Sebastián Franquis.

Los hay especializados en la conspiración, en la permanente búsqueda del requiebro político, de la suma, la resta, la división y la raíz cuadrada de los militantes necesarios para mover una ficha, torcer una voluntad, imponer un criterio o colocar a un pariente. Los más expertos suelen llamar a eso “hacer política”, y el triunfo de esa política no lo miden por el tamaño del objetivo, por la repercusión positiva que pueda suponer para la sociedad, sino por la dimensión de los movimientos realizados y por la demostración de poder interno, orgánico, partidista, que se haya podido alcanzar.

Esa alta política se manifiesta de la forma más cruda en los partidos políticos cuando se aproximan los procesos congresuales, sean del ámbito y categoría que sean, y suelen dedicarse a esos menesteres los más profesionales del gremio, que los hay en todas las formaciones en mayor o menor grado en función del hábito democrático. Por ejemplo, hay más conspiradores en Coalición Canaria o en el PSOE que en el PP, donde la conspiración solo es de perfil bajo, de recolocaciones una vez la autoridad competente ha colocado los rieles y los altos cortinajes.

El Partido Socialista Canario va a celebrar el último fin de semana de junio un congreso regional que a priori no presenta demasiadas emociones. Parten los socialistas de una situación verdaderamente anodina, ni fría ni caliente, ni eufórica ni de abatimiento generalizado. La conmoción que supuso la contundente derrota de las locales de mayo de 2011, elevada a depresión colectiva con el revolcón sufrido por Rubalcaba en noviembre, se fue poco a poco aliviando con el bálsamo del tiempo y con el pacto regional con Coalición Canaria, que al menos ha permitido al PSOE canario enseñar la cabeza y mostrar –no sin criticable timidez- que es capaz de gobernar y de conseguir mantener el tipo en el peor de los escenarios para gestionar un presupuesto público. José Miguel Pérez es un secretario general contestado (¿quién no lo ha sido a lo largo de la historia del PSC?), generalmente por su carácter político en apariencia apocado, falto de carisma… a lo que sus detractores paradójicamente endosan también otros atributos menos blandos, como que ha arrasado con los más críticos del lugar, especialmente en Tenerife, o que tiene embridada la disidencia gracias a una infalible guardia pretoriana. Puede ser. O podía ser hasta que ha dejado de ser.

Le reprochan lo flojo y lo contrario

Entrando en el fondo, a lo más lejos que llegaron en un primer momento los críticos fue a reprocharle a José Miguel Pérez el pacto con Coalición Canaria, pero una vez convencidos de que fue la opción menos mala de cuantas se presentaron tras el batacazo de mayo de 2011, ahora le afean que no se distancie públicamente de Paulino Rivero, que no haya actuaciones políticas que diferencien a los socialistas.

Precisamente el carácter dialogante y conciliador de Pérez, su escasa capacidad para el ruido mediático y su desgana para la confrontación en la plaza pública se torna virtud a la hora de mantener sólido el pacto con Paulino Rivero, como ocurrió con el acuerdo con el que se sostuvo durante cuatro años en el Cabildo de Gran Canaria junto a Román Rodríguez. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos motivos para moverle la silla a José Miguel Pérez?

El respaldo del que goza Pérez desde la Ejecutiva Federal, y personalmente por parte de Alfredo Pérez Rubalcaba, es absolutamente indiscutible. El secretario general del PSOE se cabrea cuando alguien le lleva a Ferraz el cuento de que algunas mentes preclaras del socialismo canario insinúan la posibilidad de pactar con el Partido Popular. En el último cónclave de barones en La Moncloa se expresó en términos de radical prohibición de cualquier amago de dar un centímetro de poder al partido que está desmontando el estado del bienestar.

En este contexto, con las líneas del terreno de juego perfectamente marcadas, con una escasa capacidad de maniobra política por el entorno económico local, regional y europeo, con un PP en un extraño trance de desgaste lento pero imparable pero ejerciendo un poder absoluto que puede hacerle remontar de buenas a primeras, algunos socialistas canarios se aprestan a moverle la silla a José Miguel Pérez con el único objetivo de buscar a alguien que no tenga reparos en pactar con el PP.

Franquis y Saavedra, los componedores

Entre esos socialistas tolerantes a otro pacto aparecen algunos notables, como Sebastián Franquis, actual portavoz municipal en Las Palmas de Gran Canaria y diputado en las Cortes Generales por empeño personal de José Miguel Pérez, que tuvo que librar un pulso notable con Alfredo Pérez Rubalcaba. El líder federal no lo quería de número uno al Congreso de los Diputados, pero el PSC decidió promocionarlo para garantizarle unos ingresos que le permitieran seguir dedicándose a la política orgánica.

Junto a Franquis parece identificarse también en el movimiento pre-congresual en contra del actual secretario general Jerónimo Saavedra, diputado del Común de Canarias, que teóricamente tiene limitadísima su vida orgánica toda vez que por imperativo legal tuvo que abandonar temporalmente la militancia socialista para acceder al cargo. Fue el premio de consolación que se le pudo encontrar al veterano ex ministro, ex presidente, ex alcalde… una vez fue imposible concederle su petición de ser presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Ninguno de los empresarios que ahora lo animan a remover a la dirección regional del PSOE canario para intentar un pacto regional con el PP le avalaron en su momento para ese puesto que ahora ocupa Luis Ibarra.

Ambos, Franquis y Saavedra, junto a otro notable experto en quiebros y requiebros orgánicos, Javier Abreu, secretario general en La Laguna, donde ocupa plaza de concejal, fueron vistos en abierta y franca conversación el viernes pasado en el restaurante La Casa Vasca, de Las Palmas de Gran Canaria. Era un simple tanteo, un juego de mesa, porque la actual dirección de Tenerife no parece tener mucha queja de José Miguel Pérez, más allá de su escasa implicación en la vida orgánica del partido en la isla, al menos al modo en que estaban acostumbrados hasta ahora los militantes.

Franquis y Saavedra son, según apuntan varias fuentes socialistas, los autores intelectuales de la pre-candidatura de Iñaki Álvaro Lavandera como aspirante a secretario general regional en el próximo congreso. Al joven y prometedor diputado regional majorero se le hicieron Pepsi-Cola todas las articulaciones y fue él quien empezó a comentar esa posibilidad. Otras fuentes, sin embargo, apuntan a que la persona en la que realmente están pensando los promotores del movimiento de silla es Manuel Marcos Pérez, el secretario general de La Palma, uno de los barones regionales que mayor oposición mostró a un pacto con Coalición Canaria dada la tradición anti nacionalista que su partido vive en la isla desde tiempos inmemoriales.

Empresarios partidarios del chantaje

Pero Manolo Marcos no está en la guerra, y si alguien le preguntara en estos momentos si le seduce la idea de sumarse a una iniciativa así, la respuesta será inequívocamente negativa. Pero Franquis y Saavedra esperarán a que llegue el momento propicio para ofrecérselo, si es que para entonces se dan las condiciones necesarias, lo que de momento no ha ocurrido.

Los empresarios más influyentes no se esconden para manifestar a Saavedra su desagrado por el pacto de los socialistas con Paulino Rivero. Presionan para que el PSOE rompa y acuerde un gobierno con quien maneja los presupuestos del Estado. Lejos de denunciar públicamente el chantaje que el PP y Soria en concreto ejecutan contra Canarias para forzar ese nuevo pacto, esos empresarios prefieren transigir en la creencia de que así se desbloquearán partidas y líneas políticas que ahora están en el alero.

Al único que se ha atrevido a levantar la voz contra ese chantaje, Sebastián Grisaleña, presidente de la patronal de Las Palmas, le han caído las maldiciones de todos los lobbys, sanedrines, círculos y cuadraturas que de La Isleta al Refugio y al Muelle Grande mueven sus hilos para su continua recolocación. Dan por amortizado a Paulino Rivero y con él a José Miguel Pérez si no se pliega a esos designios.

La dirección federal y canaria del PSOE opinan exactamente lo contrario: cualquier acuerdo con el PP es el suicidio político de quien lo promueva.

Tejero, en una anterior visita a La Palma.

En una sola jornada han llenado con amplitud su cuarto de hora de gloria. Incluso más, horas de gloria hasta resultar cansinos, majaderos, hasta odiosos. Media docena de personajes que fueron noticia, chanza o chascarrillo por las más variadas cuestiones, unas políticas, otras judiciales, otras bufas, otras anecdóticas. Porque ya empieza a ser anecdótico, por ejemplo, encontrarse al ex teniente coronel Tejero Molina, exaltado golpista teóricamente rehabilitado para vivir en una democracia, disfrutando tan ricamente de las delicias climáticas de la isla de La Palma.

Tejero fue visto el pasado viernes, en horas de mediodía dándose un baño en las piscinas naturales del aeroclub, lugar que abandonó con cara de pocos amigos al sentirse observado. No es la primera vez que tamaño personaje, remedo de lo más rudo y casposo de la España cañí y precursor de esas nuevas mesnadas de neodorados, visita La Palma, isla a la que le unirá algún lazo que seguro, pero seguro, seguro, no será político. O eso hay que esperar.

Torres Baena, en sus trece

En el banquillo de los acusados se volvió a sentar ya, con los formalismos de primera hora resueltos, el que podría pasar a la historia como el más abyecto de los abusadores sexuales de la historia de España. Se llama, como saben, Fernando Torres Baena, que este martes ante un tribunal de tres jueces y una sala abarrotada de público trató de reafirmar su conocida estrategia de defensa, mayormente dirigida a convencernos a todos de que en realidad la víctima es él, una víctima incomprendida de un compló entre gimnasios que ha contado como teóricos cómplices con decenas de menores de edad y con otras decenas de mayores de edad que han contado por separado ante la Policía y ante el juez instructor cómo eran manipulados hasta convertirse en esclavos sexuales de la secta.

No se incluye en esa larga lista los abusos prescritos, porque si así fuera la cantidad de personas dispuestas a testificar y a contar esos repugnantes episodios del caso Kárate, convertiría el juicio en interminable. Imposible, por supuesto, adelantar un veredicto, que como es sabido los burros vuelan en las salas donde se imparte justicia, pero resulta muy complicado pensar que alguno de los tres jueces que conforman el tribunal puedan a estas alturas, tras visionar las declaraciones preconstituidas que obran en el sumario, las pruebas acumuladas, las indagaciones policiales, los informes psiquiátricos forenses, albergar alguna duda sobre la naturaleza de los actos y el carácter del jefe de esta banda de manipuladores de mentes infantiles.

Estafar a un sobrino del conde

También empieza a pasar por los tribunales para rendir cuentas ante la justicia y ante sus víctimas un personaje muy extravagante que podría convertirse en el referente importado del estereotipado estafador de cuello blanco. Blanquísimo. Siempre en el terreno de la presunción de inocencia, esa plaza de noble caradura la ocupa por méritos propios nuestro tantas veces mentado Gionvanni Carenzio, un napolitano adoptado con mucho jolgorio por la aristocracia grancanaria en la creencia de que aquellos exquisitos modales, aquel amor por las bellas artes, aquella exaltación de la familia hasta límites pasionales, aquella inclinación por el mecenazgo y por las más especializadas y elevadas relaciones públicas pertenecían a uno de los suyos.

Casóse el tal Carenzio con una mujer perteneciente a una familia respetable, y tan embaucadora ha sido su actitud, que hasta ha conseguido que ella se haya llevado la primera condena judicial por sus correrías. La sociedad grancanaria, cruel con los que rompen determinadas reglas del juego, sabrá sin embargo perdonar el desliz a Lolina Molina, pero parece bastante improbable que el perdón se extienda al señor Carenzio. Y no es porque la alta sociedad sea implacable con los delitos y las faltas relacionadas con la apropiación indebida, la avaricia, la codicia o el saqueo, no. Lo que no perdona es que esas debilidades se dirijan hacia miembros de la misma nobleza, y ese es el pecado más grave que ha cometido este napolitano con amagos de conexiones mafiosas.

Efectivamente, Carenzio se equivocó engañando a un miembro de una de las familias más nobles de la vecindad de Vegueta, Iván del Castillo, sobrino del conde de la Vega Grande.

Corrales, culo inquieto

Y pasamos a la política, que ya va siendo hora. Los otros tres personajes de la jornada se ganan hoy el apelativo de excesivos porque en lo que va de semana han mostrado cuáles son sus debilidades cuando ellos mismos las elevan a la enésima potencia. José Manuel Corrales se acaba de ganar la segunda expulsión de su carrera política. La segunda expulsión que se sepa, porque no ha sido X Tenerife el segundo partido en el que se integra este hombre con asentamiento tan inquieto, sino el tercero.

Primero estuvo en Izquierda Unida, donde le resultó imposible destacar de la manera que sí consiguió cuando se pasó al PSOE. En la convulsa y abigarrada agrupación local de Santa Cruz de Tenerife enseguida hizo carrera y alcanzó el puesto de secretario general. En una de sus habituales pasadas de frenada, Corrales perdió el control y se salió de la pista.

Cometió un error político grave que pagará siempre: prometió al secretario general, José Miguel Pérez, que apoyaría la candidatura de Julio Pérez a la alcaldía de Santa Cruz y, sin que el jefe hubiera acabado de salir por la puerta, ya estaba reuniendo a la asamblea para postularse él. Su defenestración dio lugar a un cataclismo en todo el PSOE tinerfeño con una serie de bajas voluntarias que algunos no terminarán de agradecer en lo que les quede de carrera política.
Muy poco ha tardado Corrales en ganarse el odio de sus nuevos compañeros de viaje. O no tan nuevos, que todos se conocían de antes cuando iniciaron ese proyecto de tan sonoro nombre como es X Tenerife, en alianza con Izquierda Unida y otras formaciones progresistas que apenas han llegado a sacar la cabeza en medio de la generalizada debacle provocada por esas peleas fratricidas de siempre y la avalancha pepera de mayo y noviembre pasados.

Corrales es un verso suelto, una mosca cojonera, un ególatra indomable que no atiende a la escasa disciplina que trata de imponer un desbordado Ignacio Viciana. Ambos encarnan a la perfección la gran frustración de la diseminada izquierda y no hacen otra cosa que provocar en los votantes progresistas más que desconcierto y desazón. Votos y votos depositados para encontrar una alternativa al PSOE se convierten en más de lo mismo. O en peor de lo mismo.

Los deportes, prioridad de los Bravo

En el catálogo de excesivos de esta semana no puede faltar ese quiero pero no puedo de nombre Lucas Bravo de Laguna. Consejero de Deportes en el Cabildo de Gran Canaria, a las órdenes directas de su señor padre, y alcalde de Santa Brígida, a las órdenes directas de su incompetencia, no ocupa este lugar de honor por las gestas que este martes relató en CANARIAS AHORA RADIO el abogado Ignacio Cáceres, experto en excesos urbanísticos satauteños. No, el Niño Bravo viene a colación por su insistencia (y la de su señor padre) en reclamar para el Cabildo de Gran Canaria las competencias en materia de deportes.

Pensábamos que era una ocurrencia suya, de esas que lanza cuando se le calienta específicamente la lengua (y lo de específicamente no es reiterativo), pero según sus palabras, es petición formal lanzada por su señor presidente nada menos que en un pleno de la Federación de Islas, en el pleno de los cabildos insulares. Tal memez conduce automáticamente a concluir que en estos tiempos tan difíciles que corre la sociedad grancanaria, con unos índices de desempleo, de marginalidad, de pobreza y de exclusión social, a la familia Bravo de Laguna solo le preocupa la rentabilidad electoralista del deporte. Verdaderamente lamentable.

Machangadas moganeras

Cierra por hoy este relicario de excéntricos personajes el alcalde de Mogán, Francisco González, al que siempre nos referimos con el cariñoso y familiar apelativo de Paquirrín. Recordarán que no hace mucho publicábamos en CANARIAS AHORA una entrañable pieza periodística en la que aparecía la máxima autoridad moganera quejándose amargamente del comportamiento que hacia él observan las concejales Onalia Bueno e Isabel Santiago, ambas ex compañeras del PP, una más ex compañera que la otra por motivos de mayor complicidad con andanzas que sobrepasaban la mera actividad política para penetrar directamente en la sospecha penal.

Para reforzar nuestra información reprodujimos para todos ustedes un fascinante vídeo de una entrevista concedida por Paquirrín a la televisión municipal de Mogán, entrevista en la que el alcalde detallaba que las dos concejalas le provocaban por la calle guiñándole los ojos o sacándole la lengua. No añadimos ni quitamos una palabra a tan peligrosa denuncia pública, y aquel vídeo se convirtió en una de las piezas más celebradas de la jornada.

Pues bien, Youtube nos comunicó este martes que, a petición de Radiotelevisión de Mogán, procedía a retirar ese vídeo de la red. La radiotelevisión pública moganera se ha quejado porque considera que hemos infringido los derechos de autor de esa entrevista. Ya le hemos explicado a Youtube qué cosa es esta del periodismo y de los canales públicos.

Pero lo sustantivo es lo que ha conducido a esa queja: el colosal bochorno que tiene que haber sufrido el alcalde de Mogán al verse diciendo machangadas durante tantos minutos seguidos.

Asier Antona, próximo secretario general del PP canario.

Asier Antona. Vayan familiarizándose con ese nombre porque a partir de la semana que viene será el referente obligado del Partido Popular de Canarias. En una de las decisiones más acertadas de cuantas cabe atribuir a José Manuel Soria, lo ha designado como próximo secretario general del partido en sustitución del defenestrado Manuel Fernández, perdido para la causa de la buena imagen y el buen nombre de la política desde que se descubrió que mezclaba como nadie los negocios con la política.

Asier Antona no es nuevo en la política, pero viene con un nuevo estilo. Este palmero que no llega aún a los 36 años representa muchas cosas. De entrada, el triunfo de una persona forjada a base de mucho esfuerzo, que estudió Ciencias Políticas en la Universidad del País Vasco, que empezó su contacto con lo público ejerciendo como concejal de Seguridad en Santa Cruz de La Palma y que ha conocido la moqueta del Congreso de los Diputados, la trastienda del Parlamento de Canarias y los vericuetos de un partido político con vocación de gobierno en Canarias

También representa Antona el triunfo de lo sencillo, de la lealtad sincera frente a la conspiración, de la perseverancia y el trabajo desde una isla no capitalina que no entiende de componendas complejas ni acertijos de marca. Por primera vez en la historia del PP canario, ninguno de los dos más altos cargos del PP canario son de la isla de Tenerife, un equilibrio que encajará la militancia y la dirigencia de esa isla solo en base a que es Asier Antona el elegido.

Presidente insular del PP en La Palma, ha vencido incluso a los que todos dábamos como mejor colocados, como es el caso de Antonio Alarcó, que ha movido Roma con Santiago para colocarse en el ángulo de visión de Soria. Su elección como secretario general del PP canario es la confirmación de que hay Partido Popular para rato, y que los tiempos que vienen serán de una autoridad más matizada gracias al talante conciliador, cercano y negociador de este palmero casado con una terorense, de ferviente militancia cristiana, de buen humor, conservador hasta la médula sin fanatismos propios ni impostados.

De los que se remanga

Antona es de los que se remanga, y no lo decimos porque en su Facebook aparezca sembrando papas en el cercado de sus padres, que puede ser de obligado electoralismo, sino porque para los anales de Santa Cruz de La Palma quedará la imagen de aquel jovencísimo concejal de Seguridad que, ante una huelga de policías locales se quitó la americana y se puso a dirigir el tráfico ante el tremendo caos generado en la ciudad.

A partir de este fin de semana tiene ante sí tres retos: el primero, apaciguar a los que quisieron su puesto y no pudieron; segundo, intentar que Soria sea presidente de Canarias en 2015, para lo que va a necesitar un poquito más que una mayoría absoluta, salvo que a Coalición Canaria se le ablande el corazón y regrese al pacto tradicional. Y el tercer reto, hacer del PP canario una organización más democrática, más respirable y menos caudillista. Cualidades tiene para lograrlo, pero no todo va a depender de él.

Antonio Cubillo, en sus tiempos de activista independentista.

Uno de los más prolíficos hombres de leyes que se prodigan en las páginas de opinión de los periódicos isleños es Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado, ex delegado del Gobierno en Canarias, ex magistrado, ex luchador de lucha canaria… En fin, actualmente abogado en ejercicio y defensor, en esos artículos tan celebrados, de causas bastantes chuscas. Junto a la defensa de personas de tan acrisoladas virtudes como Manuel Fernández, José Manuel Soria o José Antonio Martín, Hernández acostumbra a acompañar virulentos ataques a lo que él llama jueces justicieros, servidores públicos a los que atribuye un comportamiento que, siempre a su entender, excede sus funciones jurisdiccionales para colocarse como rutilantes estrellas policiacas que persiguen el delito de una manera que al ex magistrado no suele gustar mucho.

En sus artículos, de modo recurrente, Eligio Hernández empieza o termina por hablar de sí mismo, casi siempre exponiendo rasgos de su amplia experiencia en tantos destinos o relatando conocimientos adquiridos gracias a su respeto por ancestrales fuentes del Derecho. Pero había olvidado una de las hazañas de las que presume el ex fiscal general del Estado, que nos la recordó a todos este domingo gracias a una entrevista publicada por el periódico La Provincia.

Lo voy a resumir, porque entre tantos pétalos de rosa y tanta fanfarria pueden ustedes desorientarse: “Yo fui el artífice del regreso de Antonio Cubillo”, viene siendo el titular. Y seguramente es verdad, pero analicemos cómo lo explica, porque con el paso del tiempo y la actual postura de este veterano luchador frente a la Ley, quizás convenga profundizar un poco.

El regreso de Antonio Cubillo, desde luego, era una cuestión política, pero por el camino había un tropiezo judicial que Eligio Hernández se encargó de soslayar, no sé si en su papel de delegado del Gobierno en Canarias, que lo era en aquellos momentos, si por su influencia en la Audiencia Nacional por haber ejercido allí como magistrado, o si ejerciendo como faro y guía del firmamento patrio. Porque miren cómo lo explica: “Me fui a Madrid y se lo pedí a Barrionuevo, que era ministro del Interior. Él, delante de mí, llamó al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, porque había una causa en el Juzgado de Instrucción número 1 central contra Cubillo, en la cual tenía decretada la prisión. Si venía, había que meterlo en la cárcel y eso había que evitarlo”. Fantástico eso de “había que evitarlo”. Como quería su patrocinado José Antonio Martín: evitar el penoso trance de la prisión al narcotraficante Rafael Bornia. Pero sigamos.

”Yo le pedí luz verde y me la dieron”

El fiscal se oponía a levantar la orden de prisión que había contra Cubillo, así que nuestro audaz delegado del Gobierno pidió permiso a Barrionuevo para operar por su cuenta: “Yo le pedí que me diera luz verde para tomar la iniciativa por mi cuenta. Y me la dio. Inmediatamente, crucé la calle Génova y me fui a ver al juez de instrucción del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que había sido compañero mío. Él sacó el sumario, que estaba perdido en las estanterías… y me dijo que se le podía poner en libertad con una fianza de 300.000 pesetas”.

Pero la guinda a tan estridente actuación la coloca Hernández cuando la periodista Cira Morote le hace una pregunta clave: ¿Por qué era la causa que se seguía contra Cubillo en la Audiencia Nacional? Y esta es la respuesta:

“Por una de las bombas que pusieron. Estaba procesado por inductor, pero los autores materiales habían sido absueltos. No tenía sentido”.

Por unas bombas que pusieron. Con esas cinco palabras se despachó todo un magistrado en excedencia, un hombre de leyes capaz de excomulgar a toda la carrera judicial, desde Baltasar Garzón hasta Carla Bellini, las bombas que el MPAIAC colocó en el aeropuerto de Gran Canaria el 27 de marzo de 1977, una de las cuales provocó heridas a siete personas y el desvío de todos los vuelos al aeropuerto de Los Rodeos, donde como consecuencia de una saturación imprevista se produjo el mayor accidente aéreo de la historia, con 583 muertos. “Por unas bombas que pusieron”.

Un documental sobre Cubillo: 78.000 euros públicos

La entrevista de elogios a Eligio formulados por el mismo Eligio es fruto de la actualidad. El pasado viernes se estrenó el documental Cubillo, historia de un crimen de Estado, del que es realizador un sobrino del líder independentista canario, Eduardo Cubillo Blasco, y todos aquellos acontecimientos de final de la dictadura y de la accidentada transición regresaron a la memoria de muchos.

Entre esos muchos se encuentran familiares de víctimas del atentado del aeropuerto de Gando de marzo de 1977, que se consideran ofendidos por el realce que se da a una figura que, por inducción, provocó el daño que provocó, directo o indirecto. La calidad del documental parece fuera de duda, así como su valor periodístico, porque el realizador ha conseguido hablar con muchos personajes que intervinieron directa o indirectamente en aquellos sucesos, tanto en el atentado que sufrió Cubillo en Argel, como en las gestiones para que pudiera regresar a España, concretamente a Tenerife.

Eduardo Cubillo no ha querido hacer un retrato de la época sino un retrato de su tío porque, según ha explicado, tenía con él “una deuda moral”. Y su tío es quien es gracias a los tiempos que vivió y al atentado que sufrió de manos de un sicario del Gobierno de la época, a cargo de la UCD, con el que se reconcilia a lo largo del rodaje de la cinta.

Pero si las víctimas canarias de esos atentados (de los familiares de los holandeses y norteamericanos muertos en Los Rodeos nada sabemos) están cabreadas con un documental que resalta la figura de Antonio Cubillo y aquel fracasado movimiento independentista de finales de la dictadura española, más se van a indignar cuando se enteren de que ha habido una subvención del Gobierno de Canarias para hacerlo.

En concreto, el departamento de Cultura destinó a Cubillo, historia de un crimen de Estado, 78.704 euros como ayuda a la producción en 2010, un año en el que se repartieron por ese concepto apenas 145.000 euros, lo que significa que se llevó más de la mitad de la partida total. Los 71.000 restantes se distribuyeron entre otros tres proyectos, de los cuales uno, de la productora El Viaje, en Arona, fue el que más se aproximó a la subvención a Cubillo con 25.000 euros. El independentismo vende, por lo que parece.

Carlos Dívar, presidente del Supremo y del CGPJ.

Punto de partida: hay que seguir confiando en la Justicia y en las resoluciones del Tribunal Supremo de España. Sí, a pesar de la maquinación allí ensolerada y ejecutada contra Baltasar Garzón, al que algún tribunal de derechos humanos (puede que el Constitucional) acabe dando la razón para bochorno de margaritos, varelas, pregos y saavedras. Sí, confiar. A pesar de esa sucesión de sentencias favorables al ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, al que quieren rehabilitar para que entre todos le paguemos el salario y la indemnización de cuatro años de vergüenzas (a ver si se les va a ocurrir proponerlo como magistrado emérito, para tararí y no echar gota).

Sí, hay que confiar en el Tribunal Supremo a pesar de la naftalina, sus desprecios a la memoria histórica, su exaltación del espíritu nacional y su querencia a estribor. Otra cosa es que nos alarmemos y llamemos la atención del respetable y de sus señorías con el muy noble fin de que sepan que ya no son una casta intocable. Empezando por su presidente.

A Carlos Dívar, que por imperativo legal también preside el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, no lo ha denunciado el sindicato Manos Limpias, ni la asociación de rojos irredentos, si existiera o existiese. Lo ha denunciado por malversación de fondos públicos un vocal del Poder Judicial, un experto en Derecho que se la juega si se equivoca, que caerá en el ostracismo y el desprecio si se atreve a montar una denuncia sobre unos hechos inconsistentes o difíciles de probar.

Lo único que hasta ahora ha podido acreditar el denunciante es que el muy honorable y excelentísimo Carlos Dívar ha estado tirando, supuestamente, de dinero de todos los españoles para pasarse unos idílicos fines de semana en la Costa del Sol en compañía de sus seres queridos y a cuerpo de rey. Desplazamientos, hospedaje en hoteles de lujo, almuerzos y cenas en restaurantes de alto copete aparecen reflejados en las cuentas que el vocal Gómez Benítez ha podido acopiar, documentación que seguramente se verá ampliada si el Supremo decide imputar a su presidente e investigarlo en profundidad.

Profundas y firmes convicciones morales

La respuesta del denunciado ha sido la más torpe del catálogo. Después de poner negro sobre blanco que todos sus gastos están justificados en consideración a su rango y sus actividades oficiales, ha dejado que se le escapara un mohín de desprecio al cuidado de lo público que debía presidir todos sus actos: lo denunciado “es una miseria”.

Se me ocurren un montón de ejemplos para demostrarle al señor Dívar que los casi 6.000 euros presuntamente malversados no son una miseria. Que si a cualquier español sin prestación por desempleo le dividieran esos 5.658,88 euros en doce pagas, cobraría cada mes 45,57 euros más que lo que reciben los que aun pueden agarrarse a ese salario de emergencia de 426 euros al mes.

Pero quizás le debería bastar al presidente del Supremo una invocación a su espiritualidad, a sus más firmes creencias religiosas, las que en 2009, por ejemplo, le llevaron a bloquear, por primera vez en 29 años de historia del Poder Judicial, la emisión de un informe solicitado por el Gobierno de España. El informe era sobre la modificación de la ley de plazos del aborto, y su eminentísima y reverendísima excelencia Carlos Dívar se abrazó a sus creencias religiosas para alinearse con los más conservadores.

Dimisión e indulgencia plenaria

Malversar, recordemos a su eminencia por si se le atascaron los conocimientos jurídicos de tanto ir y venir a la costa, es desviar dinerito público hacia el beneficio propio, bien sea para su acopio, amasijo o evasión, o bien sea mediante su disfrute en forma de bienes o servicios no catalogados, sean estos admitidos o no por las normas de moralidad y buenas costumbres. En el caso de la denuncia que nos ocupa, se trataría de la malversación más leve, esto es, la de desviar el dinero a disposición del denunciado a fines distintos a los establecidos.

Eso en cuanto al Código Penal, que castiga el descuido con prisión o, en su grado menor, con penas de multa, pero siempre con inhabilitación para cargo público. En relación a los Mandamientos de la Ley de Dios, la cosa se resume en el séptimo: no robarás, así, sin mayores disquicisiones. Claro que, siendo como es Dívar íntimo de Rouco Varela, quizás en este caso sea de aplicación la indulgencia plenaria en grado individual.

De los pecados colaterales que se ocupe el investigado en su confesión, que para eso está inventada y no perjudican al erario público. De lo otro, de la justicia humana, mejor haría en ahorrarle a la ya sobrecargada administración a la que pertenece un proceso tan doblemente vergonzoso y plantearse seriamente su dimisión. Para mejor proveer y siempre con el debido respeto.

Lucas Bravo de Laguna.

Vienen pisando fuerte confiados en sus posibilidades y en lo fiable del camino. Han conocido la democracia como conocieron un ordenador, como si fuera un elemento más del paisaje cotidiano, y como si de un ordenador se tratara, no la veneran, no la miman, la utilizan para sus propios fines, para labrarse un futuro exclusivamente vinculado a la política. De sus mayores, con mayor o menor fortuna, han heredado solamente las malas mañas, la incomprensible creencia de que todo lo que no les pertenezca por los votos les pertenece por creerse de una casta especial.

Por alcanzar el poder y conservarlo hasta la siguiente etapa son capaces de cualquier cosa, de pactar con el diablo, de incumplir sus promesas, de despreciar futuros más seguros pero más sacrificados. Están colocados, bien colocados, a la sombra del líder indiscutible, esperando que les llegue su momento, es decir, esperando que el líder se canse y les brinde la oportunidad de optar a sustituirle. Pero sabedores de que la gloria no siempre se alcanza por méritos propios ni por el reconocimiento limpio de las mayorías, medran y medran con la perseverancia de un santo para que, una vez caída la fruta de puro madura, alrededor no haya más aprovechados que ellos.

Bravo no enseñó respeto al niño

Mientras la oportunidad llega, personajes como Lucas Bravo de Laguna o Francisco González, alcaldes de Santa Brígida y Mogán, respectivamente, que no superarían el más elemental test de inteligencia o de cultura básica, se dedican a hacer política barata, populista, de chochos y pejines… pero tratando de dar la impresión de que ellos representan el futuro del PP y que, cuando ese futuro llegue, serán más modernos, más tolerantes con las minorías, más respetuosos con los rivales políticos y con la prensa adversa. Pero es mentira, lo que viene es mucho peor.

Esta misma semana, que apenas llega a su ecuador, ambos alcaldes han dado muestras de la pasta democrática que están hechos. Lucas Bravo de Laguna, que utiliza su cuenta en Facebook para transmitir su ideario político ante el terror que tiene a la prensa más o menos independiente, ha atacado directamente a un juez de la jurisdicción contencioso-administrativa por el simple hecho de no haberle gustado una de sus sentencias. Su señor padre, veterano letrado y consagrado polemista político, no le ha enseñado todavía que todas las sentencias del mundo son criticables, pero ningún cargo público con un mínimo de principios democráticos puede descalificar a un juez por la sentencia que no le gusta.

Porque si el responsable político teóricamente está defendiendo desde su puesto el interés general, la misma dedicación tiene el juez, solo que investido por los legisladores (políticos) de la autoridad suficiente para decidir lo que se ajusta o no se ajusta a la legalidad.

Ambiciona hacerse con el Granca

A Lucas Bravo no le ha gustado una sentencia que refuta una decisión administrativa del Ayuntamiento de preside. En concreto, el juez ha anulado la caducidad de licencia decretada sobre un centro comercial abandonado que se levanta a la entrada de la urbanización Los Alvarados, en El Monte, un adefesio producto de unos cuantos malos gobiernos municipales de los que ha formado parte el señor Bravo de Laguna en al menos los últimos ocho años. Su papel como consejero de Deportes del Cabildo está bajo observación.

La cacicada se complica a medida que uno abandona el pueblo y se adentra en la capital. Quiere desempeñar un papel determinante y electoralista en el Club Baloncesto Gran Canaria. La afición no lo va a dejar y si insiste mucho puede que empiece a cavar su fosa política.

Paquirrín y su verdugo, Onalia Bueno

Su colega de Mogán, Francisco González, es un superviviente nato que es capaz de aguantar toda la vergüenza y los desprecios del mundo con tal de mantenerse en el machito. Su papel en la operación Góndola, por la que se investiga (o se investigaba) un caso de presunta corrupción que lo colocaba a él en el epicentro, ha permitido retratar qué es lo que busca realmente en la política y cuál es su verdadera vocación al frente de uno de los ayuntamientos turísticos más importantes de Canarias.

La democracia, al igual que Lucas Bravo de Laguna, la entiende como un instrumento para perpetuarse, y si un día le estorba la oposición, la echa del pleno y santas pascuas. Y si lo que le molesta es que las sesiones se graben en vídeo, se prohíben los vídeos. Si pudiera proscribir a la oposición, la proscribiría.

Sus capacidades políticas son las que él mismo muestra cuando se queja públicamente de que Onalia Bueno e Isabel Santiago le sacan la lengua y le guiñan los ojos cuando se cruzan con él por la calle.

Se ha recluido en su municipio y en los medios de comunicación afines para evitar los sofocos de preguntas incómodas que le hagan recordar su turbulento pasado político y personal con la que va a ser su verdugo, Onalia Bueno, que no le va a perdonar nunca las traiciones cuando los dos creían que serían los Kirchner de Mogán por los siglos de los siglos.

Del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria mejor ni hablamos. Porque por su generación y por sus registros forma parte de otra liga, la que le puede conducir a convertirse en un mal sueño para la ciudad.

José Antonio Martín, ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Debieron dejarlo pasar discretamente, como pasan algunos indultos. Celebrarlo en la intimidad, quizás en algún recoleto restaurante de Tafira (del Monte Lentiscal, por ser más precisos) y esquivar con prudencia la euforia, los brindis de exaltación de la amistad y las increíbles exigencias de reposición del honor. Al ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín, lo quieren rehabilitar, devolverle los galones, la reparación personal y profesional “a bombo y platillo”, en desafortunada expresión del portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Canarias, Salvador Alba.

Una sentencia de la Sección Séptima del Tribunal Supremo acaba de anular su expulsión de la carrera judicial, acordada por el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, tras dar por probado que José Antonio Martín y Martín asesoró indebidamente a uno de los más notables narcotraficantes de la historia judicial española que reclamaba ante la Sala que presidía su libertad bajo fianza. Un narcotraficante, Rafael Bornia, vamos a empezar a ofrecer todos los datos, que este mismo 2012 ha sido condenado a siete años de prisión por los delitos por los que Martín intentaba ponerlo en libertad a cambio de un millón de euros de fianza, verdadera calderilla para el volumen de riqueza que se le ha descubierto a tan peligroso delincuente.

Es cierto, una increíble y bochornosa sentencia suscrita por cinco de los nueve magistrados de la Sección Séptima del Supremo ha concluido que José Antonio Martín no debió ser expulsado de la carrera judicial por dos aspectos puramente formales: porque el expediente sancionador había prescrito durante su tramitación y porque las escuchas telefónicas en las que se detectó que asesoraba al entorno del narcotraficante no iban dirigidas a investigarlo a él sino a varios empresarios y políticos canarios que chanchulleaban en torno al concurso eólico.

A tan pintorescas excusas tomadas por cinco jueces para exonerar de responsabilidades a otro agarrándose a meros formalismos contestaron con un rotundo voto particular otros cuatro magistrados de la misma sala, que han recordado a sus colegas la jurisprudencia y la doctrina del mismo Supremo, no solo sobre la prescripción de expedientes administrativos vinculados a investigaciones judiciales declaradas secretas, sino también acerca de lo que se llama “hallazgo casual”, es decir, la aparición de un delito flagrante cuando se está investigando otro delito.

Los hechos, inalterables

Ninguna de las resoluciones favorables de cuantas ha cosechado hasta ahora José Antonio Martín desde el Supremo ha concluido que los hechos que se le imputaban fueran falsos. Muy al contrario, siempre se han dado por probados, solo que con las piruetas propias de los expertos en encontrar los vericuetos precisos para aplicar la muy superior doctrina de la intocabilidad de los protegidos, los hechos han quedado eclipsados por los formalismos.

La primera sentencia del Supremo que resolvió que no había cometido el delito de “negociación prohibida a funcionario público” llevaba incluido un tirón de orejas al fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, y a la juez instructora del caso, Carla Bellini, a los que reprochaba que se equivocaran de tipo penal cuando lo que, en todo caso, lo que había podido cometer el ex presidente de la Audiencia era un vulgar tráfico de influencias. Muy discutible el matiz, pero el fondo de la cuestión aparecía inalterable: los hechos se daban por ciertos.

Esta segunda sentencia, conocida la semana pasada, habla de que el expediente de expulsión de la carrera estaba prescrito por el tiempo que tardó en tramitarlo el instructor, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que se tropezó con el ineludible obstáculo del secreto que pesaba sobre la investigación sobre Martín. El ponente de la sentencia y los cuatro magistrados que le han respaldado en este inconcebible fallo desprecian los esfuerzos del instructor por mantener vivo el expediente reclamando (y consiguiendo del Poder Judicial) ampliaciones extraordinarias del plazo, dado lo extraordinario que resultaban las circunstancias: un presidente de la Audiencia procesado por un delito cometido en el ejercicio de su cargo que era investigado en una causa secreta.

Es muy serio que el Supremo sea capaz de encontrar una escapatoria para este tipo de comportamientos y es grotesco que enseguida le salgan al afectado los defensores de turno capaces de ridiculizarlo, aun pretendiendo de facto su rehabilitación social y profesional. Porque resultan ridículas las defensas que se hacen de José Antonio Martín.

Eligio pide la dimisión de casi todos

Nadie a estas alturas cree lo que dice Eligio Hernández, ex magistrado, ex fiscal general del Estado, abogado en ejercicio, que en defensa de Martín es capaz de pedir la dimisión, sí la dimisión, de todos los jueces, fiscales, letrados y vocales del Poder Judicial que han tenido que ver con lo ocurrido al magistrado perdonado.

Dos jueces instructores, varios fiscales, un tribunal constituido al efecto en el TSJC, la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, y el pleno del Poder Judicial que avaló la expulsión de tan insigne jurista de la carrera judicial es demasiada tropa para estar toda completa equivocada.

Pero don Eligio, cuestión de castas, se detiene a las puertas del Supremo porque no reclama la dimisión de los cuatro magistrados que han emitido un voto particular en el que se rechaza la decisión de anular la expulsión del ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas. En su deriva habitual, es bastante posible que Eligio Hernández acuse a todos los demás de “jueces justicieros”, como hace con aquellos que toman decisiones que le turban.

Porque puestos a analizar a quienes defiende con sus sofocos habituales Eligio Hernández casi es preferible pedirle que se abstenga: que tengamos computado, además de a José Antonio Martín, Hernández es de los que se partió la cara por Manuel Fernández y José Manuel Soria en el caso salmón; por Alejandro Mazzoti en el caso Faycan o por la decana de los jueces de Telde, Ángeles Zabala, cuando la denunció el Ayuntamiento por entrar al asalto de tres emisoras de radio por una denuncia formulada desde el entorno de otro famoso ex magistrado, José Mateo, al que seguramente también le deberá mucho desde la semana pasada el exonerado José Antonio Martín.

A José Mateo y a algún otro magistrado canario en activo, de esos que creen firmemente que hay principios esenciales del buen nombre y de la buena imagen del gremio que no se pueden poner en peligro por una debilidad de uno de los suyos.

Siendo como ha sido artificialmente perdonado José Antonio Martín, resulta patético que haya quienes reclamen su rehabilitación social y profesional a bombo y platillo. Habrá quienes se presten a esa estulticia. Otros seguiremos manteniendo que un juez así no merece ningún reconocimiento.

La Biblioteca Pública del Estado, en Las Palmas de Gran Canaria.

No hace falta ser revisionista, o reformista, que es como se dice ahora. Hubiera bastado con que en el momento en que se tomaban decisiones subidos al caballo del señoritingo que recorre el cortijo propio, los responsables (por llamarlos de algún modo) hubieran adoptado una pizca de prevención y sometimiento estricto a la legalidad vigente.

Durante mucho tiempo algunos dirigentes políticos canarios han vivido por encima de sus posibilidades legales, y de aquellos excesos, estas sentencias judiciales tan perniciosas para el interés general y para las arcas públicas. Hoy les voy a acercar dos resoluciones de los tribunales que ya están suponiendo importantes quebraderos de cabeza para los servicios jurídicos y para las oficinas presupuestarias: la sentencia sobre la biblioteca pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria y la del concurso de los informativos de la Televisión Canaria.

En ambos casos nos encontramos ante fallos que ponen en evidencia un modo de ejercer el poder absolutamente ajeno a las mínimas previsiones legales que dejan en evidencia a los que toman las decisiones y a los técnicos que las avalan.

Cuando Soria y Paulino quisieron controlar los medios

Empecemos por lo más reciente, la sentencia de un juzgado de lo Contencioso-Administrativo que ha anulado la decisión del Gobierno de Canarias de declarar nulo un concurso para la adjudicación de la gestión de la Televisión Canaria y, como consecuencia de ello, la adjudicación posterior de uno de los lotes de esa gestión, el de los servicios informativos, a la empresa Videoreport Canarias.

Nos encontramos ante una nueva muestra de una manera de ejercer la política muy frecuente en estos lares, una manera de imponer las cosas cuando el estado de la cuestión no gustaba a los políticos de turno. Para entender lo ocurrido es preciso situarse en el año 2007, cuando Paulino Rivero y José Manuel Soria reafirmaban su alianza en contra del socialista Juan Fernando López Aguilar, que había ganado aquel año las elecciones autonómicas por una importante diferencia de votos y de escaños. Soria y Rivero se conjuraron para controlar los medios informativos públicos y privados, y a tal fin utilizaron los mecanismos a su alcance, un concurso de adjudicación de televisiones digitales terrestres y otro concurso para la gestión de la televisión pública de Canarias, hasta entonces en manos de Socater, una empresa del grupo Prisa-Prensa Ibérica caída en desgracia por un cúmulo de desavenencias.

Aquel concurso de TDT

El concurso de TDT se saldó con adjudicaciones del más variado pelaje, algunas de ellas muy del gusto de los dos partidos gobernantes en Canarias y remedo de la deriva que en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP habían conducido a potenciar y/o perpetuar el poder mediático de la derecha. La parte nacionalista del invento también otorgó licencias televisivas a empresarios afines que, por la crisis o por manifiesta incapacidad para gestionar lo que se les puso en la mano, han acabado sucumbiendo y emitiendo tarot las 24 horas del día.

Por si fuera poco el desastre, sucesivas sentencias judiciales han apuntado hacia la nulidad total del concurso, licencia por licencia, con graves acusaciones de desviación de poder, uno de los fenómenos presentes también en ese otro escándalo endémico nuestro archipiélago que se llama el caso Canódromo. Las TDT han resultado nulas de pleno derecho porque el Gobierno de Canarias externalizó nada menos que la evaluación de las ofertas presentadas al concurso poniéndola en manos de una empresa que tenía vínculos con algunos de los concursantes. Lo que mal empieza, mal acaba.

Alejar a Socater de la tele

Tampoco empezó muy bien el empeño de Paulino Rivero por controlar al máximo la Radiotelevisión Canaria. Como primera medida puso al frente del medio a un director general de su máxima confianza, Guillermo García, Willy García, cuya gestión ha estado en entredicho casi desde el primer día y, cinco años después, no ha dejado de ponerse en permamente discusión, incluso en el entorno más cercano al presidente. La caída de la audiencia, la dudosa calidad de la programación, la quiebra absoluta de la industria audiovisual canaria que había nacido y crecido alrededor de RTVC y las pérdidas millonarias acumuladas a lo largo de este tiempo dejan en cuestión la elección de este director general.

Pero tras el nombramiento, el empeño por alejar el control de la gestión de la hasta entonces concesionaria, Socater, condujo a una batería de errores y de abusos de autoridad que ahora se traducen en sentencias calamitosas.

Un concurso desierto y teledirigido

Está más que contado por algunos de sus protagonistas. Paulino Rivero quiso poner la televisión pública autonómica en manos de medios informativos tradicionales que pudieran agradecérselo durante el tiempo que durara su mandato. José Rodríguez Ramírez, propietario de El Día y en la actualidad disidente del paulinato, contó en su momento su decisión de desmarcarse de una operación política en la que el presidente del Gobierno implicó a ese grupo editorial y a los propietarios de Canarias7 y Diario de Avisos, que formaron, junto a Antena 3, el núcleo fundacional de Videoreport Canarias.

Tras un concurso contrario a los intereses gubernamentales, a cuyo lote de informativos, el famoso lote B, solo se presentó Socater, la Administración produjo una de las decisiones más arbitrarias que se recuerdan en la etapa reciente de la autonomía. Como no gustaba el adjudicatario, se declaró desierto el concurso y se convocó una nueva licitación por el procedimiento negociado sin publicidad. A esa convocatoria concurrieron Socater y Videoreport, y es a esta última a quien se adjudicó la gestión de los informativos por un importe cercano a los 19 millones de euros por ocho años.

Es precisamente la decisión de declarar desierto el concurso primigenio la que ha quedado anulada estos días por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo, lo que devuelve la adjudicación a un punto muy complicado para el Gobierno de Canarias. Si es nula esa declaración es nula la adjudicación posterior, luego la explotación debería volver a Socater. Pero Videoreport ha realizado una millonaria inversión en sus dos instalaciones de Tenerife y Gran Canaria y tiene en su plantilla a casi dos centenares de profesionales. Ilegalidades aparte, ha conseguido ejecutar unos servicios informativos que se han convertido en el santo y seña de la cadena y en líderes de audiencia en Canarias. Por contarlo todo, no vaya a ser.

La sentencia es recurrible

¿Cómo solucionar un conflicto como el de la televisión autonómica? Bueno, lo primero será esperar a que adquiera firmeza la sentencia de primera instancia, y eso será cuando el TSJC tome la pertinente resolución, porque hay que dar por sentado que los servicios jurídicos de las Comunidad Autónoma recurrirán esta decisión hasta llegar, si pudieran o pudiesen, hasta el mismísimo Tribunal Supremo.

Pero llegados a una sentencia firme, ya puede el consejero de Hacienda que corresponda afilar el lápiz porque la exigencia de indemnizaciones por lucro cesante será bastante cuantiosa. A no ser que, como es norma habitual en este pueblo tan mágico y tan surrealista, se convoque otro concurso, se le adjudique a Socater (limpiamente, of course) y todos tan contentos. ¿O no quedarán todos tan contentos? Excluimos de la euforia a don Pepito. Perdón, a don Josesteban.

Derribar la biblioteca, en manos de Cardona

La otra sentencia desquiciante que les acerco hoy es la de la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria. El Tribunal Supremo, como ya saben, hace meses que le dijo al Ayuntamiento de la ciudad que había cometido una ilegalidad de tal calibre que había que proceder a demoler ese edificio, una pieza urbanística brillante situada en un punto neurálgico de la capital y prestando un servicio de interés general como pocas construcciones de la era soriana prestan en la actualidad.

La sentencia es demoledora, y perdón por tan chirriante y oportunista expresión, porque le dice al Ayuntamiento que no solo permitió que se construyera la biblioteca en un lugar no permitido por el propio planeamiento municipal, sino que lo hizo con unos volúmenes fuera de ordenación. Todo imposible de subsanar con arreglos como los que pretende ahora el alcalde Cardona con el Canódromo. ¿Hemos dicho Cardona? Pues sí, el responsable de esos desaguisados fue Juan José Cardona, a la sazón concejal de Urbanismo bajo la alcaldía de José Manuel Soria, a ver si se iban ustedes a creer que ha habido alguna operación urbanística sujeta a la legalidad durante aquellos largos años de gobierno popular entre 1995-2007.

Pero volvamos a la sentencia sobre la biblioteca y la situación en la que se encuentra esta dotación cultural.

No derriba alegando delito

La última aportación del Ayuntamiento al cúmulo de disparates cometidos ha sido decirle a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, encargada de ejecutar la sentencia del Supremo, que no puede demoler porque incurriría en un delito. ¿Eh? Pues sí. El Ayuntamiento alega que se trata de un edificio que es bien de interés cultural (BIC) y sujeto por tanto a las leyes que protegen el patrimonio público.

Todavía no hay contestación del TSJC, pero ya podemos imaginarnos lo que dirá: déjese de cuentos y derribe la biblioteca, que es lo que dice el Supremo. El Ayuntamiento quiere ganar tiempo para negociar con los vecinos denunciantes, la comunidad de propietarios del edificio San Telmo, pero hasta este viernes no había puesto sobre la mesa ninguna oferta económica que pudiera satisfacerles.

Pero, aun ofertando dinero a los denunciantes y compensando la pérdida de vistas ocasionada por la construcción de la biblioteca, la demolición no quedaría anulada. Porque no se trata de una sentencia transaccional por un derecho subjetivo vulnerado, sino de una denuncia por ilegalidad manifiesta que ha concluido con orden de demolición. Y las ilegalidades de este tipo no se resuelven pagando.

Otro edificio se suma a la reclamación

Para que no faltara de nada para que este vodevil en torno a la Biblioteca Pública del Estado se complicara todavía más, a los vecinos del edificio San Telmo se han sumado los del edificio colindante, que también quieren sacar tajada por los contratiempos que la construcción de la biblioteca pública pudiera haberles ocasionado. Le crecen los enanos al circo montado por el alcalde Cardona, que ya ha sido multado (al menos una vez que sepamos) por no ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo.

La única solución que los expertos barruntan es que el Ayuntamiento llegue a un acuerdo con los afectados, un acuerdo económico, por supuesto; hacerles firmar un compromiso de que nunca jamás pedirán la ejecución de esa sentencia, y acto seguido cruzar los dedos para que ningún ser humano tenga la ocurrencia de hacerlo. Porque no están ni el Supremo ni el TSJC para andar persiguiendo el cumplimiento de oficio de sus sentencias, pero como alguien lo solicite estarán obligados a ordenarlo.

A los vecinos del edificio de San Telmo se les ha ido el asunto de las manos, pero no conviene culpar a los afectados porque la responsabilidad fue exclusivamente de los gestores políticos que vulneraron una tras otras todas las prescripciones legales. Y esos responsables tienen sus nombres y sus apellidos: el concejal de Urbanismo, Juan José Cardona, y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria en aquellos momentos, José Manuel Soria.

Fernando Figuereo, izquierda, coautor de la ponencia estatutaria del PP.

Ya tenemos en nuestro poder la ponencia orgánica del XIII Congreso Regional del Partido Popular de Canarias y estamos en condiciones de prevenir a los aprovechados de que para ellos pintan bastos. Todos aquellos o aquellas que sigan creyendo que pueden acercarse al calorcito de la mayoría absoluta a ver si cae algo del dios Eolo, del nativo Faycán, un ahumado de salmón o una carrera de perros detrás de nueve millones de euros están aviados, porque las exigencias éticas y morales, los llamamientos a la honestidad y a las buenas costumbres se van a imponer a partir de que este articulado sea aprobado sin que el personal se lo haya ni siquiera leído. Que para eso se impone la aclamación a la búlgara. Dónde va a parar.

Para los desprevenidos, para los que van a afiliarse corriendo al PP sin leerse los estatutos sin saber a qué se atienen, aquí estamos para informarles con detalle.

Sepan, de entrada, que esas exigencias del PP canario se van a concretar en una carta de compromisos que, de haberse implantado hace unos años, habría dejado fuera de afiliación a unos cuantos personajes que enseguida van a identificar. Por ejemplo, se exigirá una declaración jurada de bienes y de intereses en la que se incluyan también las sociedades mercantiles a las que se pertenece y el objeto social de las mismas.

Será obligatorio, en consonancia con las nuevas normas aprobadas en el congreso nacional, comunicar la apertura de cualquier procedimiento judicial “del que puedan derivarse indicios racionales de la comisión de un delito”, lo que obligará al afectado a poner su cargo público u orgánico a disposición del partido, que analizará el andar de la perrita y actuará en consecuencia.

Los cargos públicos y orgánicos del PP canario, que lo sepan ya, “deberán abstenerse de cualquier conducta que pueda dañar la imagen de honorabilidad de la organización” y evitar “toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con el ejercicio de su función, y no aceptar ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja”. Uf, qué apuro, Manolo.

La ponencia estatutaria, que ha estado a cargo del diputado regional lanzaroteño Fernando Figuereo, endurece bastante los mecanismos represivos del PP canario hasta el punto de colocarlos en el límite mismo de la indefensión de quien sea sorprendido con la mano en la lata del gofio.

Así, se permite, entre otros, a los comités ejecutivos insulares a decretar la pérdida cautelar de la condición de afiliado a todo aquel bicho viviente que infrinja de modo grave los estatutos sin necesidad de notificárselo previamente ni de respetar el principio de audiencia al interesado, la contradicción y la defensa. Eso vendría después, cuando la presunción de inocencia tantas veces invocada por los dirigentes peperos esté pisoteada estatutariamente.

Para mejor proveer y fortalecer el poder de los órganos regionales e insulares, el PP canario ha introducido algunos nuevos supuestos de infracciones merecedoras de la pérdida de la condición de afiliado. Observen.

Por ejemplo, si usted es afiliado al PP y funcionario de carrera y cualquier partido que no sea el suyo le promueve a la condición de jefe de servicio, habrá de pedir autorización al Comité Ejecutivo Insular, porque en caso contrario se le encuadrará en el catálogo de traidores y será susceptible por tanto de expulsión. Lo mismo vale para cualquier “puesto de confianza o institucional” siempre que el nombramiento “se haya producido a propuesta de una formación política distinta al PP”. Agüita.

También puede ser motivo de escarnio revelar el contenido y los debates de las reuniones de los comités ejecutivos insulares. Al bocazas, como primera medida, se le prohibirá “cautelarmente” asistir a las reuniones del órgano en cuestión.

El poder que a partir de ahora se otorga a las presidencias insulares del PP canario alcanza incluso a las organizaciones municipales. Las asambleas ordinarias, por ejemplo, las convocará el presidente local pero no serán convocatorias firmes hasta que lo retifique el comité ejecutivo insular. O sea, que cuando la organización local del PP no guste o no guste lo que va a hacer, desde la correspondiente presidencia insular se podrá impedir incluso que se reúna para conspirar.

Y eso que estamos hablando de un partido superdemocrático, superparticipativo, supercalifragilisticoespialidoso.