. Seguramente cuando en España un aforado no goce de determinados privilegios y ventajas sin par ante la Justicia.

Porque privilegio es haber podido “declarar voluntariamente” y en calidad de “imputado provisional” ante el Supremo para defender lo que el señor Bárcenas llama su inocencia.

Instalado en esa imputación provisional y dimitido “transitoriamente” como tesorero del PP, los españoles quedamos a la espera de que la ocurrencia pase a ser doctrina. O que mañana por la mañana, ante una nueva variante del escándalo de Gürtell, el PP nos deleite con nuevas excusas para no remover a sus aforados cuando son investigados por delitos no cometidos precisamente en el ejercicio de su actividad parlamentaria ni ejecutiva.

27 julio, 2009

Perjudicial para los débiles; sumiso con los más fuertes



No dejan de conocerse noticias que reflejan claramente cuáles son las sensibilidades del actual Gobierno de Canarias. Sin entrar a valorar individualmente el alcance de algunas de estas noticias, cada cual más grave que la siguiente, baste con relatar aquí las más recientes: el Gobierno deja tirados a casi 2.000 becarios con beca concedida. Nada dicen las crónicas de cuántos estudiantes con problemas económicos se quedaron fuera.

Cáritas se ve obligada a abandonar dos programas de inserción social para mujeres en situación de emergencia porque el Gobierno de Canarias, a través del combativo -para según qué cosas- Instituto Canario de la Mujer, le ha retirado una ayuda de 120.000 euros a su vez procedentes de la Unión Europea.

Las organizaciones dedicadas a atender a personas con problemas de drogodependencias ya han recibido el aviso del Gobierno de que se va a producir un recorte drástico de las ayudas económicas. Algunas ONG que no han sabido encontrar otros procedimientos de financiación se verán obligadas a echar el cierre y dejar en la calle a las personas que están siendo atendidas.

El consejero de Economía y Hacienda, que vaticinó que iba a haber una gravísima crisis económica pero no supo calcular la drástica caída en la recaudación pública, gasta cada año 58.000 euros del erario público en pagar a los escoltas de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria que lleva consigo desde que fue alcalde.

Suya es la idea de suprimir el impuesto de sucesiones, que básicamente beneficia a las personas de mayor renta, las que tienen más de una propiedad inmobiliaria. Ese descreste fiscal ha supuesto una merma en los ingresos de 50 millones de euros al año, según cálculos dados a conocer por el propio Gobierno.

Suya también es la promesa de que ningún recorte presupuestario iba a afectar al capítulo de asuntos sociales. No sólo ha vuelto a mentir en esta materia, sino a demostrar su incapacidad para gestionar adecuadamente las cuentas públicas en beneficio de la mayoría.

Frente a esta ineptitud acreditada, Rafael Bittini, el empresario que mejor mueve los papeles en Canarias, está a punto de arruinar a la Hacienda pública en ejecución de una extravagante sentencia que es producto de una sucesión de negligencias gubernamentales que han configurado el escándalo de Tebeto.

En momentos de crisis extrema, con un preocupante nivel de desempleo, con un incremento de las tasas de marginalidad y de desesperación de muchas personas, el Gobierno de Canarias se alinea con los más ricos, se arrodilla ante ellos, con la misma agilidad con que desprecia a los más débiles, los deja sin becas, sin ayudas para igualar las oportunidades, sin posibilidades para soñar con el futuro.

23 julio, 2009

Tener talante con la derecha



Zapatero ya tiene dibujada en su propio trasero la primera gran coz de su talante en relación con el Poder Judicial. Tras años de bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, el presidente español promovió un gesto de concordia con la derecha y pactó el nombramiento de uno de los suyos, un conservador ultrareligioso para presidir el Consejo General del Poder Judicial.

Todo el mundo judicial (incluidos los más moderados sectores de la derecha) se echó las manos a la cabeza, no por la falta de méritos y capacidad jurídica del elegido, Carlos Dívar, hasta entonces presidente de la Audiencia Nacional, sino precisamente por concitar alrededor de su carácter, por sus creencias religiosas, por su conservadurismo acérrimo, todas las naturales sospechas de parcialidad, confirmadas ahora con su postura ante la nueva ley de plazos del aborto en España.

Carlos Dívar ha actuado conforme a sus principios religiosos y políticos, de acuerdo con sus instintos más arraigados, y ha conseguido bloquear, sumándose a la postura contraria de los vocales elegidos por el PP y al voto abstencionista del vocal de CiU, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El dictamen no es vinculante, pero ha de servir a Zapatero una vez más para medir hasta dónde debe llegarse con el talante cuando el receptor del mismo no es otro que la derecha irreductible y recalcitrante de este país en cualquiera de sus manifestaciones. Los ciudadanos dieron la mayoría electoral al PSOE para que desarrollara su programa electoral, y el PSOE no puede permitirse el lujo de gobernar colocando obstáculos en su propio camino.

La Justicia, y dentro de ella el órgano que gobierna a los jueces, son cosas muy serias que requieren de una vez una reforma profunda y radical, que acabe con los privilegios y que no esté sometida a los tradicionales poderes conservadores, que en la Judicatura tienen una amplia y sonora representación. Si el CGPJ es reflejo de las mayorías y minorías parlamentarias, ese reflejo lo deben apreciar los ciudadanos de modo bien distinto al que se ha evidenciado con el bloqueo a la Ley del Aborto.

20 julio, 2009

Ser o no ser (delito)

He esperado pacientemente a que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acabara con su trabajosa tarea de archivar el caso salmón, el que denuncié en agosto de 2008 con mucha fe en la Justicia, para hacer mi particular balance. Lo expreso ahora con serenidad, no exenta de decepción, para renovar mi deseo y el de mucha gente en Canarias de que acabe de una vez el estado de impunidad con que se mueve aquí la corrupción. Y pese al desenlace, en apariencia frustrante, estoy convencido de que entre todos hemos dado un paso de gigante en esa dirección.

Es cierto que denuncié contraviniendo la opinión de muchos amigos, algunos indiscutibles expertos juristas, que auguraban una muy corta vida a una denuncia contra José Manuel Soria en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC. Sostenían esos amigos –y sostienen- que esa Sala y una buena parte del TSJC están contaminados, que precisamente la labor de investigar y enjuiciar aforados está inventada para investigarlos poco y enjuiciarlos casi nada.


Pero insistí y presente mi denuncia (meses después presenté otra, la del caso chalet, pero de ella les hablaré en otro momento) instalado como estoy aún en la firme convicción de que las cosas pueden cambiar algún día, en cuanto algún juez valiente y ajeno al compadreo decida dar un paso adelante y acabar con una situación que incluso para la Judicatura debe estar siendo asfixiante.


Ahora que todo ha acabado, al menos en el TSJC, hago recuento personal y profesional y creo que todo el desgaste sufrido ha valido la pena. Cada uno de los agentes que ha intervenido en este proceso ha quedado debidamente retratado. Soria, por supuesto y en primer lugar, como un político acabado, preso de sus propias mentiras y componendas, de sus necedades, de actitudes que yo sigo considerando corruptas e inasumibles políticamente. Cargará toda su vida política con una actuación reprobable y, de haberse producido en otro sitio, seguramente delictiva.


La Justicia canaria, al menos la que se practica en las paredes de la jurisdicción donde se entienden los asuntos de los aforados, también ha dibujado su propio retrato. Ha actuado con miedo, contaminada, conservadora en el más amplio sentido del término, manejada –no necesariamente a su pesar- por manos interesadas, desviada del fin que inspiró un día al legislador que creó los órganos judiciales especiales para aforados. Basta con leer y escuchar lo que dicen los ciudadanos a través de los canales que algunos medios de comunicación ponemos a su disposición para hacerse una idea del papelón que han hecho algunas de sus señorías.


Expertos juristas opinan lo mismo que el vulgo, aunque lo expresen en términos más ajustados a Derecho. El TSJC se ha retratado y le va a costar mucho esfuerzo sacudirse su propio autorretrato.


La Fiscalía Anticorrupción tampoco sale igual del caso salmón respecto al modo en que entró. Luis del Río, su titular para Las Palmas, está desbordado aunque cargado de buenas intenciones. No parece contar con el necesario respaldo del Fiscal General del Canarias y sufre en sus propias carnes la tan manida lejanía isleña de los centros de decisión de Madrid. Sus jefes de la Fiscalía Anticorrupción no le están prestando el apoyo preciso para hacer frente a las cosas que pasan en la región más corrupta de España. Y que me perdonen Valencia, Madrid y Marbella, no sé si por ese orden.


¿Qué decir de mis colegas de profesión? Los medios de comunicación descubrieron un poco tarde el caso salmón, pero se sumaron a él con unánime entusiasmo. Unos para proteger al principal encartado, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, y otros para contribuir cada cual a su manera a una causa que, al igual que a nosotros desde 2005, les resultaba justa y ejemplarizante. Ha habido oportunismo, claro que sí, pero probablemente no habría habido caso salmón si sólo hubiera estado empeñado en él el periódico que dirijo, CANARIAS AHORA.


Quedan abiertos muchos interrogantes. Desde luego el principal es la independencia y profesionalidad de la Justicia en Canarias, un problema añadido a ese Poder del Estado que sólo está en sus manos resolver a través de los órganos correspondientes. Pero aunque pueda parecer rebuscado, me preocupa mucho más que sólo aquí, en esta tierra tan esclava del caudillismo, del caciquismo y de la más rampante corrupción deje de ser delito que un político reciba dádivas en atención a su cargo o que un servidor público pueda servir con igual pasión a una empresa privada, cobrar de ella, como hizo Manuel Fernández, y que la Justicia diga que eso es normal y hasta decente.


No todo vale. Y hay que seguir demostrando que los decentes son más que los corruptos.

21 junio, 2009

Concursos en ‘el Consorcio del Sur’

Un lector me ha animado a escribir algo sobre la primera (no será la última) polémica en que se ha visto envuelto el recientemente creado Consorcio para la Rehabilitación Turística del Sur, el Consorcio del Sur, en adelante.

Hay que dejar sentado, en primer lugar, que se trata de una iniciativa inteligente, necesaria y por tanto, extraña. Porque en los tiempos que corren ha de resultarnos extraño que cuatro administraciones públicas de distinto color político se pongan de acuerdo para remar en la misma dirección, y en el caso que nos ocupa, acometer una vieja asignatura pendiente del Sur grancanario, cual es su imprescindible regeneración urbanística.

Ya desde el principio, el PP entró en el Consorcio del Sur a regañadientes. Su representación le viene dada a través de la Consejería de Turismo, que tiene en su cúspide a una dirigente política que en cualquier otra parte del mundo estaría repartiendo folletos en las ferias, en lugar de ocuparse de cosas para las que se requieren ciertas capacidades que esta buena señora no tiene.

El Gobierno de Canarias, a través de esa consejería, tardó la intemerata en aportar los escuálidos dos millones de euros que le correspondían para arrancar el Consorcio del Sur, pero acabó poniéndolos seguramente porque alguien pensó que ese tren no se podía perder por el reproche político que acarrearía.

Y se nombra gerente. Para ese puesto se elige a una persona de consenso después de que el PSOE, siempre refractario a la valentía política, desechara a un hombre cualificado al que desde los sectores más indeseables y corruptos de la política y el periodismo canarios se le tratara de hacer pasar como un profesional “sospechoso”. Nadie dice de qué es “sospechoso” Domingo González Chaparro, porque realmente se le pone la proa desde diversos sectores por ser un hombre allegado a CANARIAS AHORA que, encima, ha tenido la valentía de plantar cara a determinados abusos desde su puesto de vocal de la Radiotelevisión Canaria.

Descartado Chaparro por esas miserias y cobardías inconfesables, es nombrado gerente del Consorcio del Sur José Fernández, un ingeniero de Caminos que ha desarrollado su vida política en el entorno de las costas canarias y españolas. Se le considera un hombre recto, irreductible ante la aplicación de la ley, hasta tal punto que ha tenido problemas en el PSOE nacional por haber actuado de manera impecable en el litoral peninsular, lo que puede haber provocado problemas electorales a su propio partido.

Su nombramiento en el Consorcio se produce por unanimidad, y enseguida se aprueban los primeros encargos con la urgencia que se corresponde a una iniciativa que ya parte con retraso. Uno de esos encargos es, precisamente, el proyecto para la rehabilitación turística del sur Gran Canario, que en su primera fase tiene un presupuesto de poco más de 51.000 euros.

Fernández decide, con las competencias y prerrogativas que le ha otorgado la Junta Rectora del Consorcio, convocar ese concurso por el procedimiento de urgencia, negociado y sin publicidad. Concurren tres conocidas ingenierías de Gran Canaria, todas ellas con sus correspondientes ofertas, y Fernández, tras los oportunos estudios y la emisión de los preceptivos informes valorativos, decide otorgar ese concurso a HS Ingeniería, de la que es titular José Francisco Henríquez Sánchez.

Henríquez es ingeniero de Caminos, además de economista. Como ingeniero ha hecho muchísimos proyectos en Canarias y fuera de Canarias, y pasa por ser uno de los más acreditados expertos en la urbanización turística del Sur de Gran Canaria.

Pero tiene el mismo problema que Chaparro: ha estado vinculado a CANARIAS AHORA y no se le puede otorgar ningún concurso público, por muy legal que sea, para evitar las críticas de la prensa y del PP. O a la inversa, que da lo mismo.

En una semana disparatada se suceden todo tipo de situaciones surrealistas. Un subdirector de Canarias7 llama al Gabinete de Prensa del Cabildo para preguntar por un concurso cuya adjudicación provisional está publicada en la web de a Corporación (fíjense si hubo oscurantismo), y a partir de ahí se desata el pánico. Un alto dirigente del Cabildo llega a pedir a José Fernández que anule el concurso y lo vuelva a convocar por el procedimiento abierto, lo que supondría no solamente una prevaricación como una catedral, sino retrasar casi medio año el comienzo de los trabajos efectivos del Consorcio.

El secretario y el interventor del Cabildo informan a sus superiores que el concurso es impecable, que anularlo equivaldría a prevaricar. Se han cumplido todas las exigencias legales y no hay ninguna fisura de la que asirse para poder dar marcha atrás y contratar el encargo a un ingeniero que no resulte incómodo a los nazis que quieren controlar Canarias y expulsar de ella a los incómodos.

A la algarabía se suma de repente Nueva Canarias, que a través de un indocumentado Carmelo Ramírez se lanza a La Provincia a exigir transparencia y legalidad. No se había tomado la menor molestia por informarse sobre el concurso en cuestión, de ahí que sostenga que este señor ha actuado en esta materia como un auténtico indocumentado, lo que le convierte automáticamente en un irresponsable político.

El partido de Ramírez, Nueva Canarias, quiere tener un puesto más en el Consorcio, no sé si por rentabilidad política o precisamente para orientar los concursos, una especialidad de la casa que ya se evidenció en obras faraónicas de Gran Canaria que resultaría ocioso y extenso recordar aquí y ahora.

Y como no hay disparate en Canarias en el que no se meta esa pertinaz desbocada de nombre Australia Navarro, encontramos a esta señora (de la que dicen será candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria) acusando a José Miguel Pérez de regalar dinero público a sus amiguetes. Se vale esta otra peligrosa indocumentada de su condición de aforada y de la inmunidad de la que gozan los parlamentarios. Es, junto a Carmen Guerra, el paradigma de lo que gusta a Soria: el insulto, la bravuconada, la demagogia y la mentira.

Defenderé a Caco Henríquez siempre que sea atacado injustamente por su antigua condición de presidente de este periódico, por el que sacrificó hacienda y reconocimiento social como nadie ha hecho en esta tierra por la libertad de expresión y de información. Hay personas en Canarias que quieren que se marche, que no pueda trabajar en Canarias. Como hicieron los nazis con los judíos.

09 junio, 2009

Peligrosos análisis de Cospedal



Dice la secretaria general del PP, y le sigue con su particular gracejo desde Canarias Miguel Cabrera-Pérez Camacho, que el PSOE tiene que reflexionar porque su candidato a las Europeas, López Aguilar, no ganó las elecciones en su tierra.

Es cierto que así fue, pero es igual de cierto que López Aguilar mantuvo la segunda posición del PSC en las islas, sumando 10.000 votos más.

Pero observemos el fonil de Cospedal y de Pérez-Camacho: ¿qué resultados obtuvo el cabeza de lista del PP, Mayor Oreja, en su tierra natal, Euskadi?

El ganador de las elecciones perdió en su feudo nada menos que 33.000 votos, quedando tercero y superando tan sólo en 500 papeletas a Iniciativa Internacionalista, que fue cuarta.

Está claro, se ponga cada cual como se quiera poner a la hora de interpretar los resultados, que las cuentas no terminan de cuadrar. Ni para que uno dimita de secretario general, el otro se crea ya presidente de Canarias o el tercero abandone el País Vasco abatido por una severa derrota.

29 mayo, 2009

Eso pasa por investigar



La frase no es mía. La puso en boca del concejal del PP Felipe Afonso El Jaber la que fuera directora de gobierno de Vivienda, Yolanda Ventura, durante el mandato de Pepa Luzardo como alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. “Eso pasa por investigar”, le dijo el entonces concejal de Urbanismo cuando Ventura se plantó ante él desesperada ante las “irregularidades” que había detectado en el departamento y que básicamente consistían en una cuenta corriente secreta por la que pasaron de modo hasta ahora no aclarado alrededor de medio millón de euros.

“Eso pasa por investigar”. Y la directora de gobierno debió asumir que tenía razón tan preclaro concejal porque no hizo nada más. Ni acudió a los tribunales, ni dimitió para no sentirse cómplice de una situación que tres meses antes, en diciembre de 2006, ya había puesto en conocimiento de la alcaldesa. Pero Luzardo no estaba para boberías y no la quiso recibir más.

“Eso pasa por investigar”. Y ha tenido que ser la siguiente concejal de Vivienda, Chani Ruiz, la que pusiera los hechos en manos de la Justicia tras concluir un expediente administrativo interno que se cerró con preocupantes sospechas de posible comisión de delitos.

Ahora, Yolanda Ventura y la funcionaria que cobraba los talones de esa cuenta sospechosa están imputadas por apropiación indebida en un sumario judicial. El concejal El Jaber y la ex alcaldesa Luzardo siguen pensando que mejor es no investigar.

25 mayo, 2009

Juan Fernando y un señor mayor



Una cosa parece innegable: Juan Fernando López Aguilar ya está preparado para cualquier tarea política de alto nivel. Lo volvió a demostrar este lunes en el primero de los debates electorales previstos con motivo de la siempre lejana y confusa campaña para las Elecciones Europeas del próximo día 7. Seguramente las encuestas dirán que lo ganó, aunque su adversario supo aguantar bien el tirón y atacarlo con las alarmantes cifras de desempleo y con una visión oscura, triste y anacrónica de una España que reclama pasar de una vez a la modernidad.

Pero más importante que proclamar un ganador me parece resaltar haber visto a López Aguilar con hechuras de líder, con seguridad en sí mismo y en su mensaje, con capacidad para encajar la crítica y devolverla sin perder la compostura, con empuje ilusionante para salir de la crisis y dibujar una Europa más comprometida con los que menos tienen, atinada y en sintonía con los nuevos tiempos de cambio que recorren el mundo de manera imparable.

Frente a él, un señor mayor, antiguo, cansado, con un discurso repetitivo, triste, desilusionado, frustrado. Estoy convencido de que Mayor Oreja cautivó a sus seguidores de siempre, a la parte más conservadora y tradicionalista del PP, a los que le iban a votar a poco que mentara la ruptura de España y la aberración que le produce que una mujer pueda elegir sobre su vida.

Si había alguna duda de que al PP le gusta que todo vaya mal para venir a salvarnos con sus viejas y restrictivas recetas, Mayor Oreja se encargó de despejarla con algunas de sus más recurrentes posiciones.

El día 7 se vota en y para Europa, es cierto. Zapatero no se somete con esas elecciones a una reválida doméstica, también es verdad. Pero creo que, además de elegir Parlamento Europeo, los ciudadanos estamos llamados a manifestarnos contra el pesimismo, contra las viejas recetas económicas y políticas, contra las guerras preventivas, contra el machismo, la homofobia y la intolerancia.

Que un canario sea el encargado de transmitir ese mensaje de cambio por toda España y por toda Europa es un motivo añadido de orgullo.

17 mayo, 2009

El juego al que no pensamos jugar

Nueva escaramuza del PP, a mayor gloria de su conspiración paranoica, y nuevo patinazo. El partido de Soria no quiere que se hable de la corrupción que anida de modo grave en sus filas, quizás por falta de referente ético, o porque el referente que tienen sus militantes y cargos públicos no es ni ético ni referente. Alguien un día corrió la voz de que todo valía, que había barra libre, y ahí tienen los resultados.

El intento multibanda de implicar a mi periódico en la conspiración sólo va en esa dirección: que se hable de esa cacería y no de lo que investigan los jueces, que el ruido impida escuchar nítidamente la retahíla de cargos que se les imputa en sede judicial, el sonido del dinero que algunos llevan en metálico en sus bolsillos en cantidades inusuales, las palmetadas de los abrazos indecentes con empresarios a los que admiten todo tipo de dádivas mientras les tramitan expedientes administrativos de alto valor económico.

No quieren que los ciudadanos recuerden que Jorge Rodríguez, todavía hoy dirigente del PP, cobraba importantes cantidades de dinero por ejercer de introductor de una empresa constructora -Grupo Europa- en ayuntamientos gobernados por su partido, al tiempo que ejercía de portavoz parlamentario con una alta remuneración por dedicación exclusiva. O que se sepa que se amañaban concursos para otorgar a esa empresa, a cambio de comisiones ilegales, nada menos que la construcción de viviendas sociales en esos municipios gobernados por correligionarios de José Manuel Soria.

Les irrita que se divulgue que Grupo Europa pagó un mitin de Rajoy a cambio de los favores prometidos en el Ayuntamiento de Mogán, donde gobierna el PP, o que un periodista de Canarias7 cobrara en dinero negro para publicar sentidos panegíricos de esa empresa cuando trataba de introducirse en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Cuando estalló en Madrid el caso Gürtel, el PP hizo lo mismo: acusar gravemente al juez Garzón y a la Policía de ejecutar una feroz cacería contra unos altos cargos que finalmente han resultado imputados por los jueces competentes en investigar el comportamiento de aforados. Acusaron entonces al periódico El País de estar en esa pretendida componenda, y hasta formularon denuncias penales por filtraciones, aún a sabiendas de que éstas tenían una procedencia clara: los mismos denunciantes, paradójicamente, del PP.

No vamos a jugar a ese juego que ellos quieren, el de dar explicaciones de un comportamiento, el nuestro, que jamás se ha alejado de la legalidad ni de las normas deontológicas de la profesión periodística. No tenemos que revelar nuestras fuentes, ni el lugar en que nos vemos con ellas, ni las condiciones en que se producen nuestras conversaciones.

A nuestros lectores sólo les debe importar saber que no utilizamos métodos execrables, que no grabamos conversaciones sin permiso de los entrevistados; que no robamos imágenes para luego emitirlas con el marchamo de periodismo de investigación; que no entorpecemos voluntariamente investigaciones policiales y judiciales, que ninguno de nuestros periodistas cobra de tapadillo por hablar bien de alguna empresa… Y lo más importante: que todo lo que hemos publicado de Grupo Europa, del caso salmón, de Góndola, Faycán, Brisan, La Favorita, el chalet de Esquivel, Isolux… es verdad. Duela a quien duela.

11 mayo, 2009

La comisaria y la corrupción



Hace alrededor de un año adelantamos en CANARIAS AHORA que una de las derivas por las que iba a conducirse la defensa de los presuntos corruptos del PP iba a consistir en desacreditar a los investigadores, particularmente a la Policía. Y no nos equivocamos en absoluto. Ya desde que estallara la operación Góndola, de presunta corrupción en Mogán, la por entonces concejal Onalia Bueno puso en marcha una grotesca investigación sobre el patrimonio personal de la comisaria que dirigía aquellas investigaciones, Concepción de Vega, lo que le supuso que se le añadiera a tan portentosa dirigente del PP un delito que complementara el amplio ramillete que colecciona en Góndola.

Pero al sumarse José Manuel Soria a la lista de imputados por corrupción en el PP canario, arreciaron de manera colosal los ataques contra esa misma comisaria, actualmente jefa superior de Policía en Canarias, a la que han llegado a acusar de actuar en connivencia con el Partido Socialista y con este periódico.

No es en absoluto reprochable que un juez llame a declarar a quien desee para aclarar unas diligencias como las abiertas a raíz de que José Manuel Soria se quejara amargamente de que, al levantarle las enaguas, aparecieran cosas feas relacionadas con el muy churrigueresco modo que tiene todo un consejero de Economía y Hacienda de Canarias de administrar los dineros (blancos, tintos y decolorados) de la familia. La suya de él.

Lo que es más preocupante es que con este tipo de acciones se pretenda algo muy distinto a la preservación de la intimidad, el honor y la buena imagen de un cargo público como el señor Soria.  O la garantía de confidencialidad de los sumarios judiciales, incluidos los que no están declarados secretos, como es el caso.

Porque lo que realmente se pretende, lo que siempre busca este político excesivo y chulapo, no es otra cosa que instaurar una sensación generalizada de pánico total entre el gremio periodístico ante la mera tentación de publicar algo del vicepresidente del Gobierno que se aleje de las notas oficiales que manda su consejería a los medios de comunicación. Que para periodismo de investigación ya están sus jefes de prensa.

Lo que nos falta por ver en el amplio historial de ataques que viene sufriendo la libertad de expresión y de información en Canarias es que un juez prohiba a los periodistas hablar con las fuentes oficiales, oficiosas o fijas discontinuas que les de la gana, y a éstas a confirmar, desmentir, matizar o no comentar lo que se les pregunte. Estaba inventado antes de que a Soria se le ocurriera meterse en política en 1995.

17 abril, 2009

Al banquillo por el caso Isolux

Isolux ha vuelto a ser noticia en Las Palmas de Gran Canaria, y nuevamente por defectos en los módulos de desalación instalados en el complejo de las potabilizadoras de Piedra Santa, que producen el agua de abasto de la ciudad. El Ayuntamiento ha informado de que se han detectado concentraciones de boro por encima de los niveles permitidos y Emalsa ha atribuido parte de esas concentraciones a las membranas de ósmosis inversa de las plantas desaladoras, particularmente las instaladas por Isolux.

La adjudicación, construcción y puesta en funcionamiento de estos dos módulos de desalación de agua de mar que instaló Isolux en 2005 han estado siempre rodeadas del escándalo y de la sospecha. Fue en agosto de 2003 cuando la entonces alcaldesa, Pepa Luzardo, adjudicó ese contrato a Isolux a pesar de que un informe del servicio del Ciclo Integral del Agua colocaba a esa empresa entre las peores de cuantas concursaron. Luzardo no quería dar el contrato a Idagua, la empresa que había quedado mejor colocada, así que encargó un segundo informe a un técnico ajeno al servicio que, en un tiempo récord de ocho días, consiguió colocar a Isolux en el primer lugar.

Hasta ahora sólo una persona se ha sentado en el banquillo para responder por el caso Isolux. Y ese fui yo. José Manuel Soria me interpuso una querella por injurias y calumnias por haber publicado que tras esa adjudicación de Pepa estaban sus instrucciones. Resulté absuelto en ese juicio, celebrado en junio de 2008, después de que la juez escuchara al representante de Idagua, que a su vez lo es del grupo francés Bouygues, declarar que Soria le había amenazado con no obtener un sólo contrato en Canarias si recurría la adjudicación en favor de Isolux.

Aquel juicio arrojó mucha luz sobre el escándalo del caso Isolux. Además de la constatación de que Soria miente siempre (ante la juez llegó a decir que jamás se interesó por ningún aspecto de este concurso), sirvió para conocer de boca de Pepa Luzardo que no le había gustado el primer informe, que encargó el segundo pero que no lo llegó a leer porque se fue al sur de vacaciones. Pero aquel segundo informe valió para una de las alcaldadas más onerosas que ha sufrido la ciudad en la etapa reciente.

Pero, al igual que otras muchas trapisondas de los mandatos del PP en la capital grancanaria, nunca se investigó por qué Luzardo tenía tanto empeño en adjudicar los dos módulos a una empresa que carecía de experiencia en la materia, hasta el punto de que los módulos de desalación no solamente se pusieron en marcha con un notable retraso, sino que no han parado de generar problemas, con continuas paradas que obligan a Emalsa a recurrir al mercado de los pozos de la isla, con el consiguiente encarecimiento y el detraimiento de agua a los acuíferos y a la agricultura.

Ahora sabemos que, encima, los módulos de Isolux son en gran medida los culpables de la aparición de boro en el agua de abasto de Las Palmas de Gran Canaria, lo que motivará tener que comprar en los pozos 17.000 metros cúbicos diarios hasta finales de junio.

En aplicación de la doctrina del PP, cuando se empeñó en ver en el ácido bórico el eslabón que enlazaba el 11-M con ETA, el boro encontrado en el agua de abasto habría de llevarnos al resto del mundo a buscar en no muy lejanas montañas ni en ignotos barrios residenciales al autor intelectual de esta adjudicación en favor de Isolux para preguntarle muy seriamente si hubo relación entre esa operación y la financiación de la campaña electoral de 2003.

05 abril, 2009

Segunda denuncia contra Soria

No tenía intención de comentar nada acerca de la segunda denuncia que he interpuesto contra José Manuel Soria, al menos hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Fiscalía Anticorrupción tomaran una decisión sobre ella. Pero la publicación de la noticia en Canarias7 el pasado viernes ha precipitado los acontecimientos. Alguien entregó mi denuncia a ese periódico, y desde luego no fui yo.

La denuncia no se está tramitando todavía, y es una máxima generalizada en el periodismo que sólo deben difundirse aquellas que sean diligenciadas por el órgano correspondiente porque ese sería un síntoma de que pueden existir indicios racionales de criminalidad. Desde luego yo opino que los hechos que denuncio revisten esa condición porque, de no ser así, no me habría tomado la molestia de redactar tantos folios sobre los hechos ni habría obligado a mis abogados a trabajar muchas horas para dar calificación jurídica al relato fáctico.

La denuncia está relacionada con la trama eólica, pero con el núcleo de lo que siempre he llamado el estanque de los tiburones, en feliz aportación de Lorenzo Olarte. Creo que lo investigado en la operación Eolo, por la que se van a sentar en el banquillo siete acusados, es una mínima parte de lo que verdaderamente ocurrió con aquel concurso de energía eólica convocado en 2004 en tiempos en que el consejero de Industria era Luis Soria, hermano de José Manuel Soria.

Soy consciente de que seré objeto de todo tipo de crítica y que por esta nueva iniciativa judicial arreciarán los ataques contra mí y contra el periódico que dirijo. Soy de los que opinan que no es tarea de un periodista acudir a los tribunales de justicia a denunciar hechos presuntamente delictivos, pero hay que tener en cuenta que por esos hechos que relato en mi denuncia, que avalo con todo tipo de pruebas documentales, estoy imputado por injurias y calumnias por denuncia del señor Soria. El próximo día 15, si no hay un nuevo aplazamiento, se celebrará un juicio en el que el vicepresidente del Gobierno solicita para mí la pena de dos años de prisión.

Siempre hemos sostenido en CANARIAS AHORA lo que sostengo en esa denuncia que interpuse el pasado 30 de marzo. Lo argumentamos con pruebas cuando lo publicamos en el periódico y lo avalamos con pruebas ante la Justicia. No puedo admitir que un periodista tenga que ser obligado a demostrar ante un juez que lo que ha publicado es verdad y que nadie reclame al político responsabilidades por esos hechos, que a mi juicio son presuntamente delictivos.

Han pasado tres años exactos desde que el señor Soria abandonó la vivienda propiedad del empresario Javier Esquivel, que habitó sin pagar ni un euro de alquiler. Y durante ese tiempo transcurrido nadie actuó de oficio, nadie extendió las investigaciones de Eolo a aquellos comportamientos, nadie denunció unos hechos que incluso fueron objeto de un contundente voto particular parlamentario en aquella vergonzosa comisión de investigación de la trama eólica.

Me ha tocado de nuevo hacerlo a mí. Espero que sea la última.

27 marzo, 2009

El cierre del ‘caso Martín’

Hubo sorpresa de última hora en el juicio contra el ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín, acusado de haber cometido un delito de negociación prohibida a funcionario público. Ya saben, fue descubierto en medio de las investigaciones de Eolo supuestamente asesorando a un narcotraficante para aliviarle su situación personal y conseguirle una libertad bajo fianza.

La sorpresa la provocó el fiscal antidrogas, Javier García Cabañas, que contó al tribunal que el magistrado instructor de Eolo, Miguel Ángel Parramón, le había contado que en medio de aquellas investigaciones se había tropezado con José Antonio Martín. Cabañas, que conocía la causa de aquel narcotraficante y la cercanía de una vista en la que habría de abordarse su situación personal, dijo que lo puso en conocimiento de sus superiores (el fiscal general de Canarias y el fiscal antidrogas del Estado) que a su vez le dijeron que actuara en consecuencia.

No hay constancia de que el señor García Cabañas actuara en consecuencia más allá de su deposición ante la Sala de lo Penal del TSJC este pasado miércoles, lo que probablemente haya de significar que este fiscal no consideró trascendental para la causa tomar algún tipo de iniciativa en su momento.

Pero a la sorpresa de Cabañas hay que casarla con todo lo ocurrido desde los comienzos de las investigaciones para, así, poder llegar a conclusiones muy objetivas y reveladoras.

Las investigaciones a José Antonio Martín se iniciaron en mayo-junio de 2005 gracias a los pinchazos telefónicos efectuados por orden de Parramón al empresario Wilebaldo Luis Yánez, al que su propio abogado defensor acaba de definir de manera elocuente, “un correveidile” dedicado a pedir favores, casi siempre con catastrófica efectividad, como se puede apreciar en el presente caso.

Por lo tanto, fue absolutamente casual que apareciera un magistrado en una investigación penal, por mucho que algunos periodistas amigos del acusado hayan querido echarle una mano en su particular teoría de la conspiración, según la cual lo implicaron en esta causa por ser uno de los tres jueces que en aquellos momentos aspiraban a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Es verdad que circulaban entonces muchos rumores acerca de la existencia de un alto magistrado investigado, pero pocos tenían la certeza de que se trataba de Martín hasta que, en agosto, el periódico La Provincia adelantó las primeras informaciones. La rumorología se convirtió en escándalo y el foro jurídico se dividió entre los que apostaron por llegar hasta el final y depurar responsabilidades independientemente del escalafón, la mayoría, y los que hicieron el vacío a Parramón por haberse atrevido si quiera a escuchar las conversaciones de Martín y sus amigos.

A José Antonio Martín no sólo se le abrió una causa penal, sino también un expediente disciplinario del Poder Judicial por cuatro supuestas faltas graves. Instruido por el presidente del TSJ de Cantabria, ese expediente se reactivará cuando haya sentencia. Puede costarle su separación de la carrera judicial.

Más de una docena de conversaciones telefónicas avalan las sospechas de que el magistrado intercedió para favorecer a un narcotraficante en prisión preventiva, aunque no se haya podido comprobar que pudiera haber recibido algún tipo de dádiva o prebenda a cambio. Sí consta en las investigaciones cómo su amigo Wilebaldo Luis Yánez tiene como secretario de varios consejos de administración y asesor jurídico al hijo del juez, el abogado Nereo Martín Fuentes, y cómo se producen en algunos momentos duplicidad de asesoramientos y, por tanto de facturas.

25 marzo, 2009

El vocal del Poder Judicial tocado por Eolo

Alrededor del frustrado pelotazo del concurso eólico de 2004 (el de 2008 también va camino de la perdición) revolotearon muchos más personajes de los que finalmente resultaron imputados, y algunos de muy alto copete. Uno de ellos, que ni siquiera fue llamado a declarar como testigo, turista o transeúnte, fue el vocal conservador del Poder Judicial José Merino, que intercedió ante Luis Soria para que el consejero de Industria recibiera a un cuñado que estaba interesado en el fallido concurso eólico promovido por el Gobierno de Canarias.

Las pesquisas de CANARIAS AHORA, recogidas meses después por La Provincia, dieron como resultado la confirmación de que José Merino se reunió con Luis Soria al menos en tres ocasiones, la primera a petición de José Manuel Soria, el 10 de febrero de 2004, ocho meses antes de que se publicaran las bases del concurso. Fue en el restaurante del hotel Wellington, de Madrid, en lo que constituyó el principio de una gran amistad o, como dijo Merino, “una relación normal”.

Por supuesto es normal que un vocal del Poder Judicial, juez por más señas, tenga trato fluido con el consejero de Industria de una autonomía, seguramente para que éste le provea de funcionarios judiciales, de ordenadores o de un eficiente instituto de medicina legal, competencias que en el caso de Canarias están residenciadas en la Consejería de Presidencia y Justicia.

Lo que en realidad hizo José Merino ante Luis Soria, con la intermediación del presidente del PP canario, fue mediar para que el consejero recibiera al madrileño Juan Lozano, cuñado del vocal del Poder Judicial y empresario dedicado al negocio eólico. Tras el encuentro en el Wellington de Madrid, nuestro periódico confirmó que Luis Soria accedió a recibir al cuñado de Merino el 18 de marzo de 2004 en su despacho oficial de Las Palmas de Gran Canaria, probablemente para hablar de palomas mensajeras.

La relación entre Merino y Luis Soria se convirtió a partir de estos primeros encuentros en frecuente y era normal verles almorzando en buenos restaurantes de Madrid.

El magistrado y ex vocal del Poder Judicial aprovechó muy bien su condición de vocal para las Islas Canarias, a donde acudía para cumplimentar sus nutridas relaciones locales con políticos y con empresarios. Cierto es que de vez en cuando se reunía con el presidente del TSJC, pero no era ésa la tónica habitual.

Merino presumía siempre de ser muy buen amigo de políticos como José Manuel Soria o Julio Bonis, y de empresarios como Santiago Santana Cazorla, con quien multiplicó sus encuentros a raíz de que estallara la operación Góndola.

Pero su relación con las Islas fue muy anterior, cuando cumplió en El Hierro su primer destino como juez y donde tuvo un problema cinegético similar al del ex ministro Bermejo. Pero ésa es otra historia de cazadores cazados.

23 marzo, 2009

Buscar a un socialista

Pese a haberse quedado en el estanque de los lebranchos, hay que reconocer al caso Eolo haber alcanzado una rentabilidad judicial totalmente imprevisible cuando saltó la denuncia de Alberto Santana, en el verano de 2005.

Santana denunció a su jefe, el empresario Wilebaldo Luis Yánez, tras detectar correos electrónicos de Celso Perdomo, a la sazón director general de Industria con el PP, con información sensible del concurso eólico medio año antes de que se publicaran las bases en el BOC.

El juez Parramón ordenó la intervención de varios teléfonos, entre otros los de Perdomo y Luis Yánez, y a partir de ahí aparecieron muchas derivaciones, como la del caso José Antonio Martín, el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, acusado de interceder en favor de un narcotraficante, cuyo juicio se celebra estos días.

En la causa propiamente dicha, se alcanzaba por primera vez al Gobierno mismo con un caso de presunta corrupción en el que aparecía un director general por el que su jefe directo había puesto las manos en el fuego en un pleno del Parlamento poco antes de que el escándalo fuera mayúsculo.

El alcance de lo que se investigaba y la espectacularidad de las detenciones de febrero de 2006 produjeron una profunda conmoción en el PP ante el peligro de que las indagaciones llegaran al despacho de Luis Soria, consejero de Industria, y a continuación, al de José Manuel Soria, presidente del Cabildo y del PP.

Esa conmoción produjo dos iniciativas muy concretas del PP canario encaminadas, de un lado, a neutralizar las investigaciones para que no se extendieran peligrosamente, y de otro, a buscar a un socialista al que endilgarle la responsabilidad de una trama que fue exclusivamente del PP.

Soria contaba todavía con un confiable Larry Álvarez, con muy buenos contactos en la Brigada de la Policía Judicial de Las Palmas, de la que había conseguido incluso la detención de un periodista que había mandado mensajes amenazantes a su esposa, la también periodista Teresa Cruz.

Alguien se ocupó de buscar en las conversaciones de Celso Perdomo hasta encontrar dos con el que entonces era presidente de CANARIAS AHORA, José Francisco Henríquez, ingeniero y militante socialista de base. Pese a que esas conversaciones fueron posteriores a la publicación de las bases y pese a que en ellas no se apreciaba tráfico de influencias ni mucho menos cohecho, la Policía pidió al juez la “imputación y/o detención” de Henríquez por considerar, atención, que era la persona que, tras la salida del PP del Gobierno, se había “quedado dentro de la Consejería de Industria” para rematar la operación del pelotazo eólico.

Dos por el precio de uno: se distraía la atención sobre los que pudieran ser los verdaderos autores intelectuales del pelotazo y se neutralizaba a un periódico que se empeñaba en buscar a esos responsables, los tiburones.

Tras nueve meses imputado, Henríquez quedó exento de toda responsabilidad, pero durante ese tiempo Soria y el PP, con al apoyo de los medios de comunicación que le bailaban el agua, metieron a este ingeniero de Caminos en un atolladero terrible que terminó con aquellas infames conclusiones de la comisión eólica del Parlamento en la que le responsabilizaban de ser el cerebro de una trama que se había fraguado ¡en una consejería del PP!

Las siguientes investigaciones por corrupción relacionadas con el PP no las volvió a llevar la Brigada de la Policía Judicial de Las Palmas.

20 marzo, 2009

Los lebranchos, al banquillo

Hay que felicitarse por que, de un tiempo a esta parte, los sumarios que se abren por corrupción se investiguen y terminen en el correspondiente auto de apertura de juicio oral. Ya ha pasado en algunos casos, pero han adquirido especial relevancia dos que han afectado directamente al Partido Popular: Faycán y el caso Eolo.

La creación en Canarias de fiscalías para la “Represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción” ha sido determinante, como ha sido determinante también el papel desempeñado por los medios de comunicación, que en ocasiones han llegado a investigar más allá de lo que esa fiscalía y los jueces han podido hacer.

Vaya por delante que una investigación periodística es exactamente eso, una investigación periodística en la que se hace acopio de pruebas destinadas a confirmar un determinado comportamiento, que en el caso de los cargos públicos, tiene en la responsabilidad política su máxima exigencia.

Desde esa óptica, en nuestro periódico adoptamos como nuestra desde el principio una frase genial de Lorenzo Olarte, que se refirió al sumario judicial conocido como caso Eolo como el estanque de los lebranchos, reservando para la parte no investigada, la que afectaría a los máximos responsables del pufo, el calificativo de “estanque de los tiburones”.

Pues bien, la causa penal para la que ya se ha dictado auto de apertura de juicio oral se corresponde exclusivamente con el estanque de los lebranchos, en el que hay un ex director general del Gobierno de Canarias, del PP por más señas, nombrado por Luis Soria, a quien puso en el cargo de consejero de Industria nada menos que su hermano, José Manuel Soria.

El magistrado Miguel Ángel Parramón y el fiscal Luis del Río están convencidos de que Celso Perdomo, ese ex director general del Gobierno, junto a otros cinco imputados (los empresarios José Ignacio Esquivel, Enrique Guzmán y Alfredo Briganty, y los funcionarios Honorato López y Mónica Quintana, novia del ex director general) cometieron diversos delitos relacionados con la corrupción, entre otros el cohecho, es decir, el soborno.

Fuera de la causa penal han quedado otros personajes que estoy seguro que debieron haber sido investigados, como Javier Esquivel, José Manuel Arnáiz, Luis Soria y José Manuel Soria porque, a mi juicio, se confabularon para montar una gran operación en la que la empresa de Esquivel, Promotora de Recursos Eólicos, obtuviera un gran negocio a costa del interés general: facilitándole sin concurso un suelo portuario en Arinaga; apartando de la competencia por ese espacio a una empresa pública, Magaturninas de Arinaga; facilitando las bases del concurso con anterioridad a su publicación y, al ser descubiertos, formulando un acuerdo desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas con el que la empresa beneficiada obtuviera beneficios tanto si se convertía en titular del campo de vientos como si era desplazada por el organismo portuario.

Mientras se montaba esta operación, entre junio de 2004 y marzo de 2006, José Manuel Soria habitó gratuitamente en un chalet propiedad del empresario Javier Esquivel.

Eso es lo que hemos podido probar a lo largo de nuestra investigación periodística. Así lo publicamos y así lo sostenemos en el momento en que se cierra el estanque de los lebranchos. Faltan los tiburones.

16 marzo, 2009

San Rafael: mismo empresario; mismo pelotazo



Por si había sido poco descarado el pelotazo dado en la compra-venta de La Favorita, la misma operación se repitió años después en Telde con la adquisición por parte del Ayuntamiento de la finca de San Rafael, en el pago de La Higuera Canaria. Gobernaba la ciudad el funesto pacto entre el PP y AFV-Ciuca, que condujo al Ayuntamiento a la ruina y a la vergüenza nacional por los escándalos relacionados con las operaciones Faycán y Doramas, por las que han sido detenidas casi medio centenar de personas, entre cargos públicos, funcionarios y empresarios.

El empresario autor del pase fue el mismo que en La Favorita, Santiago Santana Cazorla, que vuelve a actuar de intermediario entre los propietarios que vendían la finca y el Ayuntamiento, al que de buenas a primeras sobrevino la necesidad de tener un inmueble así para destinarlo a personas discapacitadas y ancianas.

Al igual que ha ocurrido con La Favorita, que presenta severas carencias y problemas graves de salubridad para los funcionarios, la finca de San Rafael es imposible de adaptar a los fines para los que oficialmente fue adquirida.

Santana Cazorla compró a la familia Benjumea esta finca el 28 de julio de 2004 por 2.524.250,84 euros y permutó esa propiedad al Ayuntamiento por ocho parcelas urbanizables en Marpequeña que sumaban casi 30.000 metros cuadrados y que el consistorio valoraba en 6.399.527,95 euros. Entre la compra y la permuta, que se celebra llamativamente en pleno mes de agosto, el día 18 concretamente, dista menos de un mes, y entre un precio y el otro, casi cuatro millones de euros.

A diferencia del caso de La Favorita, en el de la finca de San Rafael sí hubo recurso contencioso-administrativo, que terminó con una demoledora sentencia en la que se anulaba la operación por no haberla sometido a los mínimos legales de publicidad y concurrencia y a la necesaria votación en la junta municipal de gobierno.

Pero nadie, que yo sepa, ha interpuesto la correspondiente denuncia ante cualquier órgano jurisdiccional competente para que se investiguen aquellos hechos por si hubiera algún ilícito penal.

Y hay material de sobra para sospechar lo peor:

- La concejal de Bienestar Social evacúa un informe el 4 de marzo de 2004 reclamando un inmueble para discapacitados y ancianos.

- Cuatro días después, un técnico municipal cifra aquella necesidad en 80.000 metros cuadrados, de los que sobradamente disponía el Ayuntamiento en muchos lugares del municipio.

- Un topógrafo municipal firmó el 5 de abril un informe sobre la finca de San Rafael sin que conste quién le ordenó ese levantamiento y con qué objeto.

- La arquitecta municipal valoró San Rafael en 6.399.527 euros el 23 de julio de 2004, cinco días antes de que Santana Cazorla cerrara la operación con los Bemjumea por 2.5.

- En el acta notarial de esa compra-venta, Santana Cazorla incorpora un anexo con los bienes y obras de arte incluidos en la finca mediante una fotocopia del inventario que habían realizado dos funcionarios municipales el 13 de abril de 2004.

- La permuta de la finca por las ocho parcelas de Marpequeña en favor de Santana Cazorla se funda en un informe de 12 de agosto firmado por el jefe de los Servicios de Ordenación del Territorio, José Luis Mena, imputado en Faycán y Góndola.

- La permuta se autoriza en una junta de gobierno en agosto, con Guillermo Reyes en funciones de alcalde en sustitución de Francisco Valido, que se encontraba de vacaciones.

- Reyes está siendo investigado en el marco de la operación Doramas por diversas actuaciones urbanísticas en Telde en las que también aparece implicado José Luis Mena.

11 marzo, 2009

Santana Cazorla se quedó con 22.165 metros



La única ventaja de haber estado imputado en el asunto de La Favorita fue que pude acceder al expediente administrativo que se tramitó en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la adquisición de ese inmueble. No es un secreto que los expedientes no estaban al alcance de la prensa, como no lo estaban siquiera para lo concejales de la oposición, como ha quedado acreditado en varias sentencias judiciales.

Pero la juez que me condenó accedió previamente a nuestra petición y reclamó el expediente foliado. De su análisis se deduce que, efectivamente, una vez se hace el retrato robot de La Favorita, los técnicos municipales se dedican a la noble tarea de vestir el machango, es decir, dar cobertura legal a la decisión política de adquirir aquel inmueble.

Hay algunos aspectos llamativos, como las contínuas prevenciones de la oposición en los órganos correspondientes, los diferentes informes de valoración hasta alcanzar el deseado o la disolución de Calle Cervantes, S.A., que finalmente es absorbida por Iniscan, ambas del Grupo Santana Cazorla, empresa esta última a favor de la cual se extienden los dos cheques municipales, uno de La Caja, por 10.020.242  euros, y otro del Santander, por dos millones.

La única empresa que se presentó fue Calle Cervantes, S.A., una vez el retrato robot diseñado por el concejal Fernández Roca dejó fuera otro inmueble ubicado en Las Torres para cabreo de su propietario.

La Favorita era la favorita, de eso no había duda, porque sus características coincidían hilo por pabilo con lo que decía el pliego del concurso. Hasta que, una vez adjudicado a Santana Cazorla, éste presenta al Ayuntamiento un escrito aclarando que lo que le habían comprado no era toda la propiedad, sino una parte de la misma.

“Se ha podido incurrir en un error de interpretación al considerar  como objeto de la oferta la totalidad de la finca registral de referencia y no sólo el de terrenos, solares e instalaciones del reconocido como complejo industrial de La Favorita, contenidos, eso sí, en la misma finca”, se puede leer en el folio 369 del expediente en ese escrito firmado por el empresario el 12 de diciembre de 2002.

Efectivamente, una vez adjudicado el concurso en noviembre, Santiago Santana Cazorla se va a un notario el 4 de diciembre de 2002 y depura la propiedad que había adquirido por poco más de cinco millones de euros a la multinacional BAT. Mediante un instrumento llamado determinación de resto, segrega la parte que había vendido al Ayuntamiento e inscribe a su nombre el resto de la propiedad, que queda fuera de la operación.

Y ese resto es nada más y nada menos que 22.165 metros cuadrados, lo que viene a significar que el Ayuntamiento de la ciudad renunció a comprar la totalidad de la propiedad, 47.735 metros cuadrados, con sus naves y edificios, por 5 millones de euros, para pagar 12 millones por una parte. En esa misma escritura notarial, suscrita casi un mes después de la compra-venta, se indica que el valor de la finca es de 5.409.108,94 euros.

Quizá la palabra sablazo no sea la que mejor defina esta operación tan ventajosa para el interés general.

10 marzo, 2009

Se la ofrecieron a ‘Canarias7′ por 5 millones



De haber habido algún delito en La Favorita, probablemente ya estaría prescrito, a no ser que alguien decida ahora investigar y tropiece con un cohecho de considerables dimensiones en relación con una decisión ilegal adoptada bajo la alcaldía de José Manuel Soria. Cuando declaré por primera vez ante el juez de instrucción le dije que me habían llegado informaciones muy suculentas acerca de una buena mordida de 300 millones de pesetas, pero nunca publicamos una sola línea del asunto porque ese extremo jamás lo pudimos confirmar. Salvo que hable alguna de las partes del soborno o un imposible testigo, es dificilísimo probar si hubo o no reparto de plusvalías alrededor de La Favorita.

Lo que sí logramos probar desde un principio, además de la existencia y titularidad de la cuenta en Suiza, además de la confabulación para adquirir ese inmueble y no otro, además de la visita relámpago a la capital helvética de Curro Fernández Roca… fue que el precio de venta de La Favorita iba en disminución hasta que llegó Soria y pagó por ella casi el triple de lo que se pedía.

La tabaquera BAT había decidido desde finales de los noventa desprenderse de ese inmueble por su valor contable, sin mayores pretensiones.

Así, en un acta del consejo de administración de Canarias7, celebrado el 10 de diciembre de 1999, que aporté al juzgado que me condenó, se certificaba que la empresa editora de ese diario había recibido una oferta por parte de BAT España. En esa acta no se especificaba el precio que se estaba reclamando, pero sí aparecía una cantidad en la reunión que el mismo órgano de Informaciones Canarias, S.A. (Inforcasa) celebró el 7 de febrero de 2000.

En el certificado aportado al juzgado a petición de mi abogado se puede leer textualmente lo siguiente: “Ha de tomarse en consideración que BAT insiste en su oferta, bajando el precio a 800 millones de pesetas, teniendo en cuenta que esta oferta puede estar ya en el límite hacia abajo”.

Esa afirmación, certificada por el secretario de Inforcasa ante el juzgado, venía a demostrar que el precio de La Favorita a principios de 2000 era de unos 5 millones de euros, pero tan sólo dos años después, el Ayuntamiento que presidía Soria anunciaba que pensaba comprarlo por más de 12 millones de euros, más de 2.000 millones de pesetas. Y lo compró, claro.

La oferta de La Favorita la estuvieron moviendo por diversas empresas de la ciudad y de fuera de la isla varios intermediarios. La comisión debía ser bastante sustanciosa tratándose del precio que se trataba y teniendo BAT la prisa que tenía por ajustar su cuenta de resultados.

Uno de esos comisionistas era Jorge Rodríguez, quien fuera concejal de Urbanismo con Soria durante su primer mandato municipal, cargo que abandonó antes tras reconocer que había tomado decisiones que beneficiaban a la empresa de un ser querido. Pero se quedó con su puesto en La Caja, donde el PP lo había colocado como secretario del consejo de administración.

Nunca pudimos verificar si fue Rodríguez quien hizo de aglutinador entre BAT España, Santiago Santana Cazorla y el Ayuntamiento de la capital grancanaria para que el empresario comprara el inmueble por cinco millones, lo aguantara unos quince meses en su poder y luego se lo vendiera al consistorio por mucho más del doble. Años después, en 2007, volvimos a tropezarnos con Rodríguez cuando, metidos en una investigación periodística sobre Grupo Europa, lo descubrimos haciendo de aglutinador de esta empresa y los Ayuntamientos de Telde y Mogán, entre otros, gobernados por su partido, el PP. En estos momentos está imputado en la Operación Faycán por tráfico de influencias. Qué cosas.

09 marzo, 2009

Lo que indagó una juez canaria



Cualquier intento por verificar que lo que decíamos era verdad, cualquier vía que pudiera abrirse para la exceptio veritatis, sufrió la más absoluta incomprensión, cuando no el desprecio, en este asunto de La Favorita. Detalles tan colaterales como que utilizáramos la palabra “sablazo” para definir lo que hizo Soria en esa operación, remedando un artículo suyo publicado 24 horas antes en Canarias7 (el 3 de octubre de 2004), bajo el título de “El Sablazo”, referido al presidente Zapatero, sólo fueron tenidos en cuenta para incrementar los cargos contra mí.

No solamente no se investigó nada, no solamente se desechó cualquier información facilitada por mí para abrir unas obligatorias diligencias por presunta corrupción, sino que tuve que presenciar cómo se instruía la causa penal más meteórica de cuantas he padecido: la denuncia ante la Policía fue el 4 de octubre de 2004; el 8 ya se admitía a trámite y se abrían diligencias previas, el 15 de diciembre declarábamos denunciante y denunciado, el 23 de diciembre de abría procedimiento abreviado y el 7 de febrero de 2005, y por una dilación de mes y pico por parte del fiscal,  se decretaba la apertura de juicio oral. La justicia no es tan lenta como dicen, al menos no lo fue en este caso.

Si durante la instrucción no se practicó ninguna de las pruebas que solicité y mucho menos cualquiera de oficio, algo parecido ocurrió cuando la causa entró en el Juzgado de lo Penal número 5. Bueno, en realidad sí se realizó una de las muchas que solicitó mi abogado: se libró atento oficio al Banco de España para que informara sobre la cuenta en Suiza de la empresa Calle Cervantes, S.A., pero se solicitó tan incorrectamente la información, que la contestación del Banco de España fue para echarse a temblar.

El Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España informó el 21 de junio de 2005 a la juez sustituta Mercedes González Jiménez que “las consultas realizadas sobre la identidad del acusado en las actuaciones judiciales, Carlos Sosa Báez, han dado resultado negativo en cuando a la existencia de antecedentes en este servicio”.

Es decir, el Banco de España me investigó a mí y no al titular de la cuenta en Suiza de la que se le reclamaba información.

Y todo porque el juzgado, como consta en ese informe del banco emisor español, solicitaba “información sobre si el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ha informado que en su filial antes BBV-Privanza o en su sucursal de Suiza existe una cuenta con número 401203 sucursal en Zurich, nombre del titular de la cuenta y los movimientos de la misma entre el 2 de junio de 2002 y el 31 de agosto del mismo año”.

La respuesta del servicio fue muy elocuente, pero no animó a la juez a repetir el intento y solicitar la información correctamente: “Los datos que obran en el Servicio Ejecutivo derivados de las comunicaciones de operativa sospechosa y de las comunicaciones de reporting sistemático de las entidades obligadas se estructuran en función de la identidad de las personas físicas y jurídicas intervinientes en las operaciones, por lo que para rastrear determinadas informaciones en las bases de datos de este servicio es preciso conocer la identidad de la persona interesada, en este caso el titular de la cuenta sobre la que se interesea ese juzgado”.

No hubo un nuevo requerimiento al Banco de España, pero al menos podía estar traquilo: no me tenían abierto expediente por blanqueo o por delito monetario. Algo es algo.