Exceptio Veritatis

(Siempre fue Verdad)

por Carlos Sosa

La verdad es que me resulta complicadísimo ponerme a escribir para explicar cosas que creía absolutamente asumidas. Pero al leer unas declaraciones de Manuel Fernández, secretario general del PP canario, he vuelto a sorprenderme del infame nivel que tiene la política canaria.

Este señor, Fernández, es diputado regional. Para el que no lo conozca, les diré que es herreño, de El Pinar, la misma patria de Eligio Hernández. Lleva en la política canaria prácticamente desde que regresó de Noruega, donde hizo fortuna de la mano del empresario Björn Lyng, del que fue mano derecha hasta su fallecimiento.

Nunca le asaltó el menor dilema moral para compatibilizar su trabajo como consejero de Anfi del Mar con las tareas de consejero de Industria o diputado regional del PP, lo que actualmente debería causarle ciertos contratiempos si se aplicara en sus carnes el código ético de su partido, el que puso sobre la mesa este sábado para advertir a los desalmados que pretenda forrarse a su costa que busquen otro echadero, que allí no va a poder ser.

Pero además de las contradicciones peperas de cada día (cuando no es la corrupción son los trasvases de agua, los inmigrantes o la seguridad nacional) lo más inconcebible que dijo este sábado pasado Manolo Fernández fue que no había derecho a que a su Manolo Soria lo anden condenando con tanta asiduidad a pagar las costas judiciales de los pleitos que él plantea por injurias y calumnias.

Se quejó el herreño de que, en esas sentencias contra su presidente regional se anteponga la libertad de expresión al derecho al honor y a la propia imagen del querellante, quien, por cierto, en todos los casos pide cuantiosas multas y penas de cárcel. Y dijo algo más preocupante: Que “desafortunadamente” se están invirtiendo los términos y se condena a pagar las costas judiciales “a los que no ofenden, los que no desprestigian a las personas y tratan de defenderse de que cualquiera pueda insultar y faltar el respeto”.

Y es ahí cuando cabe rebelarse contra don Manuel y su versión de los hechos. Porque los términos se invierten cuando el vicepresidente del Gobierno lleva a un ciudadano ante los tribunales por exponer libremente ante el Parlamento cómo fue la trama eólica en un relato que a los jueces de la Justicia real ha parecido absolutamente creíble.

Se invierten los términos cuando, en lugar de sentarse en el banquillo el señor Soria para responder por este asunto eólico y otros de igual o mayor calado, son acusados los que denuncian sus trapisondas.

Se invierten los términos cuando un partido serio como el PP mantiene a persona tan indecente a su frente, le ríe la gracia y hasta lo defiende en acciones tan penosas como ésta.

Porque el que ofende cada día a los ciudadanos de esta tierra y a su inteligencia es precisamente el personaje en cuestión por una larga serie de actuaciones, comportamientos, trapisondas y tropelías que se haría demasiado prolijo enumerar aquí y ahora.

Qué difícil es creer en estos políticos que creen que nos representan.

Es humanamente imposible meter tantas mentiras en 59 segundos. O lo era hasta la noche de este martes en que los telespectadores de Televisión Española en Canarias pudimos comprobar que hay un especímen en este mundo capaz de comprimir en tan escaso margen de tiempo tantas falacias y tantas fantasmadas. Embutido en un jersey de pico color granate sobre camisa rosa, José Manuel Soria se presentó en el plató de 59 Segundos a cubrir uno de sus expedientes favoritos: mentir con solemnidad y parsimonia para que todo parezca verdad.

Fue de tal el caudal de engaños que soltó Soria de manera tan vertiginosa que hizo complicadísimo seguirle y tomar notas simultáneamente. Midió adecuadamente sus tiempos, torció las preguntas y las respuestas para llevarlas permamentemente a sus ascuas y pontificó como sólo este político es capaz de hacer sobre las corruptelas de las demás, que son comportamientos naturales y admisibles para él mismo.

Decir que el código ético de su partido admitiría a día de hoy una trapisonda como el viaje del salmón equivale a confirmar que esa iniciativa del PP es un nuevo engaño y que sus dirigentes lo reconocen abiertamente.

Decir que el Gobierno del que es vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda ha adoptado medidas para amortiguar los efectos de la crisis, es reconocer que no ha acertado ni una, como atestiguan las cifras. Miente Soria cuando dice que los presupuestos han activado medidas financieras para ayudar a las pymes, porque esas medidas, incluidas en 2009, no se pudieron aplicar por irregulares y han sido aplazadas a 2010, quizás con igual éxito.

Decir que se han reducido las listas de espera sanitarias y que han mejorado los servicios en la sanidad pública es insultar a los miles de canarios que sufren el deterioro y a los familiares que entierran a los suyos y aún hoy siguen esperando que les llamen para una intervención quirúrgica o una prueba diagnóstica. Por no contar a los que se dejan la vida a las puertas de un centro de salud cerrado a cal y canto tras el recorte de servicios.

Decir que se puede pactar con corruputos confesos en Arrecife porque el PSOE estuvo gobernando con el PIL quince años es una doble mentira. Porque ni hubo jamás pacto así ni nadie hasta ahora se había atrevido en Canarias (ni probablemente en toda España) a recibir el voto de dos concejales en esas condiciones tan pordioseras.

Sumen otros 75 millones de euros más. El actual vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, va camino de arruinar a la Comunidad Autónoma de Canarias y a todas las instituciones por las que ha pasado gracias a esa cualidad suya de magnífico gestor que aún se creen quienes le votan.

Esos nuevos 75 millones de euros se corresponden con el coste de la potabilizadora Las Palmas-Telde, que se encargó durante su mandato como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y que aún hoy sigue sin arrancarse porque es una planta absolutamente inviable e inasumible económicamente por la ciudad.

En el Ayuntamiento aseguran que fue un empeño personal de Soria que esa potabilizadora se fabricara para producir agua por compresión de vapor y no por ósmosis inversa, lo que significa que el agua que produzca, aún siendo de mejor calidad, costaría entre cuatro y seis veces más producirla. Y ello por el altísimo consumo de fuel que requiere, por lo que a la ineficiencia económica hay que sumar la siempre olvidada variable ambiental.

Pero, ¿por qué se empeñó Soria en que su correligionario Álvarez Cascos pagara desde el Ministerio de Fomento una planta potabilizadora que nadie recomendaba? La respuesta pasará a formar parte del arcano en que se terminan empotrando tantas y tantas decisiones del vicepresidente del Gobierno que generalmente acaban por costarnos un dineral a los contribuyentes.

Hagamos un poco de memoria: La Favorita, 12 millones de euros para un edificio con graves deficiencias que se compró mediante un pase con el empresario Santana Cazorla: Isolux: 8 millones de euros para unos módulos de desalación que ahora han empezado a funcionar parcialmente tras una nueva inversión en membranas y en bastidores; Canódromo: un pelotazo para una empresa inmobiliaria que hizo un vertiginoso pase para que una constructora adquiriera unos derechos sobre una licencia ilegal. Se estima un coste de 30 millones de euros en indemnizaciones. La bandera: 360.000 euros para un tributo megalómano de Soria mientras fue presidente del Cabildo. Sentencias por doquier: se estima en alrededor de 90 millones de euros el coste de las sentencias condenatorias que ya ha recibido el Ayuntamiento por recursos contra decisiones adoptadas sobre todo durante la etapa de Soria. Las expropiaciones incorrectas se llevan la palma.

Por no contar los escándalos en los que directamente se ha visto envuelto este magnífico gestor: el caso salmón, el caso chalet, siempre recibiendo dádivas a cambio de favores políticos. En el primer caso, la gestión prosperó, y el empresario dadivoso se llevó las camas turísticas que pretendía. En el segundo, de haber prosperado, el empresario amigo de Soria se habría quedado con un negocio eólico impresionante en el muelle de Arinaga.

Ahora, 75 millones más de los sufridos contribuyentes que se tiran por el sumidero gracias a las magníficas ideas de este inigualable gestor. Alguien, a ser posible el señor Soria, debería dar una explicación urgente, en lo que los funcionarios municipales pierden el miedo y cuentan qué fue lo que realmente pasó en aquellos años para que se hiciera todo esto que hizo Soria instalado en la más insultante impunidad.

Conocí a Aminatou Haidar de la mano de Juan Luján un viernes, en plena calle de Triana, pocos días antes de que regresara a El Aaiún y fuera atropellada en sus derechos por las autoridades marroquíes. Juan la entrevistó para El Correíllo y ella contestó en hasaní con la ayuda de un compatriota, Mohamed Salem, delegado del Frente Polisario en las Islas.

A mi lado, alguien me relataba con todo lujo de detalles la fortaleza moral y la capacidad de lucha de esta activista, que ha sufrido por la defensa de los derechos de su pueblo hasta límites que a cualquier ser humano hubieran conducido a la rendición.

Cuando la detuvieron en el aeropuerto de El Aaiún en compañía de dos periodistas españoles me sorprendió que los demás periódicos resaltaran más la presencia en el incidente de estos profesionales que la verdadera noticia, la que luego ha dado la vuelta al mundo: Marruecos capturaba, por las bravas, a una mujer que representaba la oposición a un régimen feudal que se niega a aplicar las resoluciones internacionales sobre un territorio en conflicto.

Todo estalló de verdad cuando regresó a Lanzarote y puso en marcha su protesta en forma de huelga de hambre, una medida drástica ante una situación compleja que, desde el primer momento, salpicó a España de forma irremediable.

Ante una persona así, que encarna los ideales de libertad de un pueblo, parece tarea imposible discrepar lo más mínimo. No me refiero ni a su respetable postura ni a todo lo que ella simboliza. Discrepo de algunos excesos que, a mi juicio, se vienen produciendo alrededor de esta situación tan penosa y delicada.

Responsabilizar a España, culparla de retenerla en Lanzarote contra su voluntad y señalarla como verdugo si se produce un fatal desenlace simplemente por haber permitido su entrada sin pasaporte, me sigue pareciendo, veintiséis días después del inicio su protesta, un exceso de difícil comprensión. Los juristas debaten sobre la legalidad de esa entrada en el país, obviando algo que parece de Perogrullo: impedirle su entrada en España equivaldría a devolverla a Marruecos, y a continuación, a su expulsión. Y vuelta a empezar.

El único responsable directo de la situación de Aminatou es el Reino de Marruecos, y la única solución factible es convencer a su Gobierno de que reconsidere su actitud. Porque ni Haidar ha permitido otro pasaporte que no fuera el que le retuvieron en El Aaiún ni España ha sido capaz de enviarla a su tierra por otro método que no fuera el expeditivo, frustrado el pasado día 4 cuando, tras despedirse de los suyos y agradecer a Exteriores las gestiones realizadas, Aminatou embarcó en un avión en el aeropuerto de Guacimeta.

Marruecos juega con las cartas marcadas y cualquier país democrático ha de negarse a sentarse alrededor del mismo tapete. Pero, lamentablemente, ganarle a un tahúr así sin jugar al mismo juego y sin hacerle trampas, parece imposible. Usa más de dos comodines y si se ve perdido, rompe la baraja o manda asesinar al rival.

Escribo sobre Aminatou a sabiendas de que en los colectivos de apoyo a la activista y al pueblo saharaui estoy siendo considerado un periodista pro-marroquí. Me preocupa un poco que los defensores de tantos derechos no respeten el que tenemos todos a discrepar, aunque sólo sea de una parte de las lecturas que se están haciendo de este conflicto.

Porque hasta los héroes más admirados (y yo admiro a Aminatou Haidar) pueden llegar a equivocarse en algo, bien por acción propia o por acciones inducidas.

Ya están camino de sus casas los 36 marineros del pesquero Alakrana, que estuvo 47 días secuestrado en aguas cercanas a Somalia, en las que el buque se adentró a pesar de conocer su patrón que corrían un peligro serio de ser asaltados por los piratas.

El secuestro, insisto, de 47 días, ha dado para muchos ríos de tinta y muchas tertulias. Las de los medios de comunicación desafectos con el Gobierno socialista han cargado las tintas por lo que han llamado “descoordinación” de las autoridades españolas, todo ello en base a la detención de dos de los piratas y su traslado a la Audiencia Nacional, en Madrid.

Es verdad que el Gobierno español ha transmitido en algunos momentos cierta sensación de impotencia y hasta de descoordinación, quizás por la falta de costumbre a la hora de gestionar un secuestro de estas características tan especiales.

Pero la situación se ha saldado, de momento, con la liberación sanos y salvos de los rehenes, la detención y puesta a disposición judicial  -en cumplimiento de la legalidad vigente- de dos de los secuestrados, y la apertura de una investigación judicial para determinar cómo se realizó el pago del rescate, si lo hubo.

Pero ese saldo tiene, en el aspecto político, una nueva confirmación de la errática política de oposición del Partido Popular, que exige ahora la comparecencia de Zapatero en el Congreso y la reprobación de la vicepresidenta y de dos ministros de su Gabinete. Dicen, los peticionarios, que el motivo es “lo mal que se gestionó esta crisis antes, durante y después”.

Les animo a que lean los dos enlaces que les adjunto con otras tantas noticias del periódico El Mundo publicadas en los tiempos en que Rajoy era vicepresidente y ministro del Interior. Observen cómo gestionó entonces el secuestro de dos empresarios españoles en Georgia, que no duró 47 días, sino 373, y cómo es un año después de producirse la retención cuando Supermariano interviene en el asunto anunciando mucha contundencia, la que parece que no tuvo su compañero de Gabinete, el ministro de Exteriores de entonces, el actual presidente de Vueling, Josep Piqué.

Supongo que cuando le saquen a Rajoy estos recortes, de 2001, dirá que aquello no fue un secuestro en toda regla, que a lo que más se parecía era a los hilillos de plastilina que soltaba por aquella época el petrolero Prestige.

Se acabó la impunidad; se acabaron los espacios vedados; se acabó el cuarto poder. La inabarcable irrupción de Internet ha abierto tantas puertas y ventanas, ha democratizado tanto la información y la comunicación, que ha terminado por hacer pedazos principios y usos considerados inamovibles y ha minado las posiciones de fuerza mantenidas hasta ahora por los medios de comunicación convencionales.

Cada cual según su dimensión y su ámbito geográfico, y con las debidas excepciones latentes en cada regla, los medios de comunicación tradicionales han venido ejerciendo lo que Burke denominó cuarto poder, encantados de influir, presionar, cambiar gobiernos y ganar dinero a base de crear opinión a partir de la que es propia de la empresa editora o de los grupos empresariales que la sustentan en cada caso.

Los negocios editoriales casi siempre han venido acompañados de otros absolutamente alejados del de la comunicación, lo que inevitablemente se ha traducido en la intervención del medio en cuestión en operaciones para cuyo éxito no ha importado manipular la realidad, remover a un gobernante incómodo, torcer la opinión de un fiscal, amenazar a un juez o sacar de circulación a un periodista demasiado atrevido.

Algo de esto acaba de ocurrir en Lanzarote, donde todas las fuerzas políticas se han unido para quitar al PSOE del Cabildo de la isla, institución desde la que los socialistas denunciaron toneladas de casos de corrupción, fundamentalmente urbanística, que se han visto ratificadas por contundentes sentencias judiciales.

Como autor intelectual y económico de esa operación todo el mundo señala a un empresario, Juan Francisco Rosa, propietario, entre otras muchas cosas, de Lancelot TV, que ha utilizado a ese medio y la imponente influencia que él mismo tiene sobre los políticos del PIL, el PNL, CC y el PP, para colocar en el poder a quienes han de mirar para otro lado en asuntos tan delicados como la demolición/legalización de una veintena de hoteles y complejos turísticos ilegales.

Muy lejos de Lanzarote, y con otros tamaños,  el presidente Obama se enfrenta abiertamente a la todopoderosa cadena Fox, propiedad del magnate Rupert Murdoch, que desde que el primero entró en la Casa Blanca se empeña en que decaigan sus índices de popularidad ridiculizando sus políticas sociales y defendiendo el mismo ultraliberalismo de Bush que ha conducido, entre otras causas, a esta profunda crisis económica global.

Obama le ha plantado cara a la Fox, seguramente por primera vez en la historia de la cadena y de los Estados Unidos, quizás porque el presidente norteamericano sabe que las cosas están cambiando o que, en su defecto, hay que hacer todo lo posible por cambiarlas. Es el primer presidente negro de la primera potencia del mundo y es el primer presidente que ha conseguido ganar unas elecciones valiéndose de una poderosa herramienta que se llama Internet y que, por mucho que lo anden intentando, no puede ser controlada por los grandes manipuladores de la información.

Juan Fernando López Aguilar -y volvemos a redimensionar las tesis- ha roto también esquemas enfrentándose abiertamente al poder tradicional de los medios de comunicación canarios, generalmente entregados al régimen político de turno. Es el primer político que ha dicho que los grandes periódicos están entregados al Gobierno, unos a través de la subvención pura y dura, y los otros por promesas cumplidas o futuras de prebendas de cualquier tipo.

El líder de los socialistas canarios ha señalado a un medio de comunicación concreto, Canarias7, cuya línea informativa y editorial ha ido destinada desde hace meses a generar un estado de opinión según el cuál a López Aguilar le quedan tres afeitadas al frente del PSC. Ha dado lo mismo que todos los datos sean contrarios a esa ocurrencia, que no haya indicio alguno que avale lo que sostiene. Se ha puesto a generar una opinión en ese sentido conducente exclusivamente a sacar a López Aguilar de la política canaria.

Los motivos son exactamente los mismos que han movido al otro Juan Francisco, el de Lanzarote, a desalojar al PSOE del poder insular: López Aguilar molesta al régimen clientelar, pesebrista, subsidiado y casi siempre corrupto que opera en Canarias. Frente a él, los socialistas de toda la vida, los que parecen abogar por una alternancia de la teta, alternancia que el mismo régimen les niega sistemáticamente, reciben todo tipo de loas y parabienes, y hasta son puestos como paradigmas de la buena política por editores y líderes de los partidos adversarios.

Obama no va a aflojar un punto ante la Fox. Sabe que tiene razón y que sufrirá un penoso desgaste, pero está obligado a ponerse en su sitio en nombre del pueblo americano. López Aguilar está obligado a plantar cara a tantas décadas de podredumbre en Canarias, aunque sea lo último que haga en la política local, aunque su partido tarde otros veinte años en gobernar. Porque hacerlo rendido a estos mismos poderes sólo conducirá a más podedumbre y corrupción.

Parecía imposible que una parada militar, concretamente la de este lunes en Madrid, pudiera dar para tanto.

Me tomé la molestia de verla por televisión y descubrí, por ejemplo, que los regulares de Ceuta y Melilla también vigilan no se qué peñón llamado La Gomera y que lucen unas anacrónicas capas cuyos colores tienen que ver con el destino donde prestan sus servicios.

Me pregunté en un par de ocasiones cuánto dinero pudo habernos costado esta parada militar, pero descarté por completo sugerir su abolición al no encontrarle ocupación a los miles de militares españoles, los que no forman parte de los contingentes que están ahora mismo en alguna misión de paz que, en realidad, son de guerra.

El desfile también me sirvió para confirmar que la Legión sigue siendo el cuerpo más admirado y aclamado por el público madrileño, no sé si por la virilidad de sus miembros, con esas camisas desabotonadas hasta el ombligo, si por la incorporación al estilo escocés de un fallido majorette al que se le caía a cada momento el bastón, o si directamente por los gratos recuerdos que ese cuerpo hace rememorar por sus andanzas franquistas.

También escuché los abucheos dirigidos al presidente y a la vicepresidenta del Gobierno, abucheos y gritos de “dimisión, dimisión”, un rito que se repite año tras año solamente con presidentes socialistas, quizás por no haber servido niunguno de ellos en la heorica legión.

Pasado el bochorno de escuchar a ciudadanos expresarse libremente en un desfile militar, en presencia de los Reyes de España y de todas las instituciones del Estado (incluyendo el Gobierno y el Parlamento vascos, que acudían por primera vez), me enteré de que hasta a Gallardón esos gritos le parecieron “una falta de respeto absoluta”.

Nada dijo Rajoy, ni de la falta de respeto ni del caso Gürtel, por más que los periodistas que cubrieron la famosa recepción del Palacio Real se empeñaron en sonsacarle. Como muestra de generosidad en tan señalada fecha patria, el presidente del PP atinó a comentar que hizo la mili en Valencia, miren por donde, y que dada su condición de registrador de la propiedad, lo destinaron al servicio de limpieza.

Sería fantástico que recuperara esos hábitos de las milicias para limpiar su partido, y de paso, que recomendara a sus militantes de Madrid un poquito más de educación. Tampoco hace falta que le abucheen a él por la corrupción, que cuando se pide respeto, vale para todos.

Tiene todo el derecho y la legitimidad del mundo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro Feliciano, para reclamar “respeto” para las resoluciones judiciales y los órganos jurisdiccionales. Lo hizo el viernes pasado con motivo del acto formal de apertura del año judicial en Canarias, ante una sala de vistas del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria atiborrada de jueces, fiscales, políticos, abogados, procuradores, funcionarios y algunos periodistas.

La queja de Antonio Castro viene motivada por una cada vez más nutrida relación de reproches que acumula la Administración de Justicia, tanto en Canarias como en el resto de España, por resoluciones que han cabreado a los ciudadanos, particularmente en lo referido a casos de corrupción, ante los que ha habido una respuesta como mínimo vacilante.

A la Justicia hay que respetarla, faltaría más, porque los jueces deben actuar con total independencia e imparcialidad, ciñéndose exclusivamente a la ley, y no atendiendo a las presiones que puedan provenir desde otros ámbitos de la sociedad, tanto mediáticos como políticos, tanto económicos como puramente corporativos.

Dicho con el máximo respeto, no ha estado la Justicia en estos últimos tiempos a la altura de esa exigencia, porque cuando algunas resoluciones han recibido la crítica mediática ha sido precisamente por no haber respondido a la debida independencia e imparcialidad. Pero es en el momento de la crítica cuando se invoca respeto.

Y el respeto hay que ganárselo.

No es respetable, por ejemplo, que un alto tribunal como el TSJC, con la colaboración de otro órgano que también reclamó respeto el pasado viernes, la Fiscalía, archivara sin abrir las más primarias diligencias aquellas groseras conversaciones telefónicas que le remitió un juez de instrucción que descubrió a un empresario pidiendo a un presidente y a un consejero del Gobierno que apretara “los tosnillos” a unos funcionarios que debían agilizar una autorización administrativa.

Un archivo que incluía rapapolvo al osado juez, que merece el mismo respeto que los que forman parte del tribunal superior, de igual modo que merece igual respeto el fiscal anticorrupción que el fiscal jefe, Vicente Garrido, que lo exigía en la apertura del año judicial.

Tampoco ha resultado edificante para la ciudadanía que el mismo alto tribunal archivara las mentiras de un destacado político de la autonomía pronunciadas en sede parlamentaria alegando que  no se producía un daño irreparable a la causa que se investigaba. La causa era la trama eólica, miren por dónde, que aún hoy sigue dando coletazos (ver el caso chalet) y si lo ponen todo en relación verán que sí se ha dañado la investigación.

El prestigio de ese mismo alto tribunal, y más concretamente de su Sala de lo Civil y Penal, ha de verse necesariamente lastrado cuando una de las magistradas que firmó ese archivo se declaró meses más tarde amiga íntima, “desde hace muchos años” de aquel político, lo que la llevó a presentar su abstención en una causa posterior. La denuncia fue convenientemente inadmitida por el mismo alto tribunal.

No puede reclamar respeto sin poner algo de su parte la Sala que archiva el caso Salmón alegando que el viaje del vicepresidente del Gobierno, acompañando al mismo empresario que finalmente se benefició del resultado de aquellas gestiones del tosnillo, no constituyó delito de cohecho porque la expedición no fue premeditada.

Produce mucho desconcierto que ese auto de archivo haya servido meses después al TSJ de Valencia para apoyar sus tesis a la hora de archivar -y de qué manera- la causa penal abierta contra otro aforado, al que también debieron regalarle unos trajes de manera muy poco premeditada.

Si el viajero del salmón se despertó un día -sin proponérselo- con una caña pescando en Noruega, el de los trajes dobló una esquina y, de buenas a primeras, se vio vestido para una primera comunión. Desmoralizante.

Lo siento, pero se hace muy cuesta arriba que el presidente Castro fuera firmante de un auto de inadmisión de una denuncia por corrupción en el que se afeó la conducta al ciudadano denunciante -quien esto firma- acusándolo de “rayar el fraude procesal” por presentar denuncia y no querella, o por presentar querella y no denuncia, como si fuera necesaria la filigrana para denunciar a los corruptos de este país.

Por hablar de respeto, ¿No merecen, según las directivas europeas contra la corrupción, el máximo respeto los denunciantes, sin importar la forma de la denuncia?

Sobre las últimas sentencias del magistrado Gómez Cáceres, ni me pronuncio, de momento. La única vez que pedí a un juez que lo citara como testigo en una causa civil promovida por jugadores del Universidad contra mi periódico, no se presentó a juicio alegando que no sabía dónde estaban los juzgados de los Jesuitas.

El respeto que se reclama hay que ganárselo a pulso. Y debe ser recíproco.

Hace unos días, en un encuentro on line con los lectores de CANARIAS AHORA, me preguntaron si tengo algo personal contra José Manuel Soria. Creo que contesté de una manera un tanto retórica, devolviendo al lector una pregunta para responder a la suya: ¿cómo puede sentirse un periodista, director de un periódico, frente a un político que tiene entre sus objetivos cerrar el periódico y meter a su director en la cárcel?

Creo que debí contestarle más sinceramente y reconocer que, evidentemente, tengo algo personal contra Soria: el deseo y la obligación de defenderme y de defender a mi periódico de unos ataques despiadados y antidemocráticos ejercidos desde el poder, con las herramientas del poder y utilizando para ello unos métodos que cada vez quedan más al descubierto.

La sentencia conocida este jueves por la que se me absuelve nuevamente de una de sus denuncias, en la que volvía a pedir para mí la máxima condena prevista en el Código Penal, dos años de cárcel y fuertes sumas de dinero de indemnización, viene a reflejar que el vicepresidente del Gobierno de Canarias intenta con estas acciones amordazar a la prensa crítica e impedir el libre ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información.

Lo dice el juez en el último párrafo de la sentencia, un pasaje que es una importante (y ansiada) aportación a la libertad en una tierra donde padecemos un preocupante déficit democrático en esta y en otras materias: “Es necesario evitar que la acción penal pueda convertirse en una suerte de instrumento para amordazar dichas libertades [libertad de expresión y derecho a la información]“.

Hace unos días, en el 59 Segundosde Televisión Española, me ví en la obligación de salir en defensa de Juan Fernando López Aguilar cuando varios de mis compañeros de debate lo acribillaron tras afirmar que los medios de comunicación canarios están sometidos al Gobierno regional. Es una afirmación grave pero cierta, y no es un sometimiento basado exclusivamente en la existencia de fondos de reptiles, de prebendas en forma de TDT, concursos de Televisión Canaria, financiación atípica y campañas institucionales de dudosa rentabilidad comercial.

El sometimiento tiene también otros aspectos más sutiles que acaban en algo tan terrible como la autocensura. Muchos de mis compañeros sienten terror ante personajes como José Manuel Soria porque saben que puede ocurrirles lo que me viene ocurriendo a mí durante muchos años: querella y tentetieso. No lo critican, no lo censuran, no osan incomodarle en sus ruedas de prensa, no se quieren complicar la vida por temor a que el personaje se irrite y telefonee el dueño del periódico, radio o televisión pidiendo el despido del periodista. No exagero. Ha ocurrido.

En mi caso, en nuestro caso, hemos actuado libremente, publicando y denunciando comportamientos indignos, cuando no delictivos. Y Soria nos ha pasado su particular factura: La Favorita, Isolux, el caso Chalet… lo que nos ha obligado a un esfuerzo adicional, demostrar que todo lo que hemos publicado (incluyo La Favorita, por supuesto) ha sido verdad.

Luego puedes ganar el pleito y, como en este caso, resultar absuelto con expresa condena en costas al denunciante. Pero por el camino te vas dejando mucha piel, y como dice el juez Sotoca en su sentencia, sufrir los gastos y los desvelos inherentes a un proceso penal que sientes en ocasiones kafkiano: la verdad que demostramos en el juicio es la misma que expusimos el primer día ante el juez que instruyó la causa y nos mandó al banquillo.

Eso es lo que quiere Soria, que el que critica y denuncia su comportamiento de pésimo político lo pase realmente mal y, si puede, inferirle un daño económico tan importante que acabe desapareciendo de la escena periodística. Su histrionismo, su desfachatez y las influencias que sigue teniendo en sectores de la Judicatura le han sido propicios en muchos momentos.

Pero la verdad es inapelable y termina abriéndose paso.

Los que nunca le hemos tenido miedo no somos héroes, sencillamente unos cuantos periodistas (todos los que trabajan en CANARIAS AHORA lo son y de los grandes) que amamos nuestra profesión para ejecerla en libertad.

La noticia del día nunca debió ser el reportaje de Telecinco sobre la alta actividad sexual que cada día desde hace décadas registran las dunas de Maspalomas. En una esquina más recóndita de los periódicos (al menos del que yo dirijo) aparecieron este lunes unos datos escalofriantes y muy reveladores: Canarias soporta una tasa de analfabetismo cercana al 3%, según datos de 2007,  lo que quiere decir que, a la espera de lo que resulte de la fracasada política educativa de este Gobierno, hay más de 53.000 canarios que no saben ni leer ni escribir.

Pero siendo malo el dato, peor resulta comprobar que 3.000 de esos analfabetos son personas de entre 16 y 31 años, a lo que hay que añadir que estamos a la cabeza en fracaso escolar y que la educación ha dejado de ser una prioridad desde hace tiempo para los sucesivos gobiernos que padecemos. Eso dibuja de alguna manera la sociedad que estamos construyendo para el futuro, la que habrá de hacerse cargo, entre otras cosas, de gestionar la principal industria de la que vivimos, el turismo.

No se incluyen en estas estadísticas los analfabetos funcionales, entre los que se encuentran algunos destacados políticos de esta autonomía.

Canarias es una sociedad con un bajísimo nivel educativo y cultural, siento escribirlo, y ésa es una de las razones por la que somos capaces de escandalizarnos ante un programa de televisión nacional que describe una situación perfectamente conocida por todos, mientras nos encogemos de hombros ante la deriva que están tomando asuntos mucho más vitales para nuestro presente y nuestro futuro.

Es la recurrente historia del enemigo exterior. Si lo cuenta un periódico local (La Provincia recordó este mismo lunes que en 2004 publicó incluso una infografía con los lugares exactos donde se practica el sexo en las dunas) no pasa nada. Pero si lo cuenta un medio de difusión nacional se suceden, por este orden, la indignación, el crujir de dientes, el ánimo de venganza y la búsqueda urgente de a quién endosarle el mochuelo.

El programa La Noria, de Telecinco, se caracteriza por ofrecer reportajes con una fuerte carga morbosa y amarillista, que entrevera con algunos debates de pretendida altura política. A nadie debería sorprender por tanto lo que hizo el sábado con su reportaje sobre las dunas de Maspalomas, y mucho menos al comprobar que nada de lo que se contó se alejó mucho de la verdad, contada, eso sí, con la truculencia que gusta a la tele amiga.

En Barcelona hubo una reacción similar ante la publicación en El País de un durísimo reportaje sobre el sexo de pago en el mercado de la Boqueria, y hasta se ha abierto un debate entre periodistas y lectores de ese diario acerca de la oportunidad de publicar unas fotos muy explícitas en las que se ve a clientes y prostitutas en plena faena. La reacción de Ayuntamiento y Generalitat ha sido actuar contundentemente contra una práctica conocida pero hasta ahora tolerada.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana también ha permitido hasta ahora el sexo en su principal joya turística, aunque a diferencia de lo ocurrido en la Boqueria, no parece que estemos ante prostitución callejera ejercida en plena vía pública, sino de intercambios sexuales voluntarios en lugares semiescondidos que es necesario buscar y encontrar para poder filmar.

No vale rasgarse las vestiduras en una postura bastante cercana a la hipocresía. Si existe y se tolera, se puede contar. Y si se cuenta y no gusta, arreglemos el desaguisado, pero no mandando a Carmen Guerra al plató de La Noria a dar patadas a la gramática española para que el ridículo pase a ser mayor.