Un empresario, un amigo

Se pueden contar con los dedos de una mano los empresarios con verdadera vocación solidaria, de entrega real a la causa del engrandecimiento y la prosperidad de su sociedad. Empresarios capaces de sacrificar su tiempo, su dinero y sus ratos familiares para arrimar el hombro por la colectividad. Ángel Luis Tadeo estaba entre esos cinco.

Acaba de irse a una edad demasiado temprana, con el tiempo justo para dejar a sus tres hijos al frente del grupo empresarial que fundó a partir de una primera incursión en el mundo del turismo hace ya unas cuantas décadas. Pero se nos ha ido de improviso con muchas cosas por emprender y por terminar, con muchos amigos a los que defender y ayudar, con muchas largas y apasionadas discusiones sobre lo más divino y lo más humano.

Su hijo mayor asegura que le había exigido al menos diez años más para poder terminar de aprender de él unas cuantas cosas, para que dejara todo mejor encaminado. Tampoco se hubiera conformado con esa década porque es más que probable que, a su término, el padre, el empresario emprendedor, el amigo de cientos de amigos, se habría hecho más necesario.

Empezó a hacerse casi imprescindible cuando decidió que no todo valía en las organizaciones empresariales canarias, cuando cambió charlatanes de feria por empresarios comprometidos, vendedores de crecepelo por gente que busca el progreso común. Se reforzó como referente cuando dejó de un lado la crítica recurrente a políticos de todo signo para lanzar mensajes para el optimismo y la confianza de todos los canarios en nosotros mismos y en nuestras posibilidades.

Exprimió la vida hasta el límite que la vida le permitió. Disfrutó apasionadamente de su familia, de sus amigos, de su actividad empresarial y de cada minuto disponible para vivir. En eso también se ha ido con el deber cumplido.

Como todo aquel que pasa por nuestro lado sin conformarse con lo que hay, Ángel Luis Tadeo tendrá un lugar muy importante en el recuerdo de quienes lo conocimos y disfrutamos de su amistad.

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Así mangonea ‘El Mundo’

Soy un privilegiado, por llamar de alguna manera a esta posición en la que me ha colocado el periódico El Mundo. Como al paciente al que se le induce un coma para poder curarle, no parece que haya mejor manera de descubrir cómo actúa ese periódico que siendo víctima de sus propias artes, conocer por dentro cómo se maneja, cómo miente con descaro, cómo transforma en aparente realidad lo que no son más que falsedades.

Claro que para que no faltara ni un solo ingrediente truculento, al sainete que presencio en un lugar tan privilegiado se sumó desde el principio como instigador principal uno de los personajes que mejor conozco, el político al que he descubierto mayor número de mentiras a lo largo de casi 30 años de ejercicio del periodismo. Mentiras pronunciadas  en los juzgados o en las comisiones parlamentarias de investigación, en los medios de comunicación o en cualquier mitin. Se llama José Manuel Soria López y es el presidente del PP canario.

Porque, efectivamente, por históricas deudas morales del El Mundo con este indeseable personaje, que ha financiado a ese diario con dinero de los contribuyentes canarios a través de inútiles y sospechosas campañas publicitarias, el periódico de Pedrojota Ramírez ha abrazado como propia una más de sus increíbles teorías de la conspiración contra las cándidas almas del PP, esas ursulinas descalzas que no han hecho otra cosa que saquear las arcas públicas desde que tocaron el poder.

Asidos a una verdad incuestionable, que escribí la denuncia del caso salmón en un ordenador doméstico que perteneció a una juez en activo, el periódico más fabulador de la historia de España ha construído una gran mentira con la que trata de levantar en torno al PP un escudo protector contra cualquier investigación por corrupción presente o futura. De nada ha servido que los acusados, en una aplicación salvaje de la prueba diabólica, hayamos sido los obligados a demostrar que las acusaciones eran falsas; de nada ha servido el desmentido formal e inmediato, ni siquiera que, con documentos en la mano, todos ellos con sus sellos de entrada en sede judicial, quedara probado en el minuto uno que la denuncia del caso salmón no fue redactada por esa juez, sino por mí, el periodista que investigó el comportamiento de Soria en este asunto desde que lo descubrí en Noruega pescando salmón el mes de agosto de 2005. El periodista que más sabe en España de las trapisondas de este sujeto.

No cabía esperar más que mentiras solemnemente expuestas al confluir en el asunto personajes como José Manuel Soria, el periódico El Mundo y el periodista que ese diario destaca siempre que es necesario montar un tremendo follón con medias verdades, infamias y bajezas. Fernando Lázaro, especialista en pedrojotismo, es el reportero de las teorías más insultantes y enfangadas en torno al 11-M, lo que le ha valido encendidísimos reconocimientos y premios financiados con dinero público a través de la Asociación de Víctimas del Terrotismo, del impagable (porque ya no se le puede pagar más) Francisco José Alcaráz.

A Lázaro lo hemos podido retratar todos los españoles cuando la Policía detectó una conversación suya con un agente desleal y poco honrado que le filtraba aspectos de la llamada operación Faysán, conversación en la que queda perfectamente explicado cómo el director de El Mundo obliga a Mariano Rajoy, el jefe de Soria, a entrar en esa trama reclamando explicaciones en el Congreso de los Diputados.

Lo mismo que han pretendido reclamar aquí, miren qué cosas: el presidente de un partido que quiere gobernar España anunciando en Lanzarote que iba a pedir explicaciones al Gobierno por el comportamiento de una juez contra la que no tenía ni una sola prueba que empañara su intachable comportamiento. Por supuesto que ni lo ha pedido ni lo pedirá, porque a pesar de sus notables y sonrojantes torpezas, Rajoy debe saber algo de la separación de poderes y de que no por mucho mentir se llega antes a La Moncloa (ver 11-M).

El tal Lázaro, auxiliado en las bandas por tan fiable fuente como es José Manuel Soria, ha llegado a invertir por completo un acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y donde se decía que se enviaban al Poder Judicial las quejas de la magistrada Victoria Rosell por las sospechas de vulnerabilidad del sistema informático de Justicia de Canarias, el periodista de El Mundo escribió que se le expedientaba por falta “grave”. Donde se manifestaba que se enviaban al Poder Judicial las quejas de la juez por los ataques que está recibiendo, se publica en ese panfleto que se le denegó todo por tratarse de “algo personal”. Y no contento con tales retruécanos, el periodista llega a afirmar que la juez intentó sin éxito entrar en esa reunión de los jueces isleños, lo que niega la interesada y negarían si se les preguntara todos los miembros de la Sala de Gobierno. Todos menos Soria, que se inventó tal machangada con el fin de adornarle un poco más la crónica al periodista amigo.

Ante este panorama, bueno es recordar por qué el presidente del PP canario asume este papel de penoso reportero del diario El Mundo: quiere que la juez Rosell quede invalidada para  investigar los casos de corrupción que aquejan gravemente a ese partido en las Islas. De momento, la magistrada investiga una causa cercana al último escándalo de los conservadores, la adjudicación por 124,7 millones de euros de un concurso de hemodiálisis a una empresa inmobiliaria a la que el mismísimo Soria propició un tremendo pelozato urbanístico de 9 millones de euros en 2000, cuando la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sufrió su funesta alcaldía.

De momento, los periodistas sabemos más del caso Lifeblood, la empresa adjudicataria (por cierto, comprada en el mismo vivero de mercantiles de donde salieron algunas del caso Gürtel), que los jueces y fiscales. De momento.

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De repente, las buenas noticias

Las buenas noticias a veces sí son noticias, contrariamente a lo sostenido por el aserto periodístico. Y esta semana ha venido cargada de buenas noticias. Porque es una buena noticia arrinconar a Rajoy en su frustrado soniquete del “márchese señor Zapatero”, la majadería que instituyó Aznar contra Felipe González que hasta ha adoptado esa inepta de la política que es Pepa Luzardo, a la que se oyó decir el otro día lo mismo nada menos que a Jerónimo Saavedra. El mundo, al revés.

Que Rajoy tenga que aguantarse las ganas es para regocijarse, pero que ese frenazo a sus ansiedades venga de la mano de una crisis en el PP canario multiplica la satisfacción por dos. Los afiliados de ese partido en las Islas tienen motivos más que sobrados para estar satisfechos porque este 19 de octubre ha empezado definitivamente el postsorianismo.

José Manuel Soria, probablemente movido por su deseo de quedar bien con su líder nacional, hizo caso a las cuitas de Génova y rompió su pacto con Coalición Canaria sin medir ninguna de sus consecuencias, empezando por la inestabilidad insuflada a la gobernabilidad de Canarias, algo que hacía tiempo que le venía importando exactamente una higa.

Pero, además, no ha medido la dificultad que entraña poder volver a pactar con CC en el verano de 2011 si, tal y como se ha firmado entre el PSOE y los nacionalistas canarios, éstos seguirán apoyando a Zapatero hasta el final de legislatura, el pecado de lesa patria en el que Soria ha justificado públicamente su ruptura.

Y, lo aparentemente más anecdótico: Soria acomete su primera campaña electoral desde la oposición, con casi todo en contra, incluidos los apoyos que un día fueron inquebrantables en periódicos como Canarias7, enfrentados de momento al líder popular por unos cuantos platos de lentejas de menos. Sólo cuenta con la ola nacional del PP, que es la que es y durará lo que dure la crisis económica y lo que tarde Zapatero en demostrar que su crisis de gobierno de este mismo miércoles (otra buena noticia) servirá para dar la vuelta a las encuentas.

La última noticia que me ha alegrado este miércoles, 20 de octubre, ha sido la confirmación de que Soria se va a tener que tragar una a una todas las palabras, todos los insultos, todas las insidias que soltó contra mi periódico, contra la Policía y contra personas más honradas que él acerca de aquel invento del Soriagate. Llegó a gastar dinero del Gobierno de Canarias para que una revista ultra, Época, publicara un reportaje falaz en el que nos implicaba a todos en un supuesto “Gal canario” que tenía como objetivo involucrar a algunas almas cándidas del PP en casos de sonada y asquerosa corrupción.

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En la muerte de un hombre-presidente

Lo más socorrido (y seguramente cierto) es decir que Adán Martín fue un buen presidente de Canarias, un hombre muy trabajador, un maniático de la planificación y un tecnócrata de buena fe. Que defendió a esta tierra de la manera que él creyó mejor, con sus luces y sus sombras, y a través del partido político que ayudó a crear, ATI.

Los periódicos rebosan crónicas, esquelas, encendidos elogios, gruesos obituarios… sobre la trayectoria política y vital de este presidente que se nos acaba de morir víctima de un cáncer linfático contra el que luchó a brazo partido durante muchos años. Y la unanimidad se ha extendido por todos los rincones de las islas.

Callan (y si no callan son capaces ahora de los más hipócritas hipidos) los que durante tanto tiempo dijeron de él cosas escabrosas e injustas, los que lo colocaron como un desalmado sin escrúpulos con acusaciones jamás demostradas, seguramente jamás ciertas.

Nunca tuve con Adán Martín un trato especial, nada más allá de la cordialidad con la que, me consta, trataba a todo el mundo. Hablé más veces con él cuando dejó la primera línea de fuego que cuando iba de aquí para allá llegando tarde a todos sitios.

Siempre opiné que no fue un buen presidente del Gobierno, pero en estos momentos tan especiales de la despedida no pienso en él como el mandatario atinado o errado, sino como el hombre que se marcha, el padre, el hermano, el marido, el ex marido, el amigo que deja atrás una vida de 67 años.

Y le digo adiós al hombre y al hombre-presidente en el convencimiento (absolutamente atrevido por infundado) de que se fue con la certeza de haberlo hecho bien. Con eso basta.

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Guardia Civil de ahora y siempre

Un policía nacional fuera de servicio fue el que, maniobrando con su coche, logró reducir hasta su detención al que conducía el presidente del Observatorio madrileño contra la Violencia de Género, Jesús Neira, que triplicó el máximo permitido en el control de alcoholemia que le hizo a continuación la Guardia Civil.

Un inspector del Cuerpo Nacional de Policía detuvo en junio en la carretera del centro de Gran Canaria a una señora que circulaba en dirección contraria. El general de la Guardia Civil en Canarias, Martínez García, ha dicho que ese policía no era competente para hacer lo que hizo, que esas son tareas del instituto armado, por lo que ha exigido medidas contra el funcionario a la jefa superior de Policía y la delegada del Gobierno.

Jesús Neira, que ha pasado de héroe a villano (quizás nunca tuvo madera de héroe y de ahí su fácil conversión) fue condenado a una multa de 1.800 euros, a la retirada del carné de conducir durante diez meses y a trabajos en favor de la comunidad. No podrá ejercer estos últimos en la Comunidad de Madrid porque la lideresa, en un rapto justiciero, borró de un plumazo el Observatorio contra la Violencia de Género que creó para este profesor creyendo que le iba a ser muy rentable electoralmente tenerlo de su lado.

La mujer que conducía en dirección contraria en Gran Canaria es la esposa de un general, del jefe de tropas de Canarias, y su caso va camino de convertirse en un nuevo ejemplo de la arbitrariedad, el favoritismo y el abuso de autoridad con los que algunos todavía se conducen por los intrincados vericuetos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Su caso, como el de Neira, hubiera quedado en uno más de cuantos tienen entrada cada día en los juzgados desde que determinadas infracciones administrativas de circulación pasaron a ser delitos. Pero la notoriedad que eligió el profesor madrileño y el comportamiento posterior del generalato en Canarias han disparado los dos asuntos hasta las portadas de los diarios y de los informativos.

El general de División Martínez García, jefe de la Guardia Civil en Canarias, que ha salido en defensa de la esposa de su compañero de armas y de rango, considerando incluso injusta y desproporcionada una sentencia con la que se conformó la imputada, cree en un principio de la autoridad bastante alejado del ordenamiento constitucional y democrático español, por lo que es necesaria la inmediata apertura de un expediente en el que se depuren las responsabilidades que sean menester.

Porque desanima bastante que quien es el jefe de una institución policial como la Guardia Civil, con competencias muy importantes en la represión de la delincuencia, en la investigación de la corrupción, en la vigilancia de la inmigración irregular, en la protección de la naturaleza y en la seguridad en el tráfico, se conduzca de una manera tan calamitosa.

Hace ya algún tiempo que la Guardia Civil está produciendo sustos anacrónicos en Canarias (que pregunten en el corredor del Sureste de Gran Canaria), y quizás todo pueda deberse al espíritu que imprime quien dirige ese cuerpo militarizado en las islas.

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Tragedia aérea y libertades

Telecinco tiene una ganada fama de cadena populista, morbosa y mercantilista. Es verdad. No acostumbro a seguir sus programas precisamente por eso, porque deploro su estilo, con el que ha contribuido a engrandecer en España la corrosiva telebasura. Sin embargo hay que reconocerle la capacidad que ha tenido para sintonizar con un nutridísimo grupo de telespectadores enganchados a cualquiera de sus más agrestes propuestas. Es decir, en la mayoría de los casos, ofrece lo que un amplio sector de la población española está reclamando. Tan duro como evidente.

Telecinco tiene absoluta libertad para elaborar su programación, y los espectadores españoles, cada día con una mayor oferta en su mando, la de elegir lo que quieren ver en cada momento.

Ahora se dispone a emitir una miniserie de dos capítulos sobre el accidente del vuelo JK 5022, ocurrido hace dos años en Barajas con el doloroso saldo de 154 muertos, la mayoría canarios. Dicen desde la dirección de la cadena que el guión aborda el asunto desde el respeto y el cariño hacia los supervivientes y los familiares de los fallecidos. Pero nadie los ha creído.

Sin embargo, aún desconociendo como desconozco el enfoque y el contenido de esta producción televisiva, me parece más poderoso el argumento de la libertad de Telecinco para hacerla y emitirla, que el de la asociación de víctimas, que alega recurso al morbo y juicio paralelo y precipitado a los culpables, aún por determinar.

La misma libertad que tiene Telecinco para producir y emitir IL 8714 la tienen los que detestan la iniciativa para criticarla ferozmente, e incluso para no verla. Pero me parece un colosal despropósito que las instituciones canarias anden afanadas en vetar o censurar a un medio de comunicación por ejercer su misión, aunque lo haga tan rematadamente mal como temen. Lo único que van a conseguir con la polémica es que la serie tenga muchos más telespectadores.

Aún siendo los titulares principales del desgarrador dolor por la pérdida de familiares y amigos, las víctimas de ese accidente no son los propietarios de ningún derecho que limite el que tienen los demás para ejercer los suyos.

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El cohecho impropio aquí, en Valencia y en el Supremo

El Tribunal Supremo acaba de propinar un sonoro y sonrojante revolcón al Tribunal Superior de Justicia de Valencia ordenándole de facto que reabra la causa de los trajes de Camps y, de camino, que la Sala de lo Civil y Penal le dé un repasito a la jurisprudencia y a la doctrina del alto tribunal español. Porque la sentencia conocida este martes, que es continuación del anuncio de fallo divulgado la semana pasada, no sólo aprecia infracción de ley en el auto que archivó aquel escándalo, sino que desmiente las sesgadas interpretaciones que el tribunal valenciano hace de las resoluciones del Supremo, descaradamente adaptadas a sus necesidades para intentar librar del banquillo al muy honorable Paco Camps.

La clave de la sentencia del Supremo, que prácticamente conduce al presidente de la Generalitat al banquillo, hay que encontrarla en la definición de cohecho impropio, que viene a ser la dádiva o regalo que le fueran ofrecidos a la autoridad o funcionario público en consideración a su función. Es decir, aceptar un regalo por ser quien eres; o en sentido contrario, si no fueras quien eres, jamás te habrían regalado esos trajes. O jamás te hubieran invitado a aquel viaje a Austria o a Noruega en jet privado, que también el TSJC anda necesitado de un repasito a la jurisprudencia.

Este tipo de cohecho, el cohecho impropio, no precisa que la autoridad que acepta la dádiva o el regalo actúe en justa correspondencia adoptando alguna decisión legal o ilegal que beneficie al que ofrece o entrega el presente. Es decir, no es necesario que Francisco Camps haya firmado un sólo mandamiento de pago en favor de cualquiera de las empresas de la trama Gürtel. Ni, en el caso de José Manuel Soria, era necesario para la existencia de cohecho que su firma apareciera estampada en el acuerdo del Cabildo de Gran Canaria que declaró de interés general la urbanización Anfi Tauro, propiedad del mismo empresario que le llevó de viaje en su jet privado dos meses antes de aquella decisión.

Esto decía la Sala de lo Civil y Penal del TSJC al archivar el caso salmón, el 21 de mayo de 2009: “No se acredita la relación de causalidad que habría de existir para que hubiera delito entre el ofrecimiento de aquel viaje [del salmón] y la condición de presidente del Cabildo que entonces ostentaba don José Manuel Soria, puesto que la adopción legal del acuerdo [declarando de interés general la urbanización Anfi Tauro] por parte del Consejo de Gobierno del Cabildo no necesitaba ni de la presencia ni de la anuencia de su presidente, cuya sustitución está legalmente prevista”.

Y esto acaba de decir, este 17 de mayo de 2010, el Supremo admitiendo el recurso de la acusación popular y el Ministerio Fiscal contra el archivo del caso de los trajes de Camps: “Para el cohecho impropio basta con la aceptación de un regalo en consideración a la función o cargo desempeñado”, como recoge casi literalmente el artículo 426 del Código Penal, que la magistrada canaria Margarita Varona, a la hora de dar carpetazo al caso salmón se despacha sencillamente afirmando que “no existe” porque “no se acredita causalidad”.

Pero dice más el Supremo, para oprobio de los que faltaron a clase el día que dieron lo del cohecho: “Entre las sentencias más recientes, la 362/08 (…) precisa que ‘el término en consideración a su función debe interpretarse en el sentido de que la razón o motivo del regalo ofrecido y aceptado sea la condición de funcionario de la persona cohechada, esto es, que sólo por la especial condición y poder que el cargo público desempeñado le otorga le ha sido ofrecida la dádiva objeto del delito, de tal forma que si de algún modo dicha función no fuese desempeñada por el sujeto activo, el particular no se hubiere dirigido a él ofertando o entregando aquel’, lo que es cualitativamente distinto que el ofrecimiento que tiene como finalidad la realización de un acto propio del cargo, que precisa al menos la definición del contenido del acto que se pretende, lo que da lugar a los cohechos propiamente dichos”.

Curiosamente en aquellas consideraciones de la magistrada Varona se agarró en agosto de 2009 la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Valencia para decir que sus colegas canarios no estimaron “in concreto la necesaria relación de causalidad entre la aceptación de la invitación de un viaje y el cargo o condición de la autoridad imputada”, José Manuel Soria López.

Luego, Canarias y Valencia, Valencia y Canarias, unidas en el mismo afán, en lo que menos de un año después el Supremo ha valorado como vaciamiento del tipo del cohecho impropio.

Soria se escurrió porque la Sala no admitió el recurso de la acusación popular, encarnada por Justicia y Sociedad, y porque el Ministerio Fiscal, en vez de recurrir al Supremo, como hicieron sus colegas valencianos con el resultado ahora conocido, optó por considerar que sí hubo delito pero que, en tal caso, estaría prescrito.

Parece claro que cuanto más se alejan de la contaminación del canapé determinadas resoluciones judiciales más se adaptan al espíritu que inspiró al legislador ante los delitos por corrupción.

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¿Putear a Garzón?: misión cumplida

No es la primera vez en este obsceno proceso a Garzón que Margarita Robles toma la iniciativa en favor del magistrado Luciano Varela. Lo hizo en abril pasado, cuando su amigo del alma la llamó para pedirle que el Consejo General del Poder Judicial emitiera una nota de desagravio ante aquel acto (aquelarre, lo llamó la derecha) de la Complutense.

La señora Robles, que comparte con Varela un odio indisimulable contra Garzón, consiguió incluso interrumpir el almuerzo institucional en el que se encontraba el consejo (era en Granada, pero podía haber sido en cualquier parte del mundo, que para eso hay sobrada pólvora del Rey) para emitir un comunicado que causó el estupor de muchos de sus compañeros. Pero había que putear a Garzón, y ante ese afán no caben medias tintas ni protocolo de cuchipandas.

El segundo episodio público de esta persecución implacable lo protagonizó el Consejo este mismo miércoles anunciando que el pleno del órgano de gobierno de los jueces se reuniría 48 horas después para separar a Garzón cautelarmente, una vez han sabido que Varela ha acabado con su parte del trabajo y ha dictado apertura de juicio oral contra el magistrado de la Audiencia Nacional.

Tanta celeridad también tiene su ánimus jodiendi. La noticia de que Garzón podía ocupar plaza en el Tribunal Penal Internacional de La Haya era un inconveniente y había que frustrarle esa posibilidad.  Era preciso separarlo de la carrera antes de que se le autorizara ese traslado y obligarlo, en tal caso, a pedir una excedencia, con lo que perdería aforamiento y escalafón en la carrera judicial.

Alguien debería preguntar qué opina de esa celeridad el presidente del TSJ de Cantabria, instructor del expediente disciplinario de José Antonio Martín, que a punto estuvo de verlo caducar por una prórroga de tres meses dictaminada por el Consejo, sabedor de la inminente jubilación del magistrado canario.

El pleno del Poder Judicial tardó tres meses en reunirse tras hacerse pública la sentencia del Supremo que lo absolvió y que daba por terminado el proceso penal, que suspendía la acción disciplinaria contra Martín. La sentencia tardó exactamente un mes en atravesar los metros que separan el Supremo del CGPJ, la misma distancia que aún no ha recorrido el auto de Varela sentando a Garzón en el banquillo. Pero había que putear a Garzón, y debe haber valido un despacho de agencias.

Pero nada podía haber hecho la magistrada progresista Margarita Robles ni la corte de aduladores de izquierda y derecha que le hace los coros en el Poder Judicial sin el inestimable concurso de ese juez llamado Luciano Varela, que no ha disimulado jamás sus deseos de sentar en el banquillo al polémico Garzón por haber investigado los crímenes del franquismo. Len ha dado igual a Varela las críticas de su cooperación con los querellantes, los fascistas de Manos Limpias; o contradecir al Ministerio Fiscal y a colegas de la Audiencia Nacional en varias ocasiones, y hasta discrepar de doctrinas del propio Tribunal Supremo, que sostiene que no se puede mantener una acusación contra nadie con la sola presencia en el proceso de la acusación popular. La famosa doctrina Botín, que además de salvar al presidente del Santander, libró a José María Atutxa.

Porque no hay fiscal que acuse a Garzón. Del mismo modo que, salvo Varela y Robles, no hay jurista serio en España que sostenga que ese juez pudo cometer prevaricación por una actuación profesional que a lo único que puede someterse es al debate jurídico, penalizado desde ahora por estos dos astros de la Judicatura y por un presunto sindicato ultraderechista que este miércoles hablaba de “una victoria del Estado de Derecho”.

Algo bueno han conseguido Varela y Robles: que los fascistas hablen bien de este invento. Y de ellos, ¡qué honor!

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Eso que llaman lealtad institucional

No estaba Mercedes Roldós, y no tengo ni idea si se la esperaba o si no pudo cambiar su agenda ante la visita de la ministra de Sanidad a Canarias. A Trinidad Jiménez la recibió Paulino Rivero, y seguramente en esa reunión se enteró el presidente de que su consejera de Sanidad no ha planteado jamás ante el ministerio esa fantástica deuda histórica que el Gobierno de España tiene con Canarias en materia de sanidad.

La ministra se enteró por la prensa, lo que significa que podemos encontrarnos ante una nueva fantasmada del PP en su doble discurso, en su cruzada contra el Gobierno de España al que amaga sin pegar, muy probablemente porque ni Roldós, ni Soria ni Paulino tienen argumentos para reclamar deuda histórica alguna.

El presidente Rivero volvió a proclamar urbi et orbi la necesidad de lealtad institucional. Si se refería al Gobierno de España, parece contar con ella, a tenor de lo que se está viendo. Pero si se refería a su socio del Gobierno, el PP, y particularmente a su vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, está ante un reto imposible.

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Paradoja eólica

Parece que tenía razón José Manuel Soria cuando lanzó aquella bravuconada dirigida a los que criticamos aquel exceso de la bandera que mandó instalar en la plaza del Fuero de Gran Canaria, más conocida como Fuente Luminosa: “Se la van a tener que tragar”.

La frase fue pronunciada en momentos de gloria para el que entonces era presidente del Cabildo de Gran Canaria. La casi totalidad de los medios de comunicación le rendían tributo por una cosa o por otra, y con el invento de la bandera había conseguido erigir en pleno centro de Las Palmas un símbolo de defensa de la Isla frente a la agresión más cercana, la del Gobierno de Canarias de la que hoy forma parte y desde el que él personalmente se ocupa ahora de dirigir la agresión en forma de descarada discriminación sectaria.

La gente le aplaudía la hazaña, aún a sabiendas de que el invento había costado la nada desdeñable cantidad de 360.000 euros, a lo que había que sumar el coste y el mantenimiento de la bandera, instalada contraviniendo los informes técnicos, que aún hoy la desaconsejan por motivos de seguridad (vaya, aquí sí parecen claros los “motivos de seguridad”).

No nos vamos a tragar la bandera con todos sus aditamentos, pero sí el mástil, precisamente gracias al mismo político excesivo que con su participación directa e indirecta contribuyó a que se frustrara y a que apestara aquel concurso eólico que echó por tierra las expectativas de una energía limpia y alternativa para la isla.

Los dos pequeños aerogeneradores que el Ayuntamiento anuncia que va a colgar de ese homenaje a la megalomanía van a servir al menos para dar ejemplo ambiental y para ahorrar unos euros a la institución que dejó arruinada para varios mandatos.

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